El domingo 28 de octubre se llevarán a cabo las elecciones municipales, las que corresponderán a un hito en la democracia representativa chilena, debido al estreno del sistema de votación voluntaria (e inscripción automática) pero además, por deberse a la primera elección luego que, desde el año 2011, la república ha estado remecida por grandes movilizaciones y una incipiente reconfiguración del tejido social a través de una mayor participación en organizaciones de base de distintos frentes: de estudiantes, de pobladores, medioambientales, diversidad sexual, entre otros.

Particularmente, en la reactivación social han destacado las revueltas estudiantiles. Producto de estas últimas, el llamado de una parte de los secundarios (organizados en la ACES) ha sido boicotear las votaciones levantando la campaña YO NO PRESTO EL VOTO. Tanto para el gobierno como para ciertos «líderes estudiantiles», una alerta se ha activado en defensa del proceso, algunos pensando en la posibilidad de cambio que ofrece el sufragio, otros pensando en la posibilidad de mantenerlo todo igual. En los últimos días se ha personificado en Eloísa González lo que ellos denominan la ‘irresponsabilidad’ de llamar a no asistir a las urnas, siendo que ella representa la posición de una asamblea; asamblea por lo demás compuesta en su mayoría por menores de edad, sin derecho a voto, pero que en los hechos parecieran tener la posición más acertada.

Los municipios constituyen la presencia del estado a nivel local. En Chile están encargados, entre otras funciones, de la salud y la educación. Justamente uno de los puntos que las manifestaciones estudiantiles (tanto las actuales como las del 2006) han venido levantando es el de la desmunicipalización de la educación pública. Misma consigna utilizan los trabajadores de la educación. Lo anterior, debido a la ineficiente asignación de recursos para la educación de los más pobres, fomentando la privatización, resultando en 30 años de profundización de la segregación social que se origina en el trabajo.

La desconfianza parece estar sostenida en la evidencia. En mayo de este año, la Contraloría detectó que casi una sexta parte de los fondos para la Ley SEP (que están destinados a la educación de los más pobres) se están mal usando por desorden, corrupción o endeudamiento municipal. Lo anterior equivaldría a $ 25.000 millones, y eso que sólo se investigó el 30% del universo de las municipalidades en Chile. Como se observa en el ranking publicado por CIPER Chile de los veinte municipios con «mayor saldo faltante», los ediles responsables van desde ‘independientes’ hasta militantes UDI, RN, DC, PPD y PS. Es decir, los irresponsables son otros y se ubican en un amplio espectro de la política partidista chilena.

Ante esto, la propuesta de ACES es clara: «se propone un sistema escolar gestionado descentralizadamente por organismos educativos estatales con participación de la comunidad como reemplazo al actual sistema de educación municipalizada». Es decir, proponen pasar a un «sistema educativo descentralizado, participativo y con control comunitario».

Pero la inoperancia de las municipalidades no sólo se observa en el tema educativo. Su incapacidad para representar los intereses de sus vecinos queda en evidencia con las ‘otras movilizaciones’ que han desplazado el eje social, político y económico de la sociedad chilena en los últimos año. En enero del 2011, Magallanes se levantó para frenar el alza del valor del gas lo que derivó en la llamada Asamblea Ciudadana de Magallanes que terminó por reemplazar a las autoridades locales como interlocutores válidos para negociar con el gobierno. Similar situación se dio en Aysén, donde el conjunto de demandas llevó a una comuna organizada (en torno al lema «tu problema es mi problema») a demostrar que con lucha y organización, la efectividad de las autoridades locales y partidistas se hace agua frente a las reales necesidades populares, y en cambio son parte de una clase política y que representan más bien programas decididos entre cuatro paredes.

De esta forma, cuando un grupo llama a no sumarse a un proceso electoral, se espera que represente una propuesta organizativa alternativa a la ‘forma estado’. Justamente, son las demostraciones de organización de los estudiantes y las organizaciones ciudadanas, las que señalan un camino, el de reemplazar el voto por la organización: el camino de la acción directa.

Más aún, cuando se tiene conciencia que este tipo de elecciones tan sólo representan una parte del poder político y, con ello, un fragmento más pequeño del poder en su conjunto (donde figura, entre otros, el poder económico) ‘no prestar el voto’ parece sensato. En especial si consideramos que el poder económico está cada vez más concentrado, lo cual es una característica clave de la presente fase del capitalismo que aunque evidencie sus fisuras no se transformará sufragando ni tampoco únicamente con participación política, sino también con participación económica y, con ello, en vez de planificar la ‘conquista del poder’ estaríamos construyendo algo que podríamos llamar ‘Autogestión Social’.