Archivos Mensuales: octubre 2013
82° Capítulo de ECONONUESTRAS 28-oct-2013
En la semana aniversario de la radio (2 años) y de la CGT (32 años), tenemos de invitada a la compañera mexicana Tanya González, sicóloga social, con quien conversamos de su experiencia comunitaria y de la realidad del país hermano.
81° Capítulo de ECONONUESTRAS 21-oct-2013
Continuando con nuestro ciclo Tierra y Territorio, tenemos de invitada a la agrónoma Antonia Izquierdo hablando de Agricultura Orgánica.
Acción sindical y distribución de la riqueza, un vínculo ineludible
Por Gonzalo Durán, Fundación Sol. Publicado en redseca.cl
Hace unos años atrás, el 4 de abril de 1981, el premio nobel de economía e invitado estrella de los intelectuales civiles del régimen dictatorial de Augusto Pinochet, F.A. Hayek, afirmaba: “es precisamente la desigualdad de ingresos la que permite el actual nivel de producción” (citado en Cristi, 1999).
Y Hayek tenía razón, su frase ofrece respuestas diáfanas sobre nuestro presente (y sobre nuestro pasado reproducido en él), porque efectivamente, el sistema productivo que se liberalizó en dictadura y se profundizó luego, depende de la explosiva desigualdad del país. Hayek, eso sí, tenía una visión positiva de estas diferencias sociales, considerando la desigualdad como un auspicioso augurio del advenimiento del desarrollo…
Hoy, sin embargo, son pocos los que se atreven a defender en la escena pública la visión axiológica desde donde se para el austriaco Hayek o la vieja teoría del Chorreo pontificada por Simon Kuznets en su célebre artículo “Crecimiento Económico y Desigualdad” (Kuznets, 1954). El problema hoy por hoy, aparece instalado más bien en el espacio precisamente de las desigualdades, entendiéndolas como un mal social.
¿Pero, cuál es el diagnóstico que se hace? ¿Se reconoce la organización productiva y del mundo del trabajo, como la principal fuente de la desigualdad? Y si es así ¿Por qué las candidaturas con mayores posibilidades de llegar a la Moneda eluden las reformas estructurales del trabajo – a saber, de los derechos colectivos- cuando fue justamente esto lo primero que se modificó en Dictadura para sostener el actual nivel de acumulación?
Lo que sostenemos acá no es nuevo, pero se ha marginado del debate aún a contrapelo de la evidencia: hay un vínculo ineludible entre el bajo poder de los trabajadores como sujetos colectivos de derechos (sindicatos) y el nivel de desigualdad.
Tal como lo demuestran las investigaciones, un menor espacio sindical es causa de mayor desigualdad en la distribución de ingresos. De acuerdo al estudio de Larry Mishel en Estados Unidos, casi 1/3 del incremento en la desigualdad salarial de los hombres entre 1973 y 2007 se explica por la des-sindicalización vivida en EE.UU, fundamentalmente en el período de Reagan (Mishel, 2012).
En otro estudio, David Card junto a otros autores arriban a conclusiones similares en el caso canadiense (Card, Lemieux y Riddell, 2004). En Alemania, las investigaciones de Antonczyk y otros autores (2010), así como la de Dustmann, Ludsteck y Schönberg (2009) concluyen la existencia de una relación causal estrecha y directa entre el desplome de la actividad sindical y de la negociación colectiva en particular y el incremento en las desigualdades salariales.
¿Y en Chile?
Nuestro país, usando un aparato institucional bautizado en Dictadura como Plan Laboral, puso fin al rol del sindicalismo como mecanismo democratizador de la sociedad, como mecanismo formador de salarios y como vehículo conductor de mejoras distributivas, negando así la función histórica que tiene el sindicalismo en inducir sociedades más igualitarias.
Desde 1979, por decreto, Chile impone un nuevo nivel para la estructura de la negociación colectiva, uno radicado al nivel de empresa, el más fragmentado. Con el Plan, Chile también ingresó al selecto grupo de países (en la actualidad, no más de 10), que permite el uso de esquiroles o también llamados “rompe huelgas”: ello quiere decir que si, ante el fragor de la negociación, empleadores y trabajadores, llegan a la huelga, la empresa puede contratar reemplazantes y así anular el poder paralizante del acto huelguístico. La huelga, se transforma entonces, en un alzamiento de challas y plumeros, se trasviste, y da paso a un mendigar colectivo, algo que sin dudas, es funcional al libre mercado.
Para Luca Perrone, la base estructural del poder en las relaciones de producción es la huelga (Perrone et al, 1984), sin ella (o con una huelga reducida a su mínima expresión), los trabajadores pierden su principal arma y con ello la lucha entre fuerzas de Clase que se contraponen.
Friedrich Hayek
Han pasado ya 34 años, pero el Plan Laboral de Pinochet y de su arquitecto intelectual, José Piñera, sigue completamente vigente e incluso renovado, permitiendo – en una lógica hayekiana – una libre concentración de ingresos: una que, de acuerdo al estudio de los profesores López, Figueroa y Gutiérrez, técnicamente, erige a Chile como el país más desigual del mundo si se mide bajo la métrica de la participación del 1% más rico. En su investigación “La parte de León”, los autores arriban a que en Chile el 1% acumula el 30,5% de los ingresos, mucho más que en Estados Unidos y que en otros países en donde se puede hacer tal medición (López et al, 2013). Sin duda que en dicho resultado afectan varios elementos (determinantes), pero con certeza, la conexión que existe con el detrimento institucional asociado al mundo del trabajo es directa y altamente significativa.
No parece lógico ni democrático que la discusión laboral, que atiende directamente a la mayoría de los chilenos/as porque constituye la base de nuestra estructura social, esté ausente en el debate público. Su omisión, es señal de una preferencia no revelada hacia el statu quo, uno en el cual, los empresarios mantienen sus privilegios fortalecidos en Dictadura y que han aprovechado hasta el hartazgo en los 23 últimos años.
Un aporte en este sentido, que estimula la discusión en la arena política, es el documento titulado “Manifiesto Laboral“, una propuesta construida por Fundación SOL en conjunto con más de 10 profesores de derecho del trabajo y en diálogo con organizaciones sindicales, que resalta la importancia de restituir los elementos de poder básicos que debiesen tener los trabajadores para comenzar a hablar de desarrollo y democracia en serio, y no continuar bajo dispositivos propios de regímenes totalitarios. ¿O es que acaso la conmoción por los cuarenta años del golpe, tenía que ver sólo con la forma (la represión abierta) y no con el fondo (el modelo que la dictadura inició)?
80° Capítulo de ECONONUESTRAS 14-oct-2013
Continuamos nuestro ciclo sobre Tierra y Territorio. En esta oportunidad comentamos el naufragio de Lampedusa, Monsanto, Soberanía Alimentaria, Crisis Ecológica, entre otros temas.
“Para la autonomía indígena, la primera condición es la autogestión”. Extractos de la entrevista a Raúl Molina Otarola, Geógrafo y Doctor en Antropología
En la antesala de una nueva conmemoración del arribo de Colón al continente y el consecuente despojo, y a dos meses de que se hallase en Ercilla el cuerpo asesinado de Rodrigo Melinao (26 años), realizamos una entrevista a Raúl Molina Otarola, Geógrafo y doctor en Antropología, con quien conversamos sobre Tierra y Pueblos Originarios.
No es nada nuevo decir que la tierra es fundamental en la cosmovisión de los pueblos originarios. Distinta de la ‘occidental’, donde el territorio lo entendemos como propiedad. “La tierra es el sustrato de conflictos etno-territoriales” sentencia Raúl. Y es que el modelo neoliberal ha generado un profundo proceso de descampesinación y con ello un quiebre en la relación tierra-sustento-identidad, esencial en los pueblos indígenas. “Soy Aymara, soy Quechua, pero en la ciudad” parece ser el punto de conciliación útil para la República de Chile, que desde O´Higgins a Pinochet ha repetido que “aquí somos todos chilenos”, anulando la diversidad, forzando el paso de pobladores a ciudadanos e invisibilizando a los pueblos y sus justas demandas.
Desde una perspectiva económica, el diagnóstico hoy es que “hay tierras que están al margen de la economía nacional” puesto que “el Modelo a todos ellos los marginó”, nos dice Raúl, refiriéndose a los pueblos indígenas y su actual rol como gente de la tierra, que en algún momento abastecían a gran parte de Chile. “Durante la Reforma Agraria los mapuche producían y alimentaban gran parte de la población, no sólo del sur del Chile, sino que también de Santiago y la zona central (…) Los Mapuche recuerdan perfectamente la Reforma Agraria, fundamentalmente porque había comida. Y hoy día no”.
La definición que utiliza entonces el Estado chileno (desde Pinochet a la Concertación) para referirse a los pueblos originarios en términos económicos es de “gente no viable”, es decir, “que tiene tierras pero que su producción sirve muy poco» con lo cual se asienta la política de los subsidios. “Cómo se compone el ingreso familiar (en una comunidad indígena)? Un porcentaje alto corresponde a subsidios. Siendo que al año 73 prácticamente un 80% era producción. Y esa es una forma de dominación, porque el Estado es más importante que lo tú produces”. “Para la autonomía la primera condición es la autofinanciación” afirma nuestro entrevistado, y para ello la Tierra, el territorio, es vital.
Los subsidios, como evidencia de la marginación de aquellos que no se integran al Modelo, sumados a la mercantilización de la Tierra profundizada en Dictadura, supone la estrategia esencial respecto de la Tierra que aplica Chile, desde las políticas públicas hasta la mirada empresarial de las grandes empresas agroindustriales que concentran la tierra.
El problema transversal es el Neoliberalismo, pues el capital es el eje de los conflictos que enfrentan los pueblos originarios frente a los proyectos energéticos, mineros y de agua. “¿Qué es lo que une a todos estos conflictos? Este modelo económico abierto, los TLC, la legislación minera, la inversión trasnacional, la privatización del agua ha permitido que entre el capital. Y el capital no tiene fronteras. (…) Dónde está toda la inversión minera? En el norte. Dónde hay falta de agua? En el norte. Entonces los conflictos son por el agua y por los minerales. (…) Y en el sur? Hay agua, entonces les damos agua para energía, porque para producir cobre, oro y molibdeno se necesita energía. Finalmente los territorios donde están los pueblos indígenas los articula el capital, pero socialmente no están articulados. No existen alianzas de pueblos indígenas. El capital articula y manipula el territorio a su antojo”.
Por ello, la reflexión y acción a la que llama Raúl es una a largo plazo. Es estratégica. Es la necesidad de conectar, de establecer alianzas pueblos originarios-trabajadores-estudiantes-pobladores, como las que existían antes del Golpe. Es a articularnos, ya que el capital se nos adelanta. Para qué la Tierra? se pregunta insistentemente Raúl, y la tierra comienza a moverse más fuerte…
79° Capítulo ECONONUESTRAS 7-oct-2013
Programa especial sobre TIERRA Y PUEBLOS ORIGINARIOS. Invitado: Raúl Molina Otarola, Geógrafo y Doctor en Antropología.
El otro plebiscito que perpetuó el modelo de la dictadura
por Oriana Miranda para Radio Universidad de Chile
Un plebiscito realizado en junio de 1989, a solo ocho meses del triunfo del «No», asentó una serie de reformas constitucionales en las que la Concertación cedió la posibilidad de tener mayoría en el Parlamento y aprobar una serie de leyes que democratizarían efectivamente al país. Para el sociólogo Felipe Portales, esto se explicaría por la concordancia ideológica de la Concertación con el modelo económico de la derecha, algo que se sostiene hasta el día de hoy.
“Faltando menos de dos semanas para el plebiscito de las “54 reformas constitucionales”, la desinformación y la confusión acerca de su significado marcan la percepción del acontecimiento tanto en Chile como en el extranjero. Según se desprende de diferentes encuestas periodísticas publicadas en los últimos días, una gran cantidad de chilenos continúa sin entender qué es lo que está en juego con las reformas. El bombardeo de spots televisivos sobre la materia aún no logra hacer comprensible al gran público cómo actores que estuvieron en posiciones tan disímiles en octubre pasado hoy coinciden en llamar a votar “apruebo” el 30 de julio (…)”. Revista Apsi, 17 al 23 de julio de 1989.
Apenas realizado el Plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el cual el triunfo del “No” puso fin a 17 años de dictadura, la Concertación se sentó a negociar con la cúpula militar y la derecha un “acuerdo Nacional por la Democracia y el consenso constitucional”, con el objetivo de generar reformas a la Constitución de 1980.
En mayo de 1989, Augusto Pinochet presentó en cadena nacional el proyecto definitivo de 54 reformas a la Constitución, que contó con la aprobación unánime de la Concertación. Todos los partidos políticos llamaron a votar “Sí” en el plebiscito pactado para el 30 de julio de 1989 y solo una facción conocida como el Partido Socialista Chileno (de tendencia Nacional Socialista) y el Partido del Sur manifestaron su rechazo a la reforma, mientras que el MIR y el Partido Comunista llamaron a anular el voto.
Luego de una rápida campaña comunicacional y pese a la desinformación generalizada, el paquete de reformas fue aprobado por un 93.7% de los votos. ¿Pero qué fue lo que se aprobó, en un plebiscito del que pocos saben o recuerdan? Entre otros asuntos, la Concertación renunció a la mayoría legislativa parlamentaria que le aseguraba la Constitución del 80, al aceptar elevar los quórums para las leyes simples a la mayoría absoluta de los miembros presentes en ambas Cámaras, manteniendo los senadores designados.
De esta manera, todos los cambios económicos y sociales que la Concertación se ha excusado de hacer desde que llegó al poder en marzo de 1990, por no tener mayoría en el Parlamento, se explicarían en el pacto aprobado y promulgado por el mismo grupo político.
Para el sociólogo y académico Luis Felipe Portales, esto solo se explica por la tesis enunciada por el teórico de la transición, Edgardo Boeninger (DC), en su libro Democracia en Chile: Lecciones para la Gobernabilidad, donde éste reconoce que, a fines de los 80, el liderazgo de la Concertación había llegado a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha.
“El liderazgo de la Concertación había experimentado a fines de los 80 un viraje en su pensamiento económico que lo había llevado a una convergencia con la derecha, convergencia que políticamente no estaba en condiciones de reconocer. Con esa frase simplemente uno puede llegar al corazón de la cuestión, que es que el liderazgo de la Concertación modificó completamente su pensamiento, era un liderazgo que había modificado sus puntos de vista en materia económica y social, pero que políticamente no podía reconocerlo porque sus bases no habían experimentado ese cambio y se iban a resentir profundamente”, evidencia Portales.
Si bien quienes lideraban la Concertación en los inicios de la transición a la democracia han justificado su inoperancia política por el “miedo” que las Fuerzas Armadas y el dictador aún despertaban en esa época, para el profesor Portales esta explicación es “absurda”, debido a que los intentos por volver a un régimen dictatorial ya habían sido desestimados.
“El temor puede inducir a muchas cosas pero no a entregarle el poder al adversario al que temes. Y menos todavía en el caso de mediados del 89, si ya Pinochet en la noche del 5 de octubre trató de hacer algo, incluso un golpe, y tuvo el rechazo total de la derecha política, la derecha económica y las ramas de las Fuerzas Armadas, con menor razón a mediados del 89 iba a tener la fuerza para hacer un golpe de Estado porque la Concertación no aceptaba cambiar su propia constitución”, explica.
Para el académico, la comodidad con el modelo que los líderes de la Concertación experimentaron en los albores de la transición continúa hasta ahora, por lo que nada asegura que en el futuro puedan dar paso a las reformas a las que se han negado durante más de dos décadas.
“Hemos vivido en un brutal engaño en estos más de 20 años por parte del liderazgo de la Concertación, un brutal engaño en que ellos se siguen tratando de presentar como centroizquierdistas pero han sido de derecha, han sido claramente de derecha. Pruebas hay numerosísimas, el tema es el control comunicacional que se tiene. Obviamente al liderazgo de la Concertación no le va a convenir para nada desnudar esto y a la derecha tampoco, si la derecha ha sido la más beneficiada con esta conversión. No le interesa a El Mercurio, a La Tercera estar poniendo el dedo en la llaga”, acusa.
Así, en lugar de aprovechar el triunfo del 5 de octubre de 1988 para avanzar hacia la democratización del país y la sustitución del modelo neoliberal, con las reformas aprobadas ocho meses más tarde, el 30 de julio de 1989, el liderazgo de la Concertación se acomodó al legado de la dictadura.
http://radio.uchile.cl/2013/10/04/el-otro-plebiscito-que-perpetuo-el-modelo-de-la-dictadura
La lucha por la tierra: multinacionales vs. pueblos indígenas
por BBC Mundo
Una de cada tres hectáreas que gobiernos de América Latina, África y Asia conceden a la explotación minera, agrícola-industrial o forestal se superpone con tierras de comunidades indígenas.
El Proyecto Munden, comisionado por la organización global Derechos y Recursos, analizó unas 153 millones de hectáreas en concesión en 12 países y halló que el 31% de esa superficie se encontraba en territorio indígena.
El estudio se concentró en cinco países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú), tres de África (Camerún, Liberia y Monzambique) y cuatro de Asia (Camboya, Indonesia, Malasia, y Filipinas).
Uno de los casos más extremos es Argentina donde un 84% de las concesiones para el cultivo de la soja está en territorio indígena.
En las concesiones mineras de Chile, Colombia y Filipinas el relevamiento encontró que un 30,5% de las zonas explotadas eran de propiedad indígena.
Según Augusta Molnar, directora de Derechos y Recursos, es una situación potencialmente explosiva para todas las partes involucradas.
«Los estados suelen conceder la explotación sin tomar en cuenta que esa tierra pertenece a poblaciones indígenas. Todo esto es un riesgo para los inversores que pueden perder su dinero, para los países que quedan expuestos a litigios e indemnizaciones y para los indígenas que corren el peligro de perder su sustento», le indicó Molnar a BBC Mundo.
El precio de la tierra
Las compañías pueden perder en litigios el dinero invertido en la explotación.
Otro riesgo que corren es la paralización de un proyecto. Según una estimación, el costo por la suspensión de actividades en grandes proyectos mineros puede rondar los 20 millones de dólares por semana.
En ocasiones, los gobiernos tienen que pagar los platos rotos haciéndose cargo de las indemnizaciones a compañías multinacionales.
En el sector agrícola, el informe estima que hay una producción de alrededor de US$5.000 millones en peligro.
En el campo de las concesiones forestales, un solo país, Camerún, podría experimentar pérdidas equivalentes a un 0,4% del PIB.
En Filipinas el conflicto por la tierra en torno al proyecto minero de Tampakan pone en peligro una inversión de casi US$6.000 millones.
No es un tema que va a desaparecer como por arte de magia.
Hoy en día hay unas 451 millones de hectáreas a nivel mundial que son propiedad de comunidades indígenas o están administradas por esas comunidades con autorización del estado: el doble que en 2002.
La democratización planetaria y la conciencia sobre problemas medioambientales han favorecido este creciente reconocimiento del derecho indígena.
«Por su composición poblacional y por su historia América Latina está bastante más adelantada en este reconocimiento que Asia y Africa. Pero la explotación minera está volviendo a ejercer presión sobre el tema», aclara Augusta Molnar.
El Dorado
La minería, que produjo mitos como El Dorado, ha vivido en América Latina un nuevo boom en este siglo con el creciente valor de las materias primas que impulsó la plena incorporación de China e India al mercado mundial.
En valores de 2010, la minería representó el 65,9% de las exportaciones de Chile, el 62,7% del Perú, el 34,6% de Bolivia, el 19% de Brasil, el 7,2% de Colombia, el 4,8% de Argentina.
Pero su expansión de la mano de la inversión extranjera -que en 2012 alcanzó un record regional de más de US$173.000 millones- se ha visto acompañada de conflictos sin distinciones ideológicas.
El gobierno de centro derecha de Ollanta Humala en Perú se vio obligado a suspender el proyecto de la mina de plata de Santa Ana de la multinacional canadiense Bear Creek.
En Ecuador el presidente Rafael Correa tuvo que enfrentar la oposición indígena por la extensión de las concesiones petroleras a la Amazonia Sur y la costa y la luz verde a grandes proyectos mineros en la sierra y la selva.
En Bolivia el gobierno del presidente Evo Morales se encuentra en un largo conflicto con los indígenas amazónicos que rechazan la construcción de una carretera que atraviesa el Parque Nacional Isiboro-Secure, esencial para un proyecto de explotación de hidrocarburos.
«Hay dos tipos de conflictos. En algunos casos se trata de que la concesión está en territorio indígena. En otros que afecta la vida del pueblo indígena porque está muy cerca y perturba el suministro de agua, algo que pasa mucho con la inversión minera», le dijo Augusta Molnar a BBC Mundo.
Entre la ley y la violencia
El relativo avance legislativo de América Latina no es suficiente para lidiar con los conflictos que surgen por esta superposición del derecho comunal indígena y el del estado central.
«Las leyes existen. El problema suele ser su aplicación», le indicó a BBC Mundo Molnar.
Los conflictos se saldan muchas veces con la represión policial o la aparición de grupos paramilitares.
En el estado de Matto Grosso del Sur, fronterizo con Paraguay y Bolivia, fueron asesinados unos 279 indígenas entre 2003 y 2011 en conflictos estimulados por el creciente valor de las tierras con el boom de los precios de materias primas.
Un informe de una organización de apoyo a los derechos de los indígenas, First Peoples Worldwide, halló que más del 30% del petróleo y gas producido por compañías en el listado Russel de las 1.000 compañías más importantes se encuentran en territorio indígena.
Los 12 países analizados en el Proyecto Munden apenas constituyen una muestra. La realidad es que estos conflictos se extienden a muchas otras naciones de América Latina, Asia y África, desde Guatemala hasta Kenia o Tailandia.
«La solución es reconocer los derechos e invertir lo necesario en involucrar a las comunidades como un parte integral del diseño de un proyecto de inversión. Esto da más certeza a las empresas sobre la viabilidad y estabilidad de su inversión a largo plazo», le señaló Molnar a BBC Mundo.
El estado explotador
En agosto de este año, los trabajadores de Correos de Chile permanecieron 22 días en huelga. Durante septiembre, los funcionarios del Registro Civil estuvieron paralizados durante 18 días hábiles. Y finalizando aquel mismo mes, los trabajadores de la Fundación Integra se fueron a huelga los días jueves 26 y viernes 27 y, ante la nula respuesta de la autoridad, la movilización evolucionó a un paro indefinido votado el lunes 30 de septiembre. Qué tienen en común las movilizaciones de estas tres instituciones? El mismo patrón: el Estado de Chile.
Justamente el lunes 30 de septiembre en ECONONUESTRAS contamos con la presencia de dos compañeras del Sindicato N°1 de Fundación Integra: Guadalupe González, Directora Nacional e Ivonne Rozas, Secretaria, quienes compartieron sus demandas y comentaron la realidad que viven miles de trabajadoras y trabajadores del Estado.
Los 14 mil trabajadores de la Fundación están peleando por tres demandas centrales: Remuneraciones, donde se exige un aumento promedio del 10%, similar al que se le asignó durante los últimos meses a ciertos estamentos de la institución (principalmente jefaturas); Bono al incentivo, el que lleva congelado ya tres años; y eliminación del Decreto 115, que aumenta el número de niños por tía, siendo que el 2012 ya se había acordado un número menor al que propone el decreto. Esto último naturalmente afecta las prácticas pedagógicas, que tienen directa relación con la cantidad de niños que una trabajadora de la Fundación atiende. Y fue en relación con el decreto 115 que la conversación giró hacia lo que se considera “un ahogo del sistema público”, lo que los trabajadores suelen denunciar como una privatización encubierta.
Fundación Integra es una entidad público privada, donde los trabajadores se rigen por el código laboral, pero sin derecho a negociar colectivamente ya que dependen de la discusión presupuestaria. Mientras, el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, por citar un ejemplo, se rigen por el Estatuto Administrativo, sin derecho a huelga y con un altísimo grado de inestabilidad laboral, ya que la mayoría están bajo la figura del boleteo, es decir “prestan servicios”, mientras otra parte está “a contrata” (con renovaciones de contrato anuales) y un reducido grupo es “de planta”. Para qué hablar de la situación de los trabajadores de la salud, de los profesores, de los funcionarios de tribunales, etc. Todo ello es sólo una muestra de las distintas realidades en el sector público, que comparten el mismo diagnóstico: el Estado chileno es uno de los principales explotadores del país y la tendencia indica que los parámetros eficientistas continuarán reduciendo la cantidad de funcionarios mientras aumenta la cantidad de trabajo, lo que traerá como consecuencia directa un empeoramiento en la calidad de los servicios, impactando directamente en la población. Es una mezcla perversa y perfecta entre precarización laboral y precarización en los servicios.
Nada de raro, si se piensa que esta herencia pinochetista que es el Neoliberalismo, trata esencialmente de la reducción del estado, en favor de un mercado que lo resolverá todo “eficientemente”. Para ello es necesaria la propaganda sobre la mala calidad de los servicios públicos, la estigmatización del trabajador del estado como un ente burócrata y “cafiche del estado” y, si el funcionario se organiza y protesta, utilizar la máquina mediática para poner a la población en contra de las justas demandas del sector público. El mejor ejemplo fue el vergonzoso tratamiento de los medios de comunicación sobre la huelga del Registro Civil.
Mientras el pueblo chileno comienza a entender que el mercado resuelve sólo las necesidades de quienes pueden pagar, el Estado continúa tozudamente extendiendo el legado económico de la dictadura. Algo que está en plena sintonía con el shock que hoy vive el “mundo desarrollado”, donde, por ejemplo, Europa está desarmando el Estado de Bienestar a través de medidas de austeridad que no son más que la implementación de una segunda gran oleada Neoliberal global (después de las Reaganomics en los 80). Y ya podemos vaticinar que Europa pasará de un modelo de Estado de Bienestar que ha regido durante más de 50 años, a uno que podríamos bautizar como Estado de Malestar, algo que en Latinoamérica hemos conocido bastante bien gracias a los Pinochet, los Fujimori, los Menem y una larga lista de gobernantes/explotadores.
Y todos estos casos: Correos de Chile, Registro Civil, Fundación Integra, entre otros menos mediáticos, se dan en un año de elecciones, donde al parecer la gran mayoría del sector público no sólo verá cómo se vota por un nuevo gobernante, sino cómo se elige un nuevo explotador.
78° Capítulo de ECONONUESTRAS 30-sep-2013
Invitadas: Guadalupe e Yvonne del Sindicato n°1 de Fundación INTEGRA, hablando de su movilización y comentando el presente de los distintos trabajadores del Estado.