Archivos Mensuales: febrero 2013

Las colectivizaciones en Catalunya (1936-1939)

por portaloaca.com

En Catalunya, la derrota de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 conllevó que el Estado, detentador del poder político y de la fuerza militar y garante del mantenimiento de la organización económica y social del país, se derrumbase por completo.

Con la desintegración del Estado, los trabajadores, los manuales en particular, que habían desempeñado un papel decisivo en la obtención de la victoria sobre los sublevados, fueron quienes obtuvieron la victoria política e iniciaron una amplia y profunda transformación revolucionaria de la sociedad catalana

Dicha transformación, basada en los planteamientos anarquistas y anarcosindicalistas de la CNT-FAI, al ser esta organización la que contaba con una influencia mayoritaria entre los trabajadores, trató, y en parte consiguió llevar a la práctica, los principios del socialismo libertario en una sociedad industrializada, dando lugar a una experiencia original, única en el mundo, alejada tanto del capitalismo como del socialismo de estado.

Catalunya contaba por aquel entonces con una población de 2.791.000 habitantes, de los que 1.005.000 vivían en la ciudad de Barcelona. El 54% de la población activa catalana trabajaba en la industria, porcentaje que en la provincia de Barcelona se elevaba al 68%.

La experiencia colectivista que se desarrolló en Catalunya entre julio de 1936 y enero de 1939, a pesar de que no pudo alcanzar plenamente sus objetivos debido a los condicionamientos y dificultades con que tuvo que enfrentarse, constituye una de las transformaciones más radicales del siglo XX. Transformación que afectó todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural, y aun cuando forma parte de la revolución española, posee unas características propias y específicas, en parte distintas de las de otras zonas de la España republicana.

La colectivización

En el campo catalán la pequeña propiedad agraria coexistía con la mediana y gran propiedad, que era explotada en régimen de aparcería. Los aparceros, que constituían la mayoría de la población campesina, habían mantenido ya desde antes de 1936 importantes luchas reivindicativas para mejorar las condiciones de sus contratos y aspiraban, por lo general, a convertirse en propietarios de las tierras que cultivaban.

En el sector agrario, el predominio sindical correspondía a la UR (Unió de Rabassaires), siendo la presencia de la CNT escasa. En este sector jugaron un destacado papel los sindicatos agrícolas –una especie de cooperativas– a los que obligatoriamente debían pertenecer todas las explotaciones. Estos sindicatos, controlados por la UR y con una considerable presencia de la UGT, constituyeron un importante freno para el desarrollo de las colectividades.

Todo ello llevó a que la colectivización del campo fuese relativamente limitada. Con todo, se crearon más de 400 colectividades agrarias constituidas, básicamente, con las fincas expropiadas a los grandes propietarios y a los elementos facciosos y con las aportaciones de los pequeños propietarios que se adhirieron a ellas. En general, estas colectividades no representaron una fuerza económica importante, constituyendo sus miembros sólo una parte de los campesinos del municipio. No obstante, hubo importantes excepciones, en especial en las comarcas del Baix Llobregat y el Baix Ebre, colectividades en las que también participaron miembros de la UR y la UGT.

La industria y el proceso de colectivización-socialización en y los servicios

Sofocada la rebelión, al reanudarse la actividad productiva y habiendo los dueños abandonado sus empresas –en unos casos–, o no atreviéndose a imponer su autoridad al carecer de la fuerza coercitiva del Estado –en otros–, los trabajadores procedieron, inmediatamente y por propia iniciativa, a la puesta en marcha del proceso colectivizador, tomando directamente en sus manos el control y la dirección de la mayor parte de las empresas; cabe destacar que todo ello lo realizaron de forma espontánea.

El carácter espontáneo de la colectivización significa que ésta no se llevó a cabo siguiendo las consignas, instrucciones o directrices de algún órgano de dirección estatal o de algún partido o sindicato, sino a partir de la decisión de los propios trabajadores. Éstos, por medio de sus organizaciones de fábrica y ramo, pusieron en práctica las ideas y concepciones que tenían respecto a como debía organizarse y funcionar la sociedad en general y la actividad económica en particular; siendo dichas ideas, en gran parte, fruto de la formación y propaganda libertaria desarrolladas durante los decenios anteriores por medio de los ateneos, sindicatos, cooperativas, etc.

La colectivización de la empresa significaba que su propiedad pasaba de privada a pública y que eran sus propios trabajadores quienes la dirigían y gestionaban. Pero para los colectivistas ello no constituía más que el inicio de un proceso más amplio, el de la colectivización-socialización, el cual a partir de la colectivización de las empresas debía, y así sucedió parcialmente, ir avanzando en la coordinación de la actividad económica, por ramos y localidades y de abajo a arriba, hasta alcanzar la plena socialización de la riqueza.

Sin embargo, muy pronto se produjo la renuncia de los órganos dirigentes de la CNT-FAI a intentar que el proceso de colectivización-socialización pudiese culminar su desarrollo, alegando que en aquellas circunstancias ello hubiese representado imponer su dictadura. Esta renuncia dio lugar a enfrentamientos internos y al progresivo abandono de sus propios presupuestos y principios.

Dicho proceso, impulsado y apoyado por la gran mayoría de los trabajadores manuales de la industria y los servicios, se encontró con la oposición de una parte importante de diversos sectores sociales: la pequeña burguesía, los técnicos, los funcionarios y los trabajadores administrativos y comerciales, que en conjunto constituían una base social importante, cuantitativa y cualitativamente. Éstos, aun cuando mayoritariamente se posicionaron en contra de la sublevación militar, se oponían a la alternativa colectivista, bien porque defendían la propiedad privada de los medios de producción, bien porque defendían la propiedad estatal de los mismos. Esta oposición que fue canalizada y defendida por ERC, ACR, UR, PSUC y UGT, frente a la CNT, la FAI, las Juventudes Libertarias y el POUM que apoyaban las transformaciones colectivistas.

El proceso de transformación colectivista alcanzó una gran amplitud por lo que respecta al primer nivel –el de la colectivización de las empresas (entre un 70% y un 80% de las empresas)–, y llegó también a un segundo nivel –el de la constitución de agrupaciones–, en el que se detuvo al fracasar los intentos de avanzar hacia un tercer nivel –el de la socialización global de los grupos industriales–.

La agrupación consistía en la reunión o concentración de todas o parte de las empresas de un sector económico y un área territorial determinada –una localidad, una comarca, Catalunya– en una unidad económica de mayor volumen, en régimen de propiedad colectiva y dirigida y gestionada por sus trabajadores. En consecuencia, las empresas que pasaban a formar parte de una agrupación dejaban de existir como tales, pasando su activo y su pasivo, así como sus trabajadores, a la nueva unidad productiva.

Las grandes empresas colectivizadas, como los Tranvías de Barcelona Colectivizados (transporte), la Hispano Suiza y la Rivière (metalurgia), CAMSA (petróleo), La España Industrial (textil), Cervecerías DAMM (bebidas), etc., y las agrupaciones como La Agrupación Colectiva de la Construcción de Barcelona, La Madera Socializada de Barcelona, La Agrupación de los Establecimientos de Barbería y Peluquería Colectivizados de Barcelona, Los Espectáculos públicos de Barcelona Socializados, Los Servicios Eléctricos Unificados de Catalunya, La Industria de la Fundición Colectivizada, etc., constituyen las experiencias más importantes y significativas de la colectivización de la industria y los servicios, y al ser la agrupación la forma más compleja y elevada de organización, hace que su análisis sea fundamental para el conocimiento de esta experiencia y que del mismo se puedan extraer elementos importantes de la socialización global a que aspiraba la alternativa colectivista.

Etapas

El proceso de colectivización-socialización fue evolucionando en el transcurso del tiempo, debido a la propia lógica interna del proceso colectivizador y a los cambios que se produjeron en la relación de fuerzas entre los defensores y los detractores de la colectivización.

Dicha evolución dio lugar a la existencia de cuatro etapas:

  1. La primera: julio-finales de octubre de 1936, en la que se inició de forma espontánea la colectivización, desarrollándose sin cortapisas la autogestión obrera. Fue durante esta etapa cuando se realizaron la mayor parte de las colectivizaciones de empresas y se inició la constitución de la mayoría de las agrupaciones.
  2. La segunda: octubre 1936-mayo 1937, se inició con el decreto de colectivizaciones –fruto de la solución de compromiso a que llegaron las distintas organizaciones políticas y sindicales–, en ella se avanzó en la coordinación de la economía colectivista y fue el período en que se legalizó un mayor número de empresas colectivizadas y agrupaciones. Así, por una parte se desarrolló y consolidó la colectivización-socialización, pero por otra la utilización de los organismos estatales, a pesar del predominio que ejercía en ellos la CNT-FAI, implicó una grave contradicción con los principios y presupuestos en que se basaba la alternativa colectivista.
  3. La tercera: mayo 1937-febrero 1938, se inició con la pérdida del predominio político de la CNT-FAI, la represión ejercida sobre el POUM y el reforzamiento del poder de la Generalitat, como consecuencia de los «hechos de mayo». En ella aumentó el control estatal de la economía, al tiempo que la CNT intentó aumentar el control sindical de arriba abajo. A este respecto son significativas las resoluciones del Pleno de Valencia de enero de 1938: abandono de la defensa del salario único, creación de los inspectores de trabajo, procedimientos para sancionar, etc.
  4. La cuarta: febrero 1938-enero 1939, se caracterizó por el aumento del intervencionismo del gobierno de la República, el incremento de los ataques a la colectivización para favorecer la estatización y la reprivatización y el abandono, por parte de la dirección de la CNT, de la defensa de la autogestión, unido a su aceptación de la estatización, tal como se refleja en el pacto UGT-CNT del 18 de marzo de 1938. A pesar de todo, hasta que las tropas franquistas ocuparon Catalunya, continuaron funcionando un elevado número de empresas colectivizadas y agrupaciones, debido a la defensa que de las mismas hicieron los trabajadores.

Las agrupaciones en la industria y los servicios

Las agrupaciones presentaban entre sí una serie de diferencias por: las características del sector económico al que pertenecían, el ámbito territorial que abarcaban, el tipo de concentración: solo horizontal o horizontal y vertical a la vez, estar o no legalizadas, etc. A pesar de ellas existieron en las agrupaciones un conjunto de elementos comunes o similares, tanto en el aspecto organizativo –semejante al de las empresas colectivizadas, aunque más complejo– como en el económico y el social:

Organización y funcionamiento interno

  • La Asamblea General. Formada por todos los trabajadores –manuales, administrativos, comerciales, técnicos– de la agrupación, constituía el órgano máximo de decisión. En él se discutían y definían las líneas generales de actuación, se elegían y en su caso revocaban los miembros de los órganos de decisión cotidiana y se controlaba la actuación de dichos órganos.
  • El Consejo de Empresa. Era el órgano encargado de la dirección cotidiana técnico- económica. Sus miembros percibían exclusivamente el jornal correspondiente a su categoría profesional.
  • El Comité Sindical. Era el órgano encargado de la defensa cotidiana de los intereses inmediatos de los trabajadores –remuneración, condiciones de trabajo, jubilación, etc.
  • Además de estos tres órganos a nivel global de la agrupación, en cada uno de los otros niveles de la misma –centro de trabajo, localidad, etc. – existían también sus equivalentes, los cuales disponían de autonomía para resolver las cuestiones que afectaban exclusivamente a su ámbito.
  • Se concedió gran importancia a la intercomunicación vertical y horizontal en su seno y a que ésta fuese rápida y fluida.
  • En las agrupaciones legalizadas, había además el Interventor de la Generalitat, nombrado por el «conseller» de Economía a propuesta y de acuerdo con los trabajadores, que era el encargado de mantener la relación con los organismos superiores –el Consejo de Economía, el «conseller» de Economía, etc.

Reestructuración y racionalización de la actividad productiva

  • Concentraron la producción en unidades de mayor volumen, eliminando centros de trabajo.
  • Aumentaron la especialización de los centros de trabajo y la racionalidad de la producción global del sector.
  • Elaboraron estadísticas, cuentas de explotación, etc., con la finalidad de planificar la producción.
  • Mejoraron técnicamente y modernizaron el equipo productivo.
  • Centralizaron los servicios administrativos, contables y comerciales.
  • Suprimieron los intermediarios parasitarios, acercando la producción al consumidor.
  • Introdujeron cambios en los tipos de productos, debido a las necesidades de la guerra, las nuevas prioridades sociales y la importancia que dieron a los valores éticos y estéticos.
  • Desarrollaron una política de sustitución de importaciones, utilizando con éxito productos autóctonos y fabricando nuevos productos.
  • Promovieron la investigación ligada a la producción.

Actuación social

  • Mejoraron las condiciones de trabajo, higiene y salubridad en los centros de trabajo.
  • Disminuyeron las diferencias salariales, llegando incluso en algunos casos a su eliminación. Hubo también casos en que además existía un plus familiar, fijado en función del número de personas a cargo del trabajador.
  • Crearon servicios de asistencia –médica, clínica y farmacéutica– y de previsión social.
  • Enfermedad, accidente, parto, incapacidad laboral y jubilación–, gestionados y controlados por los propios trabajadores.
  • Actuaron contra el paro, aumentando los puestos de trabajo y cuando ello era insuficiente repartiendo trabajo y remuneración.
  • Realizaron importantes esfuerzos para aumentar el nivel de preparación de los trabajadores en la triple vertiente: física, intelectual y profesional.
  • Prestaron gran atención a los intereses de los consumidores: aumentaron la calidad de los productos y servicios, de la higiene y la sanidad –barberías, industria láctea,…–, facilitaron el acceso a los productos y servicios, etc.

La industria de guerra

En 1936, Catalunya carecía por completo de una industria dedicada a la fabricación de armamento, por lo que para poder disponer de material bélico se procedió a transformar la industria civil –en especial la metalúrgica y la química– en industria de guerra, lo que se realizó en un breve espacio de tiempo.

Esta transformación la iniciaron los propios trabajadores inmediatamente después del 19 de julio, designando, ya el 21 de julio, a Eugenio Vallejo, del sindicato Metalúrgico, para coordinar la organización de dichas industrias.

El 7 de agosto la Generalitat creó la Comisión de la Industria de Guerra, encargada del control y coordinación de estas industrias, que fue aceptada por la CNT tras obtener una serie de garantías. En la práctica la colaboración que se estableció entre los consejos de empresa y la Comisión, fue muy satisfactoria. La Comisión, además de coordinar las empresas transformadas en industrias de guerra, también creó alguna nueva empresa y estableció relaciones con las otras que elaboraban productos auxiliares para la guerra del sector textil, de la óptica, de la madera, etc.

En octubre de 1937 la industria de guerra contaba con más de 400 fábricas y unos 85.000 trabajadores, fabricándose una diversa y elevada cantidad de productos: cartuchos, pistolas, piezas de recambio para fusiles y ametralladoras, distintos tipos de explosivos, bombas de mano y de aviación, vehículos blindados, motores de aviación, etc.

Sin embargo, el Gobierno de la República observó siempre con recelo y boicoteó la creación de una industria de guerra en Catalunya, al no hallarse ésta bajo su control. Un control que no consiguió hasta el 11 de agosto de 1938, en que decretó su militarización. A ella se opusieron tanto la Generalitat como los trabajadores de estas industrias, lo que provocó un importante descenso de su producción.

Consideración final

La experiencia colectivista desarrollada en Catalunya contó con el firme apoyo de la inmensa mayoría de los trabajadores manuales, y así lo demuestra entre otras cosas, la defensa que realizaron de las conquistas colectivistas cuando se vieron amenazadas y el bajo nivel de absentismo laboral. Además, puso en evidencia la enorme capacidad creativa, organizativa y productiva de los trabajadores cuando las empresas se hallan en sus manos y son ellos quienes deciden.

Esta experiencia alcanzó, en términos generales, unos resultados claramente positivos en el aspecto económico –incluso numerosos empresarios lo reconocieron– y social. Lamentablemente fue derrotada en el ámbito político-militar por los que se oponían a la misma –los cuales con su victoria en mayo de 1937, lograron frenar y hacer retroceder la colectivización-socialización–, y finalmente por la ocupación de las tropas de Franco en enero de 1939, que consiguieron eliminarla por completo.

Antoni Castells Duran
 
Especial de Solidaridad Obrera “100 años de anarcosindicalismo”
http://esparreguera.cnt.es/index.php/noticies/37-cultura/203-las-colectivizaciones-en-catalunya-1936-1939-
 
http://www.portaloaca.com/historia/ii-republica-y-guerra-civil/7003-las-colectivizaciones-en-catalunya-1936-1939.html#.USsm6iUrXwA.facebook

La reconstrucción y la oportunidad desaprovechada de refundar participativamente la ciudad

Se cumplen 3 años de lo que fue el terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010. Luego del impactante episodio de la tierra remeciéndose y el mar escalando los afluentes, los damnificados se autoconvocaron a través de redes, primero reconstruyéndose a sí mismos en una catarsis social y luego dando a luz a maduras organizaciones de pobladores que, más allá de la vivienda, reclaman el derecho a la ciudad.

Para conmemorar aquel hito de la historia reciente de Chile, Tusy Urra, pobladora de la Villa Olímpica y vocera del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ), y Henry Herrera de Fundación Hábitat para la Humanidad (una de las organizaciones de apoyo al MNRJ), recién llegados de una gira nacional donde compartieron la situación de cada localidad, visitaron la radio www.lavozdelostrabajadores.cl y participaron en Econonuestras para realizar un diagnóstico sobre la situación de las familias y sus comunidades a tres años del sismo de 8,8 Mw.

Damnificados y organizados

El MNRJ es una red que se extiende desde Santiago hasta la VIII región. Apenas unos meses después del sismo, nació como una necesidad y con una fuerte carga de recomposición emocional… una reconstrucción profunda. Como nos cuenta Tusy: “los primeros encuentros fueron de llorar, de saber que no estábamos solos, que existían otras localidades en las mismas condiciones y a partir de esa catarsis decidimos comprometernos todas las localidades y trabajar juntos a través de asistencia técnica e informativa de nosotros mismos y buscando también el apoyo de otras organizaciones (Universidades, ONG´s)”.

Entre los hitos del MNRJ se hayan la invitación y gira que realizaron junto a la arquitecta y urbanista Raquel Rolnik, Relatora de la ONU por el derecho a la vivienda adecuada; la elaboración del Informe Alternativo para la ONU sobre la Reconstrucción; y además, grandes manifestaciones como el ‘dichatazo’, que han permitido notoriedad mediática y presión a las autoridades. Otro punto es la auditoría externa que hoy reclaman para analizar las cifras de manera responsable, debido a la divergencia de datos entre los pobladores y las autoridades. Por ejemplo, el MINVU en su último informe ha anunciado un 65% de avance, mientras según los damnificados organizados sólo el 44% de las viviendas estarían construidas y entregadas.

La percepción de quien ‘viene de afuera’ es que no ha habido reconstrucción, nos dice Tusy, y por ello “a nosotros, como damnificados, nos validan plenamente”.

Los ejes del diagnóstico tienen relación con la calidad de lo construido y la calidad de lo diseñado. Y es que la pertinencia de los diseños, la ubicación, el material utilizado, la adecuación al tipo de familias y sus oficios, entre otros, han dejado una sombra en torno a la sostenibilidad a mediano y largo plazo de lo que se está construyendo.

Participación

Pero además, Henry nos dice que el factor clave que se ignoró desde un principio es el de la participación: “mientras más participen las comunidades, mejor es el proceso de reconstrucción (…) mientras mejor se informe, mientras mejor pueda supervisar la propia comunidad, mejor es el proceso de reconstrucción”. Tusy remata: “(a este gobierno) no le conviene o no le interesa trabajar con el ciudadano en este sentido, con el poblador, porque ellos dicen que ya tienen solucionado el problema”.

El movimiento denuncia centralismo y soberbia en el proceso. Los resultados de un gobierno que no considera la participación de los pobladores de cada localidad, sumado al interés telúrico-mercantil de las inmobiliarias, han desembocado en ineficiencias que desaprovecharon absolutamente la ‘oportunidad’ que brindó la catástrofe para recuperar la ciudad.

“No hay una política real (…) es una base de experimento. Se perdió una gran oportunidad de haber aplicado políticas reales de vivienda”, comenta Tusy. Aunque también, la desidia de las autoridades ha provocado positivas consecuencias, además de la organización y el reconocimiento de sus derechos como pobladores: se ha abierto un proceso de autoformación respecto a temas técnicos que permite ponerse de igual a igual ante el poder para debatir estrategias de reconstrucción y desmentir la información oficial.

Derecho a la ciudad

“Es necesario mirar el territorio de una forma estratégica”, nos comenta Henry. La mercantilización sobre las cosas inhibe los derechos sobre las mismas y, en el caso del espacio, éste se somete a ¿quién es el dueño de la ciudad?. “El derecho a la ciudad tiene que ver con que colectivamente pensemos el territorio y, por lo tanto, planifiquemos el territorio”, continúa.

La reconstrucción planteó “una oportunidad desaprovechada, pero no perdida” puesto que el proceso de las organizaciones sociales levantadas en los últimos tres años ha llevado a cuestionamientos que se salen del techo y las cuatro paredes y convergen en el ‘derecho a la ciudad’. Henry argumenta: “porque el derecho a la ciudad apunta en la dirección de buscar justicia en las relaciones sociales en un espacio determinado, y que las personas tengan una incidencia en la construcción y el diseño futuro de ese espacio… tiene que ver con pensar en los hijos, en los nietos”.

Y es que la participación tiene una tremenda carga positiva: “refundar el barrio”, reconstruir la ciudad, recuperar la vida… y en eso ya van avanzando los pobladores organizados.

Revisa aquí la Declaración Pública y la Agenda de Actividades Conmemorativas

Escucha aquí el programa

55° Capítulo de ECONONUESTRAS 25-feb-2013

Invitados: Tusy Urra, vocera del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ) y Henry Herrera de la Fundación Hábitat para la Humanidad, en una nueva conmemoración del terremoto y la fallida reconstrucción.

Declaración Pública y Agenda de Movilizaciones: ORGANIZACIONES CIUDADANAS EMPLAZAN AL GOBIERNO POR BALANCE DE LA RECONSTRUCCION

Demandan auditoría externa de las cifras del proceso, el fin de las erradicaciones de pobladores a zonas periféricas y un nuevo modelo de reconstrucción, basado en el derecho humano a la vivienda, que frene los efectos perversos de los intereses inmobiliarios.         

DECLARACIÓN PÚBLICA

Las organizaciones sociales y ciudadanas que hemos trabajado en las zonas afectadas por el 27F, rechazamos el balance exitista que hace el gobierno sobre la reconstrucción nacional. Al respecto, señalamos categóricamente, que el 92% de avance anunciado por el gobierno, no expresa la realidad de los damnificados del país y que el gobierno no está reconociendo graves problemas de gestión, que explican por ejemplo: la mala calidad de muchas soluciones habitacionales construidas; la masiva segregación de los damnificados en zonas periféricas; erradicaciones y expropiaciones injustas; efectos perversos de intereses inmobiliarios y un modelo que privilegia los intereses y la voz del sector privado, por sobre las necesidades y la voz de las comunidades afectadas. Por todo lo anterior, llamamos al gobierno a dialogar con las comunidades afectadas y a cambiar, con participación ciudadana, un modelo de reconstrucción  que no respeta siquiera, sus propios planes maestros, y que viola, permanentemente, el derecho humano a la vivienda.  

Respecto de las cifras que celebra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, manifestamos que son engañosas y cuestionables incluso con datos oficiales. De hecho, el informe emitido por el propio MINVU el 31  enero pasado, informaba que sólo estaban terminadas el 63% de las 222 mil viviendas que el gobierno se propuso reconstruir o reparar. Y sin embargo, el 24 de febrero, el ministro Pérez Mackenna ya celebraba prácticamente el fin de la reconstrucción, elevando la cifra de cumplimiento al 92%. Pero naturalmente no hubo un avance vertiginoso de la reconstrucción, entre el 31 de enero y el 24 de febrero. Lo que hizo el ministro, simplemente, fue sumar las obras terminadas, con las iniciadas y con las que faltan por iniciar, y no distinguir, entre reparaciones y reconstrucciones. Nos parece que esta forma de entregar la información no solo es confusa, sino que privilegia la propaganda por sobre la posibilidad de abrir debates democráticos, serios y responsables, sobre un tema de interés público y de alcance nacional.

Por lo mismo, el Ministerio no explica públicamente como se alcanza el 63% de avance, y cuanto inciden en ese porcentaje, las obras de reparación –que muchas veces requieren de inversiones mínimas- y las obras de reconstrucción que representan el desafío más contundente para la gestión gubernamental.

Analizando los datos del MINVU se concluye sin dificultad, que sólo se han construido 50 mil de las 113 mil viviendas que quedaron destruidas tras el 27F.  Analizadas así las cifras, el porcentaje de avance, respecto del desafío mayor de la reconstrucción, alcanza apenas un 44%. Entonces, solo sumando a lo construido, lo recién iniciado y lo reparado, se logra alcanzar el 92% de avance celebrado por el gobierno. Para aquilatar la manipulación de la información, se debe considerar que las obras de reconstrucción –donde menos se ha avanzado- requieren de un financiamiento, al menos, 12 veces mayor que las obras de reparación.

Las cifras entregadas por el gobierno no detallan cuántas obras entregadas corresponden a viviendas construidas en sitio residente, es decir, en los mismos terrenos donde habitaban las familias antes del 27F, un dato fundamental para evaluar la calidad de la reconstrucción. Además, el ministerio tampoco informa si las obras consideradas como terminadas cuentan con recepción municipal, el único documento que permite comprobar legalmente, que las viviendas pueden ser habitadas y los subsidios pagados.

Por último, según testimonios recogidos en muchas ciudades y localidades afectadas, se están mezclando subsidios de reconstrucción con subsidios de programas regulares de vivienda, inaugurando obras que estaban comprometidas antes del terremoto, para abultar más aún las cifras de cumplimiento. Por todo esto, no nos parece adecuado que el MINVU sea juez y parte en la evaluación de los avances y solicitamos una auditoría externa de las cifras de la reconstrucción y el fortalecimiento de la transparencia activa en materias de Reconstrucción, fortaleciendo de esta manera, el rol que está jugando en este proceso, el Consejo para la Transparencia. 

Además, el proceso de reconstrucción no terminará durante este gobierno porque la reconstrucción de un país no se mide sólo por cifras de viviendas re-construidas o reparadas, sino que también por la recuperación de los barrios y del Habitat y de las condiciones pre- existentes al desastre que determinan fuertemente la calidad de vida de las personas. Por eso, no basta con entregar casas: se deben sumar parques, plazas, escuelas, consultorios, servicios básicos, redes de apoyo y fuentes laborales que respeten el modo de vida de las personas. Pero el gobierno, por razones de mercado, privilegia la construcción de viviendas a gran escala, y con esto, desconoce la integralidad que implica el derecho humano a la vivienda y las recomendaciones hechas en mayo del 2012, por la relatora para el derecho humano a la vivienda de la ONU, Raquel Rolnick.  

En relación a esto debemos destacar que durante estos años ha faltado mayor protagonismo de otros servicios de gobierno, como el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de la Mujer, del Adulto Mayor y otros, para frenar el incremento en las situaciones de violencia o dar pertinencia a las soluciones pos desastre.

En este ámbito, uno de las principales errores del gobierno ha sido construir casas en lugar de re-construir barrios y proyectos de vida. De hecho, a la inmensa mayoría de los chilenos que perdieron sus casas en sectores urbanos de alta plusvalía, no se les está reconstruyendo en sus barrios, sino que en sectores donde el suelo es más barato. 

Y muchas veces, lo anterior va asociado a erradicaciones injustas y forzadas, desde el centro urbano a la periferia, o del borde costero a los cerros. Pero las miles de erradicaciones, que se están consumando a través de expropiaciones y de operaciones fraudulentas y que no se relacionan con temas de seguridad pública -como en las poblaciones Villa Futuro y Aurora de Chile-, no sólo son injustas, sino que también inmorales.

Sobre esto, es preciso denunciar, que los erradicados están recibiendo sólo departamentos y casas precarias, emplazadas en urbanizaciones también precarias, donde el hacinamiento, la ausencia de servicios y el aislamiento, pronto transformarán las nuevas urbanizaciones en verdaderos ghettos de miseria, lo que sin duda es una amenaza para la convivencia y la sostenibilidad social. Por lo mismo, emplazamos al Ministro de Vivienda, a explicar sus declaraciones del 19 de febrero, donde aseguró que se están reconstruyendo todas las viviendas destruidas “en el mismo lugar donde se emplazaban” lo que significaría, a su juicio, “romper con la construcción masiva de conjuntos de viviendas en terrenos localizados en la periferia urbana”. Lo cierto es que se están construyendo masivamente este tipo de conjuntos en zonas periféricas de Concepción, Talca y Constitución, entre otras localidades.

Por otra parte, los problemas no resueltos de la reconstrucción se explican, en parte, por la rotación de las autoridades responsables del proceso, donde no solo ha habido cambiado de ministros, sino que también rotación de intendentes y de Directores de SERVIU en la zonas más afectadas. Incluso, el delegado presidencial de aldeas y campamentos abandonó su cargo antes de cumplir con la misión que le fue encomendada. Lo anterior retrasa la reconstrucción, siembra incertidumbre entre los damnificados, afecta el diálogo y la toma de acuerdos con las comunidades y dificulta la posibilidad de que la ciudadanía monitoree y fiscalice el cumplimiento de diferentes metas propias de la gestión gubernamental.    

También denunciamos que los intereses inmobiliarios y la excesiva confianza en el sector privado, como motor principal de la reconstrucción, tienen consecuencias trágicas en muchas localidades.  Sobre este punto, podemos señalar responsablemente, que en el país se están demoliendo o se proyectan demoler numerosos edificios y conjuntos habitacionales que no presentan daños o que son reparables, y que esto se hace para despojar a comunidades de suelos y bienes de alta plusvalía. Los casos más dramáticos se observan en Villa Futuro y Aurora de Chile, donde el SERVIU pretende destruir conjuntos habitacionales que no fueron dañados por el terremoto. Pero también se observan situaciones parecidas en Talca, donde se quieren demoler escuelas y edificios de valor patrimonial, sin tomar en cuenta la voz de la ciudadanía. Esta problemática explica muchos procesos de erradicación -que son múltiples en el borde costero-  y nos lleva a concluir que el terremoto se ha convertido en la excusa perfecta para erradicar a sectores populares de terrenos de alta plusvalía, con el mero afán de potenciar el lucro de diferentes negocios inmobiliarios.  

Debemos recordar que en muchos de los lugares donde se exhiben logros de reconstrucción relevantes, han sido las propias comunidades, las familias, las vecinas y vecinos quienes se han organizado para defender sus derechos y exigir respuestas que cumplan con el estándar de calidad esperado por la ciudadanía.

No podemos terminar esta declaración sin reconocer que cientos de familias chilenas pasarán un cuarto invierno en mediaguas, a pesar de las promesas del gobierno, puesto que existen conjuntos habitacionales para damnificados que ni siquiera han comenzado a ser construidos y dado que todavía hay numerosos campamentos en Tomé, Concepción, Talcahuano, Tumbes LLico y Constitución, por nombrar solo algunas localidades donde hay obras de reconstrucción que no estarán terminadas antes de que comience el próximo invierno.    

OBSERVATORIO 27F

AGENDA

LOCALIDAD

BARRIO

DIA HORA
Santiago Villa Olímpica 26F 18 hrs
  Barrio Yungay 25F 12 hrs
Talca Bus de la Reconstrucción /Recorrido a los Barrios Damnificados  y Conferencia de prensa 26F

10 hrs 11:30 hrs

  Manuel Larrain / Romería 27F 11 hrs
  Mercado Central/ acto central y Muestra de Fotografíca  26F 14 hrs
  Entrega de carta / Serviu 22F 11 hrs
       
       
Chiguayante Villa Futuro 26F 20 hrs
Talcahuano Aurora de Chile / Velaton y muestras videos 26F 21 hrs
Concepción Marcha / sobre azul 27F 18 hrs
Llico Llico 27F 19 hrs
       
NACIONAL      
Santiago Acto Cultural Damnificados. 23F 16 hrs
  Entrega Carta en la Moneda  27F 11 hrs
       

La deuda y la espada: Neoliberalismo en América Latina y el sur de Europa

por Rodrigo Fernández Miranda, Alba Sud

Los programas neoliberales que desde los años 70 deterioraron de forma drástica el bienestar de América Latina, se imponen desde 2008 en el sur de Europa. Se analizan aquí los principales impactos de estas recetas en búsqueda de aprendizajes para Europa. 

Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación: una es con la espada, la otra con la deuda

John Adams, 2º Presidente de EEUU (1797 – 1801)

Las mismas políticas neoliberales que desde los años 70 han menoscabado sistemáticamente el bienestar de muchos países de América Latina, desde 2008 se están imponiendo en los Estados del sur de Europa. Basta echar la vista poco tiempo atrás para conocer cuáles son las consecuencias políticas, sociales y económicas que conlleva, inevitablemente, la aplicación de estas recetas.

El neoliberalismo es un modelo que aspira a imponerse como regulador de la vida política, económica, social, cultural, y también de los entornos naturales. Su implementación se hace a través de una receta universal, que no requiere de adaptación a las realidades y particularidades de cada país o región. Esto no se debe a la implacabilidad de su diseño teórico ni a la idoneidad de su praxis, sino al objetivo nuclear que se pretende alcanzar con este modelo: crear las mejores condiciones posibles para la acumulación capitalista.

Con una visión estrictamente utilitarista de la economía y la sociedad, el neoliberalismo en el marco de la globalización económica es una vía para el sometimiento de los Estados-nación a los intereses del capitalismo global. El Estado sigue siendo un actor clave que interviene reciamente en la economía, aunque no en contraposición o como fuerza de compensación o reequilibrio frente al mercado, sino directamente alineado y subordinado a éste.

Bajo el paradigma neoliberal, las rentas del capital y el equilibrio de los indicadores macroeconómicos tiene absoluta primacía sobre la inclusión y la cohesión social, hecho que conlleva, necesariamente, un amplio y profundo coste social en los territorios en los que se pone en marcha. Si las ideas diseñadas por académicos de la Escuela de Chicago e impulsadas por el poder económico transnacional a partir de los años 70 no respondieran a los intereses de la clase dominante global, el modelo neoliberal sería asumido como un gran fracaso en la historia del pensamiento y la práctica de la disciplina económica.

Los mismos programas que desde los años 70 han deteriorado de forma drástica el bienestar de muchos países de América Latina (AL), se están imponiendo desde 2008 en el sur de Europa. En este contexto, es interesante observar de forma comparativa los impactos políticos y socioeconómicos de la aplicación de estas recetas. Basta echar la vista poco tiempo atrás para conocer cuáles son las consecuencias que conlleva, inevitablemente, el neoliberalismo.

La deuda y la espada

La historia de la implantación del neoliberalismo ha estado relacionada con la deuda externa. La cuarta crisis de la deuda latinoamericana [1], iniciada en 1982 con el default de México, dio lugar al inicio de la llamada “década perdida” de América Latina.

Con el pretexto de reducir el déficit público y liberar divisas para el pago de la deuda externa, durante los siguientes años comenzaron a aplicarse en la región los dogmas neoliberales. Los llamados planes de ajuste estructural (PAE) produjeron una gran transferencia neta de capitales desde la región hacia el Norte económico (más de 200 mil millones de dólares). En concepto de “servicio de la deuda”, entre 1982 y 2000 AL devolvió más de cuatro veces el stock total de su deuda [2]. El endeudamiento, incluyéndose la estatización de la deuda privada de las oligarquías nacionales, creció sin parar desde entonces (Toussaint, 2003):

Aunque fue la deuda de países latinoamericanos lo que dio inicio a la hegemonía del neoliberalismo, sin embargo, se debe ir más atrás para conocer la dócil aceptación de esta doctrina en la región: los golpes, la represión y el terrorismo de Estado de los años 70. Los gobiernos militares [4] generaron una enorme deuda externa y fueron dando lugar, a punta de fusil, al desmantelamiento del Estado y a la articulación de una nueva forma de dependencia económica y dominación política. Un resultado: el enorme acrecentamiento de la brecha entre clases populares y élites.

En Europa la denominada “crisis de la deuda soberana” que derivó en la “crisis financiera” también supuso un paso adelante en la instalación de un férreo programa neoliberal en el sur del continente, en los países peyorativamente llamados PIGS [5]. El trasfondo del endeudamiento público de la periferia europea se relaciona directamente con la hegemonía de un sistema de gobierno y un Banco Central (BCE) afines con los intereses de la banca y de la economía alemana.

El BCE imprimía dinero para prestarlo a un tipo de interés muy bajo a la banca, no a los Estados de la UE. La misma banca compraba deuda pública a un interés varias veces mayor (6 ó 7 veces en el caso español). Si el Estado hubiera recibido fondos del BCE al 1% de interés (lo que pagaba la banca), a 2012 la deuda pública sería del 14% del PIB, no del 90%. En lugar de imprimir dinero para comprar deuda pública y de esa manera reducir el interés que pagan los Estados periféricos [6]: “El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros” (Navarro, 2012).

La deuda externa se constituye como forma de dominación. Los mercados son quienes definen las políticas públicas, induciendo un ajuste sin precedentes, con el subterfugio de una hipotética recuperación de la confianza de estos mismos mercados. Mercados que “castigan” o “premian” haciendo variar el precio del financiamiento público, en función de la medida en que las decisiones políticas sean más o menos beneficiosas para sus intereses, siempre especulativos, pecuniarios y de corto plazo.  

Lo que el neoliberalismo dejó (y deja)

El Consenso de Washington fue el marco en el cual se formalizó la hegemonía del neoliberalismo en casi toda AL. Los ejes centrales de las políticas propuestas por el Consenso eran: desregulación económica, privatización, reducción del nivel salarial, apertura y liberalización de flujos de bienes y capitales extranjeros, y prioridad de los intereses del capital financiero. En concreto, sus líneas de actuación se centraron en los siguientes aspectos de los países deudores (Bell Lara & López, 2007).

Medidas que, en última instancia, se resumían en un cambio de los ejes de poder: la retracción de un Estado, cada vez más limitado en su capacidad y su autonomía, y la expansión de un mercado, cada vez más poderoso y presente en más aspectos de la vida del país. 

Las décadas de neoliberalismo en AL dejaron secuelas a diferentes niveles. Consecuencias de la implementación de este modelo que, con las diferencias del caso, empiezan a ser incipientes en los países neoliberalizados de la periferia europea.

Desigualdad. El paso del neoliberalismo por América Latina dejó a la región como la más desigual del planeta. En el período entre 1975 y 1995 el 83,9% de la población latinoamericana residía en países en los que la desigualdad se acentuó. En 2001, AL sufría el peor nivel de desigualdad desde que éste se calcula (CEPAL, 2001).

A la transferencia de riqueza Sur-Norte, se le añade la transferencia entre clases sociales, con una pérdida sostenida de ingresos y poder adquisitivo de las clases medias y medias bajas (los salarios en el Producto Bruto disminuyeron 10 puntos en estas dos décadas).

Este mismo resultado está teniendo el neoliberalismo en el sur de Europa: desde 2012, después de cinco años consecutivos de crecimiento, el Estado español ocupa la primera posición en desigualdad social de la UE. Seguida de cerca por Grecia y Portugal, España es por primera vez el país con una mayor distancia entre rentas altas y bajas.

Desempleo y precarización del trabajo. El desempleo ha sido otra de las duras manifestaciones de las políticas neoliberales en Latinoamérica. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2002 la tasa de desempleo en la región fue la más alta de las últimas dos décadas. Los jóvenes y mayores de 50 años fueron entonces especialmente castigados por aquel mercado de trabajo.

A la falta de empleo se le sumaba la precarización y el rápido retroceso de conquistas y derechos adquiridos por décadas de lucha sindical y obrera. La mentada “flexibilización laboral” conllevó una importante reducción de la seguridad en el trabajo, con “contratos basura” y despidos más fáciles y baratos [7]. A la inseguridad laboral se le añadía el miedo de los trabajadores a perder el empleo: en 2004 el 76% de las personas empleadas en la región consideraba que podía estar desempleada durante el siguiente año (Corporación Latinobarómetro, 2004).

Subiendo la vista en el mapa, el desempleo en el territorio español superaba a finales de 2012 el 26% de la población activa (más de 6 millones de personas desempleadas y la destrucción de 850 mil puestos de trabajo desde la Reforma Laboral [8]), mientras que en Grecia alcanzaba la cifra record del 26,8%. La tasa de desempleo juvenil superaba el 50% en España (INE, 2012) y el 61,7% en Grecia (ELSTAT, 2013).

Empobrecimiento. Entre 1990 y 1999 once millones de personas se incorporaron a las bolsas de pobreza de AL. En los albores del Siglo XXI, el 43,8% de la población latinoamericana vivía en condiciones de pobreza y un 18,5% en condiciones de indigencia (CEPAL, 2001).

Volviendo a la periferia europea, a finales de 2012 la tasa de pobreza económica en España superaba el 25% (Fundación Luis Vives, 2011) y los hogares sin ingresos aumentaron un 50% desde el inicio de la “crisis” (Fundación FOESSA, 2012). En Grecia un tercio de la población estaba en situación de pobreza en diciembre de 2012, 11 millones de personas contra 3,1 millones que lo estaban un año antes.

Este deterioro de las condiciones de vida de las mayorías supone una movilidad social descendente: una parte significativa de las clases medias se incorporan a la creciente “nueva pobreza” que va dejando tras de sí el neoliberalismo.

Recorte de derechos y decadencia democrática. La transferencia de poder hacia las élites económicas globales, con la connivencia de las instituciones políticas nacionales, supone un avance en la expropiación de la soberanía popular y el recorte de derechos sociales y políticos. La ciudadanía es limitada y la política vaciada de contenido, “el reino del ciudadano termina en la antesala de la economía (…) La democracia se convierte en un mecanismo para elegir quién va a ejecutar las decisiones de un organismo transnacional. La política nacional se vacía de poder” (Bell Lara & López, 2007).

El equilibrio del presupuesto público se persigue recortando partidas directamente vinculadas con derechos sociales de amplias mayorías, a pesar del enorme fraude fiscal de grandes capitales (en España se estima en 80 mil millones de euros). En nombre de la “eficiencia” se ponen en marcha procesos de mercantilización y privatización: de esta manera, lo que eran derechos se convierten en mercancías, accesibles sólo para quienes tengan capacidad de comprarlos. Asimismo, se añaden otro tipo de intervenciones del Estado como el retraso en la edad de jubilación, la reducción de salarios, la reducción del seguro por desempleo, la limitación o eliminación de beneficios sociales y laborales, entre otros.

Las instituciones políticas comienzan a sufrir una crisis de legitimidad, reduciéndose la afección social y la participación electoral. Entre 1980 y 1995 disminuyeron los niveles de participación electoral en AL (Lavezzolo, 2006), mientras que en 2012 en las elecciones griegas un 45% del electorado se abstuvo de votar, un 44% lo hizo en las del Principado de Asturias y un 37% en las de Andalucía: en todos los casos, los comicios más abstencionistas de la democracia representativa [9].

En AL a finales del siglo pasado entre el 30 y el 40% de la ciudadanía consideraba que el voto no tenía poder de cambio: un “desencanto con la democracia” (Corporación Latinobarómetro, 2004). En 2012 “los políticos” se convirtieron en el tercer problema más importante percibido por la sociedad española (INE, 2013). Analizando este dato en perspectiva histórica, se puede apreciar la evolución del descrédito de “los políticos en general, los partidos políticos y la política” en España (CIS, 2013) [10]

Parece evidente que lo que el neoliberalismo dejó en América Latina es equivalente a lo que está dejando en el sur de Europa.

Cambio de rumbo, cambio de época

En América Latina, tras el colapso social devenido de décadas de neoliberalismo, varios países emprendieron un cambio de rumbo político y económico, bajo una fuerte presión de unos movimientos populares cada vez más fortalecidos.

Grandes revueltas populares y una sangrienta represión del Estado fueron dando paso, más o menos gradualmente, a la remoción de gobiernos cómplices de la “dictadura de los mercados”, al nacimiento de nuevos sujetos políticos y al inicio de un cambio de rumbo en la región. La intensificación de la lucha social  dio lugar a hechos históricos de rebeldía colectiva, como el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994 (gobierno de Salinas de Gortari), las revueltas indigenistas, la toma del Congreso y el establecimiento del “Parlamento del Pueblo” en Ecuador en enero de 2000 (gobierno de Jamil Mahuad), el 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina (gobierno de De la Rúa), la “guerra del gas” en Bolivia en 2003 (gobierno de Sánchez de Losada), entre otros. 

Desde entonces, en estos y otros países latinoamericanos se fueron poniendo en marcha profundos procesos políticos de “desneoliberalización”. A las políticas de desendeudamiento externo, fortalecimiento del mercado interno, sustitución de importaciones o redistribución de riqueza, se fueron añadiendo medidas como la expropiación y re-estatización de empresas públicas, el control político de recursos estratégicos en el territorio, la creación de nuevas instituciones o la transformación de algunas de las existentes. Asimismo, destaca una política internacional de limitación de la incidencia de países centrales [11] e instituciones financieras internacionales en las economías nacionales de la región, y el fomento de una democracia con mayor participación popular.

Este proceso de cambio tuvo como resultado la reversión de algunos indicadores, tendencias y dinámicas socioeconómicas que el neoliberalismo había dejado en herencia en la región. 

  • La creación de empleo mejoró sustancialmente desde el período postneoliberal en la región. El nivel de desempleo en AL y el Caribe alcanzó en 2012 el 6,4% de la población activa (su mínimo en 22 años, con la creación de más de 30 millones de puestos de trabajo), acompañado por una expansión del 3% del empleo asalariado formal cubierto por la seguridad social y un aumento de los salarios reales del 3% (OIT & CEPAL, 2012).
  • El nivel de pobreza en la región pasó del 48,4% en 1990 al 30,4% en 2011; y durante este período la indigencia se redujo del 18,6% al 12,8%. Entre 2002 y 2011 más de 50 millones de personas salieron de la situación de pobreza o indigencia en países de AL (CEPAL, 2012). Entre 2003 y 2009 en Argentina se duplicó la clase media, de 9,3 a 18,6 millones de personas (Banco Mundial, 2012). 
  • El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en AL pasó de 0,573 en 1980 a 0,704 en 2010 (PNUD, 2010). Argentina alcanzó en 2011 un nivel de desarrollo humano “muy alto”, mientras que Uruguay, Brasil o Ecuador se posicionaron como países con desarrollo humano “alto”  (PNUD, 2012)
  • Indicadores relacionados con derechos sociales como la educación y la sanidad también pueden ilustrar esta evolución: la esperanza de vida y el nivel de alfabetización en AL crecieron como media un 9% y un 10%, respectivamente, entre 1990 y 2010 (PNUD, 2012).

También, se ha incrementado en la región la participación en procesos electorales y el apoyo social a las instituciones políticas. Los gobiernos que oficiaron este cambio de rumbo fueron revalidados por amplias mayorías repetidamente en las urnas. Por otra parte, bajo el liderazgo principalmente de Brasil y Venezuela, se fueron retomando lazos solidarios y reforzando la integración regional: además del aumento del comercio, la cooperación y las inversiones Sur-Sur, durante este período se crearon espacios, agendas, posiciones y demandas comunes entre varios de los Estados latinoamericanos.

Las políticas en la región están redefiniendo una nueva ecuación entre mercado, Estado y sociedad, lo que implica una reconfiguración de los pilares elementales de la convivencia. Esta redistribución del poder tiene como correlato una fuerte presión de los poderes económicos nacionales y transnacionales (justamente, quienes bendijeron y se beneficiaron de los años de neoliberalismo), generalmente apoyados por las corporaciones concentradas de comunicación [12]. El permanente intento de desestabilización de estos procesos políticos forma parte del accionar de las clases dominantes, llegando incluso a provocar golpes de Estado (sin militares) contra gobiernos electos [13].

Otro hecho relevante de este proceso en AL es que la política va volviendo a ocupar la centralidad, mientras que una parte creciente de la ciudadanía exige un espacio en la toma de decisiones políticas, en los últimos años se ha extendido un profundo debate ideológico en amplias capas de las sociedades de la región (CEPAL, 2012).

Estos procesos, llenos de retos y contradicciones, tienden a una reapropiación de la soberanía económica y la independencia política. Y, aunque sería arriesgado valorar su evolución futura, hasta el momento están teniendo como resultado mejoras en las condiciones de vida de amplias mayorías sociales. Además, están contribuyendo a quebrar la ortodoxia de la cultura global, el pensamiento único y la arquitectura socioeconómica que la globalización neoliberal había dejado en herencia.

Recordar, aprender y seguir actuando

La observación de la historia latinoamericana reciente permite comprender el potencial de destructividad del neoliberalismo y lo determinante de las luchas sociales en el territorio para erradicar el modelo. Cuando el sur de la Eurozona está iniciando su propia “década perdida”, se hace necesario revisar esta historia y aprender de lo sucedido en otras partes del planeta que han sido sometidas al mismo modelo que la Troika, Alemania y las instituciones políticas de la periferia europea presentan como inevitablemente dominante.

Pocas dudas caben de lo que sucederá en el sur de Europa si esta deriva continúa. Cuanto más arrastre el poder económico al poder político-institucional, cuanto más se avance en este camino neoliberal, más destrucción económica, social y medioambiental será producida; y más tiempo y esfuerzo colectivo será necesario para reconstruir la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de los países.

El hecho de que esta región parta de una situación de bienestar material significativamente mayor al de AL durante la “década perdida” no significa que el daño vaya a ser menor, sino que la caída es desde un punto más elevado, y el menoscabo social y económico será mucho más abrupto.

Las transformaciones políticas, la conquista y reconquista de derechos o las mejoras sociales no se alcanzan a partir de las concesiones y la resignación voluntaria de privilegios de las clases dominantes. En este contexto, la construcción y el sostenimiento de un modelo alternativo más justo y equitativo parece únicamente posible a partir de las luchas y el conflicto social por una redistribución del poder político.

América Latina está aprendiendo de un pasado al que sus mayorías no quieren regresar. Parte de la ciudadanía, la sociedad civil, organizaciones, colectivos y movimientos sociales del sur de Europa están asumiendo el desafío de cuestionar la esencia del poder político-institucional, plantar cara al neoliberalismo, empezar a organizarse y a transitar una etapa de luchas y resistencias emancipadoras que se tornan imprescindibles.

Bibliografía citada: 

Banco Mundial. (2012). La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Banco Mundial.

Bell Lara, J., & López, D. (2007). La cosecha del neoliberalismo en América Latina. FLACSO. Estudios del desarrollo social: Cuba y América Latina.

CEPAL. (2001). Notal de la CEPAL. Septiembre de 2001. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CEPAL. (2001). Notas de la CEPAL. Marzo de 2001. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

CEPAL. (2012). Panorama económico y social de América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

CIS. (febrero de 2013). www.cis.es. Recuperado el 2013 febrero, de www.cis.es.

Colectivo IOE. (2012). Crece la desigualdad en España. Colectivo IOE.

Corporación Latinobarómetro. (2004). Latinobarómetro 2004. Corporación Latinobarómetro.

ELSTAT. (2013). Instituto Nacional de Estadística de Grecia (ELSTAT).

Fundación FOESSA. (2012). Exclusión y desarrollo social: análisis y perspectivas 2012. Cáritas Española.

Fundación Luis Vives. (2011). Modelos europeos en la evolución del Tercer Sector Social. Obra Social Caja Madrid.

INE. (2013). Barómetro del INE enero de 2013. Instituto Nacional de Estadística.

INE. (2012). Encuesta de Población Activa (EPA). 4º trimestre de 2012. Instituto Nacional de Estadística.

Lavezzolo, S. (2006). Adversidad económica y participación electoral en América Latina, 1980 – 2000. HAL.

Navarro, V. (30 de octubre de 2012). La gran estafa de la deuda pública. Público .

OIT; CEPAL. (2012). Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. Organización Internacional del Trabajo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

PNUD. (2010). Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

PNUD. (2011). Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Subcomandante Marcos. (1997). La cuarta guerra mundial ha comenzado. Le Monde Diplomatique .

Toussaint, E. (2003). América Latina y el Caribe: salir del impase de la deuda y el ajuste. Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTL) – Centro Nacional de la Cooperación al Desarrollo (CNCD).

Notas:

[1] Los países de América Latina han sufrido cuatro crisis de la deuda. La primera, en 1826 y se prolongó hasta la mitad del siglo XIX; la segunda se inició en 1876 y terminó a inicios del siglo XX; la tercera, durante los años 30. La cuarta es la que dio comienzo en 1982
[2] En concepto de “servicio de la deuda”, entre 1982 y 2000 América Latina devolvió 1.452.000 millones de dólares. En 1982 el total de la deuda de la región se elevaba a 333.200 millones de dólares.
[3] Evolución de la deuda externa en algunos países de América Latina y el Caribe y en el conjunto de la región, expresado en millones de dólares.
[4] Algunos ejemplos de dictaduras cívico-militares en la región durante los años 70 y parte de los 80: Augusto Pinochet en Chile (1973-1990); Proceso de Reorganización Nacional en Argentina (1976-1983); Aparicio Méndez en Uruguay (1976-1981) y Gregorio Álvarez (1981-1985); Aldredo Stroessner en Paraguay (1954-1989); Hugo Banzer en Bolivia (1971-1978).
[5] PIGS (“cerdos”) es un acrónimo que comenzaron a utilizar algunos grandes medios de comunicación británicos y estadounidenses para hacer referencia al grupo de países periféricos de Europa: Portugal, Irlanda, Grecia y España.
[6] Esto no es así para Alemania, que desde el estallido de la “crisis financiera” se financia en los mercados internacionales a coste cero e incluso negativo. Es Alemania la beneficiaria de la crisis y del euro: “El crecimiento alemán se ha logrado empeorando las condiciones laborales y sociales para incrementar sus precios menos que los demás países de la zona euro, y obtener grandes superávit en su balanza de pagos que, sin el euro, no hubieran sido posibles ya que habrían provocado un reajuste de las monedas” (Zafiur, 2013).
[7] Seguramente, el caso más flagrante de este tipo de precarización sea el de las zonas francas, territorios con condiciones legales, fiscales, laborales y medioambientales muy ventajosas para la producción y la exportación de mercancías. En 1992 América Latina contaba con 124 zonas francas en su territorio.
[8] A la reforma laboral impulsada por el Gobierno del Partido Popular (Real Decreto-ley 03/2012), hay que añadirle la promovida por el anterior Gobierno del Partido Socialista (Real Decreto-ley 10/2012).  
[9] Asimismo, la orientación del sufragio no determina el rumbo de la política económica, lo que supone una pérdida de calidad democrática y una extensión de la frustración política. En el Estado español la primera batería de medidas neoliberales antisociales fueron puestas en marcha por el Partido Socialista, con un recorte de gasto público de 15 mil millones de euros a mediados de 2010. Posteriormente, el Partido Popular intensificó y profundizó esta deriva política.
[10]Medido en porcentaje de multirrespuesta. Pregunta: cuáles son los tres principales problemas que existen actualmente en España.
[11] Sobre este punto debe añadirse que la política exterior de EEUU, el país históricamente con mayor injerencia externa en la región, a partir de 2001 se centró mucho más en el control de Oriente Medio, facilitando que un bloque de países latinoamericanos limitaran su incidencia imperialista. 
[12] Además de grupos multimedia transnacionales como CNN, Fox o Prisa, que critican de manera sistemática y sesgada estos procesos en América Latina, se añaden corporaciones nacionales que adoptan un abierto papel de oposición política, como Rede Globo en Brasil, Globovisión en Venezuela, Clarín en Argentina, entre otros.
[13] Por ejemplo, el “golpe de Estado parlamentario” en Paraguay en 2012 o el “golpe de Estado judicial” en Honduras en 2009 que terminaron con el derrocamiento de Lugo y Zelaya, respectivamente, o los fallidos “golpe de Estado mediático” en Venezuela en 2002 o el “golpe de Estadopolicial” en Ecuador en 2010. 
 

Quién mató a Juan Pablo Jiménez

por Elmostrador.cl

El jueves, un disparo en la cabeza hizo que se desplomara en su lugar de trabajo. Estaba hace más de 10 años en Azeta, subcontratista de Chilectra. Uno de los gerentes de la primera empresa dice que también llevarán adelante acciones legales para esclarecer el final de Jiménez, mientras que en su familia y círculo de amigos, dudan de la teoría de la “bala loca” lanzada por la PDI para explicar su muerte. Sólo piden verdad y justicia.

Los labios raperos se pegan al micrófono, sin tregua:

-“Te quieren laborando, alejado del sindicato, trabajando piola sin desacato a su mandato, te quieren bajo el chorro del guanaco si protestas, como pobladores de Aysén o también de Dichato…”.

Cada palabra del rapero Portavoz –parado bajo el toldo oscuro que protege la fosa– hace apretar más las manos, los dientes, las fotos antiguas, las flores que serán depositadas, las banderas rojas que reclaman contra la subcontratación en Chile. Los lienzos con lecturas para “la patronal”, más banderas con la estampa de Clotario Blest. Las botellas con agua para enfriar los 30 grados que calientan el cementerio El Prado de Puente Alto la tarde del sábado 23 de febrero. Lienzos y más lienzos. Afiches y más afiches. Un pedazo de cartón que lleva una de las frases que más repetía Juan Pablo Jiménez: “Prefiero luchar y perder, que perder sin haber luchado”.

Cada estrofa rapera aprieta también el corazón y las pequeñas manos de Benjamín contra su botella de Fanta. El niño, desde ahora el hombre de la casa, entrelaza sus dedos pequeños con los de su mamá, Ximena Acevedo, a quien Juan Pablo conoció el 24 de febrero de 2003 en un paseo por El Quisco. Ambos le dan la última mirada al ataúd café, al papá-esposo que se va entre aplausos, entre lágrimas, con decenas de gargantas gritando “arriba los que luchan”. Que se va en medio de preguntas, del impacto, de la desconfianza de trabajadores y amigos, que hoy sólo están llenos de dudas y se preguntan por qué fue asesinado.

EL NECIO

Juan Pablo Jiménez tenía 35 años –el 18 de abril cumplía 36– y más de 10 como trabajador de Azeta, empresa subcontratista de Chilectra. Empezó como chofer. Antes de morir, era supervisor de Servicios de Emergencia.

En el cementerio El Prado, con tumbas llenas de remolinos, una joven conecta su Smartphone a un parlante. “Para no hacer de mi ícono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares…”, ahora suena El Necio de Silvio Rodríguez. La canción que más le gustaba tocar con la guitarra a Juan Pablo, un instrumento que conocía bien y con el que llegaba a las reuniones que hacía su papá Juan Carlos con sus vecinos en la Villa Los Andes del Sur, en Puente Alto. La misma con que animaba a sus compañeros del Domingo Matte Mesías, el liceo industrial donde estudió la enseñanza media, fue presidente de curso, del centro de alumnos y aprendió sobre Tornería. La misma que llevaba al hombro cuando en los ‘90 iba a una pastoral en el paradero 16 de Avenida La Florida.

Aunque había partido a formar su propia familia al paradero 15 de Gran Avenida, mantuvo siempre cercanía con el familión. Con sus dos hermanas, su papá y su mamá, Nancy, que luchó desde que el niño Juan Pablo nació hasta que tuvo cinco años. No fue fácil sacarlo adelante y dejar atrás el Pie bot, una malformación en las extremidades inferiores que requiere sobre todo paciencia para su recuperación.

-Era buen hermano, padre, esposo, hijo y no lo digo sólo en estas circunstancias. Yo siempre le decía ‘llegai a ser hueón de bueno’ –dice Carolina, la hermana de Juan Pablo, ocho años menor, los ojos hinchados de lágrimas en medio del cementerio.

Por eso nadie se explica que el jueves se desplomara sin vida en su lugar de trabajo.

-Nosotros queremos justicia, que se investigue hasta el final. Él tenía dos hijos pequeños… una esposa. Es como si me faltara una mano ahora. Yo no tengo plata para investigar, por eso, si se puede decir que alguien nos ayude… Queremos saber toda la verdad –dice Juan Carlos, papá de Juan Pablo, a quien le gustaba perderse en literatura sobre la Federación Obrera Campesina (FOCH) y que admiraba la CUT. Eso sí, la de 1953, la de Clotario Blest.

Lo que dice la familia, los amigos, los murmullos de las personas que asisten al funeral, es lo mismo. La Policía de Investigaciones, a sólo horas de la muerte del dirigente sindical, lanzó una tesis que no gustó por lo apresurada: “Recabada una grabación de una cámara de seguridad de la empresa, la línea investigativa nos orienta a que el señor Jiménez Garrido fue víctima de lo que se denomina comúnmente como una bala perdida”, comentó el comisario y jefe subrogante de la Policía de Investigaciones, Francisco Orellana.

Una tesis en la que no creen su familia ni sus cercanos.

-Por lo que hemos hablado con la familia, se ha llegado a la conclusión de que seguramente mandaron a matar a Juan Pablo porque es muy poco probable que una bala loca le haya llegado de la forma en la que le llegó a la cabeza- dice Javier Saud (22), amigo de la infancia de Juan Pablo-. A pesar de la diferencia de edad, Javier lo recuerda siempre presente en la vida del pasaje Manao de la Villa Andes del Sur. En el guitarreo, las fiestas colectivas de Navidad y los partidos de baby, donde Juan Pablo siempre se lució como arquero.

-Un día yo traje a un amigo futbolista profesional, Hugo Bravo, y el Juan Pablo le atajó todos los goles –comenta César Hormázabal, otro vecino.

Javier entrega otros detalles que los hacen dudar: “Juan Pablo también presentaba hematomas en el cuerpo. En ningún momento los amigos y la familia aceptamos lo que dice la PDI. Nosotros sólo pedimos que se diga la verdad”.

LA DUDA

El gerente de la Unidad de Negocios Eléctricos de Azeta, Daniel Belmar, sabe lo que se comenta y las preguntas que caen espesas sobre una eventual relación entre la muerte de Jiménez y su labor como líder sindical.

-Azeta tiene mil trabajadores, aproximadamente, y el 40% de los trabajadores están sindicalizados. El sindicato de Juan Pablo tenía 40 trabajadores. Negociamos en diciembre y llegamos a acuerdo. La relación fue siempre en medio del respeto. Nunca ha existido agresión o maltrato o la teoría que se está planteando –comenta por teléfono, antes de decir que también se sumarán a la investigación–. “Nos vamos a querellar. Porque tenemos una obligación de trasmitirle seguridad a todas las familias de nuestros trabajadores”, dice.

Belmar fue uno de los primeros en llegar después de la muerte de Jiménez. Según dice, estaba en la misma empresa, pero en diferentes zonas de la sede ubicada en Isabel Riquelme, esquina Carmen, en San Joaquín.

-Juan Pablo estaba sentado afuera, en una banca de una oficina de madera donde está la guardia. 30 segundos antes había conversado con unos compañeros. Cuando se desplomó me fueron a buscar a mí que estaba 100 metros más allá. Todos pensamos que había sido un desmayo, pero no se veía nada de bien. Tenía los ojos fijos y los labios morados. Yo vi muy poca sangre en el suelo. No pensé nunca que podía ser una bala. Cuando me avisaron, eran aproximadamente las 15:58 del jueves. Llamé a la ambulancia, pero decidimos llevarlo en mi camioneta (una Chevrolet D-Max) hasta la Asociación Chilena de Seguridad. Iban cuatro personas e intentamos reanimarlo en todo momento. No tardamos más de 12 minutos en el traslado.

Sin embargo, nada se pudo hacer. Belmar revisó con la PDI las grabaciones de la empresa:

-Sólo se ve que se desploma.

Margarita Peña, abogada y asesora del sindicato que presidía Jiménez, le comentó a El Dínamo que el viernes pasado “había una audiencia en que Juan Pablo era partidario de denunciar, ante los Tribunales y la Dirección del Trabajo, todos los atropellos de los derechos laborales y, especialmente, los despidos injustificados. Hace poco echaron a dos trabajadores, arbitrariamente después de 9 años”.

La CUT pedirá un fiscal especial para indagar la muerte de Juan Pablo y el ministro del Trabajo (s) Bruno Baranda, informó que el jefe de fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, Jorge Arriagada, ya se acercó a la empresa para tener más antecedentes e investigar. Raúl Guzmán, fiscal regional metropolitano sur, dijo a CNN que “hubo denuncias que el día jueves en horas de la tarde se produjeron enfrentamientos y balaceras en el sector de La Legua (colindante con la empresa). En ese sentido están encaminadas hoy día las diligencias para identificar el lugar y quienes participaron en estos hechos”.

Sin embargo, la desconfianza es el único factor común entre quienes van esta tarde de sábado a despedir a Juan Pablo Jiménez al cementerio. “Ahora me entero que él había recibido amenazas y seguramente quiso mantenerme al margen protegiéndose un poco porque éramos demasiado unidos, entonces no me quiso contar ni asustar”, dice Ximena Acevedo, sumando más datos previos a la muerte.

Antes de que la urna comience a enterrarse en el suelo, el cementerio es un desgarro. Uno de los asistentes levanta el puño izquierdo y grita: “Justicia, verdad, no a la impunidad”. Todos repiten. Una, dos, tres veces. Por un momento, en ese cementerio, se siente a Chile retroceder 40 años.

El Smartphone lanza por el parlante la canción de despedida. La guitarra y la voz de Silvio Rodríguez suenan en el adiós: “De tres hermanos el más grande se fue, por la vereda a descubrir y a fundar…”. Y la música de nuevo hace apretar las manos, los dientes, las fotos antiguas, las flores que son depositadas, las banderas rojas que reclaman contra la subcontratación en Chile. Los lienzos con lecturas para “la patronal”, más banderas con la estampa de Clotario Blest. Las botellas con agua para enfriar los 30 grados que calientan el cementerio El Prado de Puente Alto.

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/02/25/quien-mato-a-juan-pablo-jimenez/

54° Capítulo de ECONONUESTRAS 18-feb-2013

Hablamos del incendio en Valparaíso, de las familias ‘billonarias’ de $hile, de como llegó la alegría con el No (o No?), de África y más…

La alegría llegó ¿No?

“Lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social”. Esa es la frase que repite el protagonista de la película NO cada vez que presenta una campaña publicitaria a sus clientes. Y lo que van a ‘leer’ a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social: un país marketero, despolitizado, con los malls como plaza pública y los realitys como tema de pasillo, a pesar de que algunos queramos creer que se derrumba el modelo.

Un país de campaña publicitaria: más de alguno creyó que la alegría llegaría, golpearía la puerta del hogar y se sentaría en el comedor familiar. O que prestando el voto se ‘cambian las cosas’. O que la gaseosa ‘Free’ era un anticipo de lo que vendría, aunque ninguna de sus dos acepciones en inglés: libertad y gratuidad, existen hoy en día, así como tampoco tal bebida de fantasía.

Los que piensan que Pinochet fue derrotado por una franja televisiva, probablemente son los mismos que creen que la masividad y creatividad del movimiento estudiantil de los últimos dos años se explica por el uso masivo de Facebook y Twitter, redes sociales a las cuales seguramente también les atribuyen un rol decisivo en la caída de Mubarak en Egipto o Gadaffi en Libia”.

Un país con forma de cicatriz hecha arcoiris

Un país que puede transformar una lucha y sus muertos en una campaña de arcoiris y que dos décadas después aún perciba que dio resultado, es el mismo país que transformó la lucha de los pingüinos del 2006 en un consejo asesor presidencial que llevó a los partidos a celebrarlo con sus manos alzadas, porque había dado resultado… excepto claro para los pingüinos. La LGE reemplazó a la LOCE, y antes, Aylwin a Pinochet.

Una despolitización ad hok al shock Neoliberal. Una despolitización de la sociedad chilena necesaria “para instalar a Chile en un mundo en el cual el liberalismo se transforma crecientemente en el único juego posible”.

En la medida de lo posible

La justicia ‘en la medida de lo posible’ reflejaba el temor, bastante latente, a un regreso a la dictadura, aunque obviaba que Pinochet ya había cumplido su vida útil para los dueños del mundo, EE.UU. y Chicago, fundamentalmente. Como dice Lautaro Ferrada: ”El apoyo inicial (de EE.UU.) al Golpe de Estado y el posterior apoyo a la destitución de la Junta Militar, sólo parece contradictorio si creemos que el objetivo era la defensa de la democracia, pero si pensamos que el objetivo estratégico fue la imposición del neoliberalismo, la contradicción desaparece y se explican coherentemente los dos momentos, el que la dictadura estuviese o no presente, era funcional a esta finalidad”. Su hipótesis es que la nominación de la película y su promoción “facilita una limpieza de imagen tanto del gobierno norteamericano como del neoliberalismo impuesto en Chile” pero más aún, el plebiscito “estaba diseñado para legitimar y consolidar el neoliberalismo en nuestro país”. 

Ya estaba todo preparado: se habían destruido las instancias de autoorganización popular, incluida la gran cantidad de militantes sociales (protagonistas de la lucha en las empresas, en las poblaciones, en los cordones industriales, en las JAP, en las ‘corridas de cerco’ y la reforma agraria, en las universidades) que fueron detenidos, torturados, asesinados… además de la desarticulación de los trabajadores a través del nefasto Plan Laboral de José Piñera (1979). Mientras, había una constitución hecha a medida para evitar la irrupción electorera del ‘cáncer marxista’, en línea con los fundamentos de su ideólogo Jaime Guzmán, “que desconfiaba de los derechos sociales y no consideraba que fuera la función del Estado generar justica social ni redistribuir la riqueza, pues confiaba esos menesteres a las leyes del mercado”.

Y como lo refleja una escena al final de la película, cuando el hombre detrás de la franja del Sí se jacta ante sus clientes de trabajar junto a uno de los publicistas de la campaña del No, hoy en día “la derecha termina de advertir que tal herencia (una sociedad cuyo eje es el mercado) no necesita ya ser reivindicada pues, más allá de los discursos, ha pasado a ser integrada al funcionamiento mismo de la sociedad chilena, a sus prácticas cotidianas”, en palabras de Eduardo Sabrovsky.

Por ello, es que hoy habitamos este país marketero, esta larga y delgada franja de fundamentalismo neoliberal, donde puede que ‘No’ moleste a los de ‘un lado’ y a los del ‘otro lado’ (un logro), donde al menos nos hace debatir (gran logro), pero como se ven las cosas hoy en día, de llegar a ganar los marketeros premios Oscar, ‘No’ hará llegar la alegría falsa del arcoiris a los chilenos. O no.

Foto: Aysén, Febrero 2012

¿Milagro africano o nueva rapiña colonial?

por BBCMundo

África fue sinónimo durante décadas de hambrunas, guerra, genocidio, corrupción y extrema pobreza, un continente abandonado de la mano de Dios y sin perspectivas.

Las cosas están cambiando. Según la consultora McKinsey el Producto Interno Bruto (PIB) de África ha crecido el doble que en los 80 y 90. Según la revista especializada británica The Economist, seis de los países con más crecimiento del mundo en los últimos 10 años fueron africanos.

Mientras en el mundo desarrollado luchan con la austeridad y el estancamiento, en África hay un creciente optimismo de la mano de una bonanza energética.

Ghana, Tanzania, Monzambique, Etiopía, Uganda, Kenia, Sierra Leona y Somalia se encuentran entre los países tocados por la varita mágica del petróleo y el gas que bendijo antes a Nigeria y Angola.

Según un informe de la Situación Económica Mundial y las Perspectivas de 2013 África crecerá un 4,5% este año a pesar de la desaceleración económica mundial.

En un continente con mil millones de personas este crecimiento contiene inevitables disparidades nacionales y regionales.

Ejemplos del boom Áfricano son tanto la segunda economía del este del continente, Tanzania, que se expandirá un 7% este año y el próximo, como dos de las naciones más pobres y atribuladas, Sierra Leona (14%) y Ghana (7,8%).

Sin embargo, el subdirector de la revista especializada Africa Confidential, Andrew Weir, alerta que no es la primera vez que se vive este optimismo.

“Las compañías energéticas, China y el sector financiero están viendo grandes oportunidades. El tema es que África ya ha vivido esto. La pregunta clave es a quién beneficia y de qué modo contribuye al desarrollo”, señaló Weir a BBC Mundo.

El lado oscuro de la luna

China es la nueva estrella en el firmamento de las superpotencias interesadas en el continente.

El comercio chino-africano creció de US$6.000 millones en 1999 a US$90.000 millones en 2009 y sigue aumentando con una balanza comercial equilibrada. La inversión se ha multiplicado aprovechando la riqueza minera y energética africana.

El año pasado China celebró una cumbre con 50 jefes de estado de África en la que prometió créditos por US$20.000 millones para la inversión en estructura y “desarrollo sostenible”.

Pero la historia del continente está saturada de falsos comienzos, de crecimiento de la mano de la inversión extranjera y la relación selecta con alguna superpotencia.

El siglo XIX estuvo marcado por la disputa colonialistas entre potencias occidentales y la superexplotación que tan espléndidamente retrató Joseph Conrad en su libro “El corazón de las tinieblas”.

El largo camino de la independencia que empezó después de la Segunda Guerra Mundial generó enormes expectativas que fueron desvaneciéndose en medio de divisiones étnicas, luchas de poder y una corrupción galopante.

Los US$5.000 millones que terminaron en las cuentas suizas del gobernante de facto de Zaire Mobutu Sese Seko, la paranoia desatada por Idi Amin en Uganda, la hambruna en Sudán y el genocidio en Ruanda simbolizaron entre los 60 y los 90 el destino del continente.

La maldición petrolera

El ejemplo de Nigeria es el que mejor ilustra las oportunidades y peligros de la actual etapa.

Máximo productor petrolero de África, Nigeria tuvo lo que muchos llaman la “maldición del oro negro” o “enfermedad holandesa”.

En estas dos “sintomatologías” el boom petrolero termina siendo una maldición que genera una dinámica de corrupción, despilfarro y pobreza.

En la última década se calcula que unos US$29.000 millones se perdieron en Nigeria en un oscuro laberinto de bolsillos oficiales y prebendas de las multinacionales.

La “enfermedad holandesa” apunta específicamente a las consecuencias económicas de una bonanza energética. El flujo de inversiones aprecia la moneda local lo que vuelve poco competitivo al resto de la economía afectando el desarrollo de una industria nacional y generando procesos inflacionarios.

“A esto se añade que los países venden el recurso en bruto en vez de desarrollar productos con valor agregado. Nigeria no tiene una refinería de petróleo porque hay una élite que hace dinero importando y distribuyendo los productos petroleros que llegan del exterior. Y esto no solo sucede en el campo de la energía. El cacao se podría exportar como chocolate, pero no sucede por el tejido de intereses que se interponen en el camino”, señaló Weir.

Botswana es uno de los pocos países africanos que logró dar el salto de la explotación de un producto primario –diamantes– a uno con valor agregado –gemas- que multiplicó el empleo y la riqueza nacional.

La encrucijada

Existen algunas señales de que la historia no ha pasado en vano. Ghana, Monzambique y Tanzania han creado fondos especiales autónomos para administrar la riqueza energética y utilizarla para el desarrollo económico y social.

Uno de los modelos que están siguiendo es el de Noruega, un país que convirtió la riqueza petrolera en una fuente de desarrollo a través de la creación de un Fondo Soberano.

El tema fue central en las elecciones del pasado mes de diciembre en Ghana que dieron la victoria al actual presidente John Dramani Mahama.

El mandatario se comprometió a invertir la riqueza petrolera en educación, infraestructura y energía para el conjunto de la población. Pero poco después de su instauración alertó:

“No cabe duda que aún después de 55 años de independencia somos un país joven. Como tal, hemos tenido nuestra porción de inestabilidad y dificultades”.

En ese sentido muchos países africanos se encuentran ante una nueva encrucijada marcada por una disyuntiva de hierro: repetición del fracaso o salto adelante, Nigeria o Noruega.

Del camino que se adopte dependerá que África vuelva a ser la de las guerras y hambrunas o se convierta en un polo de crecimiento económico mundial.

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/02/130212_economia_africa_desarrollo_colonialismo_irm.shtml

53° Capítulo de ECONONUESTRAS 11-feb-2013

Hablamos del agua cortada, los derechos de los trabajadores cortados, las pensiones cortadas y más