La prepotencia española frente a la posible renacionalización de la petrolera YPF en Argentina
La posibilidad de que el Estado argentino nacionalice a Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), de que la española Repsol posee el 57,43%, ha provocado un fuerte declive en el valor en bolsa de la compañía explotadora de hidrocarburos.
En lo que va de 2012, en el mercado bursátil estadounidense como en el argentino el valor de la acción se ha desplomado casi 40%.
La caída del precio del título se aceleró este jueves tras circular con fuerza la versión de una nacionalización inminente de YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Incluso circuló una versión de un proyecto legislativo de nacionalización en el Congreso, en el que el Estado argentino pretendería hacerse con la mitad de la empresa. No obstante, ningún funcionario gubernamental salió a confirmar la autoría del proyecto legal.
Se esperaba que Fernández de Kirchner se refiriese al tema en una alocución el jueves en la noche, pero no fue el caso.
Desde hace varias semanas la prensa cercana al oficialismo en Argentina viene indicando que habrá en mayor o menor medida una intervención gubernamental en el negocio petrolero. Lo que faltaría por definir es la fórmula.
Además, varias provincias argentinas han revocado la concesión para operar a YPF-Repsol en al menos 10 pozos (ninguno con cantidades significativas de producción) por una supuesta falta de inversión. Un señalamiento que ha rechazado la empresa.
Sin embargo, ante lo que se ha venido construyendo, al menos en la opinión pública, como una nacionalización inminente, el gobierno español salió este miércoles a dar una reacción anticipada.
«El Gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el Gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el Gobierno de España», señaló este jueves el ministro de Industria español, José Manuel Soria.
«El Gobierno (español) lo que sí dice es que si hay gestos de hostilidad, estos traerán consecuencias», agregó.
¿Pero, que consecuencias puede tener una eventual nacionalización de la petrolera de Repsol en Argentina?
Escenarios
Los precedentes, más inmediatos, en América Latina no arrojan una respuesta clara antes las posibles consecuencias para un país que opta por nacionalizar sus recursos naturales.
En los últimos años Bolivia y Venezuela transitaron el camino de la nacionalización de partes significativas de sus industrias petroleras.
Ambos países declararon sus recursos naturales como estratégicos y pasaron a tomar control de ellos con una fuerte presencia estatal.
En el caso venezolano se ofreció compensación a las petroleras tras un decreto legislativo aprobado por el primer mandatario (habilitado para tal efecto por el Congreso).
Varias aceptaron lo ofrecido, pero dos de las empresas petroleras afectadas -dos estadounidenses- aún demandan al Estado venezolano ante un tribunal del Banco Mundial para que se les pague la compensación que ellos estiman correcta. En respuesta Venezuela dejó de reconocer al tribunal.
En el caso boliviano la nacionalización se inició con un referéndum popular, en 2004 y luego con la confirmación vía decreto por parte del presidente Evo Morales, en 2006.
Bolivia negoció con varias trasnacionales el cambio de mando, incluyendo empresas estadounidenses, británicas y hasta la propia Repsol.
Aunque aún hoy en día una compañía británica sigue demandando al Estado boliviano ante la Corte de La Haya.
En el caso argentino, aún no está claro si una eventual nacionalización provocará un conflicto con la casa matriz de Repsol en España.
«No necesariamente significa que habrá un problema si ocurre una estatización, porque si se ofrece una compensación sustanciosa no debería haber problemas», señaló a BBC Mundo el analista en relaciones internacionales, especializado en temas económicos, Andrés Serbin.
Cambio estructural
Argentina importó casi US$10.000 millones en combustible en 2011, lo que significó un aumento de 110% con respecto al año anterior.
Para 2012, las estimaciones de importación de hidrocarburos no son menores.
Las autoridades buscan reducir este costo mediante un aumento en la producción local. Con ese argumento el gobierno acusa a Repsol (y otras empresas transnacionales del ramo) de no invertir suficiente y llevarse todas las ganancias a la casa matriz y no colocarlas en la economía local.
Repsol repartió 90% de lo obtenido en Argentina en dividendos a sus accionistas, en un momento en que España atraviesa una severa recesión.
«No necesariamente significa que habrá un problema si ocurre una estatización, porque si se ofrece una compensación sustanciosa no debería haber problemas»
Andrés Serbin
Pero este hecho coincide con un cambio estructural en Argentina. Desde 2010, este país sudamericano comenzó a importar petróleo por primera vez en su historia, luego de ser tradicionalmente un exportador de hidrocarburos.
Por ello, para algunos analistas la eventual nacionalización de YPF pasa por la creación de un nuevo modelo energético en Argentina.
«Un paso intermedio, pero efectivo –con utilidad también a mediano plazo– sería declarar de interés público los hidrocarburos y, en consecuencia, terminar con la libre disponibilidad del recurso extraído del que hoy gozan las petroleras. Sería una forma de empezar a adaptar los marcos legales argentinos a lo que ocurre en la mayor parte de los países petroleros soberanos, que consideran el crudo un recurso estratégico y no un commodity cuyo destino lo decide quien lo extrae», escribe Raúl Dellatorre, analista en asunto económicos del diario Página 12, de los pocos medios que tiene acceso privilegiado a las fuentes oficiales.
«Una estatización tampoco tiene que ser vista como algo malo necesariamente, si se mantienen los niveles de inversión y se trabaja en modernizaciones y la búsqueda de nuevos yacimientos. Pero inevitablemente requerirá de asociaciones privadas para ello», señaló Serbin.
Tal fue el caso de las asociaciones que firmó Venezuela, en su gran corazón petrolero de la Faja del Orinoco, en donde licitó numerosos campos de petróleo pesado (siempre manteniendo al menos 51% del proyecto) a empresas chinas, rusas, estadounidenses, iraníes, japonesas, entre otras.
«También hay que recordar que cuando Petróleos de Venezuela fue nacionalizada en 1976, por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, la empresa inició un camino de transformación que la llevó a ser de las mejores del mundo», apuntó el analista.
En el caso argentino hay un gran desafío: analistas privados estiman que el gobierno necesitaría de unos US$6.000 millones para extraer más petróleo, de modo que se reduzcan sustancialmente los niveles de importaciones.
Y hay dudas sobre si dicho capital estaría disponible, y en especial sobre el tiempo que llevaría cubrir la demanda energética con nuevas exploraciones internas, que no sería menor a cinco años.
YPF fue privatizada por el presidente Carlos Menem a principios de la década de los años 90, con el apoyo de la hoy mandataria Fernández y su fallecido esposo y ex jefe de Estado, Néstor Kirchner. En aquel momento era considerada la empresa pública que más ganancias daba. Según la revista Forbes, su facturación anual ascendía a US$3.906 millones.
Por los vientos que soplan, muchos apuestan a que será muy pronto cuando termine su vida como empresa privada.
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