por Estudios Nueva Economía

Sin agua no hay vida, menos economía. Es el elemento más básico para el funcionamiento de todas nuestras actividades. Es también la base de nuestro sistema económico (exportador de materias primas: minería, agricultura, celulosa, entre otras) por su importancia en los procesos productivos y en la generación de energía, que “ilumina” nuestras ciudades.

A lo largo de la historia, las sociedades se han dotado de sistemas, tecnologías y formas de administración para garantizar un uso adecuado del recurso. Problema básico, ya que sin agua una sociedad se derrumba. Entre sociedades puede cambiar lo que “adecuado” significa. Para algunas, puede ser más importante la generación de electricidad que el agua para el riego, o viceversa, pero para todas el uso de la población debiese ser prioritario Veremos que en Chile es el mercado quien define los usos prioritarios.

En Chile, la forma que “la sociedad se dotó” de una administración para el recurso tiene su base en el Código de Aguas, promulgado en 1981, en Dictadura. Entre sus objetivos estaba la generación de derechos de aprovechamiento “sólidos” (claridad en quienes los administran y como se asignan), la creación de mercados (para transar estos derechos de uso), y la reducción del rol del Estado. No estaban el manejo medioambiental, la gestión integrada de los recursos hídricos, ni el manejo de los cauces entre sus objetivos. Tampoco hubo planificación, ya que se suponía que el mercado haría innecesaria una planificación. Menos se preveían formas de resolver conflictos, nuevamente el mercado los solucionaría vía el sistema de precios.

Desde su implementación, ha degenerado en una alta concentración de los derechos de uso (se podían pedir todos, sin justificación, mientras nadie los reclamara), en conflictos por el uso de aguas subterráneas (cuya dificultad de medición deja espacio para el abuso de algunos) que terminan en tribunales, y en una virtual incapacidad de la Dirección General de Aguas para administrar el recurso (falta de capacidad técnica). Entre muchos otros problemas.

¿Qué debería tener un sistema ideal de administración de agua? Bueno, depende de cada país. Sin embargo, entre las numerosas características que la literatura encuentra como deseables se cuentan: una escala de administración a nivel de cuenca integrado (no a nivel nacional, donde la escasez en el norte es distinta a la del sur), una relación coherente con la cultura nacional, un trato preferencial hacia comunidades indígenas (en línea con el convenio 169 de la OIT), una alta capacidad técnica del sector (evitar errores de medición) y, obviamente, un trato preferente al uso de consumo humano.

¿Qué creemos nosotros como sociedad debería tener un sistema ideal de administración de agua? Es una discusión pendiente, invisible hasta ahora, que nos convoca a todos (no solo a un grupo de expertos).

Chile cuenta con numerosos conflictos por el uso del agua. El documento del 2008 de Chile Sustentable presenta una extensa documentación de estos. En el norte se caracterizan por el actuar de las mineras, que requieren de mucha agua para “limpiar” el mineral extraído. Estas generan relaves tóxicos cuya gestión irresponsable puede provocar desastres ambientales (como en la bahía de Chañaral). También por la presencia de grupos indígenas que vieron cómo sus fuentes de agua fueron disminuyendo en el tiempo, implicando muchas veces cambios en formas de vida ancestrales. De los más bullados ha sido el de Pascua Lama, proyecto bi-nacional que amenaza la conservación de glaciares en el valle del Huasco, comprometiendo la disponibilidad del recurso para la agricultura y la sobrevivencia de la población.

En el centro, los conflictos se caracterizan más por la presencia de proyectos hidroeléctricos (Alto Maipo), la agroindustria y la celulosa. Los dos primeros, con usos excesivos de agua, generan escasez del recurso para la población común. El tercero, amenaza con contaminar los ríos.

Ya en el sur es la presencia de altos proyectos de generación hidroeléctrica, que conflictúa nuevamente con equilibrios biológicos y con usos ancestrales de comunidades indígenas. Y nuevamente con las celulosas (el desastre ecológico del río Cruces).

En general, este bien podría ser un tema de política industrial. Con sectores con alta participación en las exportaciones del país (minería y celulosa), y uno de importancia estratégica (energía), y con implicancias para la eficiencia económica del país (hace rato que se escucha sobre la escasez de energía barata, necesaria para la expansión de la minería en el norte).

Estos conflictos involucran a comunidades enteras, estén o no organizadas. Un hogar sin agua no puede ser considerado hogar; lo mismo, una ciudad sin agua no funciona. Estamos frente a un recurso de primera importancia, que es la base de la vida en sociedad, y así mismo de nuestra vida económica.

En Chile tenemos un modelo (económico y de aguas) que ha privilegiado al mercado y la actividad económica por sobre los usos de la población. Ha sido implementado con numerosos expertos trabajando para los mismos de siempre. Esto pudo funcionar hasta ahora, tolerando numerosos conflictos en distintas zonas del país. La tendencia ascendente, aunque moderada, de los niveles de organización social a nivel de comunidades ofrece la oportunidad de debatir sobre temas que hasta hace poco se consideraban perpetuos e intocables. En particular, existe la necesidad de re-pensar colectivamente el modelo de administración de nuestros recursos hídricos, teniendo siempre como objetivo las necesidades del ser humano, y no aquellas que impone el mercado.

* Entrada escrita por Leonardo Rojas, investigador de Estudios Nueva Economía (@esnuevaeconomia en Twitter)

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