Archivos Mensuales: enero 2013
En Bélgica construirán una isla para almacenar energía eólica
por BBCMundo
Tiene agua, arena y brisa y no es un paraíso turístico. Se trata de la isla en forma de dona, o rosca, que quiere construir Bélgica para producir y almacenar energía eólica.
El país europeo persigue desde hace un tiempo el objetivo de eliminar gradualmente su producción de energía nuclear.
Esta finalidad cobró importancia a nivel mundial a partir de la crisis de la central de Fukushima, en Japón, luego de que una central se saliera de control tras el terremoto y tsunami que afectaron la isla.
Entre las posibles alternativas para lograrlo, producir energía eólica parece ser una de las más convenientes.
Las ventajas que ofrece extraer energía del viento son evidentes.
Es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al remplazar las centrales termoeléctricas que funcionan con combustibles fósiles.
Pero tiene un gran inconveniente: no se puede obtener bajo demanda. Su producción depende enteramente de las condiciones climáticas.
«Gran parte de la energía que producen nuestros molinos de viento se pierde cuando la demanda de electricidad no es consecuente con la producción», explicó Johan Vande Lanotte, ministro del Mar del Norte en Bélgica durante la exposición del proyecto en el puerto belga de Zeebrugge.
En el mismo evento, Lanotte explicó la naturaleza de la solución: una isla artificial en el mar del Norte a 3 km de la costa belga, destinada únicamente a producir y almacenar energía eólica.
La idea de este proyecto es que la energía producida por molinos de viento que no se utilice se emplee para alimentar una turbina de agua ubicada en el centro de la isla (por eso la forma de rosquilla).
Según los impulsores del proyecto, se estima que el proceso de construcción tarde aproximadamente unos cinco años.
Mediante la construcción de la isla, Bélgica espera producir 2.300 megawatts en su isla artificial, remplazando significativamente los 3.000 megawatts que producen hoy en día cada uno de los dos reactores nucleares que funcionan en el país.
¿Sueño o realidad?
El proyecto en cuestión aún no se ha concretado, pero se espera que se formalice a finales de este año para proceder con la construcción de la infraestructura requerida.
¿Pero logrará el objetivo que se propone?
Para Garreth Harrison, experto en ingeniería energética y catedrático de la escuela de ingeniería de la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido, el mayor reto al que se podría enfrentar el proyecto belga es de índole económico.
Construir una infraestructura semejante podría suponer una inversión descomunal, le explicó a BBC Mundo.
En respuesta, Lanotte, en nombre de los impulsores del proyecto, señaló que el presupuesto estimado para la construcción de la isla artificial no se ha determinado todavía, pero que la intención es que los fondos provengan de firmas privadas.
Heikki Willstedt, director de políticas energéticas de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en España, concuerda con que para que el proyecto sea eficiente, tiene que ser rentable económicamente, por lo que una correcta estimación de sus costes y tener claro cómo se va a recuperar la inversión son temas clave antes de empezar a construir.
Otro aspecto a tener en cuenta es la evaluación de los impactos ambientales de la construcción de una isla de estas características, que, según le explicó Willstedt a BBC Mundo, podría ser un reto importante.
Otras posibles soluciones
Un sistema de interconexión a nivel europeo con el fin de compartir la energía eólica es otra posible solución al problema.
Aunque ambos expertos calificaron el proyecto de «interesante», Harrison aclaró que incluso si el plan cumple con las expectativas, tiene que combinarse con otras alternativas para que el país logre incrementar su dependencia en la producción de energía eólica.
Una de las posibles soluciones que plantea el académico es pensar en distribuir la infraestructura destinada a producir energía (en este caso, los molinos de viento) en distintos puntos, de manera en qué cuando el viento no sople lo suficiente para producir energía en un lugar, produzca en otro.
Harrison aclaró que esta alternativa podría ser poco práctica para Bélgica debido al pequeño tamaño del país – ya que posiblemente las condiciones climáticas sean muy similares a lo largo de su territorio – pero indicó que en otros países puede resultar eficiente.
Otra posible solución, mencionada por ambos expertos, es la implementación de un sistema de interconexión a nivel europeo.
«En vez de construir infraestructuras para almacenar energía eólica, podemos compartirla”, apuntó Harrison.
Willstedt concuerda: «en el caso europeo la mejor forma de solucionar este problema es empezar por mejorar las interconexiones eléctricas entre países», dijo.
«Un buen ejemplo es el caso de Dinamarca, que al estar bien conectada con Escandinavia y Alemania, su generación eólica excedentaria puede ser fácilmente absorbida por su vecino del sur, mientras que en momentos de menos viento puede recibir electricidad de origen hidráulico de sus vecinos del norte, Suecia o Noruega», añadió.
La energía eólica en el mundo
Aunque es difícil determinar con exactitud la importancia de la energía eólica en el mundo de hoy, es evidente que su producción tiende a crecer.
A mitad de 2012 se registraron 254.000 MW instalados en el mundo, con una capacidad de generación de 500 TWh al año, lo cual sería equivalente a casi el 3% de la demanda eléctrica mundial, explica Willstedt.
«Hay países que han superado el 10% de su demanda cubierta con la energía del viento: Dinamarca, Portugal, España (18,8% en 2012), Irlanda y Alemania. Antes de 2020 habrá nuevos países y regiones que podrían haber superado esta barrera, como son Reino Unido o la UE», dice.
Para la misma fecha, China y Estados Unidos podrían haber superado el 5% de su electricidad producida con eólica, sostiene Willstedt.
Para entonces se podrán sacar conclusiones sobre la viabilidad y reproducibilidad de la «isla dona» en otros lugares.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130125_isla_donut_almacenar_energia_belgica.shtml
España: ante tanto banco malo, abren el banco «güeno»
por BBCMundo
Hasta la policía lo piensa dos veces para entrar en este barrio. A las afueras de Málaga, España, entre edificios desmantelados y sonidos de flamenco, está La Palmilla. Allí los vecinos se tomaron la sede del único banco que existía y lo rebautizaron en jerga andaluza como «Er banco güeno» (el banco bueno).
«Se habla tanto de los bancos malos, de los chorizos (ladrones) que van comprar la deuda del boom inmobiliario para luego explotarla, que se nos ocurrió lo de Er banco güeno, así mal escrito para que sepan donde estamos», comenta a BBC Mundo Ángel Antich, uno de los interlocutores del movimiento que surgió después de la paralización de un desahucio.
El poblado de unos 15.000 habitantes está surcado por problemas de delincuencia y drogadicción. Además carga con altas tasas de desempleo y con el drama de las familias que no pueden pagar sus hipotecas.
«En el barrio había un banco abandonado desde hace ocho años y se nos ocurrió ocuparlo y crear un espacio autogestionado para proyectos en general. La primera necesidad del barrio es el hambre: hay niños que no comen en La Palmilla», describe Antich.
Y es que en este banco la gente no sale con dinero ni hipotecas sino con un plato de comida. En su interior, entre guitarras y palmeteos, se ha habilitado un comedor social para todo el que lo necesite.
En sus arcas en lugar de billetes hay cerca de una tonelada de alimentos fruto de donaciones de mercados, bares y vecinos.
«Nos sobra la pasta (dinero en España)», bromea el líder al referirse a los más de 100 kilos de espaguetis que tienen almacenados.
La apertura del banco ha provocado una cascada de apoyos en las redes sociales e incluso contactos con Suiza.
«Nos llamaron de Suiza para decirnos que querían apoyar el banco con una donación de 100 francos mensuales», detalla Ángel.
«Estamos viendo cómo gestionamos esa ayuda pero no queremos dinero, la típica limosna. Lo que queremos es que la gente replique la idea en sus ciudades. Lo que no puede ser es que la gente viva en la calle cuando este capitalismo ha dejado montones de edificios, centros comerciales y casas vacías», agrega.
En el local se ha habilitado un comedor social para todo el que lo necesite.
Un barrio peligroso y precioso
El fenómeno se multiplica en diferentes ciudades de España inspirado en movimientos como el 15M o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
En Barcelona, por ejemplo, funciona otro banco «güeno», el banc expropiat (el banco expropiado), como lo han bautizado.
El banco, que ya ofrece clases de salsa, guitarra y jiu-jitsu, está en el céntrico barrio de Gracia donde funcionan muchas de las principales entidades financieras.
En La Palmilla, por su parte, siguen las reformas con grupos de albañiles desempleados que acondicionan una oficina precaria para atender, como sugiere su nombre, los problemas de precariedad.
«La mayoría de la gente de La Palmilla vive con el agua pinchada (contrabando) y ahora están metiendo a la cárcel a los que no han pagado facturas de hace cuarenta años», explica Ángel.
«Buscamos que la gente se empodere, que defienda sus derechos sin esperar una respuesta del estado o del gobierno, que lo hagan. Necesitábamos un centro social y nos hemos tomado un banco», agrega.
«La Palmilla tiene fama de barrio chungo (peligroso) pero es un barrio precioso: hay gitanos, negros, inmigrantes, moros y payos (blancos) conviviendo en el mismo lugar, hay un sentimiento de barrio muy fuerte», explica el líder.
Quizás por ello no tiene miedo de que Er banco güeno sufra un asalto.
«Hasta el delincuente no quiere delinquir en su barrio. Hay gente que se nos ha acercado y nos ha dicho al oído: el que te toque lo mato. En su lenguaje quiere decir: los queremos, estamos con ustedes», apunta Ángel.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130122_sociedad_espania_er_banco_jr.shtml
La estafa de las AFP
“Cerca del 60 % de los cotizantes activos que entraron al sistema en 1981 podrá aspirar a pensiones del orden de $ 150 mil”. La declaración de Joaquín Vial (ex director de presupuestos en el gobierno de Eduardo Frei, ex economista jefe del BBVA, ex presidente de AFP Provida y actual consejero del Banco Central) ha llevado a un desfile de declaraciones: desde la defensa del modelo de AFPs, hasta propuestas de nuevas reformas al sistema y otras, a su franca eliminación. En entrevista con econonuestras, Gonzalo Cid economista de CENDA (Centro de Estudios que viene abogando por el fin de las AFP´s, mucho antes del revuelo mediático actual) realiza un diagnóstico crítico del manejo de las pensiones de los trabajadores chilenos.
¿Por qué fue creado el sistema de AFP?
En medio de la crisis de comienzos de los años 80, en Chile se procede a la privatización del sistema de pensiones como una máquina de capitalización de dinero para entregárselo a los empresarios que “echarían a andar el país”. El sistema de AFP se ideó en la lógica de acumular capital para que grandes grupos económicos lo pudieran usar, considerando que se trata de un flujo de dinero permanente y sin riesgo. Ello traspasó la dictadura, y como una de las tantas políticas neoliberales de la época, la concertación la continúo administrando.
En 1981 comienza el lucro de los ahorros de los trabajadores chilenos por parte de las administradoras de fondos de pensiones. Proponen reemplazar el sistema antiguo – de reparto, solidario – por uno donde las tasas de reemplazo (porcentaje de la pensión respecto del sueldo de los últimos años) alcanzasen el 75%.
“El sistema de capitalización individual consiste en el descuento a cada trabajador de un porcentaje (aproximadamente 11,5%) lo cual se va acumulando en un fondo, que se invierte en instrumentos financieros fijos y variables (bolsa de valores) en chile y el extranjero, con lo cual se espera que el ahorro y la rentabilidad permita una tasa de reemplazo del 75%, según su ideólogo José Piñera”, nos cuenta Gonzalo.
Y la estafa queda de paso en evidencia: del 11,5% por trabajador que en promedio se le entregan a las AFP, un 10% va al fondo de capitalización individual y un 1,5% va a gastos de administración. Pero tal gasto de administración en el fondo es en realidad entre un 11 y un 21% del monto que administran, pero entregan sólo un 8% de rentabilidad. Cuando se cobran tasas de comisión más altas que la rentabilidad mayor que pueden ofrecer (por ejemplo 8% en el fondo C), se concibe una estafa legal.
“La declaración de Vial es optimista”
“De acuerdo a los simuladores de las AFP y la superintendencia, usando los mismos supuestos de Joaquín Vial, se obtienen valores de pensiones promedios de sólo $100.000”. “La idea de que uno controla su propio fondo, es una completa mentira. Detrás están los grandes grupos económicos, que reciben los fondos, lucran con ellos y finalmente obtienen una alta rentabilidad, pero con un promedio de pensión privada es de $178.000, menor al sueldo mínimo, mientras la pensión de vejez (la mayoritaria) entrega un promedio de $154.000, con lo cual un trabajador promedio cuando se jubila queda bajo la línea de la pobreza.”
Incluso más allá de su “ineficacia”, o sea no responder a su supuesto fin de satisfacer la necesidad de pensiones dignas para los trabajadores chilenos, Gonzalo nos precisa que el sistema en sus propios términos es ineficiente. En la práctica, un negocio inmobiliario del tipo “comprar una vivienda para arrendarla”, genera mejores rentabilidades que una AFP, donde se le pagan buenos sueldos a ingenieros comerciales para que renten con el dinero de los trabajadores chilenos, pero devolviendo menos que limosnas.
El sistema está completamente subvencionado por el estado
Además, el sistema está completamente subvencionado por el estado. “En chile, entre el año 1981 y 2009, sobre el 50% de los dineros con que se pagaron las pensiones privadas provinieron del estado”. Y eso que el sistema sólo abarca a la mitad de la población. Al contemplar la totalidad, se tiene que el estado participa del 75% de las pensiones de los chilenos. Y eso que “La gran excusa es que era una gran carga para el estado y, por lo tanto, ineficiente”.
El sistema de AFP fue creado paralelamente a un mercado laboral precario, sueldos bajos e inestables, lleno de lagunas previsionales, completamente contrario al escenario ideal al que debiesen aspirar las AFP.
En ello coincide la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, que además de ratificar que un país con un mercado laboral caracterizado por la precarización e inestabilidad no sirve un sistema basado en la “capitalización individual” como las AFP, insiste en la aparente contradicción de los defensores de las AFP: la crítica ideológica al sistema antiguo era la injerencia y los costos para el Estado, “pero ahora es peor, pues el Estado no recibe nada pero se verá obligado a desembolsar cada vez más dinero”. Y claro, si el sistema fue diseñado para ello(s).
Un callejón con salida
Al respecto de la salida al actual sistema, es que uno futuro se centre en el cálculo de las pensiones y no de las rentabilidades como es actualmente. No en una AFP estatal ni en aumentos de rentabilidades, que seguirían la misma lógica, sino en un sistema de reparto presente en el 95% de los países, en especial los “desarrollados”, pero donde el centro esté en garantizar una pensión justa. En ello el actual INP podría jugar un rol clave administrando el sistema, con lo cual se podría aspirar incluso (en un cálculo de CENDA para el año 2009) a un excedente de US$ 5.200 millones anual, con eso se podría aumentar en $ 100.000 a los actuales jubilados (1.800.000 personas) y quedando aún con US$ 1.000 millones que podrían, por ejemplo, destinarse a educación.
Escucha la entrevista completa aquí
51° Capítulo de ECONONUESTRAS 28-ene-2013
Invitados:
– Gonzalo Cid, economista de CENDA, realizando un diagnóstico crítico de las AFP
– José Luis Candia de www.fugadetinta.cl, medio de información de la IV región
Por qué no deberíamos trabajar más de seis horas
por Pijama Surf
Christian Bronstein y Eric Winer nos comparten una investigación sobre los efectos que tiene la jornada laboral tipificada de 8 horas y desarrollan una alternativa para llevar una vida más sana y más productiva con jornadas de 6 horas de trabajo.
“No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar.”
Bertolt Brecht
“La resignación es un suicidio cotidiano.”
Pindaro.
Aquellos de nosotros que acaso podemos considerarnos afortunados de tener acceso a un empleo dentro del contexto salvajemente competitivo, opresivo y desigual que nos impone el mercado, inmersos como estamos en medio de la vorágine social, los medios de comunicación alienantes y las urgencias de cada día, podemos olvidarnos con facilidad de nuestro lugar en la sociedad, no sólo como empleados y consumidores, sino como actores sociales productores de cambio y de progreso individual y colectivo, como auténticos co-creadores de nuestra realidad actual.
Parece que vivimos en una sociedad en donde impera el individualismo, la mezquindad, e incluso más gravemente, la adherencia pasiva, ingenua o inconsciente de la mayoría de los sujetos a la reproducción de una estructura social que, suponen, los excede, y que rara vez es evaluada de manera crítica. Una de los factores que contribuyen a esto es sin duda la absorción que implican las jornadas laborales actuales. Si se trabaja la mayor parte del día existe poco tiempo para pensar, poco tiempo para forjar un pensamiento crítico y para participar de manera transformadora y creativa en la construcción de nuestra sociedad. No parece haber tiempo más que para seguir alimentando este modo de funcionamiento del sistema. Pero este sistema está en crisis. No sólo a nivel económico, sino más profundamente, a nivel cultural. Y toda crisis demanda una transformación. Es momento de que todas las personas puedan enriquecer sus vidas y espíritus en vez de ser devoradas por la cotidianeidad del trabajo en donde las auténticas subjetividades están tan desvalorizadas.
En la mayoría de los países de Occidente se permite al empleador imponer jornadas laborales alienantes de no menos de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Puede una sociedad que aspire a una calidad de vida realmente saludable y plena de sus ciudadanos ser compatible con este contexto legal que suprime el derecho de todo ser humano pleno a volcar su actividad no solo en su vida laboral, sino también en su participación democrática y en su ámbito personal? Si con algo es coherente este actual contexto legal es con un modelo económico que contempla al ser humano como un mero engranaje de un sistema productivo, cuyo tiempo debe estar subordinado casi exclusivamente al trabajo y el consumo, beneficiando a quienes se encuentran en la pirámide del mercado.
Como señala el filosofo contemporáneo Antonio Fornés “Actualmente trabajamos más horas que un esclavo romano, pero creemos que vivimos en una sociedad superlibre… No tenemos tiempo de ver a los amigos, de reflexionar en voz alta con ellos, ni de estar con nuestros hijos, estar de verdad. Hay que madrugar, no tenemos tiempo de hacer el amor con la persona que hemos elegido: la pasión se marchita. Lunes, martes, miércoles, jueves…. La rutina engulle nuestra vida a cambio de algún capricho, otro jersey negro que luciremos en la oficina, un mes de vacaciones, un coche nuevo para el atasco del domingo. Siento amargarte el desayuno, pero ¿eso es vivir?… ¿Abdicar de la vida para que tus hijos abdiquen el día de mañana de la suya? Mi gato vive mejor.”
Pero una cultura que ponga el valor de la vida por encima de los valores del mercado y la realización colectiva por encima de la competencia, debe contemplar al ser humano no sólo como trabajador y consumidor, sino también como individuo civil, como persona afectiva y como sujeto de realización personal e integración cultural, equilibrando su tiempo en tres instancias sociales imprescindibles: la personal, la civil y la productiva.
Como la historia ha demostrado, cada conquista de nuevos derechos laborales nos ha alejado poco a poco de los tiempos de la esclavitud declarada y ha dado lugar a sociedades relativamente menos injustas. Por ello, uno de los principales espacios sociales en donde pueden reflejarse y concretizarse los valores de una nueva cultura es el del derecho laboral. Debemos concientizarnos de la necesidad de reivindicar y defender nuestro derecho a la libertad humana frente a la jornada laboral, como una de las formas más claras de esclavización cotidiana. Reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias (o 30 horas semanales) sin aplicar reducción salarial, es una propuesta realista y concretable que significaría un progreso social y cultural de no menores proporciones, repercutiendo en la calidad de vida de todo el pueblo. Es claro que esta propuesta, en principio, no reduciría la injusta distribución del ingreso imperante en nuestra sociedad capitalista (que debería constituir una preocupación paralela), pero sí sería un modo concreto de apropiarse a gran escala de la riqueza productiva –hablamos de reducir la jornada sin aplicar reducciones salariales-, ya que se traduciría en un incremento del valor hora para todos los trabajadores.
En algunos países de Latinoamérica como Venezuela, Uruguay y Argentina, afortunadamente, se han comenzado a debatir proyectos de ley que podría hacer realizable esta idea:
El senador argentino Osvaldo López, autor de un proyecto de ley que defiende la reducción de la jornada laboral a 6 horas como un derecho que debe ser garantizado independientemente de las condiciones salariales, plantea que: “Esto se puede lograr sin aplicar reducción salarial, manteniéndose los niveles vigentes a través del incremento proporcional del valor hora. El derecho a una retribución justa es una conquista social que debe ser garantizada por separado, no pudiéndose negociar por la jornada de modo que alguien deba trabajar demasiadas horas o tener más de un empleo para que el salario le alcance.”
En su misma línea, Mario Woronowski, psicólogo y sociólogo argentino, e integrante del Foro de Políticas Públicas de Salud del Espacio Carta Abierta, considera que la reducción de la jornada responde a una necesidad social dentro de un contexto mundial que cataloga como “una crisis civilizatoria, y no solo del sistema financiero.”. Woronowski señaló que “para muchos sectores y personas, ideas como estas son utópicas”, y a su vez abogó por “no asustarse de las utopías, sino asustarse de la falta de ellas”.
Por nuestra parte, hemos elaborado 9 fundamentos principales que consideramos que justifican esta necesaria y urgente transformación social:
1. REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO:
La posibilidad de estructurar dos turnos laborales, permitiría la incorporación de mayor personal con el beneficio de reducir del desempleo. Como señaló el senador Osvaldo López, las leyes de reducción de la jornada laboral pueden funcionar como “una herramienta para crear mayor cantidad de puestos de trabajo con la liberación de horas por parte de quienes pueden estar hoy sobre ocupados”.
2. VIDA FAMILIAR Y AFECTIVA:
La reducción de la jornada laboral a 6 horas favorecería la cohesión familiar, respetando el derecho del niño a crecer en un ambiente familiar con una mayor presencia de los padres en el hogar, y permitiendo a los padres participar activamente del crecimiento de sus hijos.
Y en términos más generales, la reducción de la jornada laboral nos permitiría a todos equilibrar nuestra vida laboral con la afectiva, los vínculos que hacen a nuestra vida verdaderamente significativa: pareja, familia, amigos.
3. AVANCES TECNOLÓGICOS:
Con la utilización de nuevas tecnologías (automatización industrial, telefonía celular, digitalización, fax, Internet, e-mail, etc.) las tareas en la mayoría de los ámbitos laborales se han simplificado enormemente, significando una considerable reducción de tiempo y esfuerzo para realizar tareas antes más largas y más costosas. La reducción de la jornada laboral debería ser, a todas luces, uno de los resultados lógicos y evidentes del avance en el desarrollo tecnológico del ser humano. Sin embargo, esto no ha sido así. Volviendo a citar al filósofo español Antonio Fornés: “La Revolución Industrial prometió que las máquinas irían reemplazando a los hombres y, por consiguiente, no tendríamos que trabajar para vivir. Tres siglos después, las máquinas han sustituido a los hombres en prácticamente todos los trabajos manuales, pero, sin embargo, no sólo los hombres siguen trabajando como entonces sino que: ¡Las mujeres también han tenido que ponerse a trabajar! ¿No te parece curioso que se mantenga el mismo número de horas que en 1926? ¿Puedes creer que las increíbles máquinas y la bendita Ciencia no hayan liberado -¡ni si quiera un poquito!- en 100 años de esa esclavitud, que es el trabajo, al hombre? ¿Cómo puede ser que los bosquimanos trabajen la mitad que nosotros si viven en la prehistoria?”
Está claro que los avances de la tecnología hicieron que suba la productividad de un trabajador, ¿pero quién se quedó con la diferencia de este progreso? El empleador, por supuesto. El resultado fue concentración de la riqueza y desocupación. ¿Por qué no se reparte el beneficio obtenido por los avances de la tecnología? ¿Por qué en lugar de echar trabajadores y mantener la misma cantidad de horas, no se mantuvo la cantidad de trabajadores y se redujo la cantidad de horas?
4. ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN:
Todo aquel que trabaje 8 o más horas diarias y asuma el desafío de estudiar alguna carrera o curso se dará cuenta rápidamente que el tiempo no-laboral del que dispone para eso y para el resto de sus actividades vitales suele ser realmente insuficiente o incluso ridículo en relación a las exigencias académicas, forzándolo a abandonar sus estudios o a hacer sacrificios que no todos pueden asumir para poder continuar. En muchos casos, los horarios de estudio simplemente son incompatibles con la disponibilidad horaria laboral.
Por otro lado, de forma creciente las tareas laborales son de índole intelectual en contacto con nuevas y sofisticadas tecnologías. Esto trae aparejado una necesidad de mayor capacitación (cursos, seminarios, etc.) que normalmente se suman al horario laboral. La lógica competitiva del mercado laboral actual no permite detenerse siquiera a aquellos que ya cuentan con un título, ya que los tiempos actuales exigen títulos y especializaciones más allá del nivel universitario o terciario.
En definitiva, la tensión entre la necesidad de capacitación constante con riesgos de quedar desactualizado o fuera del sistema laboral, y a su vez la necesidad de un sustento económico (horas de trabajo quitadas a la capacitación), traen aparejado un sujeto subyugado a serios riesgos biológicos (enfermedades nerviosas, stress, etc.) de la vida actual. La reducción del horario laboral facilitaría la realización de una integración coherente entre formación y empleo.
5. SALUD:
La reducción de tiempo laboral favorece la intensidad de trabajo, reduciendo espacios de ocio laboral que pueden generar una carga negativa en el ambiente: necesidad de mostrarse constantemente ocupado, stress de no tener actividades para realizar, tiempos muertos, etc.
Sumado a esto, trabajar 8 horas o más restringe enormemente el tiempo que un ciudadano puede dedicar a actividades necesarias para la salud física y psicológica: deportivas, de esparcimiento, meditación, etc.
6. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD:
En el año 2007, el Euroíndice IESE-ADECCO (EIL), al analizar el mercado laboral de siete países europeos, arrojó un resultado extraordinario: los países europeos con jornadas medias más cortas (Holanda, Alemania y Bélgica) presentaron mayor productividad por hora trabajada que el resto. Este estudio refutó la tradicional asociación de una jornada laboral más extensa con una mayor productividad, demostrando que “existe una relación negativa entre ambos conceptos y, al trabajar más horas, se tiende a disminuir el aprovechamiento que se hace de cada una de ellas”. Así, se destacó que “una mejora en la eficiencia (productividad) puede llevar a reducir la jornada de trabajo sin que se produzca una caída en la producción.”
7. RECURSOS ENERGÉTICOS E IMPACTO AMBIENTAL:
En los numerosos entornos laborales en donde no sea necesario incorporar dos turnos, la reducción laboral no solo intensificaría los momentos de trabajo, sino que maximizaría los recursos energéticos, disminuyendo significativamente el impacto ambiental.
8. HACINAMIENTO:
La posibilidad de emplear dos turnos, podría resolver núcleos de hacinamiento laboral físico, además de abrir a nuevas posibilidades de capacitación. Significaría, por otro lado, la posibilidad de un uso más inteligente y eficiente del transporte público y privado en las zonas en donde se concentra la mayor actividad, favoreciendo enormemente la desconcentración poblacional, evitando la saturación del flujo de transporte en micros, trenes, avenidas y autopistas en las llamadas “horas pico”, acelerando y simplificando la movilidad de los ciudadanos, y disminuyendo a la vez el impacto ambiental del transporte privado.
9. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CREATIVO:
La investigación científica y académica, que podría significar una mejoría sustancial no solo a nivel laboral sino también de país, excepto en los excepcionales casos en que esté financiada, queda normalmente relegada por la absorción laboral. Las actividades culturales artísticas y creativas en general quedan, por su parte, también restringidas por las limitaciones que impone el tiempo laboral. Podríamos preguntarnos, junto con el reconocido lingüista y analista político internacional Noam Chomsky: “¿Queremos tener una sociedad de individuos libres y creativos e independientes, capaces de apreciar y aprender de los logros culturales del pasado y contribuir a ellos..? ¿Queremos eso o queremos gente que aumente el PBI? No es necesariamente lo mismo.”
Por estas razones, creemos, que es necesario convertir este tema en una preocupación social y en una bandera colectiva, en un reclamo que todos debemos exigir a nuestros representantes políticos. Quizás ha llegado el momento de comenzar a pensar en una nueva cultura y orientarnos social y políticamente hacia ella. Una cultura en donde se ponga el derecho de todos a una vida plena por encima del derecho de unos pocos a la sistemática explotación laboral. Una cultura en donde se trabaje para vivir, y no se viva para trabajar.
La reducción de la jornada laboral a 6 horas sería una excelente forma de empezar.
Sigue el grupo de Facebook: Por una jornada laboral de 6 horas
http://pijamasurf.com/2013/01/por-que-no-deberiamos-de-trabjar-mas-de-seis-horas/
La fórmula que ha permitido la integración vertical de las Isapres y que ahora se cuestiona
por ElMostrador
Aunque la ley es clara al señalar que el objeto exclusivo de las Isapres es financiar las prestaciones y beneficios de los afiliados, la red se extiende mucho más allá, abarcando clínicas, centros de salud y laboratorios.
A pesar de que la ley expresamente prohíbe el lucro en las universidades, muchas instituciones de educación superior encontraron una fórmula para esquivar el bulto y obtener ganancias sin reinvertirlas en el proyecto educacional, abultando los bolsillos de sus dueños a través de inmobiliarias y sociedades espejo.
Los datos y rumores al respecto dieron pie a debates, investigaciones periodísticas —como el libro “El Negocio de las Universidades en Chile” de María Olivia Mönkeberg— e incluso discusiones a nivel político sobre la necesidad de “sincerar” el lucro en la educación superior. Pero no fue tratado por los medios, las autoridades ni el mundo político como una ilegalidad propiamente tal hasta que el 2012 estalló el escándalo de la Universidad del Mar, se creó una comisión investigadora en la Cámara Baja sobre el lucro en las casas de educación superior y luego se dio inicio a una investigación por parte del Ministerio Público.
Algo similar ocurriría en el negocio de las Isapres
En este caso la ley, a través del artículo 173 del DFLNº 1 de 2006, también es clara y señala que éstas tienen como objeto exclusivo “el financiamiento de las prestaciones y beneficios de la salud, así como las actividades que sean afines o complementarias a ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores”.
Lo que se traduce, según un estudio encargado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a la Universidad de Valparaíso, en que las Isapres “no pueden actuar como prestadores directos de acciones de Salud —por ejemplo clínicas o bien de laboratorios— ni participar en la administración de los prestadores directos”. En suma, se prohíbe la integración vertical entre seguro y prestador.
Pese a ello la integración vertical es parte del negocio de las Isapres, cuyo mercado, de un total de 13 operadores, es controlado en un 96,27 % por cinco actores: Banmédica y Vida Tres, que se consideran unidos por la estrecha vinculación de sus accionistas (25,23 %); Consalud (21,73 %); Cruz Blanca (19,77 %) del grupo Said; Colmena Golden Cross (16,07 %) y Mas Vida S.A. (13,41 %).
Prohibida pero operativa
En 2001 la Superintendencia de Salud ya advertía sobre una creciente integración vertical en el sistema, lo que según el estudio encargado por la FNE, titulado “Mercado de la Salud Privada en Chile”, se ha ido incrementando, ya que “se han producido fusiones y adquisiciones entre los mismos grupos, lo que ha llevado a la reducción del número de Isapres; sin embargo en el mercado de prestadores se ha podido observar un gran aumento de clínicas, lo cual obedece a la participación conjunta de los grupos empresariales”.
El mismo estudio compara lo que sucede en Educación, señalando que “un análisis comparativo se puede realizar con lo que sucede en el mercado educacional, Universidades sin fines de lucro, en que controladores a través de otras formas jurídicas realizan lo que la ley prohíbe. La norma en forma tácita está prohibiendo la integración, sin embargo se entiende que en la medida que la persona jurídica no lo realice no se incumple, pero el principio de realidad o de “levantamiento del velo” propio del derecho mercantil, denota que en la práctica si se puede producir la integración inicialmente prohibida”.
Esta comparación es desestimada por el director Ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, que considera que “esto no tiene absolutamente nada que ver: las Isapres cumplen la ley. No te pueden prohibir como persona natural que tengas acciones en una Clínica o una fábrica de lo que sea. La propia constitución garantiza a las personas libertad de emprendimiento y empresa y los holding han hecho eso no más”.
Consultado al respecto, el abogado y director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Alberto Hurtado, Raúl Letelier, señala que “en materia educacional la norma es súper clara. Y en materia de salud también: lo que hace es prohibirles a las Isapres desarrollar una actividad distinta del aseguramiento”.
Pero en la práctica se hace y es reconocido desde la propia industria, ya que tal como explica Rafael Caviedes, tras la reforma de 2005 en que se estableció que el objeto exclusivo de las aseguradoras sería financiar prestaciones y beneficios de salud, algunas Isapres “habían constituido holding para separar la función de asegurador y prestador, en el entendido que eran actividades diferentes y que requerían para su crecimiento y viabilidad futura, ofertar sus servicios al mercado.
Esta nueva disposición, obligó a las Isapres que contaban con clínicas y centros médicos a reestructurar sus patrimonios a través de la figura legal y transparente de los holding, lo que quedó claramente autorizado por la Superintendencia de Salud y, en los casos que correspondía, con la venia de la Superintendencia de Valores y Seguros, tal como ha continuado sucediendo con las inversiones que se han realizado posteriormente”.
De esta forma es posible que hoy las Isapres estén vinculadas a clínicas, laboratorios y otras actividades que obedecen a negocios distintos al aseguramiento de la salud.
En opinión del profesor de derecho constitucional de la Universidad Diego Portales, Tomás Jordán, “la ley es clara: no puede haber integración vertical y busca diferenciar entre prestador y aseguradores. Porque persigue que el asegurador no tenga regulados los precios al poder integrarse verticalmente versus el asegurado, que busca poder elegir cuál le conviene más”.
Raúl Letelier concuerda y señala que, “es tener una perspectiva muy miope si se entiende esa norma como que solo impide a la Isapre realizar la prestación. Eso significaría burlar el sentido que no es otro que producir separación vertical como forma de construir competencia en un sector donde ella es imperfecta”.
En esa lógica, asegura que si se permitiera una integración vertical a través de distintas personas jurídicas, como sucede hoy, “en verdad dejaría de tener sentido la exigencia del objeto exclusivo. ¿Cómo podría entenderse que se permita que una persona sea dueña de la empresa que asegura y de la que presta el servicio y en cambio que se prohíba a aquel que es dueño de la aseguradora ampliar su giro al de la prestación?”.
Sin embargo, en la práctica se hace. Aunque no es la Isapre la que administra una determinada clínica, pero existe una relación de propiedad directa o indirecta entre la aseguradora y clínicas que llevan a un mismo grupo controlador. Por ejemplo, como botón de muestra podemos revisar el caso de Consalud, que tiene 21 % del mercado y cuyos accionistas son la Sociedad de Inversiones y Servicios la Construcción S.A. con 99,9 % y la Cámara Chilena de la Construcción con 0,00001 %. En 2008 constituyeron Empresa Red Salud S.A., matriz del grupo, que hoy tiene participación en 17 Clínicas a lo largo de todo el país, entre las que se cuentan Avansalud, Arauco Salud Tabancura y Clínica Magallanes en Punta Arenas.
Empresa Red Salud S.A. también participa en el mercado de la atención médica ambulatoria, a través de Megasalud S.A. y Megasalud Oriente Ltda. y cuenta con una red de 35 centros médicos y dentales en el país. Los otros cuatro actores que dominan el mercado también han concretado operaciones similares.
Precios y libertad de empresa
El caballito de batalla que esgrimen desde las Isapres para validar la existencia de la integración vertical en el negocio, es el abaratamiento de costos para los usuarios y la libertad de las empresas para integrarse verticalmente.
Argumentos con los que no concuerda el abogado, Raúl Letelier, que explica que efectivamente “la integración vertical es casi un derecho en mercados competitivos, ya que toda empresa puede tomar la decisión de insertar uno de los pasos de la producción de lo que ofrece a su propia línea de producción. Esta integración debiese —si está bien diseñada— proveer mejoras de precios pues la empresa ya no tendrá que pagarle a la otra el servicio: como lo desarrollará ahora, ahorrará ese precio y, suponemos, trasladará ese ahorro al precio que cobra al usuario. Pero esto funciona en mercados competitivos”.
En el caso de los mercados regulados, explica, donde la competencia es bastante imperfecta por muchas razones, como la asimetría de la información o porque los oferentes tienen incentivos fuertes a coludirse, “la regulación es muy importante pues los incentivos para cobrar precios desorbitados y obtener ganancias indecentes son altísimos. Imagina lo que significa vender algo a alguien que lo necesita desesperadamente y que, como no entiende muy bien de que se trata el servicio, le cuesta mucho comparar precios o saber si está pagando lo correcto. Un mercado así es la delicia del oferente”.
Como dato, en 2011 las utilidades de las Instituciones de Salud Previsional ascendieron a $ 68 mil millones, un 36,1 % más que el 2010. En tanto a septiembre de 2012 acumulaban una cifra histórica desde su creación en 1981, alcanzando los $ 66 mil millones. Según el estudio encargado por la FNE las utilidades de la industria superan las de bancos y seguros.
Letelier detalla que lo que “suele hacerse es regular ese mercado para así poder emular las condiciones más óptimas de competencia y así garantizar que el funcionamiento del mercado entregará precios razonables a los usuarios. Por ello, señala, “en servicios con competencia imperfecta, la separación vertical, es una eficiente herramienta para producir competencia y mejorar las imperfecciones de ese mercado. Ese es precisamente el objeto del art. 173 del DFL Nº1 de 2006 cuando indica que “las instituciones tendrán como objeto exclusivo el financiamiento de las prestaciones y beneficios de la salud”.
Recalcando además que el sentido que tuvo la prohibición fue evitar “que haya una compañía que calcule los incentivos y que sea la misma que controla la aseguradora y la prestadora, porque se producen incentivos negativos. Por ejemplo, por un lado la aseguradora quiere gastar lo menos posible y por otro lado el encargado de la detección de la enfermedad quiere gastar lo máximo posible. Es perverso porque el controlador puede presionar al otro para que ordene menos exámenes, para que el costo sea menor y la aseguradora pague menos”.
Desde la Asociación de Isapres se defienden. Caviedes asegura que “se está levantando un ambiente en que la integración vertical es perversa”, lo que cuestiona relatando que en una reciente visita de consultores de Estados Unidos “nos señalaron que los modelos más virtuosos en el mundo son precisamente los integrados. Modelos como el de Kaiser Permanente o el de Alzira en España, entre varios otros, son precisamente integrados y ofrecen mejor control de pacientes crónicos, menos re hospitalizaciones, menores costos y menor inflación médica que los sistemas donde prima la libre elección como acá. En Chile, las Mutuales de Seguridad son integradas también, aseguran y dan la prestación médica”.
Además, enfatiza Caviedes “se ha demostrado por el contrario, que cuando no hay integración aumentan los precios de las prestaciones médicas. En Chile hay un grupo de proveedores de servicios médicos que no están integrados y que han hecho lobby para que se elimine toda forma de integración. Les conviene obviamente, frente a expectativas de alzas de precios”.
Al respecto, el profesor de derecho constitucional de la Universidad Diego Portales, Tomás Jordán, aclara que “el modelo Alzira español es un modelo de gestión privada con financiamiento público sobre hospitales públicos, por lo que no es comparable. En cambio, el problema acá es sobre el modelo de seguro privado de salud. El tema es que existen muy pocas Isapres hoy, por lo que aceptar la integración vertical sería reducir la oferta privada a pocos aseguradores y pocos prestadores, donde la libertad de elección de las personas del asegurador y del prestador se verá reducido a lo que determine un grupo de seguros. La reducción de precios en un modelo privado donde son muy pocos actores es algo relativo a futuro”.
En tanto, en opinión de Raúl Letelier “la referencia a Alzira como ejemplo del éxito del modelo de integración vertical revela un desconocimiento del tema o un uso malicioso de la información. Alzira es una empresa que simplemente gestiona un servicio público de sanidad. Ella entrega un servicio universal e igualitario, sin discriminaciones ni descremes, ya que no se queda con los jóvenes y sanos, cobrando luego un canon prefijado a la administración pública. Desde luego es un modelo ideal porque toma lo mejor de ambos mundos. Al acceso universal de la sanidad pública le añade la gestión de la empresa privada. El modelo es además ideal porque las ganancias de la empresa no son exorbitantes sino decentes y propias de una sana colaboración público-privada. En esta situación, por supuesto que la integración vertical es provechosa. Incluso podríamos indicar que esa integración no es un problema que deba atenderse toda vez que los beneficios para los usuarios están garantizados más por la universalidad del sistema que por un mejoramiento del sistema de libre competencia. Comparar los beneficios de la integración vertical en ese sistema con los que generaría en uno como el nuestro es cercano a comparar peras con manzanas”.
La arremetida de los Parlamentarios
Las críticas a la integración vertical en las Isapres han ido tomando fuerza durante las últimas semanas y en el marco de la polémica discusión por el proyecto de Reforma a las Isapres en el Congreso, que ha mantenido en un constante gallito al ministro de Salud, Jaime Mañalich, con el sector y que busca establecer un Plan Garantizado de Salud (PGA) y un IPC de la Salud con el fin de terminar con la histórica discriminación por sexo y edad de las aseguradoras de salud, que en 2010 el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional.
A principios de enero la bancada de diputados DC enfatizaba la necesidad de “terminar con la integración vertical en salud”, recalcando la inutilidad de tomar medidas “si los dueños de las Isapres siguen siendo los mismos dueños de las clínicas; los costos subirán en forma concertada y la ansiada transparencia y sana competencia en este sector nunca podrán concretarse”, aseguraba el titular de la bancada, Ricardo Rincón.
El lunes pasado, el senador Fulvio Rossi (PS) hizo una presentación ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que investigue el tema. Al día siguiente la Comisión de Salud del Senado acordó reponer los artículos relativos al PGS y al IPC que habían sido rechazados por la Cámara Baja con varias condiciones, entre las que se cuenta incluir un enunciado que señale que el objeto exclusivo de las Isapres sea como aseguradoras y que “no podrán constituir empresas relacionadas, filiales o coligadas, con objeto de desarrollar actividades de prestación”.
Redacción que según el abogado Raúl Letelier, es redundante por cuanto “la prohibición ya es clara en la ley. En todo caso una redacción como la propuesta podría ser mucho mejor: lo que abunda no daña sobre todo si el estado actual es de total inercia al respecto”.
Con todo, enfatiza el abogado, “esta modificación sirve para clarificar aún más las cosas. Pero que no se entienda que solo a contar de la aprobación de esa norma se hace la prohibición. El problema de una modificación de este tipo es que daría argumentos a las Isapres para reclamar por medidas en que se les ordene disolver su actual integración vertical sosteniendo esto, es decir que antes de la reforma si se les permitía la integración. Esto sería otro abuso del sector”.
Cifra histórica de desempleo: la revolución liberal y el ideario de la derecha
por ElMostrador
Un país flexible y formal con indicadores que dan cuenta de una fuerte precarización, no puede darse el lujo de celebrar una tasa de desocupación baja. Gracias al “ideario de derecha” y la “revolución liberal” se está obligado a avanzar y modernizar los análisis para comprender mejor esta realidad revolucionada, y por ello, el pleno empleo está lejos de serlo.
La encuesta de la Universidad de Chile nos informa que el Gran Santiago tiene un 5,2 % de desempleo. Que la ocupación crece en 2,8 puntos porcentuales en un año y que la desocupación disminuye en 1 punto porcentual (6,2 %). La conclusión casi instantánea es que “estamos en una situación de pleno empleo”.
De esta forma, el Presidente Sebastián Piñera y la ministra del Trabajo Evelyn Matthei, celebran. El mandatario señala incluso que quiere ser recordado como “el Presidente del trabajo”, el ministro de Economía, Pablo Longueira, declara que todo esto “es fruto de un ideario de derecha que cree en la libertad de las personas y en una movilidad social basada en la educación y el emprendimiento”. El ministro, destaca además que los últimos 20 años se han gobernado con “ideas de derecha”. Sin realizar ninguna crítica ideológica, es posible plantear contradicciones lógicas entre la celebración de la baja de la desocupación que señala pleno empleo y la causa que estaría a la base de esa baja desocupación: las políticas neoliberales o de “ideario de derecha” de los últimos 20 años.
En lo relativo al trabajo, tal ideario de derecha, señala como su fundamento irrenunciable, el Plan Laboral de José Piñera de 1979. Este plan busca, según su autor, “un arduo trabajo de limpieza y liberalización del mercado del trabajo en Chile”. Esta ardua labor, implicó la descentralización de la negociación colectiva a nivel de empresa, la ausencia de derecho efectivo a huelga y la desregulación de la fijación de salarios. Se incentivan grupos negociadores y convenios colectivos. A su vez, genera las condiciones para la externalización de servicios. “Hubo que levantar la insólita prohibición que había sobre las empresas públicas y privadas de subcontratar labores a terceros”. El Decreto Ley N° 2.950 fue el encargado de “sacar la maleza”. Este cuerpo deroga la Ley 16.757 que excluía la externalización de las labores de la empresa.
Por lo tanto, se sientan las bases para el despliegue progresivo de la flexibilización en el mundo del trabajo.
Tanto Pablo Longueira como José Piñera, señalan que los gobiernos de la Concertación fueron exitosos gracias a que gobernaron bajo las ideas de la derecha, producto de la revolución liberal realizada en los 80’, cuyos pilares fundamentales están representados por el Plan Laboral, las AFP, la Educación y las Isapres. Y, efectivamente, durante los 20 años concertacionistas, ni la negociación colectiva, ni el derecho a huelga, ni el salario mínimo, fueron reformados de manera suficiente como para dar cuenta de una “nueva visión” laboral. Si bien, en el periodo 1990-1993, se realizaron los acuerdos tripartitos entre CUT, Gobierno y empresarios, estos fueron de índole “recuperativa” de las bajas condiciones salariales que dejó la década de los 80’, pero no de una transformación sustancial de las condiciones impuestas por el Plan Laboral. Así las cosas, tal cual lo plantea Ffrench-Davis, Director de Estudios del Banco Central entre 1990 y 1992, fue un “cambio en continuidad”. La flexibilización sistemática ha sido la línea continua del empleo en el país.
Según María Ester Feres, directora del Trabajo entre 1994 y 2004, en la Reforma Laboral del 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se realizaron cambios en función de formalizar contratos flexibles o “atípicos”, donde se reconoce el trabajo part-time, se incentiva el contrato de empleo juvenil (descuento de capacitación), trabajo a domicilio (que se reputa como asalariado) y polifuncionalidad (contrato con dos o más funciones específicas). Ello fue en línea con el espíritu de las reformas que tuvieron lugar en América Latina durante los 80’ y 90’ para combatir el trabajo no registrado mediante la flexibilización de las modalidades de contratación. Según Ffrench-Davis, fueron políticas activas de empleo, donde se privilegió la cantidad más que la calidad de los mismos.
Luego en 2007, se regula la externalización de servicios bajo la Ley de Subcontratación, en el contexto de un alza importante de movilizaciones por parte de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que puso en la palestra las desiguales condiciones laborales y salariales de los trabajadores de planta y externos realizando similares funciones.
Las transformaciones de los últimos 40 años, vistos en continuidad, muestran cómo el mundo del trabajo se fue desligando de sus antiguos estatutos. Eso mismo —y he aquí la contradicción— plantea serias dudas acerca de analizar con los mismos indicadores de la década de los 70’ o incluso los 90’, el mercado laboral. Una de las consecuencias más relevantes de las transformaciones producidas, es el tipo de empleo generado, muy distinto a aquel de las tesis clásicas del pleno empleo.
Con la flexibilización de las relaciones contractuales, se desdibuja el asalariado “típico”, las relaciones laborales son radicalmente distintas a las de hace 40 años y los indicadores para observar los cambios y las reales condiciones de vida de los ocupados son diversos y multidimensionales.
Hoy según la Nueva Encuesta Nacional del Empleo del trimestre septiembre-noviembre 2012:
1) Más de un millón de asalariados no tiene un contrato laboral.
2) El 70 % de los empleos asalariados generados desde enero-marzo 2010 corresponde a empleos externalizados, los cuales obtienen un 30 % menos de ingresos que los asalariados de planta (según la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos 2011).
3) Existe un 55 % de jornada parcial involuntaria (Subempleo), cuando en promedio en la OCDE es del 21 %.
4) El 92 % de la variación de los trabajadores por cuenta propia desde enero-marzo del 2010, corresponde a trabajadores de baja calificación y el 90 % a jornada parcial. Por lo tanto, tampoco es un emprendedor que se dedique a una actividad económica sólida y permanente.
La misma revolución liberal con “ideas de derecha” con la cual explican el “pleno empleo”, obliga a una transformación de los indicadores a utilizar para medir los “logros económicos” de un gobierno. La tasa de desocupación, gracias a las “transformaciones” de los últimos 40 años, no dice mucho actualmente, sólo señala que esas personas no están insertas en el mundo del trabajo, pero no dice nada sobre cómo están las que sí se insertan. La realidad del mercado laboral nacional, es de una alta incidencia de subutilización de la fuerza de trabajo (subempleo o jornada parcial involuntaria), baja tasa de sindicalización (14 %) y negociación colectiva (10 %) y donde el 50 % de los trabajadores según la encuesta Casen 2011, gana menos de $251.000.
Un país flexible y formal con indicadores que dan cuenta de una fuerte precarización, no puede darse el lujo de celebrar una tasa de desocupación baja. Gracias al “ideario de derecha” y la “revolución liberal” se está obligado a avanzar y modernizar los análisis para comprender mejor esta realidad revolucionada, y por ello, el pleno empleo está lejos de serlo.
50° Capítulo de ECONONUESTRAS 21-ene-2013
Programa número 50 de ECONONUESTRAS
Comentamos el «es posible» de Golborne desde la economía política; prácticas antisindicales; Isapres; el conflicto de Piñera con los williche y más.
En busca del modelo económico perdido
por BBCMundo
En la posguerra dominó el keynesianismo. A partir de la década de los años 80, el modelo neoliberal.
Es que las señales de esta búsqueda son diversas y contradictorias:
- Estados Unidos ha puesto el acento en una recuperación fabril y una limitación de su dependencia importadora.
- China está en una transición de un modelo centrado en la exportación y la mano de obra barata a otro más basado en el consumo.
- El flamante gobierno de la tercera economía mundial, Japón, ha apostado a un estímulo fiscal mientras que la presidenta electa de Corea del Sur, una conservadora, ha centrado su mensaje electoral en la búsqueda de un sistema más equitativo y menos apoyado en las corporaciones.
- En Europa reinan los programas ortodoxos de austeridad, pero hay un fuerte movimiento de protesta que busca una alternativa al ajuste permanente.
- En América Latina, desde Venezuela, Bolivia y Ecuador hasta Argentina y Brasil se ha consolidado el abanico más radical de propuestas alternativas al discurso neoliberal.
Pero según el catedrático de economía comparada de la Universidad de Cambridge Gabriel Palma, estos tanteos en diversas partes del planeta no conforman un nuevo modelo.
«La hegemonía del sector financiero sigue siendo la misma que antes de la caída del Lehman Brothers. Mientras no se modifique esta hegemonía no se puede hablar de nuevo modelo», le indica a BBC Mundo.
«Hagan juego»
En el centro de la visión neoliberal que desplazó al keynesianismo de la posguerra se encontraba una programa de privatizaciones, liberalización comercial y desregulación consagrada a principios de los 90 en el famoso Consenso de Washington.
«Las grandes corporaciones tienen ramas financieras que con frecuencia generan más ganancias que lo que las empresas producen y venden. El caso de General Motors es emblemático. Entre otras actividades financieras, la empresa llegó a invertir en el mercado hipotecario. Esta creciente importancia del sector financiero produce un desplazamiento del sector productivo», subraya Palma.
«En vez de invertir en la producción – añade – se lo hace en productos financieros que ofrecen ganancias a corto plazo».
El precio de esta creciente hegemonía del sector financiero es una gigantesca acumulación de deuda personal, municipal, nacional y corporativa.
El McKinsey Global Institute mostró en un estudio global que en 2011 la deuda total de Japón – la más grande del mundo desarrollado – equivalía a un 512% de su PIB (más de cinco veces del total producido por su economía en un año). El segundo en el ranking era Reino Unido con un 507%. Estados Unidos «sólo» tenía un 279%.
Según el economista Ismail Ertgurk, catedrático de sistemas bancarios de la Universidad de Negocios de Manchester, este predominio financiero es visible en los programas monetarios que llevan adelante los bancos centrales de Estados Unidos, el Reino Unido y la eurozona.
«Los bancos centrales se están endeudando peligrosamente para rescatar al sector financiero. Mientras el sector financiero persiga sus fines de ganancia a corto plazo y no financie el sector productivo no podremos salir de esta crisis», le explica a BBC Mundo.
Lo viejo y lo nuevo
En los 80 el neoliberalismo parecía lo nuevo. Hoy es lo viejo, pero sigue funcionando en piloto automático porque hay muchos intereses en juego y nadie sabe claramente con qué sustituirlo.
«Se ven por el momento políticas dispersas, una búsqueda, pero sin un paquete de medidas que defina un programa. La tendencia histórica es el péndulo. El keynesianismo de los años 30 apareció luego del laissez faire ultraliberal que había dominado desde el siglo XIX. Este ultraliberalismo se impuso en los 70 con la crisis del sistema de planificación estatal de la economía», indica a BBC Mundo Eduardo Plastino, analista senior de la consultora británica Oxford Analytica.
Si antes de la caída del Lehman Brothers la deuda se centraba en el sistema financiero privado, ahora se ha desplazado otra vez al Estado, sea por vía de la deuda soberana o la deuda que están contrayendo los bancos centrales con sus programas de rescates de bancos y su emisión de dinero electrónico, conocida técnicamente como «aceleración cuantitativa» (quantitative easing).
A estos márgenes de maniobra que todavía tiene la financialización mundial se le agrega, según Gabriel Palma, la debilidad de una visión alternativa.
«En los 30 el crack financiero dio lugar al New Deal de Roosvelt y a la hegemonía del keynesianismo. El problema hoy es que ha habido un vaciamiento intelectual de la izquierda posterior a la caída del muro de Berlín. En Europa la misma izquierda terminó comprando el discurso neoliberal. El Blairismo en Reino Unido es el mejor ejemplo de este vaciamiento», dice Palma.
El jardín de los senderos que se bifurcan
Con este panorama de fondo, la economía mundial tiene un camino de senderos que se bifurcan.
Ejemplo de continuidad es el acuerdo firmado el domingo 6 de enero por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria (que reúne a los bancos centrales del mundo).
El Comité flexibilizó en el tiempo y las condiciones la reforma bancaria que había acordado previamente para evitar crisis como la de 2008.
Según el Comité, los encajes (capital mínimo que el banco debe tener disponible para enfrentar corridas) exigidos por la reforma podían poner en peligro la economía mundial al secar la capacidad crediticia de los bancos que tendrían menor dinero disponible para prestar.
A falta de un convincente propuesta alternativa, por el momento el sendero que apunta al cambio sólo puede ocurrir con una repetición y profundización de la crisis, algo que muchos consideran inevitable con el actual modelo.
«La crisis se va a repetir porque el modelo que produjo la caída de Lehman Brothers no ha cambiado. Lo que se necesita es un nuevo modelo que contemple un cambio de reglas de juego tanto en el tema de la propiedad de los bancos como en el de su funcionamiento. No va a ser fácil», le comenta a BBC Mundo Ismail Ertgurk.
LOS TEMAS DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL
- El Foro Económico Mundial, que se reúne a partir de este miércoles en Davos, Suiza, discutirá sobre la persistente crisis global y analizará medidas para que las economías, los gobiernos y las empresas tomen de forma decisiva el camino de la recuperación.
- «Resistencia» y «dinamismo» son, según los analistas, las palabras que probablemente más resonarán durante la semana que dura el encuentro, ante la falta de claridad -y de acuerdo- sobre el modelo económico por seguir.
- La lista de invitados a Davos incluye a 50 presidentes y primeros ministros, un pequeño grupo de miembros de la realeza europea, y más de 1.000 directivos de las mayores compañías del planeta, además de figuras académicas, de las artes, de los medios de comunicación y del espectáculo.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130107_en_busca_modelo_economico_perdido.shtml
Los trabajadores están de vuelta
Por Iván Vitta para G80
En los últimos años hemos asistido a un sostenido aumento de la lucha reivindicativa de los trabajadores chilenos. En los seis años transcurridos desde el 2006, ha habido un crecimiento constante de las huelgas, tanto legales como ilegales, por mejoras salariales y de las condiciones laborales. Este es un hecho de importancia capital, pues la lucha reivindicativa es la base para el paso a formas de lucha de mayor calado estratégico e histórico, que instalen a los trabajadores en la disputa política primero y permitan pensar en la construcción de una alternativa social al capitalismo posteriormente.
El nuevo período fue abierto por las grandes luchas de los trabajadores subcontratistas del cobre y forestales, quienes sobrepasaron la legalidad del código del trabajo pinochetista, nunca modificado por los gobiernos de la Concertación, e impusieron en los hechos la negociación inter empresa. La represión del “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet cobró la vida del obrero forestal Rodrigo Cisternas en mayo del 2007.
Este período de alza de la lucha sindical sucede a un período de depresión de las luchas. En el período 1998-2005, considerando sólo las huelgas legales, hubo un promedio anual de 12 mil trabajadores en huelga; en el período 2006-2011, dicha cifra se elevó a 21 mil trabajadores por año. El número de huelgas pasó de un promedio de 109 por año en el período 1998-2005 a 161 en el período 2006-2011.
Dicho período de depresión sucedió a su vez a un período de alta pero declinante movilización de los trabajadores. Las grandes luchas populares contra la dictadura prosiguieron a principios de los 90 tras la instalación del régimen civil contemplado en la Constitución de 1980. Pero el compromiso de las principales fuerzas políticas sindicales y de su organización, la CUT, con los gobiernos concertacionistas fue mermando la lucha, en la medida que los dirigentes iban comprometiéndose cada vez más con la mantención de la gobernabilidad.
Este nuevo período de alza de la lucha reivindicativa se produce fundamentalmente por la continuada profundización de las contradicciones del capitalismo neoliberal chileno. En los años 90, las altas tasas de crecimiento del producto permitieron simular esas contradicciones, expresadas fundamentalmente como un crecimiento de la desigualdad social, fenómeno que a su vez es la expresión del crecimiento de la explotación de los trabajadores.
Sin embargo, las motivaciones económicas no bastan para explicar este resurgimiento de la lucha sindical, pues si así fuera éste habría comenzado mucho antes. La explicación está en la interacción del sindicalismo con el sistema político a partir de 1990.
El sindicalismo en los 90 y hasta el 2005
Desde el inicio de los gobiernos civiles el grueso del sindicalismo, agrupado en la CUT, se subordinó al proyecto político de la Concertación y aportó en forma decisiva a la desmovilización de los trabajadores para asegurar la gobernabilidad del capitalismo neoliberal, ahora administrado por la oposición burguesa a la dictadura. A cambio, los gobiernos concertacionistas otorgaron una serie de prebendas a los dirigentes de la CUT, desde el ser reconocidos como únicos interlocutores válidos del mundo sindical hasta cargos remunerados en distintas comisiones creadas como parte de normativas laborales. En la práctica, la CUT se transformó en sindicalismo oficial, una mera extensión del Ministerio del Trabajo en el mundo sindical.
Los gobiernos de la concertación, actuando en coordinación con la CUT, se encargaron de reprimir, dividir o cooptar, según fuera necesario, cualquier brote de sindicalismo independiente o, por lo menos, más activo en la defensa de los intereses de los trabajadores. Los dineros del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Gobierno estuvieron siempre disponibles para comprar dirigentes; los dirigentes sindicales de la Concertación, a su vez, siempre estuvieron disponibles para venderse.
Lo anterior, más la clara opción política de la Concertación por los intereses empresariales, fue poco a poco desmovilizando y desmoralizando a los trabajadores organizados. Considerando sólo huelgas legales, en el período 1990-1993 hubo un promedio de 31 mil trabajadores en huelga al año; en el período 1994-1997 la cifra bajó a 21 mil; en el período 1998-2001, llegó a 12 mil trabajadores, que se mantuvo en el período 2002-2005.
Esta fuerte tendencia a la disminución de la lucha reivindicativa de los trabajadores organizados tenía también componentes estructurales. Desde fines de los años 80 y durante los 90 se producen fuertes cambios en el trabajo asalariado, que se expresan en: a) cambios en la actividad económica, disminuyendo algunas ramas, como la industria, y creciendo otras, como los servicios b) cambios en la relación laboral de los trabajadores con las empresas, creciendo el subcontrato c) precarización laboral.
Con el gobierno de Ricardo Lagos, empiezan a echarse las bases del resurgimiento de la lucha reivindicativa de los trabajadores. En primer lugar, porque las organizaciones sindicales empiezan a asimilar los cambios estructurales en el trabajo asalariado (p. e. organización de contratistas, de trabajadores de servicios y comercio, etc.); segundo, porque queda demostrado que el ala “progresista” de la Concertación es tan neoliberal como su ala demócratacristiana, lo que marca la distancia política entre sectores sindicales emergentes y la Concertación. De ahora en adelante, las fuerzas más dinámicas de los trabajadores organizados pueden avanzar sin el lastre político de las lealtades partidarias que amarraron al sindicalismo de la transición.
La recuperación de la lucha reivindicativa y organización de los trabajadores
En enero del año 2006 se efectúa la primera gran paralización de trabajadores contratistas del cobre, marcando el nuevo período de ascenso de la lucha económica de los trabajadores. Se trató de una paralización fuera del marco legal del código laboral de la dictadura y se logró imponer en los hechos la negociación multiempresa a CODELCO. Marchas masivas por las calles de las ciudades mineras, en especial Rancagua, epicentro del conflicto, cortes de rutas, tomas de recintos, incluyendo la Catedral de Rancagua, e incluso el descarrilamiento de trenes mostraron un grado de combatividad pocas veces visto durante la mal llamada “transición a la democracia”. El mismo año se produce el estallido de la “Rebelión de los pingüinos”, lo que indicaba claramente que se estaba ante un nuevo período de la lucha popular.
El año 2007 fue el turno de los trabajadores forestales, en un conflicto que le costaría la vida al trabajador Rodrigo Cisternas, asesinado por carabineros. El año 2008, los subcontratistas del cobre vuelven a la carga. En esa ocasión, la CUT jugó un rol claramente anti trabajadores, mostrando su careta como organización de defensa del statu quo y la gobernabilidad capitalista. El paro fue derrotado, pero constituyó un parte aguas entre las nuevas organizaciones de trabajadores y las organizaciones burocráticas a la cabeza de la cuales se encuentra la CUT.
La CUT, Central Unitaria de Trabajadores, no tiene ninguna relación con la antigua Central Única de trabajadores fundada por Clotario Blest en 1953. Esta CUT nace en 1988 a partir de un acuerdo político entre los principales partidos de oposición a la dictadura, la DC, el PS y el PC; desde el comienzo fue una mesa político-sindical donde las decisiones finales se acordaban entre los partidos de acuerdo a sus propios intereses políticos, que cada vez más empezaron a estar en contradicción con los intereses de los trabajadores.
Por ese carácter de mesa político-sindical, la CUT jamás contó con un sistema democrático de elección de sus dirigentes. El sistema electoral indirecto está diseñado para favorecer el fraude masivo, la sobrerrepresentación artificial y las organizaciones fantasmas. Por eso jamás la CUT tuvo ninguna convocatoria real entre los trabajadores, como quedó lastimosamente demostrado este año 2012 con una marcha convocada contra el salario mínimo a la que llegaron apenas 500 personas. En las elecciones de este año de la CUT, los dirigentes sindicales “votaron” por cuenta de 700 mil trabajadores, cuando los cálculos estiman que la central no tiene una afiliación superior a los 250 mil trabajadores. Como reconoció el dirigente PC Cristián Cuevas, las elecciones de la CUT son un gigantesco “fraude”.
Frente a esa organización sindical burocrática, ha crecido la organización clasista de los trabajadores chilenos. Organizaciones como el Siteco, la Unión Portuaria del Bío-Bio, el SINTRAC y muchas otras han venido a sumarse en los últimos años a otras formadas durante los años 90, como la CGT.
Las organizaciones clasistas han visualizado claramente la necesidad de avanzar en un proceso de unidad de dichas fuerzas, que permita potenciar las luchas de los trabajadores y enfrentar la política de contención de las organizaciones burocráticas, pero hasta ahora los esfuerzos realizados en ese sentido no han rendido los resultados esperados. Las diferencias sobre organización y objetivos de los trabajadores han sido hasta ahora un obstáculo para la unidad; además, tras varias organizaciones hay proyectos políticos celosos de proteger su “nicho” de trabajadores, una práctica que recuerda las de los partidos de la CUT.
Avanzar hacia la presencia política de los trabajadores
La lucha reivindicativa es la base sobre la que puede levantarse la lucha política de los trabajadores. En Chile, como en casi todo el mundo capitalista, los trabajadores han sido expulsados del espacio político que ocuparon hasta los años 70 dentro de las democracias burguesas. Con ello, perdieron una importante vía de acceso a las mayorías populares y nacionales, base a su vez para la posibilidad de construir un bloque de fuerzas capaz de levantar un proyecto de superación del capitalismo.
En el último período también se han desarrollado iniciativas de parte de las organizaciones clasistas que apuntan a demandas políticas hacia el Estado. La de mayor éxito organizativo hasta ahora es la coordinación por la Renacionalización del Cobre, demanda que ha sido ligada a la necesidad de financiar otras demandas que han emergido desde los movimientos sociales, como las demandas por educación gratuita o de financiamiento de la vivienda social. En Julio, dicha iniciativa convocó a marchas y actos en varias ciudades por la renacionalización del cobre.
En esta materia, no obstante, también hay profundas diferencias estratégicas y tácticas entre los distintos actores del movimiento sindical. No existe un proyecto político hegemónico que sea capaz de arrastrar a todos a un proceso unitario, por lo que las diferencias políticas no tienen hasta ahora solución. Hay fuerzas que apuestan a la acción directa y aspiran a acumular fuerza al margen del Estado, sin ni siquiera plantearse la lucha por demandas democráticas mínimas como el fin del código laboral de la dictadura; otras fuerzas no comparten esa lógica infantilizada y visualizan claramente que la potencia hegemónica del Estado capitalista no puede ser simplemente ignorada.
El movimiento sindical es uno de los componentes principales de la clase trabajadora y tiene un rol estratégico en una perspectiva anticapitalista. El ascenso de las luchas reivindicativas de los trabajadores chilenos es, aunque insuficiente aún, claro y firme; las contradicciones estructurales del modelo capitalista neoliberal en Chile, que cada vez se manifiestan con mayor fuerza, seguirán empujando a los trabajadores a la lucha. Superar la fragmentación de las organizaciones clasistas y concordar un camino de lucha y unidad es la tarea principal del momento.
