por Fundación Sol

Una persona que tenía muy clara la vigencia de la lucha de clases y la importancia de las relaciones laborales fue el mentor del “plan”, creado en dictadura, que está detrás del actual Código del Trabajo: José Piñera. Nada menos que el hermano del actual Presidente de la República y responsable también de otras dos “perlas” de nuestra institucionalidad: el sistema de las AFP y la Ley Minera.

Por encargo directo del general Pinochet, José Piñera tuvo por misión crear una nueva institucionalidad laboral, un Plan Laboral que generaría una verdadera “revolución” en el país. Aprobado en 1979, este plan fue “única y exclusivamente un plan sindical”, dirigido a los derechos colectivos, constituido por una ley sobre organizaciones sindicales y otra sobre negociación colectiva, suficientes para liberalizar el “mercado de trabajo”.

En 2009, el actual presidente y primer mandatario de derecha electo en los últimos 20 años, se comprometió a reformar la negociación colectiva, pero, como era de esperar, eso no ocurrió. Fue otro “olvido” más.

Este abandono del Trabajo y en particular de los derechos colectivos del trabajo no es casual, puesto que ha sido clave para sostener el rumbo que ha seguido Chile: el de una economía  que se dice “libre”. El Trabajo es el nervio del sistema económico, es la esfera donde se produce y distribuye la riqueza de una sociedad, por lo que es estratégico. En particular, el sistema de relaciones laborales establece las reglas del juego de las relaciones de poder entre empresarios y los trabajadores representados en los sindicatos. Así, la norma que rige estas relaciones es decisiva en la inclinación de la balanza hacia uno u otro lado. Lógicamente, el Plan Laboral instalado en dictadura y aún vigente, inclina la balanza de poder hacia los empresarios para posibilitar una rampante acumulación de capital.

Ya bien instalado y luego de haber madurado durante estos años post-dictadura, el Plan Laboral da muestra de sus resultados. La negociación colectiva se ha mantenido baja e incluso ha decrecido: en 1992 los trabajadores cubiertos por un instrumento colectivo eran un 14,3 %, mientras el año 2012 es de 11,2 %. Considerando la tasa de trabajadores que negocian con derecho a huelga (el plan de José Piñera crea la posibilidad de negociar sin este derecho, lo que los tribunales federales alemanes llaman un “mendigar colectivo”), el porcentaje disminuye a un 8 %. De este modo, la negociación tiene un alcance anecdótico y sus resultados no superan un aumento salarial de 1 % real promedio en los últimos 10 años.

Ahora bien, el dejar completamente anulado este mecanismo explica en buena parte que, entre 1990 y 2011 la brecha en ingresos autónomos (provenientes del trabajo) per cápita, entre 5 % más pobre y 5 % más rico, subiera de 129 a 257 veces (Casen).

A ello se le añaden signos inequívocos de acumulación capitalista: nuestro país tiene 14 ultramillonarios en el ranking de riquezas Forbes, muchos más que países como Dinamarca, Austria, Holanda, Noruega y otros. Hablamos de una clase plenamente identificable, son los Luksic, los Matte, los Angelini, los históricos, los de siempre, pero a ellos se le añaden hoy, los Paulmann, los Solari, los Piñera, familias que están presentes en sectores intensivos en trabajo y que corren con el viento a favor: no existe una contraparte que le dispute las ganancias. Esta súper acumulación que despoja el valor del trabajo, se expresa en que entre el años 2000 y 2011, los trabajadores del comercio han perdido poder adquisitivo (en 2,1 %). Es decir, los trabajadores del comercio tenían mayor poder adquisitivo hace 12 años que en la actualidad. Al mismo tiempo, los empleadores del comercio han aumentado sus ingresos en un 35,3 % (Casen 2011).

Para rematar, cabe considerar el bajo nivel de los sueldos en Chile. De acuerdo a la Casen 2011, el 50 % de los trabajadores dependientes privados, obtiene menos de $ 218.800, cifra inclusive menor a la obtenida en 2009 (calculada a pesos de noviembre de 2011). Este bajo valor del trabajo debe complementarse con deuda para poder cumplir con las necesidades de un grupo familiar, generando, de paso, ganancias extraordinarias al sistema financiero.

Las organizaciones de trabajadores que luchan por sus intereses, incluso al nivel más básico de defensa de la vida, como sucede con los trabajadores portuarios que abogan por temas de seguridad, salud e infraestructura, son tratados como terroristas, transformando un conflicto laboral en un problema de seguridad ciudadana. En el caso aludido, se llama a invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Otra de las secuelas de la dictadura.

¿Por qué estas situaciones no causan revuelo? Hay que reconocer que, dado el creciente descontento con el entorno social, ha tomado cada vez mayor visibilidad pública el tema de la desigualdad, apareciendo incluso como bandera de lucha de cara a las presidenciales. Pero ¿de qué desigualdad se habla?, ¿desigualdad sin Trabajo?, ¿desigualdad sin conflicto?

Una desigualdad deslavada, descriptiva, abstraída de las relaciones sociales que la sostienen. Mientras, el conflicto capital-trabajo sigue actuando. Usando datos del Banco Central (Cuentas Nacionales) y del INE (para remuneraciones) se observa que, entre 1990 y 2009, la productividad laboral ha aumentado en un 90 %, pero los salarios sólo lo hacen en un 20 %. ¿A dónde fueron a parar esos 70 puntos restantes? La diferencia fue apropiada por un sector, hubo un evidente trasvase de rentas del trabajo a las del capital.

No nos engañemos. En el tema del trabajo se juega la desigualdad más problemática: la acumulación de unos (empresarios) por el despojo de otros (trabajadores). Esa desigualdad no puede ser combatida a menos que el Trabajo tenga la centralidad que se merece.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/04/05/desigualdad-y-terrorismo-laboral/