Archivos Mensuales: abril 2013

Los trabajadores ante un nuevo 1° de mayo en Chile: de la precarización a la desobediencia colectiva

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El origen del 1° de mayo nos remonta a 1886 en EE.UU. para recordar a aquellos trabajadores norteamericanos, anarquistas del siglo antepasado, que pedían: 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo, 8 horas de recreación, y cuya lucha trajo como resultado cinco obreros condenados a muerte.

Hace menos de dos meses los trabajadores portuarios de Angamos (Mejillones) se fueron a huelga demandando media hora de colación o la respectiva compensación. ¿Cuál fue la respuesta? Criminalización: desde el gobierno, desde la prensa y, obviamente, desde el empresariado.

¿Similitudes? El sistema de explotación es fundamentalmente el mismo: capital versus trabajo, concentración de la riqueza, desigualdad, una sociedad dividida en clases sociales… mientras, la jornada de trabajo no refleja los avances de la técnica y la productividad, y menos la dignidad requerida por los creadores de la riqueza: los trabajadores.

Pero en Chile algo ha ido cambiando. Durante la década pasada, los subcontratistas dieron un gran paso al desnudar la precarización y contradecir la autocomplacencia de los gobernantes de turno. Y, de paso, nos recordaron como el poder castiga la insurrección de los trabajadores. Pues, este año se cumplen 6 años del asesinato de Rodrigo Cisternas, mientras han pasado sólo dos meses de la extraña muerte de Juan Pablo Jiménez… ambos subcontratados.

Precarización

Patrizio Tonelli, investigador de Fundación Sol, en entrevista con Econonuestras, nos explica que el origen de la precarización laboral en Chile se debe principalmente a una estructura productiva deficiente, de carácter extractivista, enfocada en la exportación de recursos primarios (minerales, forestales, salmoneros, etc.) y a una institucionalidad laboral hija de la dictadura que facilita que las condiciones de empleo no cambien.

¿Cómo se traduce esa precarización hoy en día? En palabras de Patrizio, la baja calidad del empleo en Chile se puede resumir en tres hitos:

-          Trabajadores sin contrato: “Asalariados que responden a órdenes, tiempo y disciplina, pero que no tienen contrato. Por ejemplo, los trabajadores a honorarios, que en Chile representan un 18% del total”.

-          Subempleados: “Trabajadores a tiempo parcial, pero de manera involuntaria. Esto se debe a que en el mercado no se encuentran trabajos de jornada completa, pero sí hay trabajadores dispuestos a ejercerlos”.

-          Subcontratados: “Más del 50% del empleo creado en el último tiempo (del cual se jacta el actual gobierno) corresponde a trabajo tercerizado. Trabajar en una empresa contratista significa trabajar en una condición de segunda categoría respecto de los de planta. En estas condiciones, a igual trabajo, no hay igual salario”.

Acción colectiva

Enfrentar la destrucción de la organización de los trabajadores no ha sido fácil. Luego del asesinato y represeión de buena parte de los dirigentes sociales del campo y de las fábricas, la dictadura ofrecería las condiciones perfectas para el aniquilamiento de los sindicatos. El plan laboral de José Piñera originó, como nos explica Patrizio:

-          Sindicatos encerrados: “Los sindicatos en Chile hoy pueden negociar sólo dentro de la empresa con su empleador directo”. En la práctica, no es posible negociar a un nivel más amplio.

-          Derecho a huelga intervenido: “En Chile no existe un verdadero derecho a huelga. Lo que existe hoy es una huelga que está permitida en un determinado momento, en una determinada fase de la vida laboral que es la negociación colectiva. Después que se haya esperado cierto tiempo, después que se hayan agotado todas las instancias de discusión, después de esperar tres, cinco días, etc. se puede ir a huelga… donde más encima te pueden reemplazar”.

El impacto ha sido una negociación colectiva poco significativa que implica menos del 1% real del reajuste salarial de los últimos veinte años, como nos cuenta Patrizio. Mientras, la cobertura de la negociación colectiva no abarca más allá del 10% de los trabajadores chilenos.

Frente a la arremetida de los patrones, de los medios y del Estado y su institucionalidad, resulta fundamental enfrentar la legalidad desde la legitimidad. “Hay que retomar los ejemplos históricos que tenemos y todo ese trabajo de experimentar cuáles formas organizativas servían mejor para enfrentar el capital: sociedades de socorro mutuo, sindicatos, mancomunales, cooperativas, escuelas de formación, que ahora hay que redescubrir, redescubrir ese tipo de espíritu e ir probando y ver cómo puede el mundo del trabajo construir una asociación colectiva potente”. Así como también, los inspiradores movimientos de los últimos años, desde los trabajadores del cobre hasta los portuarios.

En vísperas de una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, en un país donde muchos trabajan más de ocho horas diarias, donde los ingresos de los empleadores se han incrementado cuatro veces más que el de los trabajadores sólo en el último año, y donde la solidaridad sindical es ilegal, quizás nuestro problema es la obediencia.

Escucha aquí el programa completo

64° Capítulo de ECONONUESTRAS 29-abr-2013

la voz

Programa especial por el 1° de mayo.
Invitado: Patrizio Tonelli de Fundación Sol

Los Sin Casa: la olla a presión que le estallará al próximo gobierno

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por The Clinic

Con la convicción de radicalizar las manifestaciones durante el debate eleccionario, deudores habitacionales, pobladores y damnificados por el 27F planean entrar a incidir en el debate eleccionario e instalar un tema hasta ahora no tomado en cuenta en los programas presidenciales: el alto grupo de chilenos “sin techo” y víctimas de la usura bancaria a lo largo del país. Con una organización nacional y la presencia en al menos 10 regiones, los pobladores pretenden soluciones habitacionales con nueva política habitacional que asegure mantenerse en sus barrios y no seguir con el desarraigo del traslado hacia la periferia.

Con cortes de tránsitos en nueve puntos de Santiago, además de Calama y el borde costero de la Octava Región afectado por el terremoto y tsunami de 2010, la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) dio el primer aviso de una serie de movilizaciones anunciadas para este año.

Allegados, Sin Casa, deudores habitacionales y damnificados del 27F son parte de una masa de chilenos que no reclaman por algo más que soluciones habitacionales: una vivienda, un barrio y una vida digna sin desarraigo social.

Un grupo de presión que no ha dejado de movilizarse en ocho años y que ahora prepara un “asalto” a la agenda pública, apuntando a incidir en los cinco meses de debate eleccionario que quedan y develar el sistema que, tal como lo hizo el movimiento de la educación, el poder de los bancos e inmobiliarias detrás de la crisis de la vivienda social.

“Soluciones habitacionales”

Fue a fines del gobierno de Ricardo Lagos que comenzaron las movilizaciones de pobladores. Ocho años revelando situaciones como la que se vive hoy en la esquina de las avenidas Tobalaba con Departamental, en el límite de las comunas de La Florida y Peñalolén, donde 85 familias del Comité de Allegados Don Bosco se tomaron un terreno desde el 22 de marzo de este año.

Allí reclaman que el 16 de noviembre de 2011 el director del SERVIU metropolitano, Daniel Johnson, les garantizó que tendrían un terreno para levantar sus casas. Sin embargo, el subsidio y el dinero reunido por los pobladores fueron declarados insuficientes para la construcción de las viviendas, en un sector que vive un nuevo auge inmobiliario. Las familias ahora no están dispuestas a irse a otro lugar.

“Ya nos cansamos de los compromisos del gobierno de Sebastián Piñera. Se le dijo en más de una oportunidad que en algunas comunas como La Florida, otras de Santiago y también en regiones, para tener soluciones habitacionales sociales era necesaria la intervención del gobierno central con aportes adicionales. El tema subsidiario ya no sirve, está en crisis. Hoy en día no alcanza para poder canjear una vivienda digna”, dice Rafael Soto, vocero de la Fenapo.

Es la misma situación que viven en los campamentos desde Arica, con los pobladores de las villas contaminadas con plomo y arsénico, hasta pasado el borde costero que fue afectado por el terremoto y tsunami de 2010. Hoy en día los casos más complejos son los del Campamento Nuevo Amanecer en San Antonio, en la Toma Calameños Unidos de Calama y en la reocupación de damnificados no considerados por las soluciones de gobierno de la Aldea El Molino, en Dichato.

El problema, según los pobladores, es que cada gobierno crea su decreto supremo a su manera. “Se minimizan las cifras porque se considera la entrega de un subsidio como una solución habitacional concretada y eso no es cierto. Yo no puedo comprar una vivienda donde vivo”, explica Soto.

En Santiago, por ejemplo, son alrededor de 1.700.000 las personas allegadas, sin contar los que no están organizados. Y a lo largo de Chile, según los mismos dirigentes, la cifra al menos se duplica. Todos ellos, apuntan hoy a una agenda de movilizaciones y de una radicalización de las manifestaciones, para que las candidaturas se hagan cargo del tema.

Proyección política

Dentro de la Fenapo confluyen varias organizaciones sociales y parte de partidos políticos de izquierda, como el PC y el partido Igualdad, que justamente este año levantó la candidatura de una dirigente de deudores habitacionales, Roxana Miranda, como carta presidencial.

Entre los grupo que confluyen en la Federación, destaca el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), quienes llevan con las consignas de lucha, autogestión y de Educación Popular han construido una red con coordinación nacional. Mantienen nexos con otras agrupaciones internacionales como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, el Moviento de Ocupantes e Inquilinos de Argentina y la Unión Nacional por la Morada Popular (UNMP) de Brasil.

A ellos se les suman dirigentes de base con nexos en distintos partidos políticos, los que monitorean las movilizaciones y la organización desde cerca. De hecho, para los próximos días los pobladores participarán de las diferentes marchas del 1º de mayo, de las movilizaciones convocadas por la educación y del paro nacional convocado por la CUT para el próximo 11 de julio.

En la nueva agenda de movilizaciones, el grupo de deudores habitacionales nuevamente toma relevancia. Cruzan todo el territorio con agrupaciones desde Arica hasta incluso Los Lagos, fueron ellos los que durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se manifestaron exigiendo una condonación de deudas y el freno a los remates de viviendas.

Según Iván Carrasco, dirigente de Andha Chile Democrático, las cifras de deudores hoy no resisten mayor análisis. Se estiman en 400 mil las familias que a lo largo de Chile tienen distintos niveles de endeudamiento habitacional. Un grupo que según Carrasco, no pide que les regalen las viviendas, sino que se termine de usufructuar con tasas de interés que elevan el endeudamiento de las personas hasta el punto de los remates.

“Nosotros no estamos planteando que esto sea un regalo. Acá la gente lo que pide es que no se les cobre más de lo que debiera. Nosotros pedimos que a los deudores que llevan pagando más de 10 años sus dividendos deberían tener una condonación automática”, dice Carrasco.

Según él, la Superintendencia de Bancos realizó un informe el 2008 donde estimó que por crédito en promedio de 277 UF, a los 10 años las personas ya habían pagado 320 UF por sus casas, pero debían sobre las 700 UF a los bancos.

Carrasco y su agrupación apuntan a un modelo que, parecido al de educación superior, pone por delante los intereses de los bancos e inmobiliarias sobre los de las pobladores, profundizando la política de deuda bancaria como mecanismo para resolver el tema habitacional. Por eso, también coincide en que este es un tema que va a explotar si no se modifica la ley de vivienda social.

“Existe un incentivo perverso de endeudar a las familias y de ocupar los subsidios en otro tipo de viviendas para dejarlas amarradas a pagos por 15, 20 años. Además, esto hace que en promedio se realicen más de 3 repactaciones de deuda, lo que sigue elevando el precio de las viviendas a niveles ridículos”, señala.

Desarraigo

Según los pobladores, el tema pasa por quedarse a vivir donde se han desarrollado sus vidas y no someterse a traslados a la periferia, ayudando a la proliferación de guettos y generando desarraigo y división en la vida de barrio.

“Nosotros queremos vivir donde nacimos, crecimos, estudiamos y nos convertimos en lo que somos. Tenemos una base social potente que no queremos perder por cambiarnos de comuna a buscar una vivienda que tampoco nos satisface”, dice Rafael Soto.

La idea es reforzada por Michel Vergara, encargado del PC sobre el tema, quien señala que la solución real pasa por una nueva política habitacional que respete la norma internacional de metros cuadrados construidos para los hogares (alrededor de 60 metros) y que no fracture los espacios de cohesión social, causando mayor segregación.

“Quienes damos vida a las poblaciones desde los centros de terreno somos nosotros, pero siempre están las inmobiliarias primando sobre el resto. Este es un debate hasta ideológico porque tiene que ver con el rol que tienen los pobladores en la urbe. El gobierno que venga tiene que hacerlo en lógica distinta de los últimos 23, 24 años. Si no esto puede ahondar aun más este grave problema”, dice.

Para Rafael Soto este tema es clave. “Se nos prometió que tendríamos una solución acá y no la tenemos. Nos obligan a buscar algo afuera de nuestras comunas, pero la experiencia nos dice que en esos casos los índices de pobreza aumentan y generan problemas más graves como adicción a drogas y prostitución. Nosotros queremos quedarnos con los vecinos que conocemos y hacer la vida con ellos”, dice.

http://www.theclinic.cl/2013/04/29/los-sin-casa-la-olla-a-presion-que-le-estallara-al-proximo-gobierno/

Agua: recurso prioritario, debate pendiente

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por Estudios Nueva Economía

Sin agua no hay vida, menos economía. Es el elemento más básico para el funcionamiento de todas nuestras actividades. Es también la base de nuestro sistema económico (exportador de materias primas: minería, agricultura, celulosa, entre otras) por su importancia en los procesos productivos y en la generación de energía, que “ilumina” nuestras ciudades.

A lo largo de la historia, las sociedades se han dotado de sistemas, tecnologías y formas de administración para garantizar un uso adecuado del recurso. Problema básico, ya que sin agua una sociedad se derrumba. Entre sociedades puede cambiar lo que “adecuado” significa. Para algunas, puede ser más importante la generación de electricidad que el agua para el riego, o viceversa, pero para todas el uso de la población debiese ser prioritario Veremos que en Chile es el mercado quien define los usos prioritarios.

En Chile, la forma que “la sociedad se dotó” de una administración para el recurso tiene su base en el Código de Aguas, promulgado en 1981, en Dictadura. Entre sus objetivos estaba la generación de derechos de aprovechamiento “sólidos” (claridad en quienes los administran y como se asignan), la creación de mercados (para transar estos derechos de uso), y la reducción del rol del Estado. No estaban el manejo medioambiental, la gestión integrada de los recursos hídricos, ni el manejo de los cauces entre sus objetivos. Tampoco hubo planificación, ya que se suponía que el mercado haría innecesaria una planificación. Menos se preveían formas de resolver conflictos, nuevamente el mercado los solucionaría vía el sistema de precios.

Desde su implementación, ha degenerado en una alta concentración de los derechos de uso (se podían pedir todos, sin justificación, mientras nadie los reclamara), en conflictos por el uso de aguas subterráneas (cuya dificultad de medición deja espacio para el abuso de algunos) que terminan en tribunales, y en una virtual incapacidad de la Dirección General de Aguas para administrar el recurso (falta de capacidad técnica). Entre muchos otros problemas.

¿Qué debería tener un sistema ideal de administración de agua? Bueno, depende de cada país. Sin embargo, entre las numerosas características que la literatura encuentra como deseables se cuentan: una escala de administración a nivel de cuenca integrado (no a nivel nacional, donde la escasez en el norte es distinta a la del sur), una relación coherente con la cultura nacional, un trato preferencial hacia comunidades indígenas (en línea con el convenio 169 de la OIT), una alta capacidad técnica del sector (evitar errores de medición) y, obviamente, un trato preferente al uso de consumo humano.

¿Qué creemos nosotros como sociedad debería tener un sistema ideal de administración de agua? Es una discusión pendiente, invisible hasta ahora, que nos convoca a todos (no solo a un grupo de expertos).

Chile cuenta con numerosos conflictos por el uso del agua. El documento del 2008 de Chile Sustentable presenta una extensa documentación de estos. En el norte se caracterizan por el actuar de las mineras, que requieren de mucha agua para “limpiar” el mineral extraído. Estas generan relaves tóxicos cuya gestión irresponsable puede provocar desastres ambientales (como en la bahía de Chañaral). También por la presencia de grupos indígenas que vieron cómo sus fuentes de agua fueron disminuyendo en el tiempo, implicando muchas veces cambios en formas de vida ancestrales. De los más bullados ha sido el de Pascua Lama, proyecto bi-nacional que amenaza la conservación de glaciares en el valle del Huasco, comprometiendo la disponibilidad del recurso para la agricultura y la sobrevivencia de la población.

En el centro, los conflictos se caracterizan más por la presencia de proyectos hidroeléctricos (Alto Maipo), la agroindustria y la celulosa. Los dos primeros, con usos excesivos de agua, generan escasez del recurso para la población común. El tercero, amenaza con contaminar los ríos.

Ya en el sur es la presencia de altos proyectos de generación hidroeléctrica, que conflictúa nuevamente con equilibrios biológicos y con usos ancestrales de comunidades indígenas. Y nuevamente con las celulosas (el desastre ecológico del río Cruces).

En general, este bien podría ser un tema de política industrial. Con sectores con alta participación en las exportaciones del país (minería y celulosa), y uno de importancia estratégica (energía), y con implicancias para la eficiencia económica del país (hace rato que se escucha sobre la escasez de energía barata, necesaria para la expansión de la minería en el norte).

Estos conflictos involucran a comunidades enteras, estén o no organizadas. Un hogar sin agua no puede ser considerado hogar; lo mismo, una ciudad sin agua no funciona. Estamos frente a un recurso de primera importancia, que es la base de la vida en sociedad, y así mismo de nuestra vida económica.

En Chile tenemos un modelo (económico y de aguas) que ha privilegiado al mercado y la actividad económica por sobre los usos de la población. Ha sido implementado con numerosos expertos trabajando para los mismos de siempre. Esto pudo funcionar hasta ahora, tolerando numerosos conflictos en distintas zonas del país. La tendencia ascendente, aunque moderada, de los niveles de organización social a nivel de comunidades ofrece la oportunidad de debatir sobre temas que hasta hace poco se consideraban perpetuos e intocables. En particular, existe la necesidad de re-pensar colectivamente el modelo de administración de nuestros recursos hídricos, teniendo siempre como objetivo las necesidades del ser humano, y no aquellas que impone el mercado.

* Entrada escrita por Leonardo Rojas, investigador de Estudios Nueva Economía (@esnuevaeconomia en Twitter)

http://www.elquintopoder.cl/economia/agua-recurso-prioritario-debate-pendiente/

63° Capítulo de ECONONUESTRAS 22-abr-2013

la voz

Hablamos del Agua; de Beyer/Schmidt y el Lucro; del Cobre y sus excedentes desperdiciados; del Chef Lavín y más!

¿Y dónde fueron a parar los excedentes del boom del cobre?

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por Ciper

En su anterior columna el economista Gabriel Palma puso en duda que la economía chilena tenga bases sólidas ya que depende de un precio del cobre que estaría inflado por la especulación financiera. Ahora, analiza si Chile ha aprovechado la bonanza temporal del cobre y afirma que mientras la inversión pública rara vez ha pasado del 3% del PIB, las grandes mineras en los últimos siete años “han recuperado siete veces sus inversiones, sin considerar los excedentes retirados en años anteriores”. La mayor parte del boom del precio del cobre, que estaría entrando en su fase terminal, se ha ido de Chile como utilidad de mineras privadas: “En 2006 y 2007 salieron más de US$20 mil millones por año, cifra equivalente a 1.7 veces el PIB de Bolivia y más de dos veces el PIB de Paraguay”.

Cuando en el futuro los historiadores económicos miren al Chile de la última década, la de los precios del cobre en las nubes, se van a preguntar de la misma forma como nosotros lo hacemos respecto del boom del salitre: ¿Y qué se hizo con los excedentes adicionales del cobre?  La respuesta, desgraciadamente, al igual que la del período salitrero post-Balmaceda, va a ser bastante negativa.

Como dijo el gran historiador Eric Hobsbawm, el quehacer de los historiadores  -y también el de los historiadores económicos- es recordar lo que otros prefieren olvidar.  El boom del cobre no es algo inédito en nuestra historia. Tampoco lo son los errores cometidos.  En el Chile de la Concertación y en el de la Alianza se vuelve a caer en el error maníaco clásico del ser humano: creer que lo bueno es permanente y lo malo pasajero. Respecto del precio del cobre hoy en Chile esa actitud omnipotente ha llegado a extremos inusitados.  (Ver “La economía chilena, como el elefante, se balancea sobre la tela de una araña”).

I

Primero está el hecho de lo poco que ha quedado en Chile de esos excedentes extraordinarios que se han generado desde 2003, salvo las contribuciones de la estatal CODELCO. Expresado en dólares del mismo valor adquisitivo (dólares de 2012), la salida de capital por concepto ‘renta de la inversión directa’ (utilidades y dividendos, en su mayor parte proveniente de actividades mineras) saltó de un total de US$26 mil millones para la década 1993-2002 a uno de US$113 mil millones en la década siguiente, la del salto del precio del cobre que se cuadruplicó. En 2006 y 2007 salieron más de US$20 mil millones por año, cifra equivalente a 1.7 veces el PIB de Bolivia y más de dos veces el PIB de Paraguay. Y todo eso, básicamente, para que empresas rentistas extranjeras se molesten en producir cobre con el mínimo posible de procesamiento local: el concentrado, un mineral con un contenido de metal de aproximadamente un 30%, resultado de una flotación rudimentaria del mineral bruto pulverizado.

De hecho, las grandes mineras privadas se han apropiado en cada uno de los últimos siete años de excedentes del mismo orden de magnitud que el total de sus inversiones precedentes. En otras palabras, han recuperado sus inversiones siete veces en este período, sin considerar los excedentes retirados en años anteriores. ¡Qué generosidad! Para enviarlo al Guinness Book of Records.

Y ha quedado tan poco en Chile porque tanto la tributación como el así llamado ‘royalty’ han captado una insignificancia de esos excedentes extraordinarios. Como Laurence Golborne reconoció más de una vez cuando era ministro de Minería, la tributación minera en Chile es una de las más bajas del mundo. Y en cuanto al royalty, como nos recuerda mi amigo Manuel Riesco, éste sólo obligó a las mineras privadas a pagar el equivalente al 2.7% de sus utilidades entre 2005 y 2012. Estas utilidades promediaron US$18.500 millones anuales, cifra que equivale a más de la mitad de los ingresos tributarios totales del Estado, IVA incluido.

Si la producción de cobre hubiese seguido en manos del Estado, o si hubiese al menos una tributación y un royalty de verdad, hoy en día Chile podría perfectamente vivir sin impuesto a la renta y tener, además, suficientes recursos fiscales para sus innumerables deudas sociales y requerimientos de inversión pública en educación, salud y capital físico. Brasil re-nacionalizó recientemente sus nuevas riquezas petroleras submarinas, en un proceso al que el Presidente Lula da Silva denominó la “Segunda Independencia del Brasil”.  Pero en el Chile neo-liberal de hoy, esta política, inspirada en el ejemplo de Noruega, es una alternativa que ni la Concertación ni la derecha se plantean siquiera como posibilidad.

Por otra parte, la Presidenta Rousseff ha propuesto que la totalidad de un nuevo royalty petrolero se destine a educación, ciencia y tecnología con el objetivo de duplicar el presupuesto público respectivo en términos del PIB. En Chile, en cambio, los ideólogos de la élite -nuestros ‘anarquistas burgueses’ como los denominaba Hobsbawm- prefieren que sea el mercado (es decir, aquello que aquí en Chile llamamos eufemísticamente ‘mercado’) el que solucione los problemas de la calidad y del financiamiento a la educación. Resultado, como los estudiantes se han encargaron de recordarnos, la educación universitaria en Chile es la más cara de la OECD (en términos relativos al ingreso por habitante), y lo que pagan las familias en Chile por la educación de sus hijos (en muchos casos, algo mucho más virtual que real) equivale al 40% de todos los impuestos a la renta pagados por hogares y corporaciones. A esto, entre muchas otras cosas, hay que agregar la estructura absurda del CAE, donde el Estado ha desembolsado, entre recompras y recargos, la mitad del total, mientras los bancos intermediarios se han llevado todas las utilidades (US$ 400 millones entre 2006 y 2010; ver los estudios de CENDA al respecto).

Como dijo Martin Carnoy, profesor de economía de la educación de la Universidad de Stanford al referirse al financiamiento de la educación chilena: el mayor problema con nuestros fundamentalistas de mercado es que su ideología es ciega al sentido común.

Pero ni los gobiernos de la Concertación o de la Alianza han querido tocar las enormes utilidades de las mineras privadas para ayudar en eso, a pesar de que, según la Constitución, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Ni siquiera cuando el precio del cobre está en las nubes. Tampoco se ha querido tocar el tema de la posible re-nacionalización de las aguas, para poder usar los recursos de la licitación del potencial hídrico de Chile en esa dirección. Por tanto, se deja que San Isidro siga de mecenas exclusivo de Endesa.

Igual en la Pesca: sus derechos se dan como regalo de Navidad en lugar de licitarlos para usar esos recursos en esa dirección. Y como nos recuerda Eduardo Engel, se acepta que continúe un sistema de concesiones para inversión en infraestructura en el cual se asignan miles de millones de dólares sin licitación competitiva. En otras palabras, en lugar de usar el enorme potencial de recursos públicos provenientes de los recursos naturales y de las concesiones para financiar propiamente la educación, la salud y otras inversiones públicas fundamentales, se prefiere seguir con la ‘piñata’ pública (aquella que comenzó con las privatizaciones de los Chicago Boys, para los Chicago Boys y por los Chicago Boys), la cual sólo beneficia a los “usual suspects”.  También se prefiere seguir pretendiendo que esas altísimas rentas apropiadas de gratis por la élite no son una de las base principales de la gran desigualdad en la distribución del ingreso.

Y aun aceptando el argumento de que quizás cuando el precio del cobre baje no llegue al de 2003 (cuando empezó el boom de los commodities), la caída que viene (casi inevitable) puede fácilmente crear un déficit de dos dígitos en la cuenta corriente de la balanza de pagos -¡y de volver al precio de 2003, este déficit llegaría a 18% del PIB!-  (que nos pille confesados, con pocas deudas y los ahorros en dólares).

Por eso, ahora más que nunca, se requiere terminar con la ‘piñata’ pública para blindar los ingresos fiscales y así poder financiar la inversión pública y el gasto social en el período de las vacas flacas del cobre. Pero Rodrigo Vergara en el Banco Central y los asesores del segundo piso de La Moneda parecen estar más preocupados de que la economía chilena llegue creciendo a las elecciones, a cualquier costo. Es su única esperanza de ganar. O, quizás, Piñera simplemente piensa de su legado a lo Luís XV: “después de mi, el diluvio”. No olvidemos que el precio del cobre ya cayó en 2009 a menos de US$1,5 ¢/lb, menos de la mitad del precio actual.

II

Segundo, también es necesario entender por qué el cobre tiene el valor actual y por qué es probable que caiga en el mediano plazo. Como planteamos en la columna anterior, el precio del cobre en los mercados internacionales nunca se ha determinado como el de los autos o televisores (como ‘mark-up’, o margen, sobre costos de producción). Por tanto, el alza del costo de producción en Chile puede ser bastante menos relevante para la determinación de los precios futuros de lo que se cree.

Simplificando, en los mercados de commodities, especialmente en el de los minerales como el cobre, los costos de producción domésticos son los que tienen que ajustarse a los precios internacionales, y no al revés.  Como señaló hace poco el Financial Times, la economía de los recursos es como la de los buscadores de tesoros: su precio no guarda relación con el costo de encontrarlos y extraerlos, sino con la demanda -incluida, por supuesto, la especulativa-. Y sus prospectos, como nos recordaba Martin Wolf en su reciente visita a Chile, no son favorables. Y como dice otro analista, también pesimista: “En estos momentos ya hay una enorme cantidad de “new shorting” en el mercado de los metales”. (Esta es la practica de vender un activo, en este caso cobre, generalmente obtenido a préstamo de un broker, con la intención de re-comprarlo en una fecha posterior, a un precio menor). Y Braclays, hasta ahora uno de los más optimistas respecto del precio del cobre, también predice “el fin de la era de los ‘copper bulls’”.  (Inversionistas que creen que el precio del cobre va a subir).

Además, si bien es cierto que en algunas minas, como Chuquicamata (de la cual fui uno de sus directores en el período de la nacionalización y uno de los pocos que vivió para contar el cuento), el costo de extracción ha subido por problemas reales y específicos, en otras minas la subida del costo es más complejo. En algunos casos, éstos suben porque se intenta incrementar la producción lo más rápido posible (para aprovechar precios altos, pues sus dueños saben, mejor que nadie, que son transitorios). En otros, porque con precios tan altos inevitablemente los costos se relajan; o bien suben por la inevitable caída de la ley del mineral (nada muy original).

Pero también está el problema del ‘realismo mágico contable’: los costos suben artificialmente para pagar menos impuestos -el caso del escándalo que se destapó cuando la Anglo American compro la Disputada de Las Condes es paradigmático-. Exxon, quien la compro por sólo US$98 millones, operó este mineral ‘a pérdida’ durante 23 años consecutivos, para luego venderlo en US$1.500 millones. En Gran Bretaña, por ejemplo, se acaba de descubrir un escándalo similar: Starbucks no paga impuestos a las utilidades porque ‘no tiene ganancias contables’; y esto porque sus locales (de propiedad y administración de Starbucks), pagan a una empresa de Starbucks -fuera del país, por supuesto- una cantidad sideral por el derecho a usar el nombre de Starbucks. Esto es, Starbucks le paga a Starbucks por el uso del nombre Starbucks (García Márquez debe haber sido consultor de empresas de contabilidad).  Y en la legislación tributaria neo-liberal de ese país, eso es perfectamente legal. También en Chile.

En el caso del cobre, el costo unitario de producción de cátodos era bastante estable hasta 2004 (alrededor de US$0,65 ¢/lb; ver las memorias de Cochilco); a partir de ahí, saltan los precios, y justo también a partir de ahí, y en tan sólo cuatro años, los costos de producción más que se duplican. ¿Coincidencia?

Básicamente, nadie como la minería del cobre ha utilizado tanto el sobre endeudamiento con filiales en paraísos fiscales para remesar utilidades bajo la forma de intereses, eludiendo impuestos. Nadie ha usado como ellos los beneficios de la depreciación acelerada. También, como varios informes lo han mostrado, es común sub-declarar el contenido de oro, plata, molibdeno y otros subproductos en los concentrados que venden a sus filiales en el extranjero, incluso el contenido de cobre del concentrado. La base del problema es que Aduana en Chile no tiene los medios para efectuar el control de la ley de los concentrados (ni siquiera de su tonelaje), y dicho control se sub-contrata a empresas que son filiales de las mismas mineras que se deben fiscalizar, o que trabajan para ellas. ¡El gato a cargo de la carnicería!

Y respecto del precio, así como es fácil entender que el alza de los costos en Chile va a tener poca relevancia para la determinación del precio internacional del cobre en el futuro, ¿resulta tan difícil entender también que el precio actual del cobre es transitorio; básicamente resultado de una enorme especulación financiera, en mercados extremadamente líquidos y poco imaginativos, y no de los fundamentos de la economía real (China incluido)?

Quien quiera entender el increíble desatino de los mercados financieros internacionales hoy en día sólo tiene que ver lo que pasa en los mercados bursátiles: mientras todos los fundamentos de la economía mundial son un desastre (salvo, para variar, Asia) -con economías ‘desarrolladas’ estancadas, con inversión por el suelo, con sus sectores públicos y hogares endeudados hasta el alma, y la zona del Euro con peligro de implosionar-, primero fue en Nueva York, después Londres, luego Frankfurt y ahora en Tokio, las acciones llegaron a un nivel que es un record histórico y siguen subiendo. Y los bancos de inversión, como JPMorgan Chase y Wells Fargo también acaban de reportear las ganancias más altas de su historia. Los mercados financieros, como Nerón, tocan jovialmente la cítara mientras Roma arde…

Y mientras surjan más alternativas atractivas de especulación, menos probabilidad de que el componente “contra-cíclico” del cobre (su rol como activo financiero de resguardo) mantenga su precio en las nubes.

III

Tercero, la pregunta siguiente es obvia: ¿por qué de los pocos excedentes que quedan en Chile, hemos invertido tan poco? Las cifras del Central muestran una pequeña alza en la inversión, pero las del Banco Mundial (a precios constantes) muestran un panorama mucho más deprimente: el promedio de 2003 a 2010 no llega al 21% del PIB (privada y pública). Como decíamos en la columna anterior, el déficit de cuenta corriente de 2012 indica que el país ya gastó en ese año (esto es, consumió e invirtió, especialmente lo primero) casi US$10.000 millones más de lo que tenía; y si los términos del intercambio en 2012 hubiesen sido los de 2003 (todo lo demás igual), a esa cifra habría que sumarle casi otros US$40.000 millones. ¡Así cualquiera da semblanza de gran prosperidad!

En nuestra América cada vez que la inversión privada sube del 15% del PIB, a la élite capitalista parece que le da vértigo. En Asia, si alguna vez llega a bajar del 20% suenan las campanas de alarma. En Chile el 10% más rico se lleva el doble del porcentaje del ingreso que en Corea, pero la inversión privada es mucho menor (a menudo, como porcentaje del PIB, sólo la mitad). En cuanto a la inversión pública, es raro que ésta pase del 3% del PIB; en Asia, cuesta encontrar alguna economía en la cual no sea de dos dígitos. No debería sorprender entonces que la gran enseñanza que podemos aprender de Asia no es sólo cómo crecer, sino cómo sostener el crecimiento en el tiempo.

Por tanto, partiendo de la base que Chile debería quedarse al menos con una parte muy significativa del excedente del cobre, el tema fundamental es ¿qué hacer con ellos? Desde nuestro punto de vista Keynesiano la pregunta es siempre la misma: ¿es este cambio en el precio del cobre algo permanente o transitorio?  De ello depende la naturaleza del ajuste. Y si el alto precio del cobre se entiende (razonablemente) como temporal, lo que tiene sentido es, primero, captarlos y luego encausarlos en uno de dos caminos: al ahorro o la inversión.

La primera alternativa, más conservadora y más ‘market-friendly’, consiste en ahorrar una proporción muy significativa de estos recursos en un fondo tipo ‘FEES’ (el Fondo de Estabilización Económico y Social creado por Nicolás Eyzaguirre y Mario Marcel).  La gran diferencia con lo que se hizo, es que para que esta opción sea realmente efectiva se requiere de un royalty de verdad. Pero al menos con lo que se intentó hubo un cambio de tendencia. De haberse hecho en plenitud, se podría haber evitado una expansión económica insostenible (como la actual), y haber acumulado recursos significativos para los años de vacas flacas.

El otro camino, el de invertir inmediatamente esos recursos, alternativa más enérgica y con más sentido de urgencia -alternativa más “asiática”, por así decirlo- consiste en inspirarse en la política económica del Presidente Balmaceda.  Su idea era tan simple como genial: captar los excedentes temporales del recurso natural (en la época de Balmaceda ya se sabia que el salitre natural podía ser reemplazado por uno industrial, o por sustitutos, como el sulfato de amonio), e invertirlos de inmediato tanto en capital físico como humano, para crear capacidades productivas aptas para tomar el lugar del recurso natural cuando este se desinfle. Durante su gobierno, Balmaceda colocó un impuesto a las exportaciones de salitre que llegó hasta el tercio del valor de las exportaciones y con esos recursos dobló el número de estudiantes en la educación primaria y secundaria (y para qué decir la terciaria), y desarrolló un gran programa de obras públicas, especialmente ferrocarriles. En pocos años, la inversión pública en capital físico se cuadruplicó en términos reales y la de educación se incrementó ocho veces. Según mis cálculos, casi la mitad del gasto público fue destinado a inversión en ambas áreas. Además, como la oferta de no-transables era elástica, un incremento del gasto de esta magnitud también neutralizó el ‘Síndrome Holandés’, pues evitó la revaluación del tipo de cambio real. Balmaceda también creó el Ministerio de Obras Públicas e Industria y fomentó la manufactura de formas diversas.

Pero un shock de esta magnitud, por supuesto, creó muchos conflictos; uno de los mayores fue que forzó la monetarización parcial del salario agrícola para evitar que los peones se fueran a trabajar al ferrocarril. Como resultado, los latifundistas, por primera vez en la historia de Chile, tuvieron que competir por la mano de obra: esto es, por primera vez hubo mercado del trabajo en la agricultura. Pero como nuestros capitalistas autóctonos (entonces y ahora) lo último que quieren es un capitalismo de verdad (con ‘compulsiones’), ya sabemos lo que pasó. Como nos decía Einstein, “grandes espíritus siempre han encontrado la oposición violenta de mentes mediocres”.

Sin embargo, en nuestro Chile de hoy, esta gran oportunidad de captar en forma significativa esos excedentes y con ellos incrementar el ahorro o la inversión, tanto pública como privada, hasta ahora se ha perdido. De haberse hecho, junto a una política macro pro-crecimiento (al estilo ‘asiático’, no a nuestro estilo criollo post-Ffrench-Davis en el Central, el cual daña al sector productivo y divierte a los especuladores), con tipos de cambio competitivos y estables, con tasas de interés bajas y estables, hubiese sido un paquete invaluable para el crecimiento (no hay país asiático que tenga el tipo de cambio ‘flexible’ de Chile). Tener controles de capital como en los ’90 también hubiese contribuido. Agréguele a eso un Estado fuerte, capaz de regular y rayar la cancha para que opere un mercado ‘competitivo’ de verdad, y capaz de hacer política industrial y comercial (para transferir recursos hacia actividades de mayor potencial de crecimiento de la productividad en el largo plazo), podría haber hecho que Chile volviese al dinamismo de los ’90, pero esta vez en forma sustentable.

IV

Cuarto, pensando en el próximo gobierno, lo que se debería hacer en esta línea para corregir los errores hasta ahora tanto de la Concertación como de la Alianza es, al menos, captar la mitad de las utilidades del cobre vía tributación y un royalty en propiedad, y diseñar políticas para usar esos recursos de inmediato en inversión: en infraestructura, energía, educación, salud, investigación y desarrollo. Lo urgente es recuperar esos recursos y hacer que el Estado, a través de la inversión pública, se transforme en uno de los motores del crecimiento. Junto a eso, tratar de transformar el capitalismo chileno al menos en un capitalismo moderno; uno de verdad. No esta versión ‘subprime’ que tenemos ahora, en donde no hay actividad económica en la cual no falte la competencia y abunden las rentas y la mala calidad del servicio.

Una simple muestra: hace poco tiempo la OECD hizo un estudio sobre el acceso a internet y concluyó que los chilenos pagamos el doble de la tarifa promedio que se cobra en los países de la OECD para obtener la mitad de la velocidad que se ofrece en esos países. Este es el mejor ejemplo de lo que caracteriza al capitalismo subprime criollo, al que yo llamo el “capitalismo de 2 por ½”, esto es, pagar dos veces para obtener la mitad del servicio. Ahí hay un rol fundamental para el Estado: hacer que el mercado funcione al “1 por 1”.  Esto es, un capitalismo no sólo más eficiente y más equitativo, sino también menos abusivo, menos narcisista y menos rentista.

En ese sentido, eso de que todo cambio fundamental es tan ‘difícil’ es un mito neo-liberal para justificar el status quo. Hay una gran cantidad de reformas que no son ni siquiera difíciles -es simplemente un problema de tener ganas de hacerlo y de tener una ideología donde la ‘urgencia’ tenga prioridad- como nos decía Gramsci, más a menudo que no, las batallas se ganan o pierden en el terreno de la ideología. Un ejemplo sencillo, es el royalty. Claro, hay riesgos políticos. Concedo este punto -basta ver lo que le pasó al Primer Ministro australiano, Kevin Rudd, quien (a lo Balmaceda) le puso un royalty del 40% a las ganancias exorbitantes de las mineras (el “Resource Super Profits Tax”). BHP Billiton (y otras grandes mineras) le dieron (literalmente) un golpe de Estado. ¡Tal cual! No le pasó lo de Balmaceda, pero sí le organizaron una revuelta entre los diputados laboristas (a los cuales las mineras, entre otras cosas, les financian las campañas electorales) para poner a alguien más ‘devoto’ de las creencias neo-liberales: la diputada Julia Gillard, cuyo primer acto como nueva Primera Ministra fue bajarles de inmediato el royalty aprobado por Rudd. (En Australia el régimen político es parlamentario: los diputados, no el electorado, elije al Primer Ministro; y lo pueden cambiar cuando quieran).

Finalmente, el royalty también se podría usar como política industrial, es decir, cobrarle al cobre concentrado, digamos un 40% del precio de venta, al blister y otros refinados un 20% y al alambrón de cobre un 0%. De modo que, además de los ingresos fiscales para financiar la inversión pública en capital físico, humano y en energía, se incentive la industrialización del cobre en Chile. Eso lo hacen muchos países -y no es física nuclear-, ni tampoco se requiere para hacerlo de un sector público de la sofisticación del coreano, taiwanés o de Singapur. Sólo se requiere convicción y ganas (y parlamentarios menos “capturados” que los australianos).

Como esto, hay una gran cantidad de cosas factibles por hacer para que la economía chilena pase, al menos, de nuestro “capitalismo del 2 por ½”, a uno del “1 por 1”.  Si fuésemos capaces de parar la ‘piñata’ pública, y fuésemos capaces de usar esos recursos, en especial los excedentes temporales del cobre en esa dirección, tendríamos una gran oportunidad para hacer esta transición. Pero hasta ahora, ni la Concertación ni la Alianza proponen hacer esto.

http://ciperchile.cl/2013/04/16/%c2%bfy-donde-fueron-a-parar-los-excedentes-del-boom-del-cobre/

Educación superior privada: entre crisis y autogestión

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Mientras los precandidatos se ufanan de asimilar en sus programas las demandas de los estudiantes y en el contexto de la acusación constitucional al Ministro de Educación, en ECONONUESTRAS entrevistamos a Susana Giacamán, ex pdta. de la Sede Santiago de la Universidad del Mar y actual vocera del Grupo de Estudiantes Estafados y a Valeska Concha vocera del MESUP (Movimiento de Estudiantes de la Educación Superior Privada). Ambas, estudiantes de nutrición y derecho respectivamente, nos ofrecieron un diagnóstico crítico y sus propuestas para la educación superior privada, compuesta por CFT´s, Institutos Profesionales y Universidades, donde estudia la mayor parte de los estudiantes endeudados y estafados… la mayoría de los hijos de trabajadores del país.

Crisis en el sistema de educación superior privada

La Universidad del Mar, fundada en 1990, llegó a tener 15 sedes logrando ampliar su matrícula velozmente, como fue el caso del periodo 2002-2007 cuando los alumnos pasaron de 4.000 a 22.000. Hoy el proceso se ha revertido: “de los 20.000 estudiantes que figuraban cuando estalló el conflicto hoy deben quedar unos 4.000: muchos desertaron, muchos se auto-reubicaron y otros continuamos con la esperanza de que amanezca una solución real” nos indica Susana, quien fuera presidenta de la Federación de la U del Mar Sede Santiago en el periodo 2011-2012.

Pero lo que parece haber estallado el año 2011, es un problema de largo aliento. “El año 2007 en Iquique se empiezan a evidenciar los problemas con la carrera de Medicina, porque no contaban con la infraestructura necesaria para dictarla”, nos comenta la estudiante de Nutrición. Para ella, lo que pasó con el ex rector Urrutia en mayo del año pasado, fue un punto de inflexión aunque tardío, “pues era algo que se venía denunciando desde antes. El problema tiene que ver con que se haya permitido abrir un negocio, escondiéndolo con la idea de educar, porque en la U del Mar nunca hubo proyecto educativo. De hecho, muchas de las inmobiliarias fueron creadas antes de la Universidad”. Con ello, llegaron las primeras tomas y asomos de soluciones que nunca resolvieron nada, y son esas mentiras las que le enrostran los estudiantes a las autoridades: no ha existido reubicación, sino más bien auto-reubicación, y respecto a la continuidad, ésta se ha vuelto una ilusión si se considera que no hay infraestructura y, más aún, cuando la fecha de reinicio de clases se ha postergado ya dos veces.

Pero no es sólo el caso de la Universidad del Mar. Valeska, vocera del MESUP, recuerda los nombres de las instituciones que aparecieron en el rechazado informe del lucro en la educación de la cámara de diputados: “Universidad SEK, Universidad de las Américas, UNIACC, Andrés Bello, entre otras” además de la que – en su opinión – se convertirá en la segunda ‘U del Mar’: la Universidad Santo Tomás, cuya investigación por lucro fue desestimada por el MINEDUC. La serie de omisiones es amplia y de larga data; no es sólo Beyer el culpable, sino también sus antecesores.

Susana está detrás de la querella por estafa a los responsables de la Universidad del Mar: “se nos prometió que se nos iba a educar, y no se hizo (…) se trata de una vulneración al derecho a la educación”. Esta arista permitiría además aunar a todos aquellos que fueron estudiantes de la Universidad del Mar en los periodos anteriores a que estallara mediáticamente la crisis, porque no se puede obviar que los efectos del lucro en la educación superior tienen implicancias sociales generalizadas.

En esta misma línea, hace un llamado al fiscal a cargo, Carlos Gajardo, a formalizar a los acusados ya que han pasado 8 meses de la querella, mientras se limpia la imagen del sistema a través del juicio por cohecho realizado al ex rector Zúñiga, mientras el asunto del lucro queda al margen, y quienes lucraron, aún disfrutan de sus ganancias derivadas. Por ello, dentro de lo particular de la Universidad del Mar, los estudiantes se han querellado y exigen cárcel por la estafa realizada a estudiantes y a trabajadores de la Universidad del Mar, además de exigir la condonación de la deuda, mientras en lo general se han planteado la tarea de “seguir apoyando al MESUP con el tema de la estatización de la educación en general con control comunitario”.

Estatización con control comunitario

Tal consigna de autogestión con financiamiento estatal, fue avanzando en los encuentros de asamblea y consenso del MESUP (fundado en el año 2011) hasta volverse la bandera de lucha del Movimiento. Tanto la organización como sus propuestas, constituyen todo un hito considerando las difíciles condiciones y la diversidad de la educación superior privada, donde por una parte en IP´s y CFT´s el lucro sí está permitido, mientras transversalmente la democratización brilla por su ausencia y la represión interna es cotidiana, poniendo cuesta arriba la lucha de quienes estudian en la educación superior privada chilena.

Entre el diagnóstico y la propuesta de financiamiento y administración de la educación, asoma la columna vertebral para los estudiantes de la educación superior privada: no se trata únicamente de estudiantes endeudados, es decir, no se trata solamente del lucro y la gratuidad, sino además de qué tipo de educación se quiere. Se insiste en que no tiene sentido buscar acceso para una educación que lleve a reproducir sin espíritu crítico, volviendo a sembrar las condiciones propias de un sistema corrupto, porque es corruptible. Por ello, el control comunitario se vislumbra como una propuesta que abarca más allá del cómo se entrega esa educación, involucrando también el qué se enseña. Tal propuesta también es promovida por las organizaciones del resto del espectro educacional, como la ACES.

Ambas estudiantes acotan: “No es la idea de generar un Capitalismo de Estado, sino que la educación sea en pos de la sociedad y no del empresariado”. La idea de que el Estado ponga los recursos no quiere decir que sea también éste quien decida qué y cómo es lo que se enseña. Y la decisión no pasaría sólo por los estudiantes sino también por la comunidad territorial en su conjunto: trabajadores, profesores y padres. Sería la forma de romper con esta educación que nos vuelve ‘máquinas de reproducción’ – en palabras de Valeska. Una educación participativa en la cual estamos todos invitados a construir. Mientras, la invitación es el próximo jueves 25 de abril apoyemos al MESUP en su segunda marcha del año.

Escucha el programa aquí

La reinvención del capitalismo

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por Fundación Sol

En tiempos de crisis, es cada vez más frecuente ver que se levante la bandera de “reinventar el capitalismo”. A modo de ejemplo, en Chile hace algunos meses, El Mercurio publicaba una nota titulada “Reinventando el Capitalismo” en tributo a la obra de Michael Porter y Mark Kramer “Creando valor compartido. Cómo reinventar el capitalismo y liberar una oleada de innovación y crecimiento”. Esa nota advertía: “El capitalismo está siendo severamente atacado. Hay una menor confianza en los negocios. El propósito de la empresa debe ser redefinido. Es preciso reinventar el capitalismo para que la innovación y el crecimiento se liberen”.

En una línea afín, en la reunión Enade del 2011 se creó la mesa “El capitalismo cuestionado ¿Qué no estamos viendo?” para tratar asuntos similares y el 2012 se volvió a abordar cuestiones como esas, reivindicando la necesidad de crear “empresas ciudadanas”.

Y hace un tiempo, en el encuentro Common Pitch chileno, Al Gore difundió su apuesta por el capitalismo sostenible, donde predicó que la democracia y el capitalismo son las dos grandes herramientas que la sociedad tiene para generar cambios en la dirección “correcta”, pero debiendo superar el cortoplacismo. Esta lucha por la reinvención ha sido especialmente adoptada por empresarios como Richard Branson, cuarto hombre más rico del Reino Unido y dueño del grupo Virgin que ahora está en Chile, quien sostiene:

“Tenemos que ‘reinventar’ el capitalismo, al que sigo considerando como el mejor de los sistemas. Creo realmente que el capitalismo ha ayudado a mucha gente a mejorar sus vidas, lo que ocurre es que en los últimos tiempos ha perdido el camino (….) Hay que ‘humanizar’ el capitalismo y acabar con la idea de que una cosa es hacer el bien y otra muy distinta es hacer negocios”.

Él plantea dejar aflorar el “espíritu emprendedor” bajo nuevas fórmulas, para evitar que el sistema se venga abajo. Y puntualiza: “Yo nunca busco el dinero directamente. Soy de la teoría de que contribuyendo a la sociedad, el dinero viene después por sí solo”.

Pues bien, contrariamente a estas declaraciones, en el capitalismo la acumulación de riqueza adicional es la finalidad directa y motivo determinante de la producción, no así el contribuir a la sociedad ni resolver necesidades humanas. Es un principio ciego, “se acumula capital a fin de acumular más capital. Los capitalistas son como ratones en una rueda, que corren cada vez más deprisa a fin de correr aún más deprisa”, plantea el sociólogo Inmanuel Wallerstein. La acumulación privada y egoísta es el fin endógeno al capitalismo sin el cual no es tal. Aun cuando el discurso reformador y autoflagelante de la nueva ola empresarial fuese sincero, las presiones competitivas empujan a las empresas a enriquecer a sus dueños antes de cualquier otra consideración.

Por otro lado, están los ortodoxos que sí reconocen el principio del lucro como fin último, pero a la vez legitiman su utilidad social, según el axioma de que la acumulación privada de capitales por parte de unos, coordina y resuelve de forma óptima las necesidades de todos.

Ese axioma ha organizado la valoración pública del sector privado hasta el día de hoy, pero no concuerda con la vida de la mayoría que trabaja para vivir.

Consideremos lo que ha sucedido en un ‘país modelo’ como Chile durante sus últimos 40 años de maduración del capitalismo, donde el edificio institucional de la dictadura, que continúa vigente hasta hoy, brindó una oportunidad inédita para la acumulación de capital.

Este edificio prometía ser un boleto de prosperidad, lo que en el período dorado de 1990-1997, se vio legitimado por efecto del aumento de los salarios (sueldo mínimo sube un 30 % entre 1990-1993), la disminución de la tasa de pobreza (entre 1990 y 1998, cae en un 44 %, la ampliación de la cobertura de la educación (prácticamente universal en básica, del 90 % en la enseñanza media y una tasa promedio anual de aumento de matrícula universitaria del 11 %) y la integración al consumo mediante la deuda (se integran los sectores populares al sistema de crédito, llegando a constituir el 66,2 % del total de deudores en 1995). Todo esto hizo soportable el saldo creciente de desigualdad.

Pero luego de la crisis asiática nada volvió a ser igual y se dejó ver la fractura detrás de la fachada: los resultados ‘inclusivos’ mostraron que no eran sustentables ni garantías de buena calidad de vida. El trabajo, la salud, la educación y la vivienda, estaban asentados en un débil equilibrio y pronto se vieron degradados, al tiempo que la desigualdad se hizo más intolerable. Entre 1990 y 2011, la brecha en ingresos autónomos entre el 5 % más rico y 5 % más pobre en Chile subió de 130 a 260 veces (Casen 1990-2011), revelando que, definitivamente, no todos crecen cuando Chile crece.

Hoy, aún volviendo a cifras de crecimiento pre-crisis asiática y habiendo aumentado los empleos durante los últimos dos años, el 50 % de los trabajadores gana menos de $ 251.000 (Casen, 2011). Y el problema no es que ‘falte productividad’ o ‘trabajar más duro’ como sostiene el capitalismo de cátedra (“los salarios aumentan en proporción a los aumentos en productividad”). La evolución de los últimos 20 años dice todo lo contrario: mientras la productividad del trabajo (PIB dividido por horas trabajadas) ha aumentado en un 90 %, los salarios reales crecieron sólo en un 20 % (en base a Banco Central e INE), es decir, hubo un 70 % de incremento en productividad que fue apropiado por los empresarios.

Se puede argumentar que Chile no es el mejor ejemplo, ya que por su radicalidad (neo) liberal es más destructivo socialmente, mientras existen administraciones más ‘inclusivas’ del capitalismo. El problema, bajo esta óptica, sería el modelo de administración del capitalismo y no el capitalismo en sí. No obstante, dentro de los muchos problemas estructurales que el capitalismo efectivamente enfrenta, hay uno que es especialmente grosero y del cual no están exentos ni siquiera los países ‘inclusivos’: unos pagan el costo del bienestar ajeno. En efecto, aún habiendo cierta igualdad en un país, los costos sociales se derivan a otras partes del mundo (considérese lo ocurrido con las colonias o con las empresas instaladas en el Tercer Mundo). La sola evidencia de las crisis financieras, cada vez más recurrentes y que el propio capitalismo crea, muestra que los países más desarrollados tampoco son inmunes a las grandes debacles sociales, en donde quienes pagan son los sectores populares y no los que las producen —los bancos y especuladores—.

La fórmula ganar-ganar detrás de las nuevas ideas de “reinvención del capitalismo”, en que las empresas aportan a la comunidad pero “sin perder beneficios económicos”, son una tergiversación de esa situación y en nada ayudan a cambiarla. Desde otra vereda, en cambio, distintas visiones igualitaristas y anticapitalistas, de “vida plena”, “buen vivir” o socialización de la riqueza desde abajo, están también empezando a causar eco e instan a que la producción se oriente a la resolución de las necesidades humanas y no bajo la ley del valor, hacia una libertad sustantiva y no hacia la libertad abstracta de los liberales (en la cual, en realidad, elige quien “puede” y no quien “quiere”).

Una cosa es clara: el hecho de que sean los propios capitalistas quienes se alarmen y congreguen para resolver los problemas sociales y ambientales del capitalismo ante el riesgo de su obsolescencia, indica que sus secuelas son reales y profundas y que sus dueños saben muy bien que este sistema es una construcción social y no un dato de la naturaleza como se pinta. En otras palabras, que está sujeto a la transitoriedad histórica.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/04/16/la-reinvencion-del-capitalismo/

62° Capítulo de ECONONUESTRAS 15-abr-2013

la voz

Invitadas:
Susana Giacamán ex pdta. de la Sede Santiago de la Universidad del Mar y actual vocera del Grupo de Estudiantes Estafados
Valeska Concha vocera del MESUP: Movimiento de Estudiantes de la Educación Superior Privada

Extractivismo y teoría de las instituciones

megamineria

por Pablo Dávalos para Rebelión

Existe una trama de conflictividad que atraviesa toda América Latinay que está signada por el fenómeno del “extractivismo”. Gobiernos de derecha, de centro, de centro izquierda e, incluso, de izquierda radical, convergen de grado o por fuerza hacia el extractivismo. Es como si la fuerza gravitatoria de la presión extractivista excediese a todo discurso político obligándolos al pragmatismo de la real politik. Por paradojas de la historia, el extractivismo se hace presente en la región en momentos en los que el discurso ecologista se ha convertido en parte fundamental, tanto de las nuevas políticas públicas que legitiman al extractivismo, cuanto de los discursos que lo critican. De México a Argentina, y seal cual sea el color de su sistema político, la presión extractiva provoca despojo territorial, conflicto social, pobreza económica, intervención y control gubernamental, contaminación ambiental, destrucción patrimonial, violencia militar y paramilitar.

En todos los países de la región las sociedades resisten al extractivismo y, en consecuencia, son perseguidas, violentadas, criminalizadas. En México, el extractivismo está asociado a la crisis del sistema político y del propio Estado mexicano, al extremo que el país ha sido puesto en la lista de “Estados fallidos”. La violencia del extractivismo, en este país, además, está asociada al crimen organizado, al terrorismo del paramilitarismo y a la corrupción del gobierno. En Guatemala el extractivismo se asienta en un proceso previo de terrorismo de Estadoque incluye el asesinato a líderes sociales, como por ejemplo, el asesinato de Carlos Hernández miembro de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas, COPISCO. Incluso en el país más ecologista de toda la región, Costa Rica, la presión extractivista provoca conflicto y tensión social. Existen países cuyos territorios, casi en su integridad están entregados a las corporaciones extractivistas, como son los casos paradigmáticos de Perú y Paraguay. Existen casos emblemáticos de patrimonio natural, como los glaciares de Pascual Lama en Argentina y Chile, que están amenazados directamente por la presión extractiva. El extractivismo amenaza con provocar verdaderos genocidios a pueblos indígenas, como son los casos de los pueblos indígenas de Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador y Perú.

En el extractivismo convergen varias paradojas, quizá la más importante es la convergencia que muestran gobiernos tan dispares y disímiles en sus discursos y proyectos políticos. ¿Cómo es posible, por tanto, que un gobierno que se dice de “izquierda”, en la ocurrencia, Evo Morales en Bolivia, sea tan extractivista como un gobierno declaradamente de derecha, como el PRI de Peña Nieto en México, o Piñeira en Chile? Sobre esta misma línea ¿cómo es posible que la mayor parte de los intelectuales de izquierda del continente sean conniventes con el extractivismo de gobiernos afines a su ideología y sean ferozmente críticos con el extractivismo de los gobiernos de derecha? ¿Quizá existe un extractivismo bueno y otro malo?

Otra paradoja del extractivismo es aquella que hace referencia al discurso ecológico y del calentamiento global. Un discurso que no solo lo recogen casi todos los gobiernos de la región sino también las agencias internacionales de cooperación para el desarrollo, en especial las agencias del sistema de Naciones Unidas. Mientras más se habla de ecología y calentamiento global más se profundiza el extractivismo. De hecho, los programas más extractivistas son aquellos que se cubren de ecología y discurso “verde”, en la ocurrencia, los programas REDD+ de la Naciones Unidas, y de la UNCTAD, y que tienen en los gobiernos de “izquierda” de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, entre otros, a sus referentes más importantes.

Otra paradoja radica en el discurso de los derechos humanos y los nuevos instrumentos de defensa a los derechos humanos suscritos y apoyados por todos los gobiernos de la región. En efecto, no hay gobierno que no haga reiteradas y profusas confesiones a favor de los derechos humanos pero que, al mismo tiempo, criminalice a sus sociedades para permitir al extractivismo. Los ejemplos son numerosos. El asesinato de Sabino Romero, líder indígena de los Yukpas, en el gobierno bolivariano de Venezuela, para concesionar los territorios yukpas a las corporaciones mineras del carbón; las persecuciones y encarcelamientos a líderes sociales en Ecuador por el gobierno de la “revolución ciudadana” para permitir la expansión de la frontera petrolera, la minería abierta a gran escala, los programas ONU-REDD, los biocombustibles, etc.; la represión en el TIPNIS por el gobierno del MAS en Bolivia y la persecución a las organizaciones sociales que se oponen a los ejes multimodales IIRSA en este país; la criminalización social en Paraguay; la represión a los pueblos mapuches y el asesinato de varios de sus líderes históricos, en Chile; la persecución social a los movimientos sociales que se oponen al proyecto minero Conga, en Perú, etc.

En fin, en todos los gobiernos de la región el expediente de abusos, crímenes, torturas, encarcelamientos, despojos, etc., en contra de las sociedades que resisten al extractivismo, es largo y con evidencias contundentes. Empero de ello, todos los gobiernos se han declarado respetuosos de los derechos humanos y, algunos de ellos, incluso han apoyado las declaraciones más importantes de Naciones Unidas a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Empero, la presión extractiva no realiza concesiones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas. Asi, mientras más se habla de derechos humanos más se extiende y consolida el extractivismo y más violencia sufre la sociedad de forma independiente de todas las declaraciones a favor de los derechos humanos.

Otra paradoja está en el hecho de que casi todos los gobiernos de la región han adecuado sus marcos jurídicos al tenor de las recomendaciones de la OMC con respecto a las garantías, protección y seguridad a los inversionistas y la inversión extranjera directa, a pesar de las frecuentes declaraciones a favor de la soberanía nacional y, en algunos casos, de los discursos en contra del imperialismo. Este proceso de adecuación de las legislaciones internas de los países en función de los requerimientos de protección y seguridad jurídica a los inversionistas, ha sido denominado como “convergencia normativa” y es una parte fundamental, por ejemplo, de los ejes de integración multimodal de la IIRSA. En la región, no hay un solo gobierno que se haya alejado un milímetro de los procesos de convergencia normativa, independientemente de su color político y de su retórica antimperialista.

Asimismo, otro hecho que llama la atención es la forma por la cual se disculpa y legitima al extractivismo: la renta extractiva financiaría el gasto público en el área social, sobre todo salud, educación y previsión social. Es como si en una especie de cinta de Moebius el gasto social que en la época del ajuste macrofiscal del FMI fue utilizado como dispositivo de control social para garantizar la privatización del Estado y la desarticulación social, ahora se convierta nuevamente en argumento de legitimidad de la renta extractiva asociándolo con el financiamiento de lo social. Con la diferencia que ahora es el Estado quien administra directamente la renta extractiva para gestionar el gasto social. Es esta nueva función del Estado lo que a muchos teóricos, muchos de ellos críticos al neoliberalismo, les lleva a pensar que en América Latina se viven momentos de cambio radical, y es sobre esta percepción del nuevo rol del Estado que se posiciona el discurso del “posneoliberalismo”.

Sin embargo, una de las paradojas que más llama la atención en la dinámica extractivista es el hecho de que, al menos en América Latina, aún no hay marcos teóricos para comprender en su complejidad al fenómeno del extractivismo. Es tan fuerte la carencia de un marco teórico para asumir, comprender y criticar al extractivismo, que el discurso teórico que subyace a toda la propuesta extractiva, en la ocurrencia aquel del discurso del institucionalismo anglosajón, aún no está inscrito en el horizonte del pensamiento crítico latinoamericano. Es más, muchos críticos al extractivismo eluden la crítica a la teoría del institucionalismo aunque utilicen algunos de sus conceptos y categorías, como por ejemplo, el concepto de “acción colectiva”.

Ahora bien, quizá pueda parecer una exageración afirmar que aún no existe un marco teórico para comprender al extractivismo, pero pongo algunos ejemplos al respecto. En el VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, realizado a mediados de junio del año 2012 en Quito-Ecuador en la sede de FLACSO, de las más de mil ponencias presentadas en ese evento en ninguna de ellas se hizo alusión, ni tampoco tuvo como tema central de análisis, los procesos extractivos en el continente. De su parte, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, hace algún tiempo una de las instancias más críticas al neoliberalismo y que de alguna manera permitió el acercamiento y acompañamiento de intelectuales críticos del continente con los procesos de movilización y resistencia social al neoliberalismo, desde hace algunos años no tiene un solo grupo de trabajo dedicado a estudiar al extractivismo y sus consecuencias, entre ellas, la criminalización social [1] .

Una revisión a los textos más radicales sobre el extractivismo (Svampa; Acosta; Gudynas; Machado Araoz, etc.) [2] , tampoco dan cuenta de la profunda relación entre el extractivismo y el marco teórico de la teoría del institucionalismo político y económico. Ahora bien, no se trata de una cuestión teórica o académica sino del centro mismo del debate teórico y crítico sobre el extractivismo y su praxis. Si no existe una percepción clara de esa relación la crítica teórica y, en consecuencia, las posibilidades de movilización y resistencia, se acotan.

En efecto, una dinámica fuerte del extractivismo es el Pago por Servicios Ambientales y es el centro de todas las propuestas de despojo territorial llevadas adelante por los programas ONU-REDD en todo el continente. Otro aspecto predominante del extractivismo es el pago por derechos de propiedad para los OGM (organismos genéticamente modificados) o transgénicos. Los programas de captura de carbono y sumideros de carbono de los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) se vinculan con la creación de swaps de naturaleza y productos financieros derivados y tienen en la teoría de los costos de transacción y los derechos de propiedad su eje central. Estos dos conceptos son, de hecho, el núcleo teórico que permite esa articulación entre los mercados financieros especulativos, la convergencia normativa de la OMC hacia la “seguridad jurídica” para los inversionistas y las dinámicas extractivistas.

En el caso de la minería abierta a gran escala también puede verse la carencia de esa relación y crítica teórica. En efecto, a veces es más importante la concesión territorial realizada por el gobierno que la explotación de la mina en sí misma, porque la concesión territorial pueda ser negociada y vinculada con instrumentos financieros (futuros, swaps de commodities, derivados, etc.), de forma independiente de la explotación, producción y comercialización. Asimismo con la renta del agua, de la biodiversidad, del clima, de la belleza escénica, etc. Todos estos procesos tienen en la teoría anglosajona de las instituciones no solo su marco teórico sino sus condiciones de posibilidad.

Quizá sea necesario precisar en qué consiste la relación entre la teoría institucional, la especulación financiera y el fenómeno del extractivismo en el capitalismo tardío. El neoinstitucionalismo económico plantea una revolución teórica en la economía neoclásica que es consustancial para el extractivismo. Esa revolución teórica está en la ampliación del horizonte de posibilidades epistemológicas de la ley del valor. Mientras la teoría de la economía clásica adscribía la ley del valor a las posibilidades de la producción (valor trabajo) o el consumo (valor marginal), el neoinstitucionalismo propone una versión más amplia del valor que consiste en la incorporación de los denominados “costos de transacción” a toda actividad económica. Pero los costos de transacción significan todo el entramado social e histórico en el cual se realiza el intercambio económico. Mientras que la teoría económica clásica miraba a la sociedad desde el mercado y la consideraba un proceso óptimo, eficiente y en equlibrio, le teoría institucionalista integra a la misma sociedad al mercado y no deja absolutamente nada fuera de él. Por ello es más realista que la teoría económica convencional y reconoce aquello que ella misma denomina “fallas de mercado”.

Pero estas fallas de mercado es la sociedad en sí misma. Es la existencia humana en su totalidad. Mientras que para la teoría económica clásica era una tarea casi imposible fijar un valor a aquello que sobrepasaba su horizonte teórico (sea el trabajo o la preferencia del consumidor), por ello era impotente para calcular un valor, por ejemplo a la naturaleza, para la teoría institucionalista de los costos de transacción todo tiene un valor en el sentido más literal del término. Si este valor no está incorporado al circuito económico, como por ejemplo el clima, la contaminación, el ADN, o la belleza escénica, es porque aún no han sido definidos sus costos de transacción. Una vez definidos estos costos de transacción todo puede ser incorporado a los circuitos de mercado.

El avance más importante de la teoría económica del institucionalismo está, precisamente, en la valoración ambiental. Todo el esquema de la puesta en valor de la naturaleza y, por tanto, de su mercantilización, subyace al esquema teórico de los costos de transacción de la teoría institucionalista. La cuestión es ¿cómo definir los costos de transacción? Y la respuesta que da la teoría del institucionalismo es relevante: transparentando los derechos de propiedad. Y ¿cómo se transparentan los derechos de propiedad? Pues, por la vía del derecho, las leyes y los acuerdos internacionales que garantizan la seguridad jurídica a los inversionistas y a las inversiones.

Si esto es así, la transformación más importante no es al mercado sino a la sociedad en su conjunto, especialmente al Estado. La economía del institucionalismo anglosajón se convierte en aquello que había perdido el discurso económico neoliberal: en economía política. El cambio institucional, en consecuencia, es más político que económico y, a largo plazo, se convierte en cambio histórico. Si la historia de alguna manera había estado alejada de las coordenadas mercantiles, con la teoría del institucionalismo anglosajón, ahora toda la historia humana puede ser inscrita a las coordenadas del mercado.

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[1] Para inicios del 2013 existían los grupo de trabajo “ Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas”, coordinado por Augusto Castro Carpio y Pablo Chacón Cancino, y “Patrimonio biocultural, territorio y sociedades afroindioamericanas en movimiento”, coordinado por Francisco López Barcenas y Matías Carámbula Parejas; en donde se aborda de alguna manera la temática extractiva, pero los marcos teóricos, institucionales, epistemológicos, geopolíticos, del extractivismo, no forman parte de las preocupaciones actuales de CLACSO.

[2] Se pueden ver los textos de E. A. Gudynas y Acosta, entre otros, en la página web www.alainet.org, los textos de M. Svampa y H. Machado pueden verse en la revista de la OSAL-CLACSO, Noviembre 2012, CLACSO, sitio web: www.clacso.org.ar.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=166338