Los Sin Casa: la olla a presión que le estallará al próximo gobierno
por The Clinic
Con la convicción de radicalizar las manifestaciones durante el debate eleccionario, deudores habitacionales, pobladores y damnificados por el 27F planean entrar a incidir en el debate eleccionario e instalar un tema hasta ahora no tomado en cuenta en los programas presidenciales: el alto grupo de chilenos “sin techo” y víctimas de la usura bancaria a lo largo del país. Con una organización nacional y la presencia en al menos 10 regiones, los pobladores pretenden soluciones habitacionales con nueva política habitacional que asegure mantenerse en sus barrios y no seguir con el desarraigo del traslado hacia la periferia.
Con cortes de tránsitos en nueve puntos de Santiago, además de Calama y el borde costero de la Octava Región afectado por el terremoto y tsunami de 2010, la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) dio el primer aviso de una serie de movilizaciones anunciadas para este año.
Allegados, Sin Casa, deudores habitacionales y damnificados del 27F son parte de una masa de chilenos que no reclaman por algo más que soluciones habitacionales: una vivienda, un barrio y una vida digna sin desarraigo social.
Un grupo de presión que no ha dejado de movilizarse en ocho años y que ahora prepara un “asalto” a la agenda pública, apuntando a incidir en los cinco meses de debate eleccionario que quedan y develar el sistema que, tal como lo hizo el movimiento de la educación, el poder de los bancos e inmobiliarias detrás de la crisis de la vivienda social.
“Soluciones habitacionales”
Fue a fines del gobierno de Ricardo Lagos que comenzaron las movilizaciones de pobladores. Ocho años revelando situaciones como la que se vive hoy en la esquina de las avenidas Tobalaba con Departamental, en el límite de las comunas de La Florida y Peñalolén, donde 85 familias del Comité de Allegados Don Bosco se tomaron un terreno desde el 22 de marzo de este año.
Allí reclaman que el 16 de noviembre de 2011 el director del SERVIU metropolitano, Daniel Johnson, les garantizó que tendrían un terreno para levantar sus casas. Sin embargo, el subsidio y el dinero reunido por los pobladores fueron declarados insuficientes para la construcción de las viviendas, en un sector que vive un nuevo auge inmobiliario. Las familias ahora no están dispuestas a irse a otro lugar.
“Ya nos cansamos de los compromisos del gobierno de Sebastián Piñera. Se le dijo en más de una oportunidad que en algunas comunas como La Florida, otras de Santiago y también en regiones, para tener soluciones habitacionales sociales era necesaria la intervención del gobierno central con aportes adicionales. El tema subsidiario ya no sirve, está en crisis. Hoy en día no alcanza para poder canjear una vivienda digna”, dice Rafael Soto, vocero de la Fenapo.
Es la misma situación que viven en los campamentos desde Arica, con los pobladores de las villas contaminadas con plomo y arsénico, hasta pasado el borde costero que fue afectado por el terremoto y tsunami de 2010. Hoy en día los casos más complejos son los del Campamento Nuevo Amanecer en San Antonio, en la Toma Calameños Unidos de Calama y en la reocupación de damnificados no considerados por las soluciones de gobierno de la Aldea El Molino, en Dichato.
El problema, según los pobladores, es que cada gobierno crea su decreto supremo a su manera. “Se minimizan las cifras porque se considera la entrega de un subsidio como una solución habitacional concretada y eso no es cierto. Yo no puedo comprar una vivienda donde vivo”, explica Soto.
En Santiago, por ejemplo, son alrededor de 1.700.000 las personas allegadas, sin contar los que no están organizados. Y a lo largo de Chile, según los mismos dirigentes, la cifra al menos se duplica. Todos ellos, apuntan hoy a una agenda de movilizaciones y de una radicalización de las manifestaciones, para que las candidaturas se hagan cargo del tema.
Proyección política
Dentro de la Fenapo confluyen varias organizaciones sociales y parte de partidos políticos de izquierda, como el PC y el partido Igualdad, que justamente este año levantó la candidatura de una dirigente de deudores habitacionales, Roxana Miranda, como carta presidencial.
Entre los grupo que confluyen en la Federación, destaca el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), quienes llevan con las consignas de lucha, autogestión y de Educación Popular han construido una red con coordinación nacional. Mantienen nexos con otras agrupaciones internacionales como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, el Moviento de Ocupantes e Inquilinos de Argentina y la Unión Nacional por la Morada Popular (UNMP) de Brasil.
A ellos se les suman dirigentes de base con nexos en distintos partidos políticos, los que monitorean las movilizaciones y la organización desde cerca. De hecho, para los próximos días los pobladores participarán de las diferentes marchas del 1º de mayo, de las movilizaciones convocadas por la educación y del paro nacional convocado por la CUT para el próximo 11 de julio.
En la nueva agenda de movilizaciones, el grupo de deudores habitacionales nuevamente toma relevancia. Cruzan todo el territorio con agrupaciones desde Arica hasta incluso Los Lagos, fueron ellos los que durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se manifestaron exigiendo una condonación de deudas y el freno a los remates de viviendas.
Según Iván Carrasco, dirigente de Andha Chile Democrático, las cifras de deudores hoy no resisten mayor análisis. Se estiman en 400 mil las familias que a lo largo de Chile tienen distintos niveles de endeudamiento habitacional. Un grupo que según Carrasco, no pide que les regalen las viviendas, sino que se termine de usufructuar con tasas de interés que elevan el endeudamiento de las personas hasta el punto de los remates.
“Nosotros no estamos planteando que esto sea un regalo. Acá la gente lo que pide es que no se les cobre más de lo que debiera. Nosotros pedimos que a los deudores que llevan pagando más de 10 años sus dividendos deberían tener una condonación automática”, dice Carrasco.
Según él, la Superintendencia de Bancos realizó un informe el 2008 donde estimó que por crédito en promedio de 277 UF, a los 10 años las personas ya habían pagado 320 UF por sus casas, pero debían sobre las 700 UF a los bancos.
Carrasco y su agrupación apuntan a un modelo que, parecido al de educación superior, pone por delante los intereses de los bancos e inmobiliarias sobre los de las pobladores, profundizando la política de deuda bancaria como mecanismo para resolver el tema habitacional. Por eso, también coincide en que este es un tema que va a explotar si no se modifica la ley de vivienda social.
“Existe un incentivo perverso de endeudar a las familias y de ocupar los subsidios en otro tipo de viviendas para dejarlas amarradas a pagos por 15, 20 años. Además, esto hace que en promedio se realicen más de 3 repactaciones de deuda, lo que sigue elevando el precio de las viviendas a niveles ridículos”, señala.
Desarraigo
Según los pobladores, el tema pasa por quedarse a vivir donde se han desarrollado sus vidas y no someterse a traslados a la periferia, ayudando a la proliferación de guettos y generando desarraigo y división en la vida de barrio.
“Nosotros queremos vivir donde nacimos, crecimos, estudiamos y nos convertimos en lo que somos. Tenemos una base social potente que no queremos perder por cambiarnos de comuna a buscar una vivienda que tampoco nos satisface”, dice Rafael Soto.
La idea es reforzada por Michel Vergara, encargado del PC sobre el tema, quien señala que la solución real pasa por una nueva política habitacional que respete la norma internacional de metros cuadrados construidos para los hogares (alrededor de 60 metros) y que no fracture los espacios de cohesión social, causando mayor segregación.
“Quienes damos vida a las poblaciones desde los centros de terreno somos nosotros, pero siempre están las inmobiliarias primando sobre el resto. Este es un debate hasta ideológico porque tiene que ver con el rol que tienen los pobladores en la urbe. El gobierno que venga tiene que hacerlo en lógica distinta de los últimos 23, 24 años. Si no esto puede ahondar aun más este grave problema”, dice.
Para Rafael Soto este tema es clave. “Se nos prometió que tendríamos una solución acá y no la tenemos. Nos obligan a buscar algo afuera de nuestras comunas, pero la experiencia nos dice que en esos casos los índices de pobreza aumentan y generan problemas más graves como adicción a drogas y prostitución. Nosotros queremos quedarnos con los vecinos que conocemos y hacer la vida con ellos”, dice.
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