Demandan auditoría externa de las cifras del proceso, el fin de las erradicaciones de pobladores a zonas periféricas y un nuevo modelo de reconstrucción, basado en el derecho humano a la vivienda, que frene los efectos perversos de los intereses inmobiliarios.         

DECLARACIÓN PÚBLICA

Las organizaciones sociales y ciudadanas que hemos trabajado en las zonas afectadas por el 27F, rechazamos el balance exitista que hace el gobierno sobre la reconstrucción nacional. Al respecto, señalamos categóricamente, que el 92% de avance anunciado por el gobierno, no expresa la realidad de los damnificados del país y que el gobierno no está reconociendo graves problemas de gestión, que explican por ejemplo: la mala calidad de muchas soluciones habitacionales construidas; la masiva segregación de los damnificados en zonas periféricas; erradicaciones y expropiaciones injustas; efectos perversos de intereses inmobiliarios y un modelo que privilegia los intereses y la voz del sector privado, por sobre las necesidades y la voz de las comunidades afectadas. Por todo lo anterior, llamamos al gobierno a dialogar con las comunidades afectadas y a cambiar, con participación ciudadana, un modelo de reconstrucción  que no respeta siquiera, sus propios planes maestros, y que viola, permanentemente, el derecho humano a la vivienda.  

Respecto de las cifras que celebra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, manifestamos que son engañosas y cuestionables incluso con datos oficiales. De hecho, el informe emitido por el propio MINVU el 31  enero pasado, informaba que sólo estaban terminadas el 63% de las 222 mil viviendas que el gobierno se propuso reconstruir o reparar. Y sin embargo, el 24 de febrero, el ministro Pérez Mackenna ya celebraba prácticamente el fin de la reconstrucción, elevando la cifra de cumplimiento al 92%. Pero naturalmente no hubo un avance vertiginoso de la reconstrucción, entre el 31 de enero y el 24 de febrero. Lo que hizo el ministro, simplemente, fue sumar las obras terminadas, con las iniciadas y con las que faltan por iniciar, y no distinguir, entre reparaciones y reconstrucciones. Nos parece que esta forma de entregar la información no solo es confusa, sino que privilegia la propaganda por sobre la posibilidad de abrir debates democráticos, serios y responsables, sobre un tema de interés público y de alcance nacional.

Por lo mismo, el Ministerio no explica públicamente como se alcanza el 63% de avance, y cuanto inciden en ese porcentaje, las obras de reparación –que muchas veces requieren de inversiones mínimas- y las obras de reconstrucción que representan el desafío más contundente para la gestión gubernamental.

Analizando los datos del MINVU se concluye sin dificultad, que sólo se han construido 50 mil de las 113 mil viviendas que quedaron destruidas tras el 27F.  Analizadas así las cifras, el porcentaje de avance, respecto del desafío mayor de la reconstrucción, alcanza apenas un 44%. Entonces, solo sumando a lo construido, lo recién iniciado y lo reparado, se logra alcanzar el 92% de avance celebrado por el gobierno. Para aquilatar la manipulación de la información, se debe considerar que las obras de reconstrucción –donde menos se ha avanzado- requieren de un financiamiento, al menos, 12 veces mayor que las obras de reparación.

Las cifras entregadas por el gobierno no detallan cuántas obras entregadas corresponden a viviendas construidas en sitio residente, es decir, en los mismos terrenos donde habitaban las familias antes del 27F, un dato fundamental para evaluar la calidad de la reconstrucción. Además, el ministerio tampoco informa si las obras consideradas como terminadas cuentan con recepción municipal, el único documento que permite comprobar legalmente, que las viviendas pueden ser habitadas y los subsidios pagados.

Por último, según testimonios recogidos en muchas ciudades y localidades afectadas, se están mezclando subsidios de reconstrucción con subsidios de programas regulares de vivienda, inaugurando obras que estaban comprometidas antes del terremoto, para abultar más aún las cifras de cumplimiento. Por todo esto, no nos parece adecuado que el MINVU sea juez y parte en la evaluación de los avances y solicitamos una auditoría externa de las cifras de la reconstrucción y el fortalecimiento de la transparencia activa en materias de Reconstrucción, fortaleciendo de esta manera, el rol que está jugando en este proceso, el Consejo para la Transparencia. 

Además, el proceso de reconstrucción no terminará durante este gobierno porque la reconstrucción de un país no se mide sólo por cifras de viviendas re-construidas o reparadas, sino que también por la recuperación de los barrios y del Habitat y de las condiciones pre- existentes al desastre que determinan fuertemente la calidad de vida de las personas. Por eso, no basta con entregar casas: se deben sumar parques, plazas, escuelas, consultorios, servicios básicos, redes de apoyo y fuentes laborales que respeten el modo de vida de las personas. Pero el gobierno, por razones de mercado, privilegia la construcción de viviendas a gran escala, y con esto, desconoce la integralidad que implica el derecho humano a la vivienda y las recomendaciones hechas en mayo del 2012, por la relatora para el derecho humano a la vivienda de la ONU, Raquel Rolnick.  

En relación a esto debemos destacar que durante estos años ha faltado mayor protagonismo de otros servicios de gobierno, como el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de la Mujer, del Adulto Mayor y otros, para frenar el incremento en las situaciones de violencia o dar pertinencia a las soluciones pos desastre.

En este ámbito, uno de las principales errores del gobierno ha sido construir casas en lugar de re-construir barrios y proyectos de vida. De hecho, a la inmensa mayoría de los chilenos que perdieron sus casas en sectores urbanos de alta plusvalía, no se les está reconstruyendo en sus barrios, sino que en sectores donde el suelo es más barato. 

Y muchas veces, lo anterior va asociado a erradicaciones injustas y forzadas, desde el centro urbano a la periferia, o del borde costero a los cerros. Pero las miles de erradicaciones, que se están consumando a través de expropiaciones y de operaciones fraudulentas y que no se relacionan con temas de seguridad pública -como en las poblaciones Villa Futuro y Aurora de Chile-, no sólo son injustas, sino que también inmorales.

Sobre esto, es preciso denunciar, que los erradicados están recibiendo sólo departamentos y casas precarias, emplazadas en urbanizaciones también precarias, donde el hacinamiento, la ausencia de servicios y el aislamiento, pronto transformarán las nuevas urbanizaciones en verdaderos ghettos de miseria, lo que sin duda es una amenaza para la convivencia y la sostenibilidad social. Por lo mismo, emplazamos al Ministro de Vivienda, a explicar sus declaraciones del 19 de febrero, donde aseguró que se están reconstruyendo todas las viviendas destruidas «en el mismo lugar donde se emplazaban» lo que significaría, a su juicio, «romper con la construcción masiva de conjuntos de viviendas en terrenos localizados en la periferia urbana”. Lo cierto es que se están construyendo masivamente este tipo de conjuntos en zonas periféricas de Concepción, Talca y Constitución, entre otras localidades.

Por otra parte, los problemas no resueltos de la reconstrucción se explican, en parte, por la rotación de las autoridades responsables del proceso, donde no solo ha habido cambiado de ministros, sino que también rotación de intendentes y de Directores de SERVIU en la zonas más afectadas. Incluso, el delegado presidencial de aldeas y campamentos abandonó su cargo antes de cumplir con la misión que le fue encomendada. Lo anterior retrasa la reconstrucción, siembra incertidumbre entre los damnificados, afecta el diálogo y la toma de acuerdos con las comunidades y dificulta la posibilidad de que la ciudadanía monitoree y fiscalice el cumplimiento de diferentes metas propias de la gestión gubernamental.    

También denunciamos que los intereses inmobiliarios y la excesiva confianza en el sector privado, como motor principal de la reconstrucción, tienen consecuencias trágicas en muchas localidades.  Sobre este punto, podemos señalar responsablemente, que en el país se están demoliendo o se proyectan demoler numerosos edificios y conjuntos habitacionales que no presentan daños o que son reparables, y que esto se hace para despojar a comunidades de suelos y bienes de alta plusvalía. Los casos más dramáticos se observan en Villa Futuro y Aurora de Chile, donde el SERVIU pretende destruir conjuntos habitacionales que no fueron dañados por el terremoto. Pero también se observan situaciones parecidas en Talca, donde se quieren demoler escuelas y edificios de valor patrimonial, sin tomar en cuenta la voz de la ciudadanía. Esta problemática explica muchos procesos de erradicación -que son múltiples en el borde costero-  y nos lleva a concluir que el terremoto se ha convertido en la excusa perfecta para erradicar a sectores populares de terrenos de alta plusvalía, con el mero afán de potenciar el lucro de diferentes negocios inmobiliarios.  

Debemos recordar que en muchos de los lugares donde se exhiben logros de reconstrucción relevantes, han sido las propias comunidades, las familias, las vecinas y vecinos quienes se han organizado para defender sus derechos y exigir respuestas que cumplan con el estándar de calidad esperado por la ciudadanía.

No podemos terminar esta declaración sin reconocer que cientos de familias chilenas pasarán un cuarto invierno en mediaguas, a pesar de las promesas del gobierno, puesto que existen conjuntos habitacionales para damnificados que ni siquiera han comenzado a ser construidos y dado que todavía hay numerosos campamentos en Tomé, Concepción, Talcahuano, Tumbes LLico y Constitución, por nombrar solo algunas localidades donde hay obras de reconstrucción que no estarán terminadas antes de que comience el próximo invierno.    

OBSERVATORIO 27F

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