por José Luis Carretero Miramar para ICEA.

Un muy respetable compañero, y dinosaurio virtual por elección, me pidió hace un tiempo, una aportación a un posible “programa económico” para el movimiento libertario.  Tenía poco tiempo para elaborarlo, pero lo que se buscaba, en el fondo, era abrir el debate para la redacción de un libro. Esto es, básicamente, lo que le envié, creo que, ahora, puede servir también, más que como guía cerrada o aparato dogmático de cosas que ni yo tengo del todo claras, como texto impulsor de un debate sobre el postcapitalismo cada vez más urgente.

La transformación social necesaria para poner en marcha una economía enteramente volcada en un paradigma socialista libertario  precisa de un proceso de afianzamiento y desarrollo que implica varias etapas, temporalmente delimitadas. La construcción de una nueva sociedad y una nueva economía necesita de un desarrollo gradual, y al tiempo afianzado en momentos de ruptura revolucionaria del orden precedente.

Se trata de un proceso de transición que empieza por avances sociales que empoderen a las fuerzas que los obtienen, y a las clases implicadas en la lucha por su consecución. Estos avances  van desplegando sus efectos, variando el status quo anterior, reforzando las posturas libertarias, y acumulando las fuerzas necesarias que deberán expresarse con plena amplitud en los momentos de quiebra revolucionaria abierta, en los que los procesos de avance se acelerarán.

Esta visión dinámica del proceso de construcción de una sociedad transformada, frente a las conceptualizaciones  puramente estáticas que dibujan el escenario deseado, pero se niegan a imaginar y desentrañar como alcanzarlo desde la situación actual, empieza por la delimitación de un programa mínimo para plantear en el momento actual.

El que esas medidas para el ahora se agoten en sí mismas, en la forma de avances puramente reformistas que intenten estabilizar el capitalismo, o permitan realmente acumular fuerzas para un proyecto revolucionario que propone su superación, no depende tan sólo de como hayan sido redactadas, sino también de las formas en que han sido alcanzadas (en el marco de un proceso de auto-organización de la clase trabajadora, o bajo la dirección de fuerzas socialdemócratas externas) y de la misma textura del proceso de luchas que lleva a su obtención (que puede generar consciencia de la dominación y de la explotación, así como de las posibilidades de autodeterminación de las clases subalternas, o configurarse como un “regalo” de dirigentes carismáticos o un producto de la evolución normal de la sociedad del Capital).

Estas medidas mínimas para el ahora se delinean entorno a la idea de que puedan, realmente, reforzar la posición de la clase trabajadora, variando el status quo actualmente existente, totalmente desfavorable para ella, y permitiendo y popularizando las experiencias de autogestión y auto-organización factibles en esta primera fase. Algunas de ellas podrían ser las siguientes, indicadas sin pretensiones de exhaustividad:

-Medidas tendentes a encarar el problema de la deuda, que ha alcanzado a ser central en nuestra sociedad, y a impedir la transformación del capitalismo en un régimen renovado de servidumbre por deudas. Estamos hablando de todas las deudas, tanto la deuda pública de los Estados periféricos, como la hipotecaria o de consumo de las familias trabajadoras. Medidas como la auditoría y repudio, y  moratoria de los pagos mientras se realiza lo anterior, de todas las deudas ilegítimas, ilegales , usurarias, las sustentadas en cláusulas abusivas y las obtenidas para fines antisociales como el enriquecimiento de políticos, financieros e inversores transnacionales.

Esto implica una política de vivienda enteramente diferente, que pasa por la legalización de la ocupación de los inmuebles vacíos  de las entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público por las personas en situación de necesidad económica, el fomento de la vivienda cooperativa (estableciendo mecanismos de control que impidan que constructores pirata se camuflen de supuestas cooperativas para llevar a cabo actividades inmobiliarias) y la constitución de un parque de vivienda pública en alquiler social con los inmuebles de que actualmente dispone la Sareb. Este parque público será gestionado por los propios habitantes de manera participativa y autogestionaria, prohibiendo cualquier enajenación o externalización de servicios a fondos de inversión, fondos buitre o sociedades inmobiliarias. También debe gravarse con impuestos específicos a los grandes tenedores de vivienda, e incluir forzosamente en el parque de vivienda bajo alquiler social aquellas que no cumplan función social alguna durante un período excesivo de tiempo.

Los suministros básicos para la habitabilidad (calefacción, luz, agua..) deben de ser prestados de manera gratuita y pública para las familias de trabajadores precarios y sin recursos, y deben de ser gestionados por Consejos mixtos de trabajadores, representantes de las entidades locales y usuarios, sin que puedan ser externalizados en manera alguna a las entidades privadas y fondos de inversión.

-Medidas tendentes a la configuración de las bases legales y prácticas para el inicio de la trasformación de la propiedad pública en comunal-comunitaria, estableciendo mecanismos de participación activa en lo público para los trabajadores de los servicios concernidos, los usuarios y organismos locales comunales de nueva creación, de ámbito local o distrital, basados en la democracia directa y asamblearia y con competencias en ampliación constante y recursos procedentes de los impuestos progresivos devengados en su territorio , así como de un Fondo Interterritorial de Compensación y Solidaridad que garantice el trasvase de recursos de las zonas y barrios ricos a los espacios obreros y degradados.

-Medidas destinadas a hacer frente a la huella ecológica y garantizar la transición a una economía verde sin necesidad de un colapso traumático: fomento de la economía local y comarcal y de la agroecología, establecimiento de límites y controles a los flujos económicos transnacionales y globales, lábel sindical y ecológico para los productos comercializados, que garantice la equidad de género, la sostenibilidad y la justicia social en su producción; fomento del transporte público y eliminación de actividades excesivamente contaminantes. Fomento de las fuentes energéticas renovables sobre la base de un modelo distribuido que permita la autonomía energética de los espacios locales.

Para hacer frente a una transición que implica el decrecimiento en la producción material de cachivaches y la disminución de la concentración urbana, medidas tendentes a establecer servicios sociales  y culturales  públicos y comunal-comunitarios suficientes en el campo, así como transportes comunitarios comarcales.  También, trabajar para desconcentrar y hacer sostenibles  ciudades con un tamaño humano, mediante la apertura de zonas verdes, transportes públicos y huertos comunitarios, y el fomento de la economía barrial e integrada mediante la limitación de horarios comerciales o la exigencia de lábel sindical, social y ecológico para las grandes superficies.

-Fomento del trabajo cooperativo y autogestionario, la pequeña empresa local y el trabajo autónomo sin situación de dependencia de cadenas de valor ajenas (es decir, que no consista en la configuración legal de formas de subcontratación sobre  “falsos autónomos” o “falsas cooperativas” realmente dependientes de una principal mucho mayor, muchas veces transnacional). Creación de un tejido económico propio con base en lo solar y en lo sostenible social y ambientalmente.  Banca pública-comunitaria y cooperativa, y fiscalidad progresiva orientada al fomento de sectores de la economía real auto-centrada , así como de los cuidados y la complejidad cultural y cognitiva. Esto implica control de los flujos transnacionales de capital y prohibición de la apropiación por fondos buitres y otros vehículos de inversión especulativa de las actividades estratégicas y las relacionadas con las necesidades básicas de la población.

-Política redistributiva encaminada a una mayor equidad en las rentas de la población, así como a un reforzamiento de la influencia del trabajo organizado sobre la legislación y la vida cotidiana de las empresas y centros de producción. Disminución de la jornada laboral, sin pérdida de salario, y puesta en marcha de programas de Trabajo Garantizado para los desempleados, bajo control y dirección de los organismos comunal-comunitarios. Eliminación del IVA y puesta en marcha de impuestos progresivos sobre los beneficios empresariales, las grandes fortunas y  las transacciones financieras internacionales.

Nacionalización de los sectores estratégicos, estableciendo mecanismos de cogestión o control obrero, más o menos avanzados según la relación de fuerzas,  en ellos y en las grandes empresas, ya sean públicas o privadas. Creación de organismos asamblearios de consumidores capaces de participar en la gestión de la propiedad pública, junto a los trabajadores y los organismos comunales locales. Recuperación de la soberanía monetaria y de los controles de capitales hasta donde se pueda. Salida del CIADI y no renovación de compromisos internacionales que supongan cesión de soberanía económica o cláusulas que pongan en peligro el espacio económico nacional y los derechos fundamentales.

Eliminación de las subvenciones a las organizaciones empresariales. Nuevo modelo de negociación colectiva basado en las asambleas de trabajadores, en la primacía del convenio de ámbito superior (que sólo podrá ser mejorado por el inferior, pero nunca empeorado), en la legalización de los convenios por lugar de trabajo o cadena de valor (aunque implique a empresas de distintos sectores o ámbitos geográficos) y a nivel de grupo de empresas. Prohibición de la subcontratación y las ETTs. Creación de un servicio de empleo comunal-comunitario con competencias reales, con prohibición de externalizar sus funciones a empresas privadas. El despido declarado improcedente por los tribunales conllevará readmisión obligatoria en el centro de trabajo. Fomento del servicio de inspección de trabajo y adopción de la normativa más exigente a nivel global en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales.

-Desarrollo de mecanismos de formación e investigación accesibles para todos. Educación gratuita, laica y pública en todos los niveles (incluidos posgrados). Favorecimiento de los procesos de innovación educativa, abriendo espacios para escuelas cooperativas que garanticen perspectivas experimentales en las aulas. Formación integral que tienda a eliminar diferencias entre trabajadores manuales e intelectuales, introduciendo elementos físicos en las carreras universitarias y conocimientos humanísticos en la Formación Profesional. Fin de los conciertos con entidades privadas. Creación de un Banco Colectivo de Conocimientos, donde los ciudadanos puedan intercambiar capacidades y conocimientos técnicos de manera autónoma. Promoción de la educación no reglada y de los centros sociales autogestionados, dependientes de los organismos locales comunal-comunitarios. Creación de centros estratégicos de innovación empresarial y tecnológica a nivel local y sectorial con espacio y suficientes recursos públicos para iniciativas cooperativas y sociales, así como acceso directo  y funcional al Banco Colectivo de Conocimientos.

-Amplio reconocimiento colectivo de los luchadores por la libertad, la República y la Revolución Social.  Introducción en los planes de estudio del conocimiento crítico y  el debate sobre las biografías de revolucionarios, escritores, científicos y otras personas que hayan realizado destacadas contribuciones al bienestar común, sea a escala local, nacional o global. Retirada de los símbolos fascistas del ámbito público, así como de los representativos de creencias religiosas específicas.

Tras el afianzamiento de una nueva relación de fuerzas Capital-Trabajo, basada en la consecución de las medidas anteriores,  que permita el paso a un desarrollo mayor de las tendencias transformadoras, deberían plantearse nuevas propuestas de avance al socialismo libertario (ya con todas las letras), como las siguientes, que se plantean a título puramente ejemplificativo:

-Colectivización de la Banca y de las grandes empresas, así como de los sectores estratégicos y los relacionados con las necesidades básicas de la población. La colectivización puede hacerse por la vía de un impuesto de sucesiones obligatoriamente pagadero en acciones empresariales, o por la vía de la expropiación, indemnizada o no en función de la situación evolutiva o de ruptura de la sociedad.

-Socialización de las viviendas de los grandes tenedores y conformación de un parque comunal-comunitario de edificios con ellas y el parque público de vivienda bajo alquiler social. El alquiler será sustituido por el usufructo vitalicio y la gestión será entregada a los organismos comunal-comunitarios, permitiendo la permuta de viviendas temporal o definitiva entre los habitantes.

-Los organismos comunal-comunitarios sustituirán a los ayuntamientos en todas sus competencias. Se establecerán Consejos comarcales, regionales y nacionales de coordinación de los organismos comunal-comunitarios que irán sustituyendo al aparato estatal y que se encargarán de la totalidad de los servicios públicos para la ciudadanía. Lo esencial de la vida económica se planificará de manera participativa con la intervención de los Consejos de Trabajadores y de los Consejos de Usuarios concernidos. Se permitirán formas de mercado sin uso de trabajo asalariado en el comercio de proximidad, así como la pequeña  empresa o la explotación agraria familiar que obtenga el lábel comunal

-Se establecerá el lábel  comunal (sindical, ecológico, de género y social) obligatorio para todos los productos comercializados. Este lábel se aplicará también a las importaciones no estratégicas (las de productos estratégicos sólo podrán realizarlas los organismos públicos).

-Se limitará drásticamente la utilización del trabajo asalariado, permitiéndolo sólo en pequeñas cantidades y para las pequeñas empresas y las explotaciones familiares, en momentos específicos y por necesidades de producción (estacionales, etc) muy concretas. Las condiciones de trabajo de los trabajadores asalariados serán vigiladas directamente por los Consejos de Trabajadores de la localidad concernida, que podrán revocar el permiso para su utilización. Si hay trabajadores desempleados recibirán una prestación vitalicia de subsistencia o una cantidad para la puesta en marcha de una actividad económica como autónomos  o como socios de una cooperativa. La selección de personal de todas las empresas se realizará obligatoriamente por un Servicio de Empleo público dependiente de los Consejos de Trabajadores, con mecanismos de control comunal-comunitario para evitar cualquier tipo de corrupción o burocratización.

-Prohibición de la venta de activos a corto en la Bolsa y de los derivados financieros, así como de la entrada en el mercado nacional de hedge funds y otros vehículos de inversión especulativa. Socialización definitiva de la Banca. Ligazón de la moneda a la riqueza producida en la economía. Puesta en marcha de experimentos locales de diversas clases de  moneda social y criptomoneda social con los recursos imprescinidbles, para obtener los conocimientos necesarios para la socialización de la moneda.

– Colectivización de las tierras que no puedan ser trabajadas por la familia de su propietario, sin necesidad de trabajo asalariado salvo para determinadas labores estacionales o auxiliares. Estas tierras pasarán a formar la columna vertebral de la propiedad comunal-comunitaria en el campo, y serán gestionadas por los propios campesinos.

Todas las líneas programáticas aventuradas hasta ahora son esencialmente tentativas, y han de estar abiertas al debate permanente, lo más amplio y riguroso que sea posible, ya que deben ser enormemente sensibles a la situación real y a los contornos concretos de la lucha de clases. Momentos de crecimiento acelerado de la consciencia de las clases populares, o de grandes conflictos, pueden abrir la espita que permita poner en primera línea propuestas del programa de avance socialista o del programa máximo, antes de que se hayan alcanzado propuestas importantes del mínimo. Asimismo, momentos de lenta acumulación de fuerzas y de construcción de una ligazón estrecha con las masas populares, al estilo de lo realizado por los zapatistas en la década anterior a su aparición pública de 1994,  pueden sustentarse en la popularización y debate de líneas programáticas mínimas, pero de amplia importancia para la existencia cotidiana de las clases populares. Las situaciones de quiebra y vacío de poder deben de ser aprovechadas, pero el ensimismamiento en las reclamaciones más radicales, o en el “horizonte radiante de la Humanidad”, sin aterrizarlo en la forma de la construcción concreta de alternativas para el ahora mismo, debe ser limitado.

Así pues un programa de construcción del socialismo libertario debe estar siempre abierto, y sus militantes deben aguzar los oídos para saber identificar las necesidades y los deseos de las clases subalternas. Lo escrito aquí es una simple propuesta, el redactado de un programa auténticamente operativo para las décadas venideras precisaría de un proceso colectivo y masivo de reapropiación y debate de largo recorrido.

Esperamos, en todo caso, haber podido contribuir a ese debate con la mejor de nuestras intenciones y una perspectiva lo suficientemente amplia.

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