Archivos Mensuales: diciembre 2012

Soborno, cohecho y lavado de dinero en la educación: La alcantarilla del lucro

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por Paul Walder

En una medida tardía el Consejo Nacional de Educación canceló la personalidad jurídica a la Universidad del Mar. La solicitud fue presentada por el Mineduc tras el escándalo destapado por el ex rector de la casa de estudios, Raúl Urrutia, quien en mayo renunció a su cargo tras denunciar que pese a que se adeudaban más de 500 millones de pesos en imposiciones a los docentes y empleados, los dueños de la universidad se pagaron a través de inmobiliarias unos 600 millones de pesos. La medida afecta a 18 mil estudiantes de dicha casa de estudios, quienes han pedido la estatización del plantel. Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA: denunció en la revista Punto Final en septiembre, la corrupción en el sistema de acreditación de las universidades.

Era cuestión de tiempo que la corrupción, que se extiende por todas las áreas que permiten el lucro, llegara a la educación. Las coimas y sobornos, elegantemente llamados “contratos y asesorías” del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, a varias universidades privadas para asegurarles una acreditación expedita, eran la dirección natural a que apuntaba el espíritu del libre mercado en la educación. Cuando el fin último es la ganancia, cuando la desregulación permite el ingreso de todo tipo de inversionistas y especuladores ajenos a la educación, cuando las relaciones de cooperación e integración son reemplazadas por la competencia brutal, la supervivencia en esta selva acepta todo tipo de estrategias de mercadeo, mentiras etiquetadas como publicidad y no pocos trucos, trampas y, como lo vemos hoy, delitos evidentes. Los negocios privados entre el ex funcionario de la CNA y las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, a la que se sumarían, informó la prensa, las investigaciones a la Uniacc, SEK, Bernardo O’Higgins y el Instituto Moderno de Música, han instalado a la educación privada con fines de lucro en el centro de las actividades prontuariadas basadas en la desregulación de los mercados. El capitalismo entregado a su propia autoregulación deriva, como ley natural, en el engaño, el abuso, el delito.

El ministro de Educación Harald Beyer y otras autoridades de gobierno hablan de “casos aislados”. Pero son también las gotas las que llenan un charco. Luis Eugenio Díaz junto a los ex rectores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Angel Maulén -este último subsecretario de Economía democratacristiano en dos gobiernos de la Concertación-, están en prisión preventiva por los delitos de soborno, cohecho, violación de secreto, negociación incompatible y lavado de dinero. Según sancionó el tribunal al determinar su encarcelamiento, estas personas son “un peligro para la seguridad de la sociedad” en razón del grave daño que causaron a la confiabilidad del sistema de acreditación de la educación superior.

Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA dio a finales de septiembre una entrevista a PF, en la que hizo la denuncia de este caso y la situación de lucro en la Uniacc y la Universidad Santo Tomás. En su conversación (PF 767), una de las primeras otorgadas a medios de comunicación, Basso explicó los motivos que tuvo para denunciar el caso de la Universidad del Mar a la Contraloría, las evidencias sobre lucro en las dos instituciones privadas citadas y el desinterés del gobierno y del ministro de Educación para asumir el problema e impulsar investigaciones. En la entrevista con Rubén Andino, dice que Eugenio Díaz recibía por acreditar 60 millones de pesos, premio que se repetía al acreditar nuevamente a la casa de estudios favorecida.

Nada debería ya sorprendernos, tal vez indignarnos un poco más. Porque estas investigaciones judiciales han estado precedidas de numerosas investigaciones, informes privados y públicos, reportajes periodísticos y una avalancha de protestas que ha fluido durante los últimos años desde las calles a las oficinas de la Corfo y ante el mismo Servicio Nacional del Consumidor, que es, aunque parezca un mal chiste, el organismo que fiscaliza a las universidades privadas. En el caso de la Universidad del Mar el Sernac presentó una demanda colectiva contra esa institución por cláusulas abusivas en los contratos. Lo mismo que en la relación de un consumidor con un banco, una casa comercial o una empresa telefónica, hubo cláusulas donde la universidad se reservó la facultad de repactar unilateralmente o renegociar la deuda a su solo arbitrio en caso de atraso en el pago, esto es, sin consentimiento del alumno. Si hay diferencias con La Polar, es un asunto de matices.

La corrupción en las universidades privadas con fines de lucro es una extensión más del libre mercado desregulado, el mismo que se ha inscrito junto a la colusión de precios en las farmacias, las oscuras comisiones de los bancos, los desastrosos efectos ambientales y sociales que deja la industria extractiva, los cobros abusivos en las cuentas de servicios o las estrategias comerciales de las instituciones de salud privada para permitir impresionantes ganancias.

EDUCACION CARA, MALA Y ENGAÑOSA

La corrupción entre los organismos de acreditación y las universidades con fines de lucro ha trascendido fronteras y ha hecho reaccionar a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), sugiriendo medidas que ni el gobierno ni la oposición han esbozado. Para la OCDE, que considera a la educación como una actividad absolutamente necesaria para avanzar hacia el desarrollo económico, el caso chileno es de extrema gravedad: a los pésimos indicadores de aprendizaje se agrega la corrupción y la mentira en aras de la ganancia fácil. El informe de la OCDE recomienda al Estado chileno “reforzar un mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad es urgente”, ya que “el sistema actual no funciona como debería”. Por tanto, propone, según informó La Tercera, que “la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones: institutos, centros de formación técnica y universidades. Si no la obtienen, pueden apelar ante el Consejo Nacional de Educación. Y si la certificación les es negada en éste, pueden quedar en interdicción y se les quita automáticamente el reconocimiento oficial”.

También apareció un estudio realizado por la revista The Economist, en que ratifica lo conocido: la educación chilena está en muy mal pie. Chile, junto a otros cuatro países latinoamericanos que no hace falta mencionar, aparece en los últimos lugares de un ranking que mide los resultados de los sistemas educacionales en el mundo.

Es extremadamente grave lo que ha sucedido con el lucro en la educación, actividad por la que los estudiantes han venido protestando desde hace años, y aun cuando negada por los gobernantes y parlamentarios, hoy es confirmada con los casos que procesan los tribunales. Con seis instituciones bajo investigación, ya no es posible hablar ni de casos aislados ni de defender el lucro como una actividad beneficiosa para la sociedad.

Si el lucro es de por sí repugnante en áreas como la salud, la banca usurera o en la especulación con alimentos de primera necesidad, en educación tiene otros efectos que son aún más perjudiciales. Estos se transmiten a todo el sistema social al aumentar sus niveles de desigualdad, desequilibrios que se transmitirán y reproducirán en las próximas generaciones. Una educación basada en el lucro y en el engaño en cuanto a la calidad de la enseñanza le resta recursos a la generación que hoy paga, la que generalmente se endeuda con el sector financiero durante el resto de su vida, a la vez que no entrega las herramientas prometidas a los estudiantes. Solo estos dos efectos refuerzan las características de concentración de la riqueza.

Es interesante observar los insumos que utilizó la Confech para levantar sus demandas a partir de las primeras protestas en 2010. El estudio que realizó el centro de estudios Cenda sobre la educación superior chilena ofrece información económica sobre este drama que bien vale revisar. Los estudiantes han comprendido que sobre estas bases económicas su futuro estará siempre condicionado a los créditos adquiridos. Cenda señala que la actual política económica educacional ha cargado sobre las familias aproximadamente dos tercios de los costos de la educación superior; el Estado participa sólo con cerca del diez por ciento. Al mismo tiempo, solo una fracción de los estudiantes logra titularse oportunamente. Si le agregamos falsas acreditaciones, el abuso adquiere características perversas.

Considerando las matrículas, “el gasto para cada uno de los 872.849 alumnos de educación superior promedió 2,7 millones de pesos en 2009. Los 576.600 estudiantes universitarios presentaron un gasto individual promedio anual de 3,7 millones de pesos por alumno, cifra que en el caso de los 189.069 que estudian en los Instituto Profesionales se reduce a 1,1 millones de pesos”. Teniendo en cuenta el mercado laboral, su informalidad, inestabilidad y el deprimido nivel de remuneraciones promedio, los futuros profesionales no ganarán lo suficiente para solventar sus dividendos. Es decir, “aquí hay un castigo que se acarreará por gran parte de la vida laboral sobre aquellos que contrataron créditos, quienes en su mayoría provienen de sectores medios y populares”. Si a todo esto le agregamos la falsa acreditación en la calidad del servicio, la recuperación de lo invertido será imposible.

NEGOCIO POR DONDE SE LE MIRE

El Servicio de Información de la Educación Superior del Mineduc (SIES) publicó a finales de 2010 que las 58 casas de estudio que entregaron sus datos obtuvieron ingresos, en 2009, por más de cinco mil millones de dólares. Una cifra impresionante y, como sucede en otros mercados, también muy concentrada: las cuatro primeras universidades del ranking de ventas controlan el 40 por ciento del mercado.

Un buen negocio genera también cambios de propiedad. Durante los últimos años han ingresado al sector no sólo grandes corporaciones internacionales, sino también inversionistas extranjeros con activos en otras áreas del comercio y la economía. Bien conocido es el caso de Laureate Internacional Universities, dueño de la Universidad de Las Américas y Andrés Bello, o del consorcio estadounidense Apollo, que en 2008 compró por 40 millones de dólares la Universidad Uniacc, una institución “sin fines de lucro”. Y también la Universidad Santo Tomás, con ventas por unos cien millones de dólares anuales, que ha tenido entre sus accionistas al fondo de inversión estadounidense con presencia latinoamericana, Linzor.

La inversión total en publicidad superó los 1.300 millones de dólares anuales en los balances de 2011. De este total, según el informe de Achap (Asociación Chilena de Agencias de Publicidad), la participación por rubros está bastante atomizada, pero hay claros líderes. En primer lugar, como es tradicional y bien observable, están las grandes tiendas, con alrededor del nueve por ciento del total invertido. Les sigue la telefonía, con 4,7 por ciento, los automóviles, con 3,4, y los productos de higiene y belleza con poco menos. En el octavo lugar aparece el rubro universidades, con un 2,5 por ciento del total invertido, lo que da una cifra superior a los 30 millones de dólares, la que supera a toda la publicidad de un sector como la banca o las farmacias. Una inversión extremadamente abultada para una actividad “sin fines de lucro”.

TODOS INVOLUCRADOS

Hacia el primer semestre de 2012, en medio de las protestas de la Confech y de informaciones aparecidas en la prensa sobre supuestas irregularidades financieras en la Universidad del Mar, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora sobre el “funcionamiento de la educación superior”. El informe fue publicado hacia finales de junio de este año y las conclusiones han sido demoledoras, reforzando las denuncias de los estudiantes y otros actores de la educación.

En el informe se afirma que la fijación de aranceles anuales de cada carrera y los intereses que cada año se aplican, exceden con creces los establecidos como referencia por el Ministerio de Educación. Ello ocurre porque cada institución tiene libertad para establecer el precio de las carreras. De esta forma, existe una brecha con el valor de referencia del Mineduc que puede llegar hasta el 58%. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio del diario La Tercera la carrera de odontología en la Universidad de Los Andes cuesta anualmente $5,3 millones, mientras que el arancel de referencia es de $2,6 millones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la Universidad Diego Portales: literatura cuesta anualmente $2,9 millones, mientras el arancel de referencia es de $1,7 millones.

Otra observación es en relación con la publicidad de las universidades, la que “es impresionante”. De acuerdo a información oficial, éstas son el tercer avisador más importante del mercado. Anualmente gastan cerca de 60 millones de dólares sólo en publicidad, ubicándose después de las grandes tiendas y la telefonía celular. Es decir, el cálculo previo sobre las estadísticas de Achap queda corto frente al cálculo de los diputados.

De acuerdo a los estudios sobre la educación superior chilena se ha detectado que es una de las más caras del mundo, agrega la Comisión. Según el informe del Banco Mundial y la OCDE, institución que agrupa a más de 30 países desarrollados, los aranceles universitarios representan un tercio del ingreso per capita bruto nacional. Las estadísticas son aún peores si se las compara con el PIB per capita: el arancel en una universidad privada equivale al 47% de ese indicador y el de una universidad del Consejo de Rectores representa el 41,7% del producto por habitante. El reporte agrega: “Analizados todos los antecedentes, esta Comisión concluye que no sólo existe lucro en la educación superior, sino que además, todo el marco normativo que regula el sistema no funciona”.

La desregulación de la industria, señalan los diputados, se debe esencialmente a la desaparición del Fisco como ente fiscalizador. La Comisión precisa que durante los treinta años que lleva de existencia el sistema de educación superior privado, ni el Ministerio de Educación ni la División Superior de Educación ni la Comisión Nacional de Acreditación han realizado “alguna fiscalización, auditoría o simple revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro en alguna de las instituciones que han lucrado con ventas millonarias o bien han dado a conocer lo ventajoso del negocio de la educación superior a través de estudios académicos, publicaciones y reportajes de investigación”.

Este informe, sin embargo, no fue aprobado por la Cámara de Diputados, lo que expresa la turbia relación entre estas elites políticas y los negocios privados. Del mismo modo como ha sucedido con la Ley de Pesca, una actividad que ha cooptado a muchos parlamentarios, el negocio de la educación privada con fines de lucro, que como hemos visto mueve varios miles de millones de dólares al año, también impide modificar el sistema. La corrupción evidente que observamos hoy con las falsas acreditaciones está también presente en la relación de estos inversionistas con las elites políticas. El conocido caso de las falsas becas Valech en la Uniacc es solo un ejemplo de esta turbia relación.

Los estudiantes de la Universidad del Mar solicitaron la estatización de la institución. Aun cuando esta puede ser una operación compleja, la demanda es muy significativa. El sector privado desregulado reforzado por la ideología neoliberal, parece tener sus días contados.

http://www.elciudadano.cl/2012/12/27/62161/soborno-cohecho-y-lavado-de-dinero-en-la-educacion-la-alcantarilla-del-lucro/

2012 y los trabajadores: otro año perdido

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por josé Luis Ugarte

Cada fin de año se repite —con la misma parafernalia— la liturgia de las premiaciones. Los medios de prensa escrito con cercanías al mundo empresarial hacen encuestas entre sus propios afiliados y se reparten los elogios a los que han hecho bien la pega —básicamente seguir sosteniendo el modelo económico— y se castiga, en buena onda eso sí, a los que no se esforzaron tanto por el país.

Nuestra elite económica se premia a sí misma por los servicios prestados al país y a los emprendedores. Todos tocan algo.

Y ahí, qué duda cabe, Matthei recibirá una excelente nota y de seguro el premio a la ministra destacada del año.

¿La razón?

Más que obvia. No haber hecho prácticamente nada.

Salvo su clásico estilo —todo le emociona y todo le indigna con la misma intensidad— el año 2012 se caracterizará por haber sido el más inútil de los años para los trabajadores chilenos de los que se tenga memoria.

Y vamos a ser claros, después de la Concertación eso no es nada fácil.

En este año, salvo un conjunto de leyes insignificantes para la inmensa mayoría de los trabajadores (normas sobre temas específicos como semana corrida o de las que ya existía protección como acoso laboral) y de los shows mediáticos de fiscalización laboral para ciertas fechas —Matthei al pie de los buses en verano y de los mall en Navidad—, los trabajadores en Chile no tuvieron ninguna noticia interesante que celebrar en materia laboral.

Ni se terminó con el multirut —la promesa estrella de Matthei cada vez que habla—, ni se dictó la nueva legislación de seguridad e higiene en el trabajo —la promesa de Piñera a los mineros de San José—. Y en realidad, nada de nada.

¿Fortalecer la negociación colectiva como decía el programa de la nueva forma de gobernar? Ni hablar. Ni siquiera un mísero proyecto para que duerma el sueño de los justos en el Congreso.

Ahora, no nos engañemos. Nada de esto fue un error.

No se trata de la una gestión deficiente de Matthei, sino todo lo contrario: la plasmación de su íntima convicción de que lo mejor para Chile es que en materia de derechos de los trabajadores no pase nada.

Y ello, por una sencilla razón que explican sus propias palabras.

El trabajo, a ojos de esa elite que ella representa, es una gracia con la que se premia a los necesitados. Por ello, cuando se protesta —como en Freirina— se hace algo que en su mirada es profundamente irresponsable: se pone en riesgo esa dádiva que es el empleo.

De ahí su indignación con los malagradecidos: “No nos vengan después a pedir trabajo”, decía con tono de patrona a la antigua.

Creencia primera entre todas en el manual de la elite empresarial criolla. Y hegemónicamente impuesta por la elite —la que da ese empleo— al resto de la sociedad chilena en su conjunto —la que lo recibe—: el emprendedor da trabajo y el trabajador recoge una oportunidad que debe agradecer.

Las empresas son como fundaciones. Dan empleo y ese premio debe recibirse como quien recibe una donación: con agradecimiento propio de quien ha recibido un regalo que no merecía. Con bajos sueldos, malos olores o lo que la circunstancia amerite.

He aquí la fuente de todas las prepotencias empresariales en Chile: “Déjenos trabajar tranquilos” suele espetar cada vez que le conviene Paulmann —y otros como él— a todos los Presidentes de Chile, recordándoles que ellos dan empleo como filántropo que reparte los panes entre los hambrientos.

Lo dramático es que, para ser claros, no solo es la creencia de Matthei. En los gobiernos de la Concertación un ministro de Hacienda de la época llamaba a los trabajadores a moderar las pretensiones salariales porque “había que cuidar la pega”.

No es lo mismo, pero es igual: no debe morderse la mano que te da de comer.

Es una forma de mirar las cosas tan asumida por nuestra elite que la repiten como si fuera una verdad evidente. Evidencia que esconde lo menos obvio: la perversión de lenguaje de la que se alimenta.

Como se ha dicho antes, la empresa necesita el empleo, quien lo tiene y lo ofrece es el trabajador. Y como la empresa lo necesita y lo requiere —como es obvio, Paulmann no venderá las corbatas ni cortará el jamón para sus clientes— debe ajustarse a las reglas que la sociedad fija  para que ese trabajo sea decente y digno.

Y la decencia, no es necesario explicarlo con detención, incluye mucho más que un salario.

En todo caso, Matthei puede estar tranquila.

Muchos ministros del Trabajo antes que ella —personajes de izquierda de puño en alto para los 1 de Mayo—, salvo honrosas excepciones que ya casi ni se recuerdan, hicieron básicamente lo mismo en veinte y tantos años de democracia: nada o casi nada.

Y lo peor. Ni siquiera se daban el trabajo, como le gusta a la Ministra, de aparentar indignación.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/12/28/2012-y-los-trabajadores-otro-ano-perdido/

Fábricas recuperadas y autogestión en la nueva realidad de España

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extraído de www.iceautogestion.org

Con el panorama de la crisis financiera y económica, el Estado español empezó a recortar por lo más delgado. Así el cierre de empresas y los despidos se sucedieron –y se siguen sucediendo– dejando un tendal de desempleados. Al calor de las movilizaciones y de la resistencia, la transformación social (con la autogestión como elemento central) se asoma con fuerza en el horizonte de España.

por José Luis Carretero Miramar del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA)

Hace apenas cinco o seis años, hablar de empresas recuperadas o de cooperativismo en España hubiera sido manejar conceptos no sólo marginales, sino profundamente ajenos a los intereses y vivencias de la gran mayoría de la población. En el marco de la sociedad de la burbuja, el consumo desenfrenado y la “fiesta” juvenil, nadie se planteaba –o sólo lo hacían grupos en extremo reducidos o muy localizados geográficamente– la necesidad de trabajar para uno mismo desde perspectivas horizontales o ajenas al mando capitalista.

Marinaleda o Mondragón eran experiencias autogestionarias de dimensión global, pero lo cierto es que la generalidad de la población hispánica permanecía profundamente ajena a los valores que las sustentaban.

Sin embargo, no siempre fue así. Sin tener que viajar tan lejos como a las colectivizaciones surgidas en el marco de la Guerra Civil de 1936-39 (que abarcaban gran parte de la industria, servicios y el agro de la zona republicana), en el escenario de la llamada Transición española del franquismo a la democracia, en los 70, la experiencia de la recuperación de empresas por sus trabajadores jugó un papel trascendente.

Eran tiempos de crisis, fracturas y de grandes movimientos populares. Fue al calor de los mismos que se fraguaron iniciativas como la de Númax, una fábrica de electrodomésticos autogestionada por los operarios como respuesta a su intento de cierre irregular por parte de los dueños, cuya existencia quedó plasmada en dos documentales de Joaquím Jordá: Númax presenta y 20 años no es nada.

Algunas de las experiencias de aquellos años sobrevivieron, pese a todo, hasta la actualidad, como la barcelonesa Mol Matric, hoy responsable de realizar los chasis de una línea de Metro de Barcelona, el tren y cientos de máquinas industriales para empresas como General Motors; o la imprenta Gramagraf, ocupada hace 25 años, y en la actualidad parte del grupo editorial cooperativo Cultura 03.

Pero la Transición terminó. Y lo hizo como un gran fiasco. Las líneas esenciales del régimen franquista fueron mantenidas en lo que constituyó una simple reforma política que introdujo el país en el ámbito de la Unión Europea y la OTAN, y que concedió ciertas libertades públicas; pero que no tocó los mecanismos esenciales de reparto del poder económico y social. Los grandes movimientos populares se deshincharon, y a la experimentación y la lucha las sustituyó el “desencanto” y el cinismo. Las propuestas autogestionarias nunca desaparecieron, pero fueron relegadas a un espacio puramente marginal.

Y eso fue así mientras la sociedad de la burbuja y su consumo desaforado e irresponsable se mantuvo en plena vigencia. ¿Cómo?: fundamentado en el crédito y la sobreexplotación del trabajo migrante y juvenil, mediante la precarización de las condiciones laborales y la conformación de una legislación de extranjería que fomentaba (de hecho) la actividad sumergida y sin derechos.

Al llegar la crisis financiera y económica actual, las estructuras se modificaban y todo se movía: la escalada inmisericorde de la tasa de paro hasta extremos no vistos anteriormente en la sociedad española y la rápida degradación del tejido productivo y empresarial –al pincharse e implosionar la burbuja inmobiliaria– generaron una situación radicalmente nueva que implicó el inicio de grandes transformaciones económicas y también socioculturales.

El paro y una pobreza revisitada empujaban a amplias capas de la población hacia la economía sumergida y el cobro de los magros subsidios de un Estado del Bienestar que nunca se llegó a desarrollar en España hasta la magnitud alcanzada en los países centrales de Europa.

Los extremos (en puridad, extremistas) ajustes llevados a cabo por los poderes públicos ante el desencadenamiento de la crisis de la deuda externa generada por la socialización de las deudas privadas de las entidades financieras provocaron el efecto que era de esperar: el Estado Español devino un gigantesco páramo económico donde los cierres de empresas se sucedieron y amplios sectores de la población empezaron a quedar excluidos de la actividad productiva.

En ese marco se desataron los sucesos del 15 de mayo de 2011, e irrumpió con fuerza el llamado “Movimiento de los indignados”, que expresó las primeras tentativas masivas de resistencia al proceso de descomposición social impuesto por las dinámicas neoliberales de la UE y los gobiernos españoles.

A partir de entonces, la arquitectura política de la sociedad volvió a ser un elemento debatido y discutido públicamente. La política recuperó una cierta centralidad en las conversaciones cotidianas y en las mentes de la generalidad de la población. Hablar, ahora, de movilizaciones, de resistencia o de transformación social (con la autogestión como elemento central) vuelve a ser posible.

Pero ya en los meses anteriores, al calor del desplegarse de la crisis, se habían ido expandiendo los gérmenes y las semillas de esta nueva situación. Y el recurso de la recuperación de empresas por los propios trabajadores había vuelto a ser pensable.

En ese sentido, ya en los primeros años de la crisis cerca de 40 empresas fueron recuperadas por los trabajadores y puestas a funcionar de forma cooperativa, como afirma la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA). Entre ellas podemos contar emprendimientos como la empresa de robotización Zero-Pro de Porriño (Pontevedra), o la de muebles de cocina Cuin Factory en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en la que el antiguo jefe participó activamente en la cooperativización y donde todos los recuperadores se impusieran un salario igualitario de 900 euros. También con apoyo del propietario, se autogestionó en Sabadell la metalúrgica Talleres Socar, reconvertida en la cooperativa Mec 2010.

Pero, quizás, la iniciativa más impactante y conocida sea la puesta en marcha por los ex empleados del periódico de tirada nacional Público, que dejó de editarse en papel el 23 de febrero de 2012 y dejó al 90 % de sus trabajadores en la calle. Fueron esos mismos trabajadores los que constituyeron la cooperativa Más Público, que trata de obtener apoyo social y financiero para seguir publicando el periódico en formato mensual.

Sin embargo, pese a estas experiencias, no puede decirse que la vía de la recuperación de empresas se haya vuelto algo habitual o extendido: los trabajadores, en las situaciones de cierre, siguen prefiriendo masivamente hacerse con las prestaciones que comporta un Estado del Bienestar cada vez más menguante y en discusión. Las dificultades de la figura jurídica de la cooperativa en el Derecho español, así como la casi ausencia de previsiones al respecto en la Ley Concursal, junto a cierta pasividad alimentada por las décadas de universo burbujil y conformista, probablemente fundamentan estas limitaciones de la estrategia recuperadora.

Lo que sí parece cada vez más común es el creciente recurso del cooperativismo de muchos desempleados que, ante la situación de anomia productiva y de falta de expectativas de volver a ser contratados, recurren a la posibilidad de capitalización de la prestación por desempleo para la conformación de emprendimientos autogestionarios. Los ejemplos son innumerables (como la cooperativa de electricidad renovable Som Energía, creada en diciembre de 2010) y, en algunos casos, muestran evidentes vínculos con los movimientos sociales (como los relativos a la conformación de experiencias a la imagen y semejanza de la Cooperativa Integral Catalana, o los del ámbito libertario, como la gráfica Tinta Negra). De hecho, de enero a marzo de 2012, se produjo la creación de unas 223 cooperativas nuevas en el Estado Español.

No hay duda. Nuevos caminos están siendo recorridos por la sociedad española, para bien y para mal. Y, entre ellos, el camino de la autogestión empieza a ser cada vez más común.

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Los otros Freirina: 5 comunidades en pie de guerra contra la agroindustria

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por eldinamo.cl

La falta de agua en San Pedro de Melipilla, la llegada de más cerdos a La Estrella y Litueche y el temor a una incinera de guano son solo algunos de los conflictos que enfrentan diferentes comunidades del país con empresas agroindustriales.

Lejos de irse con la cola entre las piernas tras el cierre de su planta en Freirina, el holding de empresas de alimentos Agrosuper anunció que volvería a la carga y que intentará revertir el cierre de esa planta, cerrada luego de las constantes manifestaciones de los vecinos que eran afectados por los fuertes olores y las moscas del lugar y, según señaló la propia empresa, por la imposibilidad de cumplir con los requerimientos impuestos por la autoridad sanitaria.

Durante las primeras semanas de enero, la empresa agroindustrial presentará un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, apelando a los derechos empresariales que habían sido concedidos en el 2005.

La decisión de apelar al cierre de la planta de Freirina de inmediato alertó a los vecinos de esa localidad y de Huasco, los que están evaluando nuevas acciones legales en contra de una empresa que tiene un largo historial de conflictos medioambientales y por los que ya fue multada con más de 250 mil millones de pesos, por la Corporación Regional Medioambiental de O’Higgins y de la Región Metropolitana entre los años 2001 y 2008.

Asimismo, y de forma paralela a lo ocurrido en Freirina, varias han sido los territorios donde, según los vecinos, Agrosuper y otras empresas agroindustriales han deteriorado el medio ambiente, pasando a llevar los derechos de los habitantes.

Esta situación, según el presidente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Olca, Lucio Cuenca, se produce porque “la agroindustria es un negocio que se está desarrollando de manera intensiva y concentrado en algunas zonas del país y que, aprovechando ciertas ventajas y flexibilidades tanto de la legislación territorial como en la legislación ambiental, están creando grandes centros de producción de carne de pollo, de cerdo y de salmón”.

Estas empresas “no cumplen estándares de sustentabilidad y buscan, por economía de escala, bajar los costos lo más posible y transferirle esos costos al medio ambiente y a la comunidad”, explica el especialista.

Así, a lo largo del país, durante los últimos años han sido varias las comunidades que han intentado manifestarse en contra de las empresas agroindustriales. Aquí te presentamos los otros Freirina: 5 comunidades que están en pie de guerra contra la agroindustria.

1.- NO HAY AGUA EN SAN PEDRO DE MELIPILLA 

Una larga pugna ha enfrentado hace años a los vecinos de San Pedro de Melipilla, una pequeña comuna rural al sur oeste de Santiago, donde Agrosuper instaló una planta de tratamiento en la que se faenan pollos y cerdos desde 1994.

Al igual que en Freirina, el tratamiento de estos animales, produce “un olor nauseabundo y muchas moscas”, explica la dirigenta de la zona y vocera del Movimiento Social por la Defensa de los Territorios, Teresa Armijo, añadiendo que esto es por la gran cantidad de animales que existen en la planta faenadora.

“Hoy hay 99 planteles de cerdos y pollos. Cada plantel tiene 20 pabellones y cada pabellón tiene 1700 chanchos. Calcula cuántos chanchos hay”, dice.

La vecina explica que, sin embargo, el principal problema es la falta de agua que hay en la zona, debido a la sobreexplotación de las napas por parte de la empresa.

“Hoy solo el 20% de la zona tiene agua potable. El resto tiene norias, pero desde que la empresa comenzó a sobreexplotar el agua subterránea, están secas. Hay más de 800 personas que no tienen agua para tomar”, explica.

Señala que esto afecta directamente a los pobladores con menos recursos, los que sobreviven gracias al cultivo y crianza de animales, actividades limitadas hoy por la falta del recurso hídrico.

2.- MÁS CHANCHOS EN LA ESTRELLA Y LITUECHE 

Los vecinos de las comunas rurales de La Estrella y Litueche, de la Provincia de Cardenal Caro, de la Sexta Región, tienen varios temas ambientales pendientes con la agroindustria.

Al igual que en San Pedro, además de la contaminación, uno de los principales problemas que aquejan a los pobladores es la sobreexplotación de las agua subterráneas, la que ha dejado secas las norias de la zona.

Los vecinos, que ya se han manifestado varias veces cortando los caminos principales, apuntan tanto a las plantaciones de olivo que existen en la zona, como a la gran planta faenadora La Estrella, que pertenece a Agrosuper.

“Después de que se conocieran los problemas en Freirina, el Concejo Municipal presionó y se logró bajar el tema de los olores y bajó un poco el problema de las moscas en la planta de Agrosuper”, explica Marcelo Fernadez, vecino de La Estrella.

Pero como si esto fuera poco, los pobladores temen la instalación de una nueva planta de cerdos llamada Quebrada Honda. El proyecto de la empresa Maxagro pretende establecerse en una zona colindante a ambas comunas, donde según datos de la empresa, se contempla la llegada de otros 93.500 cerdos.

“Con la llegada de la nueva planta, aumentaría ostensiblemente la contaminación en la zona y nos terminarían de secar los pocos sectores que quedan con agua”, explica Luis Fernández Silva, concejal de La Estrella.

Hoy, la tramitación de la empresa continúa, y será el próximo 29 de mazo, cuando la compañía entregue las respuestas a los cuestionamientos de la comunidad ante la Declaración de Impacto Ambiental.

“Lo malo es que en todo este proceso hubo muy poca participación ciudadana, porque no está informada y la municipalidad cuando quiere informa, pero cuando no quiere no informa”, puntualiza el concejal.

Contactados por El Dínamo, desde Maxagro aseguraron que están a la espera de conocer los resultados de la Declaración de Impacto Ambiental, por lo que recién en junio del próximo año podrían referirse al tema.

3.- COMUNIDAD MAPUCHE VERSUS LOS SALMONES 

En septiembre de este año, el gerente de la empresa salmonera Agrosuper-Los Fiordos, Jerardo Ortuya Jeria, fue formalizado por el delito de desacato. Esto, luego de que su planta ubicada en la localidad de Pargua, comuna de Calbuco, continuara vertiendo descargas contaminantes al río Allipén, en el marco de un caso que tiene como plazo de investigación dos años.

Mientras, la planta ha continuado funcionando y con ella, según los vecinos, persisten los olores pestilentes, la contaminación ambiental que ha afectado a la producción de ganado, y los ruidos constantes a altas horas de la noche, que afectan principalmente a una comunidad mapuche aledaña.

“Como el proyecto se levantó con una Declaración de Impacto Ambiental, y no con un Estudio de Impacto Ambiental, la planta quedó instalada a 35 metros de nuestras casas”, explica Francisco Vera Millaquén, werkén de la comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelén.

Según el vocero mapuche, “desde el 2007 acá es irrespirable y las autoridades no les importa. El alcalde es uno de los principales aliados de la empresa. Con eso, él se convirtió en otro de nuestros enemigos”.

4.- EL TEMOR A LA “GUANOELÉCTRICA” 

El 13 de enero, la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó la Central Tagua Tagua, un proyecto termoeléctrico que pretendía instalarse en Pichidegua, en la Sexta Región, y que era impulsado por FibroAndes, compañía que se define como desarrolladora de Energías Renovables No Convencionales.

El proyecto contemplaba la quema del guano de los miles de pollos provenientes de las empresas agroindustriales de la zona, es decir pretendía quemar los deshechos de la producción de las aves, lo que de inmediato levantó el rechazo de la comunidad.

Es que los vecinos aseguran que la “guanoeléctrica”, como la bautizaron, emitiría debido a la combustión de guano, sustancias tóxicas al ambiente, como emisiones de óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, arsénico, mercurio y dioxinas.

Según los especialistas, estos elementos caerían a la tierra en forma de lluvia ácida, contaminando la tierra y produciendo un daño irrecuperable en la zona.

Es por esto que, pese a celebrar la medida, el temor de los vecinos persiste, pues aseguran que el proyecto aún puede tomar fuerza, ya que no ha existido todavía la resolución final del Consejo de Ministros, el que según los expertos, no tiene fecha definitiva.

Según explica el presidente de Olca, Lucio Cuenca, la empresa promotora del proyecto, Firboandes, “presentó una reclamación al Consejo de Ministros hace varios meses, el que ha postergado su pronunciamiento y que miramos con atención, puesto que este mismo Consejo de Ministros ha tenido decisiones bien polémicas, como haber revertido el rechazo de la termoeléctrica en la zona de Huasco”.

Contactados por El Dínamo, FibroAndes no quiso referirse al caso.

5.- LAS COMPENSACIONES PARA TAGUA TAGUA 

El 11 de abril pasado muchos vecinos pensaron que los problemas habían acabado. Ese día la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Sexta Región clausuró definitivamente la planta de monorelleno La Fuentecilla, ubicado en San Vicente de Tagua Tagua, por incumplimiento de la normativa vigente. Esto, porque además de los olores y las moscas, la planta había superado con creces las 8 hectáreas permitidas, existiendo más de 20 hectáreas ilegales.

Durante 11 años, la planta del empresario local Juan Pablo Yáñez Marmolejo, (que tuvo que pagar una multa de 300 UTM) sirvió de destino a deshechos no peligrosos, domiciliarios, humanos y de las industrias agrofaenadoras de la región. La más importante de ellas era la planta San Vicente, de Agrosuper, donde se desarrolla más de la mitad de la producción de pollos de la empresa a nivel nacional.

Pese a la clausura del monorrelleno, Yáñez Marmolejo intentó levantar una nueva planta de tratamiento de lodos, en el mismo lugar en que había sido cerrada la planta anterior, sin lograr pasar esta vez la tramitación medioambiental.

Es por esto y por la persistencia, aunque menor, de moscas y olores, que lejos de estar tranquilos, los pobladores siguen reclamando ayuda a la empresa para recuperar el área y compensaciones a los afectados.

Según el diputado por la zona, Javier Macaya (UDI) “la constitución chilena establece que si existe un daño, en este caso medio ambiental, existen acciones como interponer un recurso de protección por el funcionamiento de esta planta, y si los vecinos pueden acreditar que se ven afectados en su vida y en sus quehaceres, creo que están en todo su derecho de interponer acciones legales”.

LOS ENCUENTROS DE COMUNIDADES AFECTADAS POR LA AGROINDUSTRIA 

Al ver este panorama, los propios vecinos han tratado de articularse en una red mayor. Por eso es que en enero del próximo año, y justamente en Freirina, se realizará el quinto Encuentro de Comunidades Afectadas por la Agroindustria, una instancia que desde julio de este año ha pretendido aunar las demandas de los pobladores que se encuentran en disputa con estas empresas a lo largo del país.

Ya en las versiones anteriores, representantes de diferentes organizaciones comunitarias y sociales de Litueche, San Pedro, Pichidegua, Peralillo, Freirina y La Estrella han intervenido para dar a conocer sus problemáticas puntuales y aclarar detalles técnicos de sus peticiones.

Según explica el geógrafo de la Universidad de Playa Ancha, y secretario de los Encuentros de Comunidades Afectadas por la Agroindustria, Ignacio Rojas Rubio, “estos encuentros sirven principalmente para generar redes de apoyo dentro de las diferentes comunidades. No es en un ánimo de movilización aún, ya que todavía estamos en la etapa de concientización de las problemáticas, de prepararse e informarse”.

http://www.eldinamo.cl/2012/12/19/los-otros-freirina-5-comunidades-en-pie-de-guerra-contra-la-agroindustria/

47° Capítulo de ECONONUESTRAS 17-dic-2012

la voz

Especial fin de año, fin del mundo, fin de ese mar que tranquilo te baña, fin de agrosuper en freirina (?), fin de las AFP (???)…

{Econonuestras será la única página web activa durante el apagón de tres días}

La clase media según el Banco Mundial

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extraído de ElCiudadano

En la literatura sociológica, desde principios del siglo XIX, la llamada clase media ocupa un lugar destacado. Los franceses Comte y Tocqueville incorporaron el concepto en sus análisis. Igualmente, los alemanes Marx y Lassalle. Los funcionalistas norteamericanos Parsons y Merton fundaron una escuela de pensamiento que colocó la clase media en el centro de la “acción social”. Con motivo de un informe reciente del Banco Mundial sobre la “clase media” en América Latina, todos los medios comerciales del continente (incluyendo EEUU) se han abocado a la tarea de resucitar este viejo concepto abandonado por los ideólogos neoliberales.

América latina se encuentra envuelta en las telarañas de un conglomerado de instituciones trasnacionales creadas por EEUU para (des)orientar a la opinión pública. Las más antiguas son el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Otras más recientes son Moody’s, Heritage Foundation y la USAID. En la década de 1960, el BM fue transformado para “combatir la pobreza” y crear una nueva clase media. Fue un rotundo fracaso y terminó apoyando los regímenes militares de la época.

La USAID está ahora mismo en una etapa de transformación (metamorfosis) de la cual pocos saben cómo va a terminar. El Heritage Foundation promete convertirse en un guerrero defensor universal de los postulados conservadores más sagrados. Moody’s es una empresa dedicada a emitir opiniones políticas sobre la solvencia de empresas, bancos y países. En 2008, cuando colapsaron todas las empresas bancarias de EEUU, Moody’s las calificaba como sobresalientes. En la actualidad, Perú y México – políticamente afines a Washington – ocupan las posiciones más altas en la lista de Moody’s, mientras que Venezuela y Argentina – mal vistos por la Casa Blanca – ocupan los lugares más bajos.

En la literatura sociológica, desde principios del siglo XIX, la llamada clase media ocupa un lugar destacado. Los franceses Comte y Tocqueville incorporaron el concepto en sus análisis. Igualmente, los alemanes Marx y Lassalle. Los funcionalistas norteamericanos Parsons y Merton fundaron una escuela de pensamiento que colocó la clase media en el centro de la “acción social”. Con motivo de un informe reciente del Banco Mundial sobre la “clase media” en América Latina, todos los medios comerciales del continente (incluyendo EEUU) se han abocado a la tarea de resucitar este viejo concepto abandonado por los ideólogos neoliberales.

La clase media en los textos norteamericanos es en teoría quien garantiza la estabilidad social que necesita todo país para que los inversionistas puedan extraer sus ganancias. La afirmación es algo pretenciosa y, además, no refleja la realidad histórica. Cuando en América Latina las “clases medias” llegaron al poder mediante gobiernos populistas (Perón, Castro, Goulart, Allende, Torrijos y muchos otros), EEUU los declaró sus enemigos y no descansó hasta eliminarlos físicamente o derrocarlos. Por gobierno populista se entiende el poder compartido, en forma de alianza, por una clase empresarial (dominante), capas medias (hegemónica) y trabajadores. El proyecto de los gobiernos populistas es afianzar el desarrollo capitalista mediante pactos sociales.

Según el informe reciente del BM, “la clase media en América Latina aumentó entre 2003 y 2009, hasta llegar a constituir un inédito 30% de la población”. (Se olvida los períodos donde predominaban gobiernos populistas). La institución bancaria con sede en Washington anuncia triunfalmente que entre los años mencionados, “la clase media aumentó en 50 por ciento, pasando de 103 millones habitantes a 152 millones”.

De un plumazo, el Banco Mundial declara que América Latina se ha vuelto “segura” para las inversiones de los capitalistas norteamericanos. EEUU está buscando fórmulas para mantener su nivel de ganancias (“crecimiento económico”) a flote. El gobierno del presidente Obama anunció que privilegiará a la cuenca del Pacífico para realizar inversiones. El BM (tal como lo hizo el candidato perdedor Mitt Romney) le pide al mandatario norteamericano que no se olvide de América Latina.

El BM hace cálculos aritméticos poco convincentes para llegar a la conclusión que en la región de Nuestra América el 30 por ciento de la población es clase media. La “clase pobre” – que divide en dos – representa el 68% de la población. Los ricos son el restante 2%. El BM asegura que “el panorama es alentador si se compara con 1995”, cuando un 78% de la población era pobre y un 20% era clase media”. (Durante la década de 1990 los neoliberales destruyeron las economías de muchos países de la región – Argentina, México, Perú, Venezuela, entre otros – con políticas de “austeridad”).

Según el BM, la riqueza producida en la región (PIB), creció a una tasa anual de 2,2% en la década de 2000. Agrega que hubo “una mejor distribución de esos ingresos”. El BM no menciona el hecho de que este crecimiento y mejora en la distribución en muchos países fue gracias a las políticas de estímulo y no de austeridad recomendados por sus programas neoliberales.

Durante el período en que reinó la política del BM y del FMI en América Latina (1985-2005), la pobreza se agudizó. Los números positivos que presenta el BM a escala regional son producto, en gran parte, de las políticas sociales – contrarias al neoliberalismo – del presidente Lula de Brasil, país con el 40% de la población de América Latina. Durante el período de Lula (2000-2010) se repartieron aproximadamente mil millones de dólares a través de programas para los pobres. Las políticas mitigaron la pobreza pero no crearon una nueva clase media. El BM alega equivocadamente (con una agenda política que pretende cambiarle la imagen negativa al neoliberalismo) que ahora los habitantes de las “favelas” son clase media. Igualmente, los pueblos indígenas en sus comarcas son clase media. Los campesinos sin tierra también. Obviamente, la aritmética del BM no suma ni resta.

Marco A. Gandásegui

Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena

http://www.elciudadano.cl/2012/12/19/61888/la-clase-media-del-banco-mundial/

La Gran Pregunta

mineria

por Manuel Riesco, CENDA

¿Hasta qué punto, y bajo qué condiciones, un modelo de crecimiento económico basado en la industria extractiva es o puede volverse consistente con una apuesta por formas de inclusión democrática, calidad de vida y salud ambiental que sean sostenibles en el tiempo?

Lograrlo dejaría contentos a todos, pero lamentablemente no se puede. La teoría económica y las experiencias neoliberales recientes, han demostrado que los países ricos en recursos naturales deben optar: o viven de la renta de los mismos y peor aún, del “chorreo” de aquella, o la utilizan para impulsar las únicas economías que pueden resultar consistentes con dicha apuesta: aquellas basadas en el valor agregado por el trabajo de sus ciudadanas y ciudadanos.

Es una cosa o la otra. El modelo noruego es el opuesto del chileno: Bajo el primero, los recursos naturales son una bendición, que han permitido a su pueblo alcanzar el más elevado desarrollo humano del mundo, sin menoscabo de la producción interna de valor agregado. El segundo demuestra que pueden convertirse en una maldición, cuando caen en manos de grandes corporaciones rentistas privadas, cuya hegemonía puede distorsionar la economía y la sociedad, y depredar el medio ambiente.

Lamentablemente, al parecer, todavía no hay plena conciencia de ello entre las elites y autoridades de Chile y otros países de la región Andina. Un seminario en torno a esa pregunta tuvo lugar en Bogotá, en diciembre del 2012, en el marco de la celebración de los 50 años de la Fundación Ford en la región y reunió a dirigentes de movimientos sociales, con presencia de empresarios, junto a autoridades políticas locales y nacionales, incluyendo algunos ministros de Colombia y Perú y figuras como el expresidente chileno, Ricardo Lagos.

El debate giró principalmente en torno a como la industria extractiva puede aportar más a las comunidades, a los países y al cuidado del medioambiente, lo cual resultaría verdaderamente encantador. Sin embargo, la pregunta de fondo respecto del modelo de crecimiento basado en la industria extractiva, apenas fue insinuada. ¿Está sucediendo lo mismo en el debate programático de las candidaturas presidenciales en Chile?

Teoría

Como es bien sabido, uno de los descubrimientos fundacionales de la teoría económica moderna, es que no todos los productos ni todas las empresas son iguales: los bienes y servicios producidos en condiciones competitivas, son fundamentalmente diferentes a aquellos otros cuya producción está constreñida por algún recurso escaso, o es afectada por monopolios de otro tipo; asimismo, Apple y Exxon son las dos corporaciones más valiosas del mundo, sin embargo, una y otra son de muy distinto pelaje.

Los precios de los primeros tienden establemente a la baja, mientras los segundos fluctúan continuamente, a veces en forma enloquecida, según los vaivenes de la demanda. Los mercados de aquellos son el ambiente natural de las empresas auténticamente capitalistas, mientras los de éstos están dominados por grandes rentistas, que se han apropiado de recursos escasos o han logrado imponer monopolios de otro tipo.

Los precios competitivos tienden a igualarse con los costos de producción promedios, que incluyen la ganancia capitalista media. Es decir, se determinan exclusivamente desde el lado de la oferta, la que se acomoda con elasticidad a las permanentes fluctuaciones de la demanda. La única manera en que un grupo de capitalistas logran obtener una ganancia superior a la media, es mediante la innovación para mejorar sus diseños y bajar sus costos. Dicha ganancia extraordinaria proviene de una transferencia, de parte del valor agregado por los más lerdos entre sus competidores. Éstos no obtienen ganancia alguna o muy poca, puesto que el precio se establece al nivel de los costos de la mayoría de los productores, los que coinciden con el promedio de esa industria. Nadie allí puede clavar la rueda de la fortuna ni dormir sobre sus laureles. Los innovadores de hoy pueden estar mañana en el montón, quedar entre los rezagados o ser expulsados del mercado sin muchos miramientos.

La oferta de los segundos, en cambio, está constreñida por la escasez de los recursos de mejor calidad. Por lo tanto, para satisfacer los incrementos de la demanda, se hace necesario poner en producción los de calidad inferior. De este modo, los precios se fijan al nivel de los productores con costos más elevados. En consecuencia, todos los demás obtienen un sobreprecio por encima de los suyos. Éste genera una sobreganancia, por sobre la que obtienen en promedio los capitalistas que operan en mercados competitivos, la que se transforma en renta de los recursos de mejor calidad relativa, cuyos propietarios lo exigen como una suerte de peaje para permitir el acceso a los mismos. Por este motivo fue denominada “renta diferencial” por David Ricardo (1817). Incluso los propietarios de los recursos con menos bendiciones, exigirán una renta para ponerlos en producción, la que Marx (1867) denominó “renta absoluta”. Si por añadidura, los recursos no son renovables, su escasez relativa resultará aún más restrictiva, puesto que siempre será conveniente guardar parte de ellos para el futuro, lo que da origen a lo que Hötelling (1929) denominó “renta ínter temporal.” Paul Samuelson (1948), demostró que los monopolios de cualquier tipo también se las arreglan para vender por encima de sus costos de producción y denominó “cuasi renta” a la que obtienen a partir de su control de mercados que no están limitados por factores escasos.

¿Quien paga la renta? La ley económica fundamental establece que, en la economía mundial en su conjunto, la suma de todos los precios no puede exceder a la suma de todos los costos de producción. De este modo, si algunos bienes o servicios se venden por encima del costo, necesariamente otros deben venderse por debajo de los suyos. La alternativa sería pagar el sobreprecio con ahorros, pero éstos se agotan. Tampoco se ha visto que las rentas se paguen con cargamentos de oro llegados de otros planetas.

Por otra parte, los costos son iguales a la suma de las compras netas de insumos y depreciaciones de bienes, producidos en períodos anteriores, más el valor agregado en todos los procesos de producción, en un período dado. Este último es el producto interno bruto (PIB) creado cada año, el que a su vez se distribuye en ingresos del trabajo, excedentes de explotación e impuestos menos subsidios estatales. Las rentas se sustraen de los excedentes de explotación, rebajando la ganancia media de los capitalistas y, consecuentemente, los precios de todas las mercancías producidas en condiciones competitivas. De este modo, las compras netas de insumos y depreciaciones que provienen de períodos anteriores, más los salarios, ganancias y rentas en que, según la fórmula trinitaria de Adam Smith (1776), se distribuye el PIB del período en curso, conforman la demanda solvente para los bienes y servicios producidos en un año determinado, en la economía mundial en su conjunto.

Todos los recursos escasos generan renta, tanto si prestan servicios, como ocurre con los profesionales afamados y la tierra urbana, como si se trata de factores de producción de bienes, como los minerales que yacen en sus depósitos, la tierra virgen, agrícola o forestal y el agua, así como la vías urbanas, pesquerías e incluso la atmósfera, cuando el acceso a los mismos es regulado. El “precio” de estos elementos no se origina en su costo de producción, puesto que no lo poseen por definición, sino en el flujo descontado de sus rentas futuras.

Sin embargo, lo que da origen a la clase social especial de los rentistas – que son muy diferentes a los capitalistas -, es la propiedad privada sobre trozos del planeta y sus recursos. Según Marx, en una sociedad más avanzada del futuro, ella “será considerada algo tan monstruoso como la propiedad de un ser humano sobre sus semejantes.” Si la clase de los rentistas logra imponer su hegemonía en países ricos en recursos naturales, pueden generar enormes distorsiones en su estructura productiva y social.

Paul Samuelson advierte que si las rentas se privatizan, equivalen a un subsidio a las inversiones que se dirigen a esas industrias, puesto que si logran apropiarse de los recursos, las empresas que los explotan obtienen la ganancia capitalista media por las operaciones productivas que allí realicen, más la renta de los recursos de los cuales se han apoderado. La consecuencia es la sobreinversión en dichos sectores, con perjuicio de la producción interna de valor agregado en la economía en su conjunto. Como se ha visto, las rentas no constituyen creación, sino transferencias de valor agregado, desde las industrias competitivas a los rentistas, a costa de una reducción de la ganancia capitalista media.

Si dicha transferencia se origina dentro del mismo país, como ocurre en economías grandes con bajo peso del comercio exterior, el resultado es una reducción significativa de la ganancia capitalista media de la economía en cuestión, con la consecuente pérdida de dinamismo. Es lo que ocurre en el mundo en su conjunto, en períodos de altos precios de los recursos: una proporción creciente de la ganancia capitalista global se desvía como pago de rentistas, lo que bien puede conducir a una recesión global; es por eso que el alza en el precio del petróleo, por ejemplo, genera una desaceleración económica.

En caso que las rentas se originen en recursos exportados, como sucede generalmente en las economías relativamente pequeñas y ricas en recursos naturales, dichas transferencia provienen de los países que los consumen. En este caso, el resultado es la denominada “Enfermedad Holandesa.” Ésta no consiste solamente en una apreciación del tipo de cambio, como usualmente se piensa, sino en un peso desproporcionado de las rentas en la economía de ese país, que la hace vulnerable a las fluctuaciones en los precios de los recursos exportados. Pueden haber asimismo superávit persistentes en el comercio exterior, en países que no exportan productos con renta, sino producidos en condiciones competitivas. A diferencia de aquellos, el precio de éstos se origina exclusivamente en el valor agregado en su proceso productivo interno, es decir, es igual a su costo de producción. En ambos casos habrá una apreciación del tipo de cambio y un excedente exportado, cuyo valor en dinero podrá ser atesorado o reexportado como capital. Sin embargo, no todos los superávit comerciales son iguales, ni todos los países exportadores son afectados por la “Enfermedad Holandesa.” En el caso de países como Alemania o Corea, por ejemplo, para enfrentar una contracción del mercado mundial, basta con que redirijan al mercado interno el excedente antes exportado. Existirá allí una demanda solvente para absorberlo, puesto que consiste exclusivamente en valor agregado internamente, y pagado íntegramente como costo de los factores de producción, incluyendo la ganancia capitalista media. De este modo esas economías podrán continuar produciendo al mismo nivel anterior, aunque probablemente deberán modificar la composición de su producción para adecuarla a la demanda interna; producir menos camiones y más automóviles, por ejemplo, pero con una suma de valor similar. Incluso puede beneficiar a la población, que ahora consumirá todo lo que produce.

En cambio, en los países que reciben elevadas transferencias de renta desde el exterior, ésta se desvanece en el aire al contraerse la demanda mundial. De este modo, se enfrentan a la triste realidad de rebajar su nivel de vida al valor agregado en sus procesos productivos internos. Su economía se reduce exactamente en la magnitud de las rentas transferidas desde el exterior, es decir, en el sobreprecio de los recursos antes exportados, por encima de sus costos de producción; al desaparecer dicho sobreprecio, una parte del PIB del país en cuestión simplemente se esfuma. Muchos países exportadores de materias primas han corrido esta suerte en el pasado, entre ellos Chile, cuando la Gran Depresión desvaneció la renta del salitre.

Como señaló hace poco el diario británico Financial Times, la economía de los recursos es como la de los buscadores de tesoros: su precio no guarda relación con el costo de encontrarlos y extraerlos, sino que se determina exclusivamente por la demanda y, como bien sabía el arrendatario escocés James Anderson (1777), inventor del arado escocés y autor de la teoría de la renta, ésta equivale a un tributo que los capitalistas pagan a los terratenientes.

Por estas razones, los auténticos capitalistas y la teoría económica desde sus mismos inicios, han promovido la nacionalización de los recursos naturales, la legislación antimonopolios y/o la captura de las rentas por parte del Estado: De este modo se nivela el terreno a la competencia en todas las industrias por igual, logrando una distribución óptima de las inversiones productivas y un aprovechamiento de las rentas en beneficio del conjunto de la sociedad, en lugar de alimentar con ellas a una clase parasitaria.

Práctica

Los países han asimilado estas lecciones en buena medida, de una manera u otra. Casi todos ellos han establecido la propiedad del Estado sobre los recursos del subsuelo, el agua, los fondos marinos, así como su soberanía sobre la tierra en general; en los países emergentes, ésta es una de las principales herencias del desarrollismo estatal del siglo 20. Actualmente, las empresas estatales tienen acceso a más del 85 por ciento de las reservas mundiales de petróleo e incluso en países donde se permite un acceso limitado de empresas privadas a las mismas, como el Reino Unido o Noruega, su renta es capturada casi íntegramente por el Estado, mediante regalías y otros mecanismos.

Sin embargo, el auge neoliberal de las últimas décadas, representó un retroceso significativo en esta materia, permitiendo la privatización de vastas reservas de recursos naturales, de los cuales se han apropiado las grandes corporaciones rentistas transnacionales, las que se han fortalecido extraordinariamente en este período.

Ha sido mas bien al revés. El renacer del neoliberalismo desde las cenizas a las que fue reducido tras la Gran Depresión, y su auge global en las últimas cuatro décadas, se explican principalmente por la hipertrofia del sector financiero durante el mismo período, que los apadrinó cariñosamente. Sin embargo, las grandes corporaciones rentistas no han sido ajenas a este fenómeno, ni mucho menos. Su tamaño e influencia también creció extraordinariamente en estos años, especialmente el de las grandes petroleras tras el alza del precio del crudo en los años 1970. Su influencia sobre el Reaganismo es bien conocida y éste, a su vez, fue determinante en el renacimiento neoliberal, el cual ha sido auspiciado generosamente por las grandes corporaciones rentistas, en todo el mundo.

El rasgo anti Estado del neoliberalismo, anarquismo burgués como lo denomina Eric Hobsbawm, le viene como anillo al dedo no solo a los banqueros, que con su ayuda lograron imponer la globalización sin trabas del capital especulativo. Ello también resulta favorable para los grandes rentistas, los que por estos días se han vuelto librecambistas a ultranza: no requieren protección estatal alguna, puesto que están sentados encima de ella. Son partidarios de bajar los aranceles a cero, porque de ese modo abaratan sus insumos.

El neoliberalismo les ofrece un atractivo adicional: es la única escuela económica que considera irrelevante la teoría de la renta; no la niega pero dice que no es significativa puesto que, según ellos, en el largo plazo, no existirían recursos escasos. Nada puede ser más seductor para los grandes rentistas.

No se la pueden creer: por primera vez, una escuela de economistas reniega de lo que ha sido una piedra angular de esta ciencia desde hace doscientos cincuenta años.

Las grandes corporaciones rentistas constituyen una suerte de híbridos. Tal como ocurría con las que profitaban del vil tráfico antes de su abolición, sus acciones se transan en las principales bolsas mundiales, como si fuesen empresas capitalistas respetables. Operan asimismo en su interior, algunas actividades productivas y comerciales propiamente capitalistas. De hecho, subcontratan la mayor parte de sus actividades de exploración, extracción, refinación y transporte, así como parte de sus operaciones comerciales, con filiales o contratistas externos, propiamente capitalistas, en las cuales ocupan a algunas decenas de miles de trabajadores a nivel mundial. Sin embargo, el grueso de sus ingresos y utilidades no provienen del valor agregado por éstos, sino de la renta de los recursos de los cuales se han apropiado. Aunque la mona se vista de seda…

De las veinte mayores empresas globales en la actualidad, según su capitalización bursátil, seis son petroleras o mineras: Exxon, Shell, Chevron, BHP Billiton, Petrochina y Petrobras, sin embargo, las dos últimas son estatales. Las cuatro primeras se cuentan a su vez entre las diez mayores corporaciones del mundo según sus ventas, seis de las cuales son rentistas, incluyendo a British Petroleum y la Estatal rusa Gazprom además de las anteriores.

El nivel de apropiación de recursos por parte de estas corporaciones no tiene precedentes. En Chile, por ejemplo, a pesar que la Constitución establece la propiedad estatal “inalienable e intransferible” del subsuelo, un puñado de grandes empresas mineras han declarado “concesiones plenas” sobre poco menos de 28 millones de hectáreas, área que cubre mas de un tercio del territorio nacional y es mayor que la superficie total del Reino Unido. Dichas concesiones son indefinidas, hereditarias y transferibles, fueron adquiridas sin pago alguno y el costo de mantenerlas es un dólar por hectárea al año. Si el Estado quiere recuperarlas, debe pagar el valor total de los minerales que eventualmente se encuentren en ellas. En Perú y Colombia, las mineras privadas se han adjudicado asimismo concesiones sobre más de veinte millones de hectáreas en cada caso, aunque las mismas son temporales y están sometidas por lo general a regalías.

Estas últimas no se aplican a la explotación de los minerales en Chile, que recién el 2003 estableció un tímido impuesto específico a las utilidades de las mineras, que el 2010 se incrementó al doble. Según el Servicio de Impuestos Internos, el Impuesto Específico a la Actividad Minera recaudó un promedio de 389 millones de dólares anuales, entre 2005 y 2010. La Estatal CODELCO representó un 60 por ciento de ese tributo, por lo que las privadas pagaron solo 233 millones de dólares anuales en promedio, lo que equivale aproximadamente a un 0,9 por ciento de sus ingresos de explotación, los que promediaron 25.703 millones de dólares por año, en ese período. Dicho impuesto representó el 1,45 por ciento de sus utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, que se conocen por su sigla en inglés, EBITDA. Estas últimas promediaron 16.127 millones de dólares anuales, cifra que equivale casi exactamente a la mitad de los ingresos tributarios totales promedio del Estado, en el mismo período. Es decir, los chilenos sostienen un Estado y medio: uno mediante sus impuestos y medio adicional con la renta que “conceden” a las mineras privadas.

Sus panegiristas gustan de embolinar la perdiz con los impuestos a la renta aportados por “la industria” al erario nacional. En Chile, por ejemplo, generalmente publican los aportes al Estado de “la minería,” sin detallar que CODELCO aporta dos tercios de estos recursos controlando sólo un tercio de la producción. La verdad es que aparte del impuesto específico antes referido, los propietarios de la “industria” minera pagan menos impuestos a la renta que los dueños de una modesta pastelería.

En ambos casos, la empresa misma debe pagar el denominado impuesto de primera categoría, que actualmente es de 20 por ciento sobre las utilidades. En ambos casos, hacen uso de toda una batería de artilugios contables que les permiten postergar dicho pago, o eludirlo derechamente. Ciertamente, las mineras han demostrado en esta materia una creatividad y capacidad de innovación a toda prueba, que harían las delicias de los pasteleros.

Nadie como la minería ha utilizado tanto el sobre endeudamiento con filiales en paraísos fiscales, para remesar utilidades bajo la forma de intereses, eludiendo impuestos. Nadie ha usado y abusado como ellos de los beneficios de la depreciación acelerada. Principalmente mediante estos mecanismos, Exxon operó un mineral de cobre en Chile durante 23 años a pérdida, para luego venderlo a Anglo American ¡en 1.500 millones de dólares! Estudios publicados por NN.UU. han demostrado que, incluso mineras que posan de líderes en “responsabilidad social corporativa,” eludieron impuestos al subdeclarar el contenido de oro, plata, molibdeno y otros “subproductos,” en los concentrados que venden a sus filiales en el extranjero, a los cuales pagaron, además, cargos de refinación superiores al precio más alto del mercado y, finalmente, vendieron a las mismas empresas relacionadas el contenido de cobre de los mismos, sistemáticamente por debajo del precio promedio de la bolsa de metales de Londres.

Los mecanismos antes referidos, entre otros, rebajan las utilidades y consecuentemente el pago de impuestos a la renta por parte de las empresas. En Chile, sin embargo, estos últimos son considerados un crédito sobre los impuestos personales que posteriormente deben pagar sus dueños sobre aquella parte de las utilidades que retiren. Es decir, en este país, los impuestos a la renta que pagan las empresas no constituyen sino un anticipo sobre los que luego deben pagar sus dueños. Pues bien, resulta que los inversionistas extranjeros en Chile, están sujetos a una tasa marginal de 35 por ciento sobre las utilidades repatriadas, mientras el dueño de nuestra pastelería queda sujeto a una tasa marginal ¡superior a 40 por ciento!

Lo anterior operaría en caso que efectivamente unos y otros reconocieran retirar utilidades, lo cual todos los propietarios de empresas disfrazan como re inversiones, sea en las mismas empresas que generan las utilidades en primer lugar -la mitad de las gigantescas inversiones de más de cien mil millones de dólares aprobadas por las mineras para los próximos cinco años, corresponden a reinversión de utilidades-, como en una cascada de “inversiones” en una serie de empresas de papel creadas exclusivamente con este objeto. Como resultado de todo ello, en Chile ningún empresario paga la tasa marginal de impuestos a las personas -que en teoría es el único impuesto que se paga-, la que queda en pie solamente para los asalariados de ingresos elevados, a quienes se les descuenta por planilla.

Ni siquiera pagan la tasa de 20 por ciento, que hasta el 2010 era de 17 por ciento, de impuestos anticipados por las empresas, puesto que la liquidación anual termina en una gigantesca devolución de estos anticipos a los dueños. El diario El Mercurio estimó recientemente que las tasa reales de impuestos a la renta que pagan en Chile los empresarios son de 0,7 por ciento para el tramo entre 12.000 y 25.000 dólares mensuales de ingresos y de 9,2 por ciento para los que resultan superiores a esta última cifra.

Pues bien, los propietarios de las mineras hacen uso y abuso de todos estos resquicios, con la ventaja que su tasa marginal es cinco puntos inferior a la de los empresarios chilenos, como se ha mencionado. Con sistemas tributarios tan permisivos en general -cuya corrección constituye otra de las grandes cuestiones pendientes-, la única manera efectiva de recuperar parte de la renta que se apropian las grandes corporaciones rentistas, consiste en someterlas al pago de regalías sobre los recursos extraídos, las cuales en Chile, como se ha mencionado, consisten en un tributo especial cuyo monto equivale a menos de uno por ciento de las ventas.

Resultados

La privatización sin cobro de los recursos ha introducido una distorsión muy grande en la economía chilena. La minería representa dos tercios de las exportaciones del país, cuyo valor equivale, por su parte, a la mitad del PIB. Ni siquiera en la época del salitre se alcanzó una dependencia de esta magnitud, puesto que en 1929 las exportaciones representaban un 29 por ciento del PIB. La minería ha absorbido un tercio de toda la inversión extranjera llegada al país entre 1974 y 2011 y dicha proporción sube de la mitad si se considera la parte proporcional de la inversión en energía, un tercio de la cual se genera para abastecer a la minería. Representa una cuarta parte de las ventas de las cien principales empresas del país y un quinto del PIB. Sin embargo, ocupa ¡sólo 1,5 (uno coma cinco) por ciento de la fuerza de trabajo asalariada nacional!

Si se consideran adicionalmente la agricultura, silvicultura, pesca y energía, es decir, todos los sectores basados en recursos naturales, las cifras anteriores ascienden al 90 por ciento de las exportaciones, el 60 por ciento de la inversión, el 50 por ciento de las ventas y un cuarto del PIB, respectivamente. El empleo total en estos sectores, en cambio, solo asciende al 9,3 por ciento del total de los asalariados.

El asunto va de mal en peor. Si se consideran los grandes proyectos aprobados para el quinquenio 2011-2015, la minería sola absorbe más de la mitad de la inversión, tanto nacional como extranjera, pero dará ocupación permanente a solo un 0,8 por ciento adicional de la fuerza de trabajo asalariada.

Es decir, los grandes inversionistas no son auténticos capitalistas, que vienen a obtener ganancias a partir del valor agregado por sus trabajadores en la producción de bienes y servicios competitivos: los que han llegado vienen por los tesoros con que la naturaleza ha bendecido al territorio, de cuya renta se apropian casi por completo.

Como resultado de la hegemonía de los rentistas, el país ha abrazado el librecambio a ultranza, desmantelando la producción interna. Aparte de las ramas de recursos naturales, la producción se ha restringido solo a aquellas industrias que cuentan con protección natural, como la construcción, el transporte y algunos servicios. Mientras tanto, más de la mitad de la fuerza de trabajo, se encuentra ocupada de modo precario en el comercio, finanzas, servicios sociales y personales, todos ellos de bajo valor agregado. Uno de cada diez trabajadores han estado cesantes, en promedio, desde el golpe de Pinochet.

El poco interés de los grandes rentistas por el valor agregado por el trabajo, ha llevado a descuidar la educación, donde se ha desmantelado el sistema nacional, gratuito y de buena calidad que el país había construido a lo largo de medio siglo, que antes del golpe de 1973 tenía matriculado a uno de cada tres chilenos de todas las edades. Hoy estudian en el sistema público y privado, solo uno de cada cuatro habitantes, pagando elevados aranceles por un servicio deficiente, mientras el gasto público en educación es un tercio inferior al que el país desembolsaba hace cuatro décadas, como porcentaje del PIB.

Las ganancias de las grandes empresas mineras equivalen a un ocho por ciento del PIB y forman parte del excedente de explotación apropiado por el conjunto de las empresas, el que representa la mitad del PIB. De ese total, los dueños de los recursos y el capital, que representan menos del uno por ciento de la población, reinvierten un quinto del PIB y consumen un 30 por ciento del mismo. Mientras tanto, los ingresos del trabajo – que coinciden con los de las familias que responden la encuesta de ingresos de hogares, que en Chile se llama CASEN -, se han visto reducidos a sólo un 40 por ciento del PIB, todo ello según cifras oficiales. Las rentas de la minería resultan decisivas para la distribución del ingreso, así considerada. Ésta empeoró drásticamente entre 2009 y 2011, principalmente por el fuerte crecimiento de aquellas, debido al incremento del precio del cobre entre esos años: los ingresos sumados de todas las familias que responden la CASEN disminuyeron su participación en el PIB ¡desde 45 por ciento el 2009 a 40 por ciento el 2011!

Todo lo anterior sin abordar siquiera el enorme daño ambiental que la depredación de la industria extractiva ha representado para amplias regiones del país y las comunidades que las habitan.

Conclusión

Estos argumentos teóricos y prácticos parecen responder la gran pregunta: el modelo de crecimiento económico basado en la industria extractiva no es consistente con una apuesta por formas de inclusión democrática, calidad de vida y salud ambiental que sean sostenibles en el tiempo.

Un fantasma viene recorriendo el mundo desde principios de los años 2000, que la prensa internacional ha bautizado “nacionalismo de recursos.” Desde Bolivia a Uzbequistán y desde Australia al Reino Unido, los gobiernos de los países ricos en recursos naturales han venido renacionalizando o al menos exigiendo una mayor participación en las rentas de sus recursos, que habían sido privatizados durante el período neoliberal.

Quizás el hito más significativo en América Latina y el mundo, por su magnitud, lo constituye la renacionalización en los hechos de Petrobras, bajo la forma de un aumento de capital en que el Estado aportó los recién descubiertos yacimientos submarinos. El Presidente Lula lo denominó “Segunda Independencia,” parafraseando al presidente chileno Salvador Allende y declaró que impulsaría una industria local de insumos de nivel mundial. La Presidenta Rousseff ha propuesto recientemente que todas las regalías se destinen a educación, ciencia y tecnología, lo que convertirá a Brasil en líder mundial en la materia, con un 10 por ciento del PIB destinado a ello.

¿Nos decidiremos los chilenos a reemprender ese camino, durante el próximo gobierno?

http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/12/17/la-gran-pregunta/

US$ 31.800 millones genera al año negocio de las armas en EE.UU.

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Esta industria ha creado 26 mil puestos de trabajo directos en los últimos dos años a pesar de la crisis, con un salario medio superior a los US$ 44 mil anuales. A pesar de la tragedia en colegio de Newtown, Estados Unidos, el negocio de las armas cortas en ese país sigue siendo sumamente lucrativo.

Según cifras oficiales y gracias a las leyes locales que lo permiten, cerca de 90 millones de estadounidenses tienen en su poder unos 270 millones de pistolas, escopetas y rifles de asalto, en un número que sigue creciendo. De hecho solamente este año se han comercializado más de 8,5 millones de este tipo de unidades.

En 2011 dicha industria, según la Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF), tuvo un impacto en creación de trabajo, ventas e impuestos de US$ 31.800 millones en la economía local, comparado con US$ 27.800 millones del año anterior. Esa cifra equivale a 4,5 veces los excedentes de Codelco que, a septiembre de este año alcanzaban US$ 6.777 millones.

Además desde que el Presidente Obama se instaló en la Casa Blanca más de 50 millones de estadounidenses han solicitado permiso para llevar pistola.

No hay crisis

Este paulatino incremento en la demanda ha hecho que en este sector no se hable de crisis económica. De hecho, las ventas del fabricante estadounidense Ruger han crecido un 86% en los últimos cuatro años, y desde la reelección del primer Presidente negro al frente del país ha vendido armas por valor de US$ 118 millones. Su rival, Smith & Wesson -ayer sus títulos cayeron 5%- se ha visto obligado a ampliar su plantilla para poder abastecer la creciente demanda.

También se han abierto nuevas tiendas especializadas. Actualmente hay más de 129.817 armerías con licencia federal para la venta de armas, de las cuales 51.438 son tiendas de armas, 7.356 son casas de empeño, y 61.562 son coleccionistas. El resto de las licencias pertenecen a fabricantes e importadores.

La industria de las armas de fuego se mantuvo robusta durante la recesión de 2007 a 2009, la más profunda y prolongada en casi ocho décadas en Estados Unidos, y mientras que los otros sectores caían, incrementó su empleo en más del 30% entre 2008 y 2011, según la NSSF.

Solo en 2011 se abrieron un total de 1.167 nuevos establecimientos, según los datos de la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego de EE.UU.

Desde 2010, la industria ha creado 26 mil puestos de trabajo directos en los últimos dos años a pesar de la crisis, con un salario medio por encima de los US$ 44 mil anuales, muy por arriba de otras áreas de la economía local. Las estadísticas afirman que el 47% de los hogares del país cuenta al menos con un arma, y los números siguen creciendo debido al temor de la gente por la delincuencia, crisis mundiales o económicas.

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=103926

Freirina, el discurso empresarial y la distancia hacia el mundo desarrollado

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por Iván Valdés para ElMostrador

Generalmente se argumenta que el gran desarrollo de la industria extractiva de minerales en Chile se debe a la existencia de una dotación amplia de recursos, los que dadas las tecnologías existentes, hoy se pueden explotar eficientemente. También se dan argumentos macroeconómicos asociados a la estabilidad del país, una legislación clara y protectora de la inversión extranjera. Sin duda todos estos argumentos son ciertos, pero pocos análisis se hacen respecto a la desviación de capitales que realizan empresas extraterritoriales hacia nuestros países debido a las restricciones medio ambientales que en sus propios países tienen para explotar sus recursos. Ejemplos relacionados se pueden encontrar en firmas canadienses y australianas.

En Europa también se pueden encontrar bastantes ejemplos de empresas que vienen a Latino-América o África por esas restricciones o porque los costos de operación (más los costos fijos asociados a la inversión para desarrollarlos) son más bajos que aquellos del país de origen. Complementariamente en aquellos mercados de productos no transables (usualmente transporte colectivo) los Estados se han preocupado de tarificar las externalidades negativas generadas por la contaminación que causan algunas industrias y particularmente la congestión en el caso del uso de calles de los grandes centros urbanos. Un ejemplo relacionado es la sobretarifa que pagan los vehículos más contaminantes para entrar al centro de Londres.

¿Por qué tan largo preámbulo? Todo esto a propósito de la gran discusión que ha convocado no sólo a ambientalistas a la mesa sino también a economistas sobre el cierre indefinido anunciado por la firma Agrosuper de sus faenas en Freirina. Si vamos más atrás, también ha habido experiencias similares de una firma chilena en la producción de pastas en Lima, algunas experiencias locales que han dañado lagos, ríos, y la flora y fauna que allí crecía. Actualmente, ya se ha vuelto sistemática la discusión sobre instalación de plantas de generación eléctrica, las que ha convocado públicamente masivas concentraciones de detractores, quienes pronostican efectos catastróficos sobre el ecosistema y las comunidades.

Por cierto, el elemento común de estos casos es que la lógica neoclásica —de maximización de utilidades—, ha chocado fuertemente con la naturaleza moderna de las firmas, las cuales no sólo se preocupan de los costos privados que esas actividades tienen sobre los flujos de la empresa, sino también sobre el bienestar social de las comunidades, que incluyen el respeto por la institucionalidad, la preocupación de los efectos adversos que ellas provocan en el medio ambiente, la cultura y tradiciones locales, entre otros.

En ese sentido, llama la atención “la preocupación” que han manifestado algunos gremios empresariales sobre el “entorno agresivo” observado en muchos sectores de la sociedad chilena en torno a estas actividades empresariales. A modo de ejemplo, sólo un día después de que Agrosuper anunciara el cierre de sus operaciones, en un contacto radial matinal el directivo máximo del gremio del sector catalogó de “intolerancia al progreso” la actitud negativa tomada por las comunidades de esa zona a la instalación de esta empresa. Más allá de lo discutible de esa frase, lo importante acá es que el país —y particularmente sus empresas— necesitan sintonizar sus actividades con el hecho real que la gente no tiene por qué pagar los costos del ruido, de los malos olores, de la contaminación, de los efectos adversos sobre las culturas locales.

Si el progreso está asociado a que la sociedad absorba todos esos costos, las empresas sólo sus costos privados y la autoridad no aplique los instrumentos económicos y regulatorios (generalmente apoyados en leyes laxas) para que las empresas internalicen los efectos negativos de sus actividades, entonces el discurso público de que estamos muy cerca de entrar al mundo de las economías desarrolladas es sólo eso, un mero discurso.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/12/18/freirina-el-discurso-empresarial-y-la-distancia-hacia-el-mundo-desarrollado/