La lucha por la tierra: multinacionales vs. pueblos indígenas
por BBC Mundo
Una de cada tres hectáreas que gobiernos de América Latina, África y Asia conceden a la explotación minera, agrícola-industrial o forestal se superpone con tierras de comunidades indígenas.
El Proyecto Munden, comisionado por la organización global Derechos y Recursos, analizó unas 153 millones de hectáreas en concesión en 12 países y halló que el 31% de esa superficie se encontraba en territorio indígena.
El estudio se concentró en cinco países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú), tres de África (Camerún, Liberia y Monzambique) y cuatro de Asia (Camboya, Indonesia, Malasia, y Filipinas).
Uno de los casos más extremos es Argentina donde un 84% de las concesiones para el cultivo de la soja está en territorio indígena.
En las concesiones mineras de Chile, Colombia y Filipinas el relevamiento encontró que un 30,5% de las zonas explotadas eran de propiedad indígena.
Según Augusta Molnar, directora de Derechos y Recursos, es una situación potencialmente explosiva para todas las partes involucradas.
«Los estados suelen conceder la explotación sin tomar en cuenta que esa tierra pertenece a poblaciones indígenas. Todo esto es un riesgo para los inversores que pueden perder su dinero, para los países que quedan expuestos a litigios e indemnizaciones y para los indígenas que corren el peligro de perder su sustento», le indicó Molnar a BBC Mundo.
El precio de la tierra
Las compañías pueden perder en litigios el dinero invertido en la explotación.
Otro riesgo que corren es la paralización de un proyecto. Según una estimación, el costo por la suspensión de actividades en grandes proyectos mineros puede rondar los 20 millones de dólares por semana.
En ocasiones, los gobiernos tienen que pagar los platos rotos haciéndose cargo de las indemnizaciones a compañías multinacionales.
En el sector agrícola, el informe estima que hay una producción de alrededor de US$5.000 millones en peligro.
En el campo de las concesiones forestales, un solo país, Camerún, podría experimentar pérdidas equivalentes a un 0,4% del PIB.
En Filipinas el conflicto por la tierra en torno al proyecto minero de Tampakan pone en peligro una inversión de casi US$6.000 millones.
No es un tema que va a desaparecer como por arte de magia.
Hoy en día hay unas 451 millones de hectáreas a nivel mundial que son propiedad de comunidades indígenas o están administradas por esas comunidades con autorización del estado: el doble que en 2002.
La democratización planetaria y la conciencia sobre problemas medioambientales han favorecido este creciente reconocimiento del derecho indígena.
«Por su composición poblacional y por su historia América Latina está bastante más adelantada en este reconocimiento que Asia y Africa. Pero la explotación minera está volviendo a ejercer presión sobre el tema», aclara Augusta Molnar.
El Dorado
La minería, que produjo mitos como El Dorado, ha vivido en América Latina un nuevo boom en este siglo con el creciente valor de las materias primas que impulsó la plena incorporación de China e India al mercado mundial.
En valores de 2010, la minería representó el 65,9% de las exportaciones de Chile, el 62,7% del Perú, el 34,6% de Bolivia, el 19% de Brasil, el 7,2% de Colombia, el 4,8% de Argentina.
Pero su expansión de la mano de la inversión extranjera -que en 2012 alcanzó un record regional de más de US$173.000 millones- se ha visto acompañada de conflictos sin distinciones ideológicas.
El gobierno de centro derecha de Ollanta Humala en Perú se vio obligado a suspender el proyecto de la mina de plata de Santa Ana de la multinacional canadiense Bear Creek.
En Ecuador el presidente Rafael Correa tuvo que enfrentar la oposición indígena por la extensión de las concesiones petroleras a la Amazonia Sur y la costa y la luz verde a grandes proyectos mineros en la sierra y la selva.
En Bolivia el gobierno del presidente Evo Morales se encuentra en un largo conflicto con los indígenas amazónicos que rechazan la construcción de una carretera que atraviesa el Parque Nacional Isiboro-Secure, esencial para un proyecto de explotación de hidrocarburos.
«Hay dos tipos de conflictos. En algunos casos se trata de que la concesión está en territorio indígena. En otros que afecta la vida del pueblo indígena porque está muy cerca y perturba el suministro de agua, algo que pasa mucho con la inversión minera», le dijo Augusta Molnar a BBC Mundo.
Entre la ley y la violencia
El relativo avance legislativo de América Latina no es suficiente para lidiar con los conflictos que surgen por esta superposición del derecho comunal indígena y el del estado central.
«Las leyes existen. El problema suele ser su aplicación», le indicó a BBC Mundo Molnar.
Los conflictos se saldan muchas veces con la represión policial o la aparición de grupos paramilitares.
En el estado de Matto Grosso del Sur, fronterizo con Paraguay y Bolivia, fueron asesinados unos 279 indígenas entre 2003 y 2011 en conflictos estimulados por el creciente valor de las tierras con el boom de los precios de materias primas.
Un informe de una organización de apoyo a los derechos de los indígenas, First Peoples Worldwide, halló que más del 30% del petróleo y gas producido por compañías en el listado Russel de las 1.000 compañías más importantes se encuentran en territorio indígena.
Los 12 países analizados en el Proyecto Munden apenas constituyen una muestra. La realidad es que estos conflictos se extienden a muchas otras naciones de América Latina, Asia y África, desde Guatemala hasta Kenia o Tailandia.
«La solución es reconocer los derechos e invertir lo necesario en involucrar a las comunidades como un parte integral del diseño de un proyecto de inversión. Esto da más certeza a las empresas sobre la viabilidad y estabilidad de su inversión a largo plazo», le señaló Molnar a BBC Mundo.
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