Archivos Mensuales: Mayo 2013

Mayo, mes del Marx

Hace 195 años, en el Reino de Prusia, nacía Karl Marx uno de los más influyentes pensadores de la historia y un pionero en la visión económica crítica, en especial desde el lente del trabajador, ayudando a conocer ese incipiente enemigo venido de la revolución industrial y el fortalecimiento de los bancos europeos: el Capitalismo.

Autor del clásico Das Kapital, donde realiza un profundo análisis del Capitalismo y cuyo 1° tomo está por cumplir 146 años desde su primera edición, hoy en día ha vuelto a transformarse en un súper ventas a raíz de la crisis económica que estallase en el año 2008.

En el mes de su cumpleaños, en un programa especial titulado ‘Mayo, mes del Marx’, y para analizar la vigencia del filósofo alemán, participó en econonuestras el cientista político y economista Rafael Agacino.

“La economía es la relación social entre dos clases”

En la Europa de mediados del siglo XIX, en medio de las revoluciones de 1848, Marx va elaborando su teoría en base a la dependencia entre las formas políticas y las formas económicas. Como nos cuenta Rafael Agacino: “la crisis política que observa Marx tiene que ver con un poder que subyace a esto: la cuestión económica”. De esta forma, Marx va concluyendo que, en el caso del Capitalismo, ese poder económico estaría definido por una humanidad dividida en dos: una que vende lo único que tiene (su talento productivo) y otra que lo compra y que tiene derecho de uso y abuso. El primero es el generador de la riqueza, el segundo es quien la controla; el primero es el trabajo, el segundo el capital.

“Como no somos propietarios de los medios de producción, ni no somos propietarios de dinero ni de medios de consumo, tenemos que salir a comprar los bienes, las mercancías. Cómo las compramos? Comprando dinero. Cómo compramos dinero? Vendiendo lo que tenemos. Qué tenemos? Precisamente lo que genera esa riqueza”, nos explica Rafael.

Qué significa ese control que posee el capital? Que las decisiones cruciales económicas: qué se produce, cómo se produce, para quién se produce no está en manos del trabajador, del productor, del generador de riqueza, sino es decidido por el capitalista y su búsqueda de la ganancia. Según Marx, nos explica nuestro entrevistado: “en las sociedades de clases (…) hay una contradicción de base: es un sector de la sociedad el que decide las cuestiones cruciales, vitales para la sobrevivencia de la especie y la reproducción de la sociedad”. Tales decisiones parten desde quién trabaja y quién no, pues hay algunos que para vivir deben trabajar, mientras otros no están obligados a trabajar para poder vivir y, en cambio, compran el trabajo de otro y deciden qué se hace con ese talento productivo. Condición que, por lo demás, no ha cambiado en absoluto desde los tiempos de Marx.

Pero tal división de clases se haya invisibilizada en el Capitalismo. En los modos de producción anteriores (Servidumbre, Esclavismo) era más evidente la división de clases, mientras en el Capitalismo se observa una igualdad aparente ante la ley, pues por ejemplo el voto de un empresario vale lo mismo que el voto de un trabajador. Entonces, cómo opera el Capitalismo para apropiarse de nuestro trabajo? Una de las aristas principales es la moral: enalteciendo el trabajo y la productividad, aunque los frutos de éstos no se distribuyan para quienes lo producen. Ahora sabemos a quién beneficia aquello de “el trabajo dignifica”, o como rezaba la entrada al campo de concentración de Auschwitz: “el trabajo os hace libres”.

Explotación y opresión

En un país como Chile, donde todos se consideran clase media, Rafael nos explica que Marx no define las clases por la cantidad de mercancías que los sectores sociales pueden conseguir, sino por el rol que cumplen en esta relación social, es decir: ya sea como explotador o como explotado. Los patrones de consumo, que son los utilizados para hablar de sectores medios (y no de clase media), están definidos más que todo por el nivel de ingreso y, por ello, aparejados con la opresión capitalista más que con la explotación.

La opresión se evidencia en la apropiación de la ‘riqueza no producida’, mientras la explotación, en la apropiación de la ‘riqueza producida’. Como ‘riqueza no producida’ entendemos la tierra, los recursos naturales, cuya apropiación significa privar al otro (privatizar) y con ello desplazar, contaminar… oprimir; mientras la ‘riqueza producida’ es apropiada cuando alguien obtiene riqueza como resultado de la compra de una fuerza de trabajo que produce más de lo que se le paga, y a eso se le llama explotación.

Por ejemplo: un campesino que no trabaja para otro, no es explotado, pero sí es oprimido, si es que ha sido desplazado por forestales o porque las semillas se privatizaron y ahora debe pagar por ellas. “Las clases están definidas por el control de la capacidad productiva que uno tiene”, nos refuerza Rafael.

Por ello, la unión entre oprimidos y explotados es una constante en las estrategias anticapitalistas, “porque el enemigo es el mismo, es el capital” nos dice nuestro invitado, imaginando por ejemplo una alianza entre trabajadores forestales explotados y mapuche oprimidos.

Control popular del talento productivo de la humanidad

El móvil del capital es la ganancia. Por ello, al empresario le da lo mismo lo que produzca mientras le genere riqueza. El qué se produce se define en torno al afán de la ganancia, del lucro. Pero, qué sucedería si esa decisión estuviera en nuestras manos?

Rafael nos aclara: “si cada uno de nosotros tuviéramos medios de producción, pudiéramos organizarnos independientemente del capital, para qué trabajar para otro? Mejor trabajamos comunitariamente. Donde además pudiéramos decidir en asamblea el qué producir, el cómo y el para quién: eso sería el control popular del talento productivo de la humanidad”.

La alternativa al Capitalismo, que Marx ayudó a desnudar, es el control de la vida por parte de quienes la construyen, fuera de parásitos que no necesitan trabajar para vivir. Justamente se trata de la soberanía del tiempo de vida en espacios comunitarios, aquello a lo que Marx entendía como Comunismo.

Comunismo, con un principio distributivo basado en que la producción es social, puesto que el talento productivo deriva de lo social. El problema es que, en términos de distribución, la planificación que proponía Marx y que reemplazaría al mercado, fue dejada en manos del Estado, monopolizada por una suerte de burocracia que decidía. Lo anterior, no apunta al sentido comunitario original. Ello viene a reflejar lo añejo de la dicotomía Estado-Mercado, y en cambio la urgencia del protagonismo popular, de la autogestión social, del control soberano de la producción en nuestras manos y nosotros decidiendo qué, cómo y para quién producir.

El proyecto de Marx es emancipador, significa subvertir las trabas que hacen que el talento productivo de la sociedad sea controlado por los burócratas a través del Estado o por el burgués, el tecnócrata, vía mercado. Tal emancipación requiere una forma de organización horizontal, participativa. Como nos comenta Rafael, para Marx el enfrentamiento al capital: “es un acto revolucionario para asumir el control de nuestras vidas”.

Escucha aquí la entrevista completa

Chile: ¿Dónde está el poder? Las anomalías del proyecto neoliberal y las opciones para un poder político-social emergente

Entrevista a Rafael Agacino*

por Revista Materialismo Histórico, Nro 3, año 2013 (en prensa), Edición del Grupo de Estudios Marxistas [GEM], Chile**.

¿De qué manera podríamos vincular la situación política con la situación económica y, en el caso concreto chileno, cómo podríamos aplicar esta relación que existe entre estos ámbitos de la estructura social?

En toda sociedad de clases existe una disputa de base referida a las condicionesde reproducción de las relaciones sociales que la fundan. La clase dominante se sirve de la dominada como medio para la reproducción del conjunto de relaciones sociales que la mantienen a ella como dominante y a la clase dominada como dominada. Desde un punto de vista económico, una de esas condiciones es la producción de un excedente, cuestión nada trivial para la clase dominante pues implica resolver el problema de los mecanismos de apropiación y control del trabajo para garantizar la generación de un producto necesario -necesario para la auto reproducción del fuerza de trabajo- y de un excedente destinado a la reproducción de si misma y de su lugar dominante. El conjunto de reglas y prácticas que la clase dominante impone para la generación del producto social necesario y excedente, son ya, evidentemente, un hecho de poder, un hecho político estructuralmente imbricado a la dimensión económica. Y no sólo el reparto del producto social sino principalmente el orden social pues el capital requiere reproducir el entramado de relaciones sociales que le permiten su soberanía sobre el trabajo ajeno. No se trata solo del reparto del producto sino también del reparto bajo dominio del capital, del tiempo de vida en tiempo de trabajo y de no trabajo. Este punto es crucial para comprender el vínculo entre economía y política. El marxismo y la teoría crítica se esfuerzan por mostrar esa relación indisoluble entre lo político y lo económico, de mostrar que la reproducción de las condiciones materiales de existencia del poder exige la reproducción de las relaciones sociales de dominación. Por ello, el capital no busca solo producir plusvalía sino además una fuerza de trabajo susceptible de ser dominada; una clase dominada que en el ciclo social-productivo se reproduzca así misma como clase dominada.

Esto no es pura retórica; su carácter real la mayoría de las veces irrumpe con descarnada violencia. En Chile, nos aprontamos a cumplir cuarenta años del golpe de Estado y de la contrarrevolución neoliberal. El golpe de Estado fue una reacción violenta de la burguesía y el imperialismo para evitar que el movimiento obrero y popular sobrepasara las instituciones y relaciones de poder que lo mantenían hasta entonces como clase dominada; la contrarrevolución neoliberal, por su parte, fue el proceso de transformaciones impulsadas para conjurar estructuralmente esa fuerza emancipadora y reponer el orden reproductivo del capital bajo una nueva forma. Las fuerzas republicanas, burguesas o reformistas, de seguro conmemorarán los 40 años evocando la ruptura democrática, y si acaso, lo “pendiente” para su “recuperación plena”. Pero será un recuerdo a medias. El putsh golpista y la violencia burguesa no agotan el carácter de la contrarrevolución pues ésta no se restringió a la sola ruptura política institucional. La perspectiva histórica nos permite constatar que el golpe significó mucho más que el derrocamiento del Gobierno de Allende y la supuesta restauración de la constitucionalidad vigente hasta 1973; la contrarrevolución se hizo contra esa inmensa fuerza emancipadora que el movimiento obrero y popular había acumulado hasta entonces, y por ello, adquirió un carácter refundacional del orden burgués. La solución y el “experimento chileno” pusieron de manifiesto una estrategia inédita frente la crisis del capital y una señal muy potente para América Latina y el mundo. En Chile el capital ensayó construir una forma tal de funcionamiento de la sociedad que, a pesar de su violencia fundante, que castigó cuerpos y consciencias, se naturalizara con el tiempo, es decir, que sus prácticas y valores individualistas y hedonistas, se fijaran como un sentido común propio de un nuevo orden reproductivo del capital. Chile muestra con crudeza el estrecho vínculo entre política y economía, y para peor, el éxito del proyecto refundacional de las clases dominantes. Son cuarenta años que muestran cómo la política y la economía se combinaron de manera traumática en su etapa fundacional, y luego, al paso de las transformaciones estructurales, cómo moldearon una forma de vida que ha naturalizado la dominación del capital. Por suerte han surgido fisuras que señalan los límites intrínsecos de la utopía neoliberal y que permiten abrir posibilidades a un proyecto emancipador que concilie una política y una economía liberadoras.

En su opinión, ¿podríamos hablar de que existe una crisis del modelo en este momento?

Es una pregunta compleja. Si con ello quiere decir que frente a las anomalías mostradas por el modelo y el mayor activismo social, se divisan fuerzas portadoras de proyectos contrapuestos a éste (modelo), sean de reformas o de ruptura, claramente diría que no; que no estamos en una situación de crisis. No distingo hasta hoy un sujeto político o un sujeto social politizado capaz de levantar un proyecto anticapitalista, ni siquiera genuinamente anti neoliberal. Todavía, desde esa perspectiva, es demasiado temprano para hablar de crisis.

Sin embargo la sensación de desorden social y político que observamos, sí puede interpretarse como síntoma de un modelo económico y social que a la vuelta de 40 años ha madurado. Podemos afirmar que todas las reformas estructurales –al mercado de trabajo, las pensiones, la salud, la educación, el sistema de TV, la gestión monetaria, la canasta productiva exportable, etc.– han dado ya sus frutos y ahora comienzan a desplegar sus contradicciones. Tanto es así que en las luchas recientes, sobre todo en el caso de los secundarios, más que resistencia a las transformaciones neoliberales lo que se visibiliza son fuerzas emergentes y multiformes, hijas de las reformas neoliberales ya maduras; lo mismo en las luchas de algunos segmentos del trabajo precarizado y fragmentado y en las explosiones comunales. Desde un punto de vista estructural, de la “fase”, más que una situación de crisis lo que advertimos es un proceso de maduración de un modelo al que le cuesta cada vez más sostener y reproducir las formas de producción, de funcionamiento del mercado del trabajo, de la subjetividad, etc., y que por ello, deja entrever sus contradicciones intrínsecas, es decir, tal y como emanan de sí mismo. Parafraseando al profesor Caputo, al neoliberalismo no lo criticamos porque no funciona sino precisamente porque funciona, y porque en este momento, al hacerlo, despliega toda su esencia: la desigualdad y la opresión encubiertas bajo la forma de “libertad de elegir”.

Por otra parte, a nivel de lo político, del “período político”, enfrentamos claramente un cambio iniciado en el gobierno de Bachelet y que se acelera a partir del de Piñera. Normalmente esta idea de período se refiere a la composición del bloque en el poder y la modalidad en que se expresa la correlación de fuerzas, y creo que en este instante, el cambio de período devela a este último respecto, una tendencia bastante nueva: la entrada en escena de una suerte de “poder dual burgués”. Esto es difícil de captar si no tenemos los lentes adecuados. La izquierda del siglo XX ha concebido la política como un campo de acción fundamentalmente restringido al Estado o definido por este. No hay política fuera del Estado o sin referencia a este por cuanto la política sólo se realiza en términos de las instituciones del Estado que definen el espacio de lo político. La izquierda tradicional -y hasta cierto punto también la izquierda revolucionaria- quedó atrapada por una concepción liberal burguesa y republicana de la política, una concepción que se aviene bien con una visión canónica del Estado definido como una estructura jurídico-política desde la cual se ejerce el dominio de clase. Todos aprendimos que la infraestructura daba origen a una superestructura -las relaciones jurídicas y políticas existentes- y que la expresión de esa amalgama de relaciones de propiedad era por antonomasia el Estado. Pero ¿qué pasa si lo jurídico se escinde de lo político y el poder político real se desplaza más allá del Estado? Así como en el campo de las relaciones capital-trabajo, las prácticas de subcontratación han separado las relaciones económicas de explotación de las relaciones jurídico-laborales, por cuanto quién explota no es quién contrata y quién contrata no es quién explota, del mismo modo el Estado cada vez más parece un cascarón jurídico que, si bien mantiene la potestad de la ley, se muestra estéril respecto de la disposición real de los recursos institucionales y materiales vitales para el destino del país. En efecto, la posesión, el dominio pleno – y no la propiedad jurídica formal- sobre los recursos naturales, sobre la fuerza de trabajo, sobre el contenido de la política económica, de las inversiones, el crédito, los precios fundamentales, etc., cada vez le es más ajena al Estado y se traslada a la esfera privada o pública no estatal bajo control del capital. El poder efectivo reside cada vez menos en el parlamento o el ejecutivo que en los edificios corporativos de los grupos económicos y sus think tanks. Para usar una figura propuesta por Allamand, se trata de poderes fácticos, no “formalmente” políticos, pero que por efecto de una fuerte centralización de capital facilitado por un ciclo largo de acumulación, no pueden sino expresarse como poder político. Unas cuantas familias y corporaciones han cruzado el umbral crítico de acumulación y controlan masas gigantescas de recursos que las colocan en una condición inédita como poder previo, ex ante, a las decisiones formalizadas en el parlamento y el gobierno; un poder real, determinante, que se ubica y opera por fuera del Estado. ¿Y qué es eso sino poder económico que se expresa directamente como poder político, sin mediaciones jurídico-institucionales de ningún tipo? Si, las instituciones de la República funcionan, pero dada la escala de la acumulación, se han vuelto pigmeas y funcionan como simples protocolizadoras de las decisiones del capital. Este es el síntoma más claro de la existencia del “poder dual burgués”.

En mi opinión esta tendencia es una manifestación de las contradicciones propias de la maduración de contrarrevolución neoliberal chilena y resulta crucial tenerla en cuenta para el decurso del nuevo periodo. Sabemos que todo poder dual es inestable y no puede sostenerse indefinidamente; los sectores dominantes más inteligentes están conscientes de ello y debaten como resolver con prontitud este problema.

¿Qué salidas posible se avizoran desde el punto de vista de la burguesía ante esta encrucijada en que ven un estado con un menor poder, más que nada transformado en un cascarón como se ha señalado? ¿Qué alternativas posibles se avizoran?

Si consideramos que este singular “poder dual burgués” es dual respecto del Estado, entonces es necesario interrogarse por el carácter de este Estado y dar paso a preguntas más específicas que afinen el análisis. Por ejemplo: ¿Cuál es el rol que el capital asigna y asignará al Estado y al sistema político en condiciones de una contrarrevolución madura? ¿Seguirán las clases dominantes apostando a la privatización de la vida social o intentarán una nueva alianza para reponer el sistema político y el Estado como lugar de resolución de las contradicciones inter burguesas (parlamento clásico) y de procesamiento y negociación de las demandas de las fuerzas que reclaman el viejo “estado protector”? Naturalmente el Estado podría seguir funcionando como simple cascarón jurídico, convirtiendo en ley y política gubernamental decisiones convenientes al capital tomadas desde fuera del sistema político, y lo puede hacer porque aún mantiene el monopolio de la fuerza legítima. Pero ello implica exacerbar su carácter coercitivo y represor, y con mayor razón si el malestar social se masifica y manifiesta por fuera del sistema político. ¿Qué duda cabe que esto ocurre desde hace un tiempo? Paulman con su torre y estacionamientos, Matte con Hidroaysén, etc., y en contraportada, la militarización de las zonas mapuche y los procedimientos cada vez más violentos contra las organizaciones sociales y los actos públicos, lo confirman a cada rato. En un caso, el poder económico manifestado sin intermediación como poder político instruyendo al poder estatal administrativo, y en otro, el carácter cada vez más policial que asume un Estado recargado de acciones y recursos coercitivos.

Esta tendencia está correlacionada con la falta de sintonía entre la “derecha económica” y la “derecha política”. Para la primera, la mejor opción para la administración del modelo fue la Concertación, tanto porque ésta conjuró el impulso rupturista aún presente en el movimiento anti dictatorial a fines de los años ochenta, como porque, siendo co-autora de la transición pactada, otorgó la legitimidad necesaria al régimen político y al modelo económico-social de la Dictadura. La derecha política, en cambio, enredada en qué hacer con la herencia política pinochetista, tempranamente se trenzó en luchas intestinas cuyo resultado fue la ruptura entre el gremialismo y la derecha tradicional hasta su separación en dos partidos: RN y la UDI. Esta derecha política no logró nunca, incluso hoy con el gobierno de Piñera, una estatura política que le permitiera presentarse como “intelectual orgánico estadista” y proyectar así el modelo neoliberal más allá de la transición; en tiempos de la Concertación actuó como gendarme y hoy resiste, a la defensiva, sin iniciativa, sin saber que hacer frente a las arrugas de un modelo maduro. Y esto justo cuando aparece el malestar social “desde abajo” y parece llegar otra vez la “hora de la política”. En el nuevo período, la derecha económica, que gobierna desde fuera y directamente, circunstancialmente carece de los medios y de una institucionalidad, salvo el mercado, que le permita conectarse a esos malestares, anticiparlos, procesarlos y disiparlos. La propia sorpresa empresarial respecto del ciclo de movilizaciones sociales desatado el 2010,  refleja muy bien la esterilidad del Estado y del sistema político, incluyendo los partidos de derecha y de la Concertación, para administrar conflictos. No es extraño entonces se apele con más frecuencia e intensidad a las funciones policiacas del Estado.

La emergencia de la “cuestión social” cambió el panorama y mostró la incompletitud de la utopía neoliberal del “orden de mercado”. La institución mercado se revela insuficiente para procesar todos los conflictos y transformarlos en meras contiendas entre partes privadas; el dispositivo de regateo entre privados (mercado), incluyendo el dispositivo judicial para resolver en los tribunales las contiendas relativas a obligaciones consignadas en los contratos, no alcanza tampoco para contener y mantener los conflictos en la esfera civil, sobre todo cuando una de las contrapartes salta de lo individual a lo colectivo. La primera clarinada de la hora de la política fue la irrupción de “los de abajo” y “los del medio” frente a la repetida prepotencia y a las sucesivas estafas de “los de arriba”; y en este instante, cuando el “orden de mercado” se desborda, los dispositivos alternativos de gestión de conflictos parecen desacreditados o no bien aceitados, salvo la violencia del Estado. Esta “anomalía”, la emergencia de la cuestión social, que triza la utopía neoliberal, ya se manifestaba en el último gobierno de la Concertación pero se exacerbó en el de Piñera y seguirá exacerbándose. Por ello, para el capital y los sectores más talentosos de la derecha política, el problema real y sus salidas son más complejos que una mera  recomposición de la unidad de la Alianza (Renovación Nacional y la UDI) o de la propia Concertación. Más bien los esfuerzos parecen orientarse a constituir una fuerza política transversal, capaz de sostener los consensos básicos respecto de los fundamentos del modelo en circunstancias en que el dispositivo de mercado es insuficiente y el Estado y el sistema político se vuelven deficitarios como articuladores del orden. Les urge definir un nuevo horizonte para el modelo económico-social, y a partir de este, un horizonte para el régimen político. Esta es la tarea de fondo para las clases dominantes y hay que estar atentos a la táctica que adopten para enfrentarla.

Dentro de algunos sectores de la izquierda, o inclusive de la concertación, se ha planteado como una salida a este momento la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿Qué opinión le merece a usted esta alternativa?

Una asamblea constituyente supone poder constituyente, sujetos constituyentes, fuerzas constituyentes. Y sabemos que si hoy o en el futuro inmediato se abriera la posibilidad de una asamblea, lo cual me parece ya improbable, el estado de debilidad del movimiento trabajadores y popular sería el marco propicio para legitimar un ordenamiento cuyas bases políticas, siendo optimistas, a lo más abrirían la puerta a un modelo cercano al que proclama el neo-estructuralismo de CEPAL: un capitalismo “mas inclusivo”, que promete reducir las brechas de desigualdad con políticas redistributivas y una intervención estatal moderada pero que mantiene las reglas fundamentales del mercado y del capital. Dificulto que en las condiciones actuales una asamblea constituyente, más allá de las encendidas y épicas alocuciones a los “ciudadanos” constituyentes, permita avanzar en reformas que trasladen siquiera en parte la soberanía a los productores y sectores populares. Pero aún así, si se definiera para el período este objetivo, una mínima seriedad política implicaría plantearse la tarea de construir una correlación de fuerzas adecuada para impulsar los objetivos más permanentes y emancipatorios. Desde ese punto de vista nuestra urgencia no es la asamblea constituyente sino construir una fuerza constituyente, de trabajadores y popular, capaz de unificar organizativa y programáticamente las voluntades en torno a un proyecto con horizonte emancipador. Y esto plantea inmediatamente la necesidad de impulsar un proceso de convergencia y el diseño de una táctica para el período cuyo centro sea la construcción de fuerza social y programática en esa perspectiva que, como lo he sugerido en otras ocasiones, contrasta con la idea de construirla en función de “incluirse” en la institucionalidad estatal, por ejemplo, como fuerza electoral. En particular la pretensión de ocupar espacios estatales en razón de que el Estado es un espacio en disputa, parecería razonable solo si el poder político residiera en el estado como lo declara el derecho constitucional burgués o como ocurrió en los períodos de estabilidad durante el siglo pasado. Pero si hoy, como afirma Mészáros, la verdadera y principal fuerza extra parlamentaria es la propia burguesía en virtud de que requiere cada vez menos de la intermediación parlamentaria para gobernar, entonces una táctica de “inclusión” en el Estado, en particular del parlamento y el gobierno, choca contra su nuevo carácter y promete más costos que beneficios. La escisión entre lo político y lo jurídico tiende a transformar al Estado en un cascarón jurídico, amén de todas las demás restricciones que éste impone a las fuerzas incluidas bajo clausulas de subordinación.

La fuerza constituyente tiene que disputar el poder político y no un lugar administrativo. Si el poder real se ejerce desde el seno de propia sociedad civil-empresarial y no desde las instituciones administrativo-estatales, la fuerza constituyente inevitablemente deberá enfrentarse a la patronal directamente en su propio terreno civil no estatal que, por lo demás, el mismo capital ha politizado. En muchos momentos a través de la historia el movimiento de trabajadores y popular, cuando ha enarbolado plataformas de lucha por los derechos generales superando la demanda salarial parcial o cuando ha asumido la lucha por modelos desarrollo ajustados a las necesidades populares, ha logrado desplazar la política de lo estatal-institucional a la esfera social, politizándola desde el campo popular. Por decirlo de algún modo, son momentos en que se enfrentan la sociedad civil-empresarial con la sociedad civil-trabajadora y popular. Por cierto esto no significa subestimar al Estado, sobre todo por cuanto éste retiene el monopolio de la fuerza legítima, pero en las condiciones del capitalismo actual la lucha no se concretará a través del Estado o desde el Estado. No; el Estado aparecerá como actor durante el proceso como aparato represivo, y después, cuando resuelto el conflicto aunque sea transitoriamente, como simple “escriba” de lo que el capital ha debido conceder o logrado imponer. ¿Qué mejor ejemplo la reciente lucha de los portuarios cuyo verdadero triunfo, como lo han intuido sus dirigentes más talentosos, fue obligar al conjunto del capital – no solo a las empresas de estiba- a negociar por fuera de la institucionalidad estatal, recolocando a esta última como mera instancia que, representada por Matthei y Chadwick, protocolizó lo que el capital fue obligado a ceder? No tenía sentido presionar al Estado para desde allí presionar al capital simplemente porque el Estado no era el empleador. Pero el enfrentamiento directo con el capital, en la medida en que se masificó y permitió constituir una fuerza crítica, politizo lo social y obligó al gobierno a concurrir a ese espacio y con ello sancionar con su presencia el carácter político que asumió en ese momento la “sociedad civil”. Ya los estudiantes en el 2010 habían mostrado el camino y unos años antes los mismos portuarios de la VIII región. El Estado, cuando las fuerzas sociales emergen como sujetos políticos y sobre todo cuando logran constituirse en fuerzas políticas críticas, es obligado a aparecer no sólo como represor sino también como actor de facto del desplazamiento de lo político a lo social.

En este mismo punto, sectores representativos de la izquierda también han planteado como propuestas para paliar un poco la desigualdad social y la desigualdad económica, la estatización de determinados sectores productivos, recursos naturales, pensiones, salud. ¿Qué opina de esto? ¿Sería conveniente, considerando el actual estado de las cosas, plantear este tipo de medidas?

Más allá de lo inmediato, en el plano de un proyecto emancipador, vale la pena tener en cuenta que no estamos construyendo una alternativa en los años ochenta del siglo pasado sino ahora, casi un cuarto de siglo después de la caída del muro y el socialismo. Debemos hacernos cargo en nuestras definiciones políticas de la evolución y el rumbo que tomaron los proyectos revolucionarios edificados en nombre del socialismo. No es posible seguir afirmando que la solución a los vicios del mercado es el Estado; eso lo sabemos porque los socialismos reales fueron sociedades estatalistas: “socializaron” los medios de producción traspasándolos al Estado pero terminaron construyendo un poder estatal que sustituyó al poder popular y una tecno-burocracia que negó a los productores; ni que decir de la extinción del Estado y de las clases como preveía el programa socialista. No por qué el neoliberalismo inclinó la balanza al mercado debemos hacer nuestra la encrucijada “Mercado o Estado” que declama el discurso tradicional; es la izquierda reformista la que por su concepción liberal de la política está entrapada en la dicotomía mercado-estado. Demandar o argumentar que el estado debe hacerse cargo de la educación, del transporte, de la gestión de la producción o del orden interior, en nuestro caso, es no dar cuenta de la historia de construcción socialista. Nuestra elección no es entre mercado o estado; sino por el poder popular como históricamente lo han proclamado las corrientes libertarias, socialistas, comunitaristas y marxistas. Desde este punto de vista, es muy esclarecedora la política la ACES que demanda educación gratuita, de calidad y pública pero que a la vez exige “control comunitario”. Como es obvio, alguna entidad tiene que asumir la titularidad de la propiedad de la infraestructura educativa, en este caso, el Estado, pero el control comunitario da paso a instancias organizativas en que profesores y trabajadores no docentes, padres y apoderados, estudiantes y la comunidad local, puedan ejercer y controlar la gestión y definir los contenidos educativos locales en coherencia con los intereses más generales del país. El Estado podrá tener el título jurídico de propiedad, pero la gestión y el derecho de uso – la posesión- residirá y deberá ser ejercida por órganos populares directos e indirectos de poder.

Es crucial entender que la propiedad estatal por sí misma no garantiza la participación ni socializa el poder; y puede operar, tal y como ha ocurrido usualmente, como simple dispositivo monopólico bajo control de los sectores dominantes. Por decir algo, el cobre podrá ser del Estado y sin embargo eso no significa un reparto equitativo de sus frutos ni menos que las alternativas de su uso y el destino de los ingresos –tratándose de un recurso tan central para el país- sean objeto de debate público. Lo mismo con el resto de los recursos de propiedad estatal, con las políticas económicas, con las instituciones gubernamentales, etc., que trazan la ruta de la economía y la vida nacional pero que a los trabajadores y sectores populares le resultan totalmente ajenas. No olvidemos que en el anterior modelo desarrollista el mismo cobre, el transporte, los puertos, gran parte de la educación y la salud, etc., pertenecían “a todos los chilenos” o eran controlados por el estado, pero de igual modo la acumulación se fundaba en la explotación, se generaba desigualdad, pobreza, subdesarrollo, dependencia y represión. No en vano el movimiento obrero y popular luchó por superarlo. El capitalismo puede operar bajo diferentes patrones de acumulación: unas veces con mas estado otras con mas mercado. El carácter e intensidad de la lucha entre las clases dominantes y los trabajadores y sectores populares, determina significativamente la modalidad que asuma la acumulación capitalista. Nosotros apuntamos a la emancipación y ello significa controlar nuestras vidas y necesidades. El estado podrá representarnos “a todos” pero si no tenemos el control del Estado, aún en el supuesto caso que derrotáramos a la patronal, la burocracia y los expertos constituidos como clase se harán cargo. Por cierto estamos lejos de esa posibilidad pero si se construye y educa desde ya al movimiento de trabajadores y popular con la idea que necesitamos una suerte de neo estatalismo y no una construcción de fuerza y poder propios, de seguro allanaremos el camino para que tales expertos y burócratas, en nombre del pueblo pero pagados por el capital, administren el poder y la vida colectivas. No podemos, como el sindicalismo clásico, reducir las luchas sociales a una demanda estrictamente redistributiva y solo por más salarios, puesto que si logramos ganar esas demandas, el capital nos seguirá vendiendo más alimentación basura, más educación basura, más salud basura, más entretención basura, etc., minando las bases ambientales y sociales de la vida colectiva. No tiene sentido salarios más altos para seguir comprando basura y horadando la sustentabilidad social y natural; lo que se requiere es poder para decidir colectivamente qué se produce, para quién se produce y cómo se produce. Contra el estatalismo, poder popular; contra el mercado y sus instituciones, formas de organización locales, sectoriales, mixtas y  participativas para definir el modo de vida.

Para finalizar la entrevista, hemos estado hablando de la construcción de un sujeto, de la construcción de una fuerza popular, obrera, social importante. Dentro de ese punto usted mencionó que era importante la generación de un programa político ¿qué puntos o qué temas debería abordar un programa de esta fuerza política o fuerzas sociales o de trabajadores?

No podría responder en detalle; tal vez un listado de medidas…  pero me parece que ello nos desvía de los temas que he tratando de precisar aquí: las orientaciones de las demandas más que las demandas mismas que, por lo demás, ya las propias organizaciones sociales las han ido definiendo y enunciando en sus plataformas sectoriales….

A lo mejor, podríamos ir a algo más genérico: ¿Qué es necesario para diseñar ese programa o qué preguntas deben plantearse, qué desafíos, qué asunto es fundamental para que esa fuerza tenga la capacidad para oponerse al capital?

Partamos diciendo que la izquierda estaba acostumbrada a definir el carácter de los movimientos y sus luchas en función del contenido de su programa y/o de su composición de clases. Si el programa contemplaba cambios como una reforma agraria, nacionalización de recursos naturales, propiedad estatal de los medios de producción, etc., era un programa socialista. Si no consideraba tales medidas o parte de ellas, entonces era un programa burgués, nacional-populista o solo antiimperialista. De igual forma, la composición de clase del movimiento – campesinos, obreros industriales, mineros, sectores medios o pequeña burguesía propietaria, etc.- definía su carácter. No obstante, en las circunstancias actúales, pasada ya mucha agua bajo el puente, ni lo programático ni la composición de clase son suficientes para caracterizar el movimiento, pues la forma en que las fuerzas deciden los contenidos programáticos y ejercen el poder, son elementos críticos. Como ya he apuntado en otra parte, entre dos fuerzas de igual composición y programa, desde el punto de vista de un proyecto emancipador, lo que permite discriminar entre ambas es si sus formas organizativas y sus prácticas realizan y potencian las capacidades y el poder populares. No cualquier tipo de organización y de prácticas son coherentes con un proyecto emancipador por más proletaria que sea la composición de la fuerza que lo levanta o por más revolucionario que rime el discurso que lo argumenta. Cuando afirmamos que las luchas y las demandas deben orientarse hacia el núcleo de decisiones sobre qué se produce, para quién se produce y cómo se produce, estamos diciendo que queremos soberanía para definir modos de coordinación que permitan decidir el tipo de objetos materiales e inmateriales a producir (“qué”); modos de distribución y reparto (“para quién”) sobre la base de criterios de equidad y modos de trabajo y producción (“cómo”) sustentables ecológica y socialmente. Todo lo anterior supone un entramado de relaciones de convivencia que permita deliberar, consensuar y unificar voluntades para asumir el control de la vida social a partir de la decisión sobre las necesidades colectivas, superando así la imposición de necesidades sea por el mercado o por el plan. Ya decíamos que el “socialismo histórico“ buscó resolver el problema burocráticamente en que jefes y expertos definían las necesidades y los tipos y cantidades de bienes y servicios a producir, los que luego, sobre la base de ciertos criterios técnicos y de reparto, definían hacia abajo la asignación de los recursos materiales, el trabajo y la producción. El capitalismo, por su parte, bajo la ideología de la “libertad de elegir”, encubre el hecho que las necesidades, la asignación de recursos, el trabajo y el reparto de la producción, se subordinan al imperativo del capital. Si el estatalismo condujo a una dictadura de las necesidades, también el capitalismo actual nos lleva al mismo punto: su pulsión por las ganancias lo impulsa a acrecentar y crear necesidades para mantenernos  en una situación de escasez permanente y así vendernos objetos materiales o inmateriales ad-hoc que se supone nos satisfacen. El capital produce lo que renta y lo que renta se nos muestra como “lo que necesitamos”. Mientras subsista la creencia de que las necesidades genuinas son las del mundo actual, las impuestas por el capital, las luchas sociales seguirán limitadas a demandas por un mejor reparto y/o aumento de la cantidad de las mismas mercancías que ahora se producen, postergando con ello la verdadera emancipación y agudizándose la destrucción de las bases naturales de la propia existencia humana. Hay que recuperar la soberanía sobre las necesidades y ello implica imaginar formas organizativas que hagan posible tal ejercicio soberano. Esta es la primera y fundamental orientación programática.

Una segunda orientación, contracara de la anterior, es la recuperación del control sobre el uso del tiempo vital, es decir, sobre el uso del tiempo de vida para decidir cuánto tiempo de trabajo y cuánto tiempo de no trabajo. Y esto que puede parecer extraño en circunstancias que una demanda histórica del sindicalismo clásico ha sido el empleo, no tiene nada de esotérico y menos para la patronal. ¿Qué duda cabe que no lo es cuando la Asociación de AFP propone aumentar la edad de retiro para evitar la bancarrota del sistema privado de pensiones, o en la misma Europa extienden los años de trabajo como una de las tantas medidas para resolver la crisis?  Este segundo punto, la soberanía sobre el tiempo de vida, sobre el tiempo de trabajo y de no trabajo, está directamente imbricado con la recuperación de la soberanía sobre las necesidades pues el trabajo y las capacidades colectivas, su uso y aprovechamiento, deberían decidirse social y democráticamente. Por algo somos los trabajadores los que producimos la riqueza y resulta irracional que nuestro tiempo de vida lo distribuya el capital de acuerdo a sus propias necesidades.

Y para terminar, creo que las potencialidades abiertas en esta fase de maduración del patrón de acumulación y en medio del nuevo período político, permiten avanzar en la construcción de nuevas fuerzas sociales y programáticas que se desmarquen de la visión estatalista de la izquierda tradicional y del sindicalismo clásico. La izquierda “tradicional reformista”, controlada por una dirección obsecuente, ya siquiera se sonroja al aliarse con los sectores dominantes mientras la izquierda “tradicional-revolucionaria” sin comprender profundamente el capitalismo actual sigue rebotando desorientada. Y el sindicalismo gremialista y estatalista, por su parte, es y será superado con mayor frecuencia por segmentos emergentes de trabajadores auto representados que apelarán a fuerzas propias y luchas de facto por sobre la componenda, la burocracia y el legalismo. No afirmo que estemos asistiendo al entierro de las izquierdas tradicionales y del sindicalismo clásico, pero se ha abierto un campo de acumulación social y política antes copado por esas fuerzas y que hace décadas no veíamos; este campo puede ser un escenario favorable para la construcción de nuevos sujetos colectivos con decidido carácter rupturista. El problema del período actual es definir, inventando o memorando experiencias, instancias convocantes y formas organizativas que permitan mancomunar razones, voluntades y subjetividades de los aún delgados pero visibles segmentos de trabajadores, sectores populares y demás fuerzas sociales que aspiran cambiar el modo de vida actual. Para esto se requiere abrir espacios de organización genuinamente participativos que politicen lo social más que socializar lo político; hay que desplazar lo político desde las instituciones formales de dominación a los espacios vitales, no tiene sentido intentar “socializar” instituciones ya desprestigiadas hasta decir basta y que fueron concebidas y funcionan como mecanismos del poder de la patronal. Nuestro problema real y el que abre futuro, es el que plantea construir formas colectivas que asuman la política, ejerzan soberanía, expresen poder desde los espacios vitales y se vuelvan eficaces a nivel de la macro política. Que la auto representación y el ejercicio del control colectivo de las decisiones, muy propias de la micro política, sin perderse, maduren en una fuerza política tal que permita intervenir mancomunadamente en la macro política, es decir, enfrentar al poder dual burgués en su propio terreno y al propio estado para disputar los destinos posibles para el país y su gente.

La convergencia de fuerzas diversas bajo formas organizativas nuevas es el desafió principal del período y es en sí mismo un tema táctico y programático. Y permítame insistir en que hoy día las formas organizativas también son contenido y exigen una respuesta inteligente para aprovechar las posibilidades históricas y concitar la voluntad de las fuerzas emergentes.

Santiago, Mayo 10 de 2013.

(*) Investigador de Plataforma Nexos, www.plataforma-nexos.cl. (Estas notas se dedican a Juan Pablo Jiménez Garrido, joven dirigente sindical muerto en extrañas circunstancias en su lugar de trabajo, el jueves 21 de febrero de 2013).

(**) Versión revisada y corregida por el entrevistado a partir de una transcripción facilitada por la revista el 25 de marzo de 2013.

68° Capítulo de ECONONUESTRAS 27-may-2013

Especial MAYO MES DEL MARX.

Invitado: el economista y cientista político Rafael Agacino, con quien conversamos sobre la vigencia y legado económico de Karl Marx, en el mes del aniversario de su nacimiento.

Pan y rosas: el hambre de los trabajadores chilenos

por Patrizio Tonelli, Fundación Sol

Las palabras del empresario Sven Von Appen pronunciadas el jueves 16 de mayo sobre los actuales acontecimientos políticos y sociales en Chile, son duras y revelan, una vez más, la esencia del actual conflicto que recorre nuestro país desde 2011.

Son palabras que nos llevan directamente a los inicios del siglo XX, al tiempo de la llamada “cuestión social”, cuando en Chile así como en el resto del mundo, los patrones dominaban las masas a su propio antojo. “A los chilenos les ha crecido tanto el apetito que no pueden parar”, dijo el señor Von Appen, y eso sería un peligro porque “engordarán y se pondrán más cómodos”, perdiendo así su laboriosidad y dejando de aportar sus valiosas energías para que el PIB de nuestro país siga creciendo.

El esquema es sencillo y repite los argumentos de siempre. Existen los que mandan y existen los que ejecutan: los trabajadores deben quedarse en el lugar que les corresponde, silenciosos y productivos. Aquellos que levantan la voz y reivindican sus derechos, son catalogados como flojos y ponen en peligro el funcionamiento de la máquina.

Sin embargo, hay un elemento trágico en este caso: las palabras sobre el apetito y el hambre de los chilenos fueron pronunciadas por el mismo dueño de la empresa Ultramar, que se negó reiteradamente a reconocer el derecho a media hora de colación a los trabajadores del puerto de Angamos. Solo más de veinte días de paro generalizado en el sector, que bloqueó los puertos más importantes de Chile entre la I y la X región, lograron revertir esta situación. La movilización de Angamos, que recogió la solidaridad de 16 puertos del país, impuso el reconocimiento de la media hora de colación, el aumento del bono respectivo, y la reincorporación de 6 dirigentes injustamente despedidos. Pero la empresa y el resto del mundo empresarial y político, vieron el vaso medio vacío: esa movilización fue simplemente una “huelga ilegal”, habría dañado la economía del país, afectando su crecimiento.

Los acontecimientos nos llevan a revivir uno de los hitos de la historia del movimiento obrero internacional. El lugar: Estados Unidos, ciudad de Lawrence, Massachusetts. El tiempo: los inicios del siglo XX, año 1912. En esa época la ciudad de Lawrence concentraba una fuerte industria textil conformada por muchas empresas en las cuales trabajaba una gran masa de trabajadores inmigrantes: más de 30.000 italianos, árabes, rusos, etc. Fuerza de trabajo fresca, hombres, mujeres y niños recién llegados a Estados Unidos, y contratados para hacer prosperar el sueño americano. De ese sueño, sin embargo, nada quedaba para los trabajadores inmigrantes: 56 horas de trabajo semanales, sueldos bajos, pésimas condiciones de higiene y de salud.

En enero de 1912 una ley estatal de Massachusetts redujo la semana laboral de 56 a 54 horas, y las empresas compensaron esta reducción horaria con recortes salariales que empeoraron ulteriormente las ya precarias condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. La reacción no se hizo esperar y en el transcurso de una semana se generalizó una huelga que involucró a más de 20.000 trabajadores, organizada por la mítica organización sindical de los “Industrial Workers of the World” (IWW, Trabajadores industriales del mundo). Esta manifestación impresionaba a los observadores por sus caracteres inéditos hasta ese momento: destacaba por un lado la gran colaboración interracial, que contaba con un comité de coordinación multiétnico, asambleas traducidas en 25 idiomas y comedores populares. Mientras que por otro lado, sobresalía la gran presencia de las mujeres, las cuales, rompiendo su tradicional subordinación, asumieron las labores de vocería y representación de ese movimiento.

Las nueve semanas de movilización en Lawrence, quedaron en la historia como la huelga del “pan y rosas” (en inglés “the bread and roses strike”). Los trabajadores y trabajadoras reivindicaban el pan, traducido en aumentos salariales con semana laboral de 54 horas y el reconocimiento de las horas extra, pero también querían las rosas, es decir, la dignidad.

“Nosotros reivindicamos que como miembros a pleno derecho de la sociedad y como productores de la riqueza, tenemos el derecho a conducir una vida decente (…) a tener casas y no chozas (…) a tener alimentos sanos y no en mal estado y caros (…) a tener ropa adecuada y no prendas de mala calidad”. Esto declaraban los huelguistas, quienes agregaban: “Para asegurar alimentación suficiente, ropa y protección en una sociedad constituida por una clase depredadora y por una clase trabajadora, es absolutamente necesario para los trabajadores unirse y formar un sindicato, organizando así su propio poder de la forma que mejor les permita la seguridad y felicidad”.

El pan y las rosas, la sobrevivencia y la dignidad. De eso tienen hambre los trabajadores chilenos. El pan, elemento esencial en un país donde el 50% de los ocupados gana menos de $251.000 o donde el salario mínimo no alcanza para los gastos básicos de una familia. Pero las rosas también, es decir, la posibilidad de reivindicar y negociar de verdad condiciones de vida decente: ¿cómo es posible lograr lo anterior en un país que impide sistemáticamente la conformación de un poder real y sustantivo por parte de los trabajadores?

Desde hace 34 años el Plan Laboral de José Piñera y de la Junta Militar, encierra las negociaciones colectivas dentro de la empresa, no permitiendo negociar a nivel de territorio, sector o rama productiva. Al mismo tiempo, niega un efectivo derecho a huelga, la única verdadera herramienta de presión que tienen los trabajadores, al permitir el reemplazo de los huelguistas. En este contexto la negociación colectiva se transforma en realidad en un “mendigar colectivo”, y la mendicidad no se condice con la dignidad.

“El pan y las rosas” se torna entonces en una consigna programática, base esencial para rediseñar la geografía del poder que caracteriza a nuestra sociedad. Con las luchas reivindicativas de los últimos tiempos, los chilenos no engordarán ni se pondrán más flojos, pero sí ganarán la posibilidad de salir de la subordinación y marginalidad en la cual están relegados. ¿Acaso será eso lo que realmente preocupa a Von Appen y la clase dirigente nacional?

http://www.eldinamo.cl/blog/pan-y-rosas-el-hambre-de-los-trabajadores-chilenos/

Manuel Riesco, economista: “Para mejorar las pensiones hay que terminar con las AFP”

por ElCiudadano

Uno de cada tres pesos cotizados quedan en manos de la AFP o compañías de seguros; el resto del dinero termina financiando a 12 grandes grupos económicos. A la vez, cálculos de las propias AFP estiman que más del 60 por ciento de los afiliados tendrán pensiones inferiores a 150 mil pesos. Para superar esto el economista del Cenda, Manuel Riesco, propone terminar con las AFP y volver al sistema de reparto. Una medida que dejaría para el tesoro público más de tres billones de pesos por año.

El presidente Sebastián Piñera anunció recientemente una reforma al sistema de AFP orientada a fomentar las cotizaciones de los trabajadores independientes, aumentar las tasas de cotización y fomentar jubilaciones a mayor edad y la “competencia del sistema previsional”.

Creadas en 1981 por el hermano del actual presidente, el economista José Piñera, las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), hoy están en crisis. Joaquín Vial, ex presidente de AFP Provida y hoy consejero del Banco Central, reconoció en abril que el 60 % de los afiliados a las AFP tendría una pensión menor a 150 mil pesos mensuales.

La idea de juntar dinero de manera colectiva para la vejez surge en Chile y otros países de Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XIX de la mano de las mutuales, organizaciones de trabajadores. A la par se desarrollaban las aseguradoras privadas, sobre todo en Estados Unidos. Sólo en las primeras décadas del siglo XX se asume como tarea de los Estados nacionales organizar y proveer la manutención de las personas cuando llegaran a la tercera edad. La dictadura de Pinochet transfirió esta gestión a las manos de los grandes grupos económicos.

“La privatización de las pensiones ha significado la expropiación de más de un 13 por ciento de los salarios a lo largo de tres décadas”- acusa el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), Manuel Riesco Larraín. La cifra equivale a más de un 4 por ciento del PIB por año, dinero que va al bolsillo de los grandes grupos económicos.

Riesco calcula que durante la crisis económica de 2008, los fondos de pensiones chilenos perdieron un tercio de su valor y el fondo A casi la mitad. Además advierte sobre la mentira de la quiebra de los sistemas de pensiones de reparto de los países europeos, los que en realidad dejan buenas ganancias, permiten pagar las pensiones y hasta dejan excedentes.

La propuesta de Riesco es estatizar el sistema e instaurar uno de reparto. De ser así el Estado recibiría las cotizaciones que hoy los trabajadores están obligados a poner en las AFP, cifras que para el año 2012 sumaron 4,3 billones de pesos. “Terminar con las AFP dejaría al fisco un excedente de más de tres billones de pesos por año, lo que equivale a más de seis mil millones de dólares anuales”- destaca.

 ¿Se podría ya hacer un balance del sistema de AFP chileno?

– El balance es muy positivo para los grandes grupos financieros y muy negativo para sus afiliados, los que sencillamente no tienen pensiones, así como para la equidad de la sociedad chilena: la privatización de las pensiones ha significado la expropiación de más de un 13 por ciento de los salarios a lo largo de tres décadas, cifra que hoy representa más de un 4 por ciento del PIB por año, y su transferencia casi íntegra a los grandes grupos financieros.

¿Fue el afán de crear grupos económicos en Chile de manera rápida uno de los horizontes originales de la creación de un ahorro forzoso a través de las AFP?

– Sí. Las AFP y compañías de seguros relacionados con la previsión se han quedado con uno de cada tres pesos cotizados y el grueso de los otros dos pesos ha ido a parar a manos de los grandes grupos financieros; por ejemplo, la mitad del fondo invertido en Chile está en manos de sólo 12 grandes grupos, incluidos los dueños de las AFP, en forma de bonos y capital accionario. Los chilenos y especialmente las chilenas, hoy no tienen pensiones porque en 1981 Chile terminó con su sistema de pensiones y lo reemplazó por un sistema de ahorro forzoso, que sólo ha beneficiado a los grandes grupos financieros.

 PENSIONES MISERABLES

 ¿Cuáles son los montos estimados de pensiones para el grueso de los chilenos?

– Hoy día existe un consenso unánime en Chile, incluidos todos los sectores políticos y sociales y también los mandamases del propio sistema, de que las pensiones del sistema de AFP son muy bajas. El Estado reconoció que más del 60 por ciento de los afiliados a las AFP obtienen pensiones inferiores a la mínima de $75.000 mensuales, por lo cual se vio obligado en la reforma del 2008, a establecer para ellos una pensión solidaria que garantizara al menos ese nivel.

 Fue sólo una reforma…

– Dicha reforma no tocó el sistema de AFP, en el cual siguen cotizando casi todos los trabajadores activos. Por lo tanto, la clase media ha quedado sin pensiones. Una jueza jubila con $330.000 mensuales, menos de una décima parte de su remuneración, a pesar de que ha cotizado sin “lagunas” y siempre por el tope. Ella está afectada por el “daño previsional” de los empleados públicos, ocasionado por la subcotización durante los años ’80. Otro caso puede ser el de una doctora que ha laborado siempre en el sector privado, asimismo sin lagunas y por el tope, y por lo tanto no sufre este perjuicio. Ella  jubila con $465.000 mensuales, un séptimo de su remuneración en activo.

 ¿Estamos hablando de una discriminación que afecta a las mujeres?

– Ambos casos reales son mujeres, las que son discriminadas por ser el único grupo al que se calculan sus pensiones mediante una tabla de esperanza de vida diferente al resto. Las comunas de altos ingresos, por ejemplo, también tienen esperanzas de vida muy superiores al promedio, y sus pensiones se calculan mediante la misma tabla que el resto-, sin embargo, un ingeniero que no sufre dicha discriminación de género obtiene una pensión de $750.000 mensuales, un quinto de su remuneración en activo.

Todos los casos anteriores corresponden a personas de carne y hueso, que han cotizado si lagunas y por el tope. ¿Que queda para la masa de afiliados, dos tercios de los cuales cotizan en promedio menos de un mes de cada dos? : La pensión promedio del sistema de AFP es de $180.000 mensuales y el salario promedio de los cotizantes es poco menos de $600.000 mensuales.

 LA FARSA DE LA CRISIS DE LOS SISTEMAS DE REPARTO

 Se argumenta que el sistema de AFP fue copiado en varios países ¿Qué pasó cuando lo implementaron en dichos países y cuánto duró?

– Ningún país tiene el sistema chileno. Todos tienen sistema de reparto o la alternativa del mismo. En efecto, varios países introdujeron parcialmente durante los años ‘90, sistemas de capitalización inspirados en el chileno, bajo fuerte presión de los grandes conglomerados financieros globales, ejercida por intermedio de las llamadas instituciones de Bretton Woods, encabezadas por el Banco Mundial y FMI. Sin embargo, en todos ellos dicha introducción fue parcial o muy moderada por fuertes regulaciones. Chile es el único ejemplo de un sistema basado exclusivamente en la capitalización individual.

 Se dice que el sistema de pensiones de Europa, muchas veces puesto como modelo, está en crisis ¿qué podrías decir sobre ello?

– La supuesta quiebra de los sistemas de pensiones que tienen todos los demás países, basados en el esquema de reparto, es un tópico de la propaganda majadera impulsada por los grandes conglomerados financieros interesados en expropiar las contribuciones a la seguridad social, del mismo modo que lo lograron en Chile. No tiene ninguna base real.

 Los medios masivos nos cuentan la noticia diciendo que están quebrados.

– Todos los sistemas de reparto dejan anualmente cuantiosos superávit, es decir, en todos ellos, las cotizaciones anuales permiten pagar todas las pensiones y dejan un excedente significativo. En el caso chileno el excedente era de un tercio hasta 1981 y en el caso estadounidense, un tercio de la deuda total el gobierno es una deuda con el sistema de pensiones, cuyo excedente acumulado alcanza la enorme suma de 5 billones de dólares, equivalente a un tercio del Producto Interno Bruto de ese país. Todos los países ajustan periódicamente los ingresos, es decir, las cotizaciones anuales, a los gastos, es decir, las pensiones anuales, mediante tres mecanismos muy sencillos: aumentan levemente las tasas de contribución y/o elevan moderadamente la edad de jubilación; de este modo, todos mantienen el valor real de las pensiones y garantizan superávit anuales.

 También dicen que la crisis es por el envejecimiento de la población o mayores expectativas de vida.

– La propaganda de los conglomerados financieros agita como un fantasma el factor demográfico, es decir, el incremento en la esperanza de vida de la humanidad. El mismo constituye en realidad el mayor logro de la civilización urbana y no representa una amenaza para las pensiones. La tasa de dependencia, es decir, la relación entre los trabajadores activos y la población pasiva, conformada por los niños y jóvenes y por los adultos mayores, siempre fue igual a uno en las sociedades agrarias tradicionales. Es decir, a lo largo de los muchos milenios que la sociedad humana lleva sobre la tierra, siempre ha subsistido sobre la base que cada trabajador en edad activa ha sostenido a una persona pasiva, que tradicionalmente eran casi todos niños.

Dicha tasa sólo ha venido a disminuir durante el proceso de urbanización, que gradualmente se ha ido extendiendo por el mundo a lo largo de los tres últimos siglos y que actualmente está exactamente a medio camino, puesto que recién el 2008 los habitantes de ciudades igualaron en número a los campesinos a nivel global.

Con  la urbanización, aumenta fuertemente la proporción de trabajadores activos, mientras se reduce la proporción de niños y jóvenes. Aunque aumenta paralelamente la proporción de adultos mayores, su número sigue siendo muy reducido. El efecto es que la tasa de dependencia se reduce a la mitad, situación que se mantiene a lo largo de muchas décadas, hasta que nuevamente empieza a subir debido al aumento en la proporción de adultos mayores, hasta alcanzar nuevamente la tasa secular en las sociedades urbanas maduras. Por ejemplo, en Haití o Nigeria hoy, o en Chile hace medio siglo, la tasa de dependencia alcanzaba el valor uno, es decir, antes un trabajador activo debía sostener a un pasivo. En Chile hoy, dicha tasa es media, es decir, cada persona en actividad debe sostener a medio pasivo. En Europa, Suecia o Japón, que son sociedades urbanas maduras, la tasa de dependencia nuevamente ha vuelto a alcanzar su valor secular de uno, es decir, cada persona en actividad debe mantener a un pasivo, con la diferencia que ahora son adultos mayores que viven bastante bien, mientras antes eran niños que morían en su mayor parte. Antes las sociedades apenas sobrevivían menos de cuarenta años en promedio, mientras que hoy viven muy bien hasta más allá de los ochenta. Este es el principal logro de la modernidad y no representa ninguna amenaza. Las sociedades urbanas jóvenes, como Chile, tienen las mejores condiciones demográficas, lo que se conoce como el ‘bono demográfico’, para mejorar las condiciones de vida de toda su población, incluidos sus adultos mayores.

Por otra parte, el aumento en la esperanza de vida afecta por igual a todos los sistemas de pensiones, puesto que todos ellos son mecanismos de transferencia de recursos desde los trabajadores activos a los pasivos: los adultos mayores consumen tanto pan horneado hoy como servicios de salud producidos por trabajadores en actividad.

LÁS PÉRDIDAS DESDE EL 2008

¿Podrías estimar cuánto dinero de sus obligados ahorrantes perdieron las AFPs en la crisis económica de 2008?

– Como se muestra en la estadística diaria que publica CENDA en base a la Superintendencia de AFPs, entre el inicio de la crisis en julio del 2007 y su punto más bajo en marzo del 2009, los fondos de pensiones chilenos perdieron un tercio de su valor y el fondo A casi la mitad. La cifra equivale a todas sus supuestas ganancias durante los treinta años precedentes. Aunque se han recuperado parcialmente desde entonces, no han ganado nada desde el inicio de la crisis y la cuota del fondo A se encuentra todavía a mayo del 2013 undécimo por debajo de su valor de entonces, medida en moneda de igual poder adquisitivo.

 O sea eso de la ganancia tras pasar por la ruleta accionaria es puro cuento.

– Las supuestas ganancias del fondo desde 1981 o de los multifondos desde el 2003,  que aparecen muy elevadas si se calculan como promedio simple de las rentabilidades, se explican porque esos períodos coinciden, el primero de ellos con la prolongada fase ascendente del ciclo económico secular que se inició precisamente en 1981 y el segundo a la recuperación de la caída del 2000. Dichas rentabilidades no se van a repetir en el futuro, como lo reconocen los propios administradores del sistema, que estiman las pensiones futuras a partir de rentabilidades muy bajas (ver “La Gran Ilusión”, en www.cendachile.cl ). 

¿Por qué en la última reforma al sistema de pensiones, hecha por el gobierno de Bachelet, se siguió con el modelo de ahorro individual y obligatorio en las AFP?

– Por las presión de las AFP y los grandes grupos financieros que se benefician del sistema, y la incapacidad de la institucionalidad de la transición, resguardada por la Constitución actual, de poner fin a estos abusos.

 TERMINAR CON LAS AFP

 Algunas propuestas reformistas dicen que basta con crear una AFP estatal ¿eso solucionaría el problema de las bajas pensiones y de su incerteza?

– Ninguna de las propuestas en boga, como aumentar las cotizaciones, subir la edad de jubilación, o mejorar la “competitividad” del actual sistema, va a mejorar en nada las pensiones del millón de personas que están hoy día sufriendo con las bajas pensiones AFP.

 ¿Qué sistema de pensión propones?

 – Para mejorar las pensiones hoy, hay que terminar con las AFP. El balance de esta medida es sencillo e impresionante:

○         El Estado tendría que absorber el pago de las pensiones que hoy pagan las AFP y supongamos que también las que pagan las compañías de seguros – las que ya se apropiaron del fondo completo de sus asegurados y por lo tanto deberían seguir pagando ellos, lo que significa un gasto de poco más de dos billones de pesos por año (180 mil pesos por persona, multiplicados por doce meses y por un millón de personas).

○         Sin embargo, de la cifra anterior el Estado ya está aportando anualmente cerca de un billón de pesos a las AFP. Sólo en bonos de reconocimiento aportó 499.000 millones de pesos el 2012. Por lo tanto, el incremento del gasto público en pensiones sería de aproximadamente un billón de pesos por año.

○         Por otra parte, el Estado percibiría todas las cotizaciones previsionales, que hoy día se apropian las AFP y que el 2012 sumaron 4,3 billones en cotizaciones obligatorias más 0,4 billones en otros aportes, lo que suma 4,7 billones anuales.

○         En conclusión, terminar con las AFP dejaría al fisco un excedente de más de tres billones de pesos por año, lo que equivale a más de seis mil millones de dólares anuales ¡sin tocar el fondo de pensiones, que podría quedar de reserva para el futuro!

○         Ello permitiría duplicar las pensiones actuales – igualar todas las pensiones AFP a las del sistema antiguo, es decir, subir las pensiones de los jueces, profesores, empleados públicos, en general y a todos los trabajadores de ingresos medios y altos a lo mismo que ganan sus colegas que lograron permanecer en el sistema antiguo, quizás corrigiendo las primeras por la diferencia de cotizaciones, que equivalen aproximadamente a un 7 por ciento de la pensión actual.

http://www.elciudadano.cl/2013/05/26/69367/manuel-riesco-economista-para-mejorar-las-pensiones-hay-que-terminar-con-las-afp/

Las rentables heridas de la salud chilena

por CIPER

La segregación social que crea escuelas para niños pobres y barrios donde solo viven pobres, también deja su marca de gueto en nuestro sistema de Salud: en gran medida ofrece ese bien esencial al que tiene dinero para pagarla. Matías Goyenechea y Danae Sinclaire, directores de Fundación “Creando Salud”, sostienen que esa segregación es el resultado de pensar y administrar la salud mirando la rentabilidad de los proveedores, olvidándose de que se trata de un derecho de los pacientes. En esta serie de columnas que iniciamos hoy los autores desnudan un negocio montado sobre la filosofía de que el Estado es ineficiente, pero que se sostuvo y se sostiene con subsidios fiscales.

La matriz ideológica sobre la cual se ha construido nuestro sistema de Salud pertenece a la derecha. No se equivoca el candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira cuando afirma: “El período más exitoso de la derecha ha sido el de los últimos 25 años. No hay generación de derecha que pueda exhibir un triunfo más notable que esta en la batalla de las ideas. Chile ha llegado al lugar de privilegio en que está porque se implementó nuestro ideario político y económico” (19/04/2013).

No se equivoca, pero se queda corto. Longueria olvida los otros 20 años en que su sector también triunfó en la batalla de las ideas: los de la dictadura, cuando los que podían haber rebatido sus argumentos fueron perseguidos. Esas primeras dos décadas, en las que nadie pudo oponerse y las siguientes dos, en las que la Concertación no quiso oponerse, son claves para entender cómo se configuró y se mantuvo un sistema que tiene como pilar fundamental la discriminación por sexo y edad y que castiga a las mujeres, a los ancianos y a todos aquellos que no tienen buena salud, mientras se generan enormes fortunas.

Creemos que hoy, de cara a las próximas elecciones presidenciales, es necesario tener el debate que se impidió por la fuerza y se evitó por la confluencia de intereses económicos y que algunos creen haber ganado por la calidad de sus argumentos.

Partamos por señalar que el actual sistema de salud tiene dos ejes centrales. El primero es la idea de que las personas tienen completa libertad para elegir dónde y con quién atenderse. Esta “libertad de elección”, sin embargo, sólo se cumple para aquellos que pueden pagarla, en su mayoría profesionales jóvenes y adultos sanos de sectores medios y altos; para el resto de los chilenos la libertad de elección se traduce en una negación del derecho a la salud.

Un segundo eje capital del sistema es el paradigma de que el Estado es siempre un aparato ineficiente. De esta convicción surge el principio del “Estado subsidiario” y también la política de destinar enormes cantidades de recursos públicos a las aparentemente más eficientes “soluciones privadas”. Esta política, por supuesto no genera soluciones más eficientes desde el punto de vista de las personas que necesitan atención, sino desde los intereses de las empresas que lucran con los derechos sociales.

EXPANSION DE LA SALUD PRIVADA

Sobre la base de estas dos ideas –libertad de elección y Estado subsidiario- la salud privada ha tenido un boom extraordinario. Por una parte se montó un sistema privado de aseguramiento de la salud, de donde surgen las llamadas Isapres. En paralelo se incentivó la expansión de una extensa red de prestadores privados, (clínicas, laboratorios, etc.) cuyo crecimiento ha sido, muchas veces, a expensas de dineros públicos que se traspasan mediante convenios GES (plan de Garantías Explícitas en Salud, ex AUGE) y otros mecanismos.

Un elemento clave para la expansión de las Isapres fue el hecho de que entre 1986 y 2002, estas instituciones recibieron un subsidio equivalente al 2% de los ingresos de los afiliados que tenían rentas inferiores al valor de las primas. Este subsidio era pagado por los empleadores, a los cuales luego se les descontaban estos pagos de sus impuestos. Esto implicó que, además de lo recaudado por la cotización obligatoria y las voluntarias, las Isapres percibieron un 9% adicional por cuenta del Estado. Entre 1990 y 2004 las Isapres recibieron por este ítem U$534 millones.

El objetivo de este plan era favorecer el ingreso de cotizantes de clase media a la industria. Algo se logró durante un tiempo, pues en 1997 las Isapres exhibieron una cartera de beneficiarios que llegaba a los 3,8 millones, es decir, un 26% de la población. Pero lo hizo a un costo excesivo pues se trataba de un subsidio destinado a las Isapres y no a los beneficiarios; es decir, el dinero público terminó alimentando las utilidades de empresas que no tenían ninguna obligación de cubrir a la población de menores ingresos. En los hechos, a través de copagos altos y escasa cobertura, el sistema terminó expulsando a los cotizantes de menores ingresos. Para 2011 la cartera de beneficiarios había bajado a un 16% de la población, demostrando que, para efectos de ofrecer salud a los sectores medios y bajos, era muy ineficiente traspasar recursos públicos a estas empresas.

Durante su existencia este subsidio se volvió a tal punto central en la contabilidad de las Isapres que, cuando a fines de los ‘90 se decidió terminarlo, las compañías con carteras de usuarios más pequeñas, golpeadas también por la crisis asiática, fueron absorbidas por las Isapres más grandes, produciendo la actual concentración económica en el sector.

Hoy las Isapres claman por el regreso de subsidios de esta naturaleza.

La red privada de prestadores (clínicas, laboratorios, etc.), en tanto, ha contado con tres mecanismos mediante los cuales el Fisco les entrega cuantiosas sumas por la compra de servicios y subsidios a la demanda. Estos mecanismos son: la modalidad libre elección de Fonasa; la compra de servicios -que desde la implementación del GES se ha incrementado exponencialmente-; y desde el 2011, el bono AUGE. Esto ha implicado el traspaso de U$ 6.809 millones entre 2005 y 2012, lo cual explica el vertiginoso crecimiento de la red privada que aumentó su capacidad en 20% en el periodo el 2005-2011.

Estos fondos públicos alentaron a los grandes grupos económicos a organizar su negocio a través de holdings de salud. Así, durante el gobierno de Ricardo Lagos iniciaron lo que se llama “la integración vertical”, modelo a través del cual los prestadores (clínicas) y los aseguradores (Isapres) pertenecen al mismo dueño.

Veamos el ejemplo de “Empresas Banmédica”, holding controlado por el grupo Fernandez-León y empresas del Grupo Penta (Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín). Este holding es dueño de dos Isapres, Banmédica S.A. y Vida Tres, las cuales controlan un 26% del mercado, con casi 400 mil cotizantes y 360 mil cargas.

Empresas Banmédica además es dueña de una gran cantidad de clínicas y prestadores de salud, donde destacan la Clínica Santa María, Clínica Dávila, Vidaintegra, Clínica Alameda, Clínica Vespucio, Clínica Biobio, Clínica Ciudad del Mar y HELP (también tienen porcentajes importantes en más clínicas nacionales e internacionales). Las utilidades durante el 2011 de este holding alcanzaron más de $43.000 millones.

En este modelo de negocios los “costos” de las Isapres son las ganancias de las clínicas, y estas a su vez están aumentadas por los traspasos de fondos públicos. Finalmente el dinero permanece en el holding.

La ausencia de regulación del fenómeno durante los gobiernos de la Concertación -y la concentración económica que se ha generado- encuentra una posible explicación en los intereses transversales a toda la élite política en el negocio de la salud. Por poner sólo algunos ejemplos, entre 1994 y 2002 Integramédica contó en su directorio con el primer superintendente de Isapres del país (1990-1994), Héctor Sánchez, como socio fundador, el cual actualmente es director ejecutivo del Instituto Salud y Futuro, de la Universidad Andrés Bello. Álvaro Erazo (PS), ex ministro de Salud (2008) y director de Fonasa (2000-2006) y Cesar Oyarzo (DC), también ex director de Fonasa (1994) y actual gerente de Integramedica (prestadora perteneciente al grupo) son ambos miembros del directorio del holding Cruz Blanca Salud. Por otro lado, La Asociación de Isapres, tiene contratos con la consultora Imaginacción, ligada al ex ministro Enrique Correa (PS). Además, la Asociación de Isapres nombró al ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, Eduardo Aninat (DC), como su presidente en diciembre de 2006, cargo que mantuvo hasta junio de 2010. Luego fue reemplazado por Hernán Doren, más cercano al oficialismo, quien fue director de la Isapre Consalud y presidió varias entidades vinculadas a la Cámara de la Construcción.

 

¿CUÁL ES HOY LA CLAVE DEL NEGOCIO?

El aseguramiento privado tiene como fuente del negocio el principio de la selección de riesgo, mecanismo mediante el cual selecciona a sus afiliados. Estas empresas tienen el objetivo de maximizar el margen de utilidad en el negocio, lo que genera el incentivo a utilizar uno de los aspectos positivos de los seguros, la capacidad de poder predecir el comportamiento del riesgo a enfermar de la población (en este caso de su cartera de afiliados), con el fin de lograr identificar los grupos más propensos a enfermar (o, en la jerga de la industria, la “siniestralidad” del afiliado). Identificados esos grupos, se les cobra más por sus planes de salud y así cada individuo compensa a la Isapre por asegurar su riesgo a enfermar.

Esta es la llamada selección de riesgo, realizada mediante las “tablas de factores de riesgo” la cual busca captar a todo individuo que le genere un beneficio económico (rico y sano), y tratará por todos los medios de expulsar a los que generen mayores costos (pobre y enfermo). Es así como se consolida la segregación del sistema, muy similar a la que se produce en el sistema educacional, donde se enarbola otra libertad, la de enseñanza, para crear un sistema donde hay escuelas para pobres y escuelas para ricos.

Llevando la segregación a cifras vemos que el 90% de los cotizantes de Isapre tiene rentas por sobre los $400 mil, monto que es más alto que el ingreso promedio del país. En cambio, en Fonasa, el grueso de sus cotizantes (51%) tiene ingreso menores a los $250 mil.

La segregación también aparece al analizar la distribución de los beneficiarios según tramo etario. Esto es importante dado que uno de los predictores del riesgo a enfermar es la edad, en el tramo que comprende a personas mayores de 84 años, menos del 5% es beneficiario de Isapres; en contraste, el 95% está en Fonasa.

Un ejemplo de la absoluta resistencia por parte de ambas coaliciones a realizar cambios sustantivos al sistema de Isapres, es que tuvo que ser el Tribunal Constitucional (TC) quien declarara como inconstitucional la discriminación por sexo y edad consagrada en las tablas de factores de riesgo. A 34 meses de ese fallo aún nadie se ha hecho cargo de la sentencia, persistiendo la discriminación. No ha habido voluntad política de cambiar las tablas de factores de riesgo porque la discriminación por sexo y edad es uno de los pilares que sustenta a la industria.

La actual Ley de Isapres que se tramita en el Congreso, si bien se hace cargo de los planteamientos del TC, no tiene como objetivo terminar con la discriminación, sino otorgar certeza jurídica y viabilidad al negocio de las Isapres, conteniendo las numerosas demandas por las alzas injustificadas de los planes de salud por parte de los afiliados. Este proyecto de ley crea el IPC de la Salud, mecanismo que cerrará la puerta a futuras demandas, dado que legitima “técnicamente” las alzas de precios en las primas. Sin embargo, en un contexto de integración vertical, es un instrumento inútil para la contención de precios y solo termina validando las alzas.

El proyecto de ley no solo falla en eso. Además contempla que en adelante los usuarios cancelen una cuestionable “prima plana” igual para todos. Tal prima dará acceso a un Plan Garantizado de Salud (PGS). Por ejemplo, una secretaria que recibe un sueldo de $350.000 y tiene dos hijos (sus cargas), deberá cancelar una prima de $51.000 lo que equivale a un 15% de sus ingresos. En cambio, un gerente con ingresos de $5.000.000 y con dos hijos, deberá pagar la misma prima de $51.000, lo que representa solo el 1% de sus ingresos.

Lo evidentemente regresivo del sistema que se propone no es su único problema. Esa prima se pagará con el 7% obligatorio, pero si con ese dinero no alcanza, como le pasará a la secretaria del ejemplo, deberá cancelarlo de su bolsillo. El gerente, en cambio, con lo que sobre a su 7% podrá contratar seguros complementarios.

En el proyecto se afirma además que la cobertura financiera será “similar a la modalidad libre elección de Fonasa”, de lo que se deduce que cada prestación tendrá copagos de entre 50% a 70% del precio total.

La reforma que se trabaja grafican un nuevo triunfo de las ideas de derecha, donde quien tiene más dinero tiene mejores opciones de estar sano.

(*) Matías Goyenechea es cientista político, experto en economía de la salud y director de la Fundación Creando Salud. @mgoyenechea

Danae Sinclaire es médica en especialización de psiquiatría, representante de @residenteschile. y directora de la Fundación Creando Salud. @DanaeMicaela

http://ciperchile.cl/2013/05/22/las-rentables-heridas-de-la-salud-chilena/

67° Capítulo de ECONONUESTRAS 20-may-2013

Programa en la antesala del 21 de mayo: hablamos de la venta de agua patagónica en plena crisis por la sequía, el sistema financiero chileno (Banca, AFP) y la usura, la necesidad de repasar la Ley Longueira, y un paseo por el sur de Asia, Brasil y Venezuela.

Grupo Luksic: Psicopatía del lucro y el poder

por El Ciudadano

Si haces un paralelo entre los síntomas de una psicopatía y la forma en que el grupo Luksic ejecuta sus prácticas empresariales de negocios, te darás cuenta que hay brutales coincidencias.

Pues bien, Wikipedia define psicopatía o personalidad psicopática como “un trastorno antisocial de la personalidad. Los psicópatas no pueden empatizar ni sentir remordimiento, por eso interactúan con las demás personas como si fuesen cualquier otro objeto, las utilizan para conseguir sus objetivos: la satisfacción de sus propios intereses“.

Si vemos al grupo Luksic como un ente, como una corporación multinacional moderna o una personalidad jurídica con derechos legales que persigue el beneficio, el ánimo del lucro y el poder, entenderemos dónde están las similitudes.

MENTIR PARA LUCRAR

Sabemos que el grupo Luksic opera el negocio minero, a través de Antofagasta Minerals, quien a su vez controla Minera Los Pelambres, cuya mina está ubicada en el Valle del Huasco Región de Coquimbo. Resulta que la semana pasada la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó un recurso de nulidad y confirmó la inocencia de los abogados Ramón Ossa, Sandra Dagnino, Iván Valenzuela y Roberto Arroyo y del dirigente vecinal de Caimanes, Cristian Flores, quienes fueron demandados con graves acusaciones levantadas por el Ministerio Público y Minera Los Pelambres. El problema fue que, luego de un largo juicio, las imputaciones resultaron ser falsas: inventaron un caso. Por lo tanto mintieron por el lucro, síntoma de la psicopatía que encaja con los criterios de la cuarta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Así lo describe: “Falsedad: mentir y engañar repetidamente a los demás para conseguir un beneficio”.

Entre otros aspectos que destaca el texto psiquiátrico, para configurar una psicopatología deben existir las siguientes señales : “desprecio por los sentimientos de otras personas; incapacidad de mantener las relaciones duraderas; temerario desprecio por la seguridad de los demás; mentir por lucro; incapacidad de experimentar culpa; y la falta de conformidad a las normas sociales y el respeto de la ley“.

DESPRECIO POR LA SEGURIDAD DE OTROS

Sigamos analizando. Minera Los Pelambres posee el tranque de relaves tóxicos más grande de Sudamérica, llamado El Mauro, que es capaz de almacenar 2.060 toneladas de materiales dañinos de cobre. Este sistema de residuos está a escasos kilómetros de la localidad de Caimanes, cuyos 2 mil y tantos habitantes han tenido que lidiar con el derrame de residuos tóxicos al Valle del río Choapa, contaminación que ha ocasionado pérdidas a la calidad de vida y a los medios de sustento de la comunidad como la agricultura y el turismo. También los desechos al caer a las fuentes hídricas pueden producir enfermedades, malformaciones y otros efectos perjudiciales. Esto, sumado a que si la infraestructura colapsa por un sismo de alta intensidad, el cauce arrasará con las casas de Caimanes en pocos minutos. Aquí encontramos otro rasgo de psicopatía, según el documento científico: “Temerario desprecio por la seguridad de los demás”.

INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

Incapacidad para ajustarse a las normas sociales relacionadas con el cumplimiento de las leyes“, es otro síntoma psicopático que se ajusta a al actuar del grupo Luksic. Veamos por qué.

El grupo Luksic secó e intervino el principal cauce de la cuenca. Esto puso en jaque a la biodiversidad de flora y fauna existente en la zona, que incluye arrayanes, quillayes, zorros, pumas y aves rapaces.

El valle es una zona que vive frecuentes y prolongadas sequías y, por lo mismo, en varias ocasiones ha estado en vías de ser declarada como zona “agotada” en sus recursos hídricos por la Dirección General de Aguas. Los ciudadanos acusan que no tienen agua para riego y que el relave ha mermado el acceso al agua potable.

Aquí queda claro que la empresa genera desechos tóxicos que son emitidos al medio ambiente, acción que genera la contaminación. Es evidente que el objetivo de lucrar se superpone a los daños que se podrían generar. La compañía ha violado las leyes y ha tenido que pagar multas por los derrames, cuestión que no se ajusta a las normas sociales. Raya para la suma: otro aspecto psicopático.

INCAPACIDAD DE SENTIRSE CULPABLE

La incapacidad de sentirse culpable, síntoma de la personalidad psicopática, también aparece en el conglomerado económico Luksic. Hace pocos días el Tribunal Supremo de Pakistán quitó una concesión minera -llamada Reko Diq- que operaban Barrick Gold (otra firma de personalidad psicopática) y Antofagasta Minerals en el país islámico. Las causas fueron las malas prácticas que aplicaron y que el terreno era mayor al que autoriza la ley. No obstante, las compañías exigirán una millonaria”indemnización monetaria”. Está bien, el derecho a compensación por daños es un derecho establecido en la justicia. Sin embargo, por qué el brazo minero de los Luksic se ha negado rotundamente a indemnizar a los habitantes de Caimanes por el daño que les ha provocado. Respuesta: porque es incapaz de sentirse culpable.

INDIFERENCIA POR SENTIMIENTOS DE OTROS

El manual psiquiátrico señala otro rasgo interesante que configura la psicopatía y que se aplica a nuestro análisis: “Cruel indiferencia por los sentimientos de los demás“. En este caso, recordemos que en septiembre de 2010 once lugareños de Caimanes, ocho hombres y tres mujeres, iniciaron una huelga de hambre para exigir al Gobierno que interceda frente a la empresa para cerrar el tranque. Durante el ayuno se inició una instancia de diálogo con la firma minera, donde se discutió el petitorio de los pobladores. La minera indicó que el pedido era imposible de realizar, por lo que ofrecieron el traslado o la erradicación de las y los ciudadanos. Esto gatilló que 4 de los comuneros iniciaran una huelga seca, por lo que el conflicto se agudizó y hubo un quiebre en las conversaciones. Luego de 81 días finalizó la medida de presión sin resultados positivos.

Claramente el grupo Luksic fue tirano e indiferente con los huelguistas, ya que no cedió en sus demandas y no le importó el destino de las vidas que estaban en juego. Todo en pos de la psicopatía del poder y el lucro.

Entonces, si fueras psiquiatra ¿Cuál sería el diagnóstico del grupo Luksic?

Más información en los siguientes links:

http://www.elciudadano.cl/2013/05/17/68479/grupo-luksic-psicopatia-del-lucro-y-el-poder/

A ver, quién es el dostor: derecho a la salud y autogestión

En un programa especial de econonuestras sobre el Derecho a la Salud, Camilo Bass, integrante de la Fundación Creando Salud y presidente de la Agrupación Nacional de Médicos de Atención Primaria, realizó un certero diagnóstico sobre la salud en Chile.

Los últimos 40 años de nuestro neoliberal sistema de salud se caracterizan fundamentalmente por la exclusión y la segregación (cualquier coincidencia con el resto de los ejes del desarrollo, consultar con la dictadura o en su defecto con la concertación y/o cualquier grupo de poder): desmantelamiento de la salud pública, en favor de la creciente salud privada; un 40% del financiamiento proviene del propio bolsillo; un escueto porcentaje de la riqueza total creada en el país va destinada a salud (3% del PIB); y donde lo poco que hay, en su mayoría se desvía al sector que lucra y que además es ineficiente.

Por ello, la ‘marcha de los enfermos’ del 4 de mayo de este año sienta un beneficioso precedente: fueron los usuarios del sistema – tal como lo han sido los estudiantes en la educación – quienes salieron a manifestarse por su derecho despojado. Ello resulta en un embrionario paso hacia la convergencia entre usuarios y trabajadores de la salud, al identificar un mismo mal: el perverso mercado de la salud en el marco de un estado negligente.

Lo anterior es actúa además como mitigador de la tensión trabajador-usuario en el sistema, fruto de la campaña de desprestigio de quienes alientan la reducción del sistema público desviando la culpa a los trabajadores del rubro. Como nos cuenta Camilo, las sobreexigencias a los trabajadores, enmarcados en los criterios efectivistas (pero poco eficientes) del modelo de salud chileno, se suman a las urgentes necesidades de los usuarios. Pero tanto esta característica de la relación social como la contención del avance neoliberalizador en la salud parecen tener una salida, aunque aún incipiente: la autogestión en la salud.

Autogestión necesaria y urgente

Un espacio a ocupar, nos relata Camilo, serían los Consejos de Desarrollo Local de la Salud. Concebidos para la gestión comunitaria de la salud, hoy en día los espacios de participación ciudadana asoman como una posibilidad para recuperar la salud para la gente. Si bien, aún dependen mucho de las direcciones de los establecimientos, también hay ejemplos de buen uso de parte de los pobladores/usuarios.

Por su naturaleza territorial, los centros de atención de salud asoman como espacios naturales para el control comunitario. Aunque no son nada nuevo, nos dice Camilo, rememorando cómo se socializaba la salud en los años 70s antes del golpe.

Organizados en una Mesa Social por la Salud, precisamente hace un año se realizó un Plebiscito Nacional de Salud que entregó como resultado, no sólo un amplio apoyo a la salud como un derecho, sino una validación a la participación como método (96%) a través de la democratización y mayor participación tanto de usuarios como de trabajadores.

Pero una estrategia de control territorial no sólo tendría que recuperar los derechos en la salud, sino también frenar el continuo proceso de privatización que, por ejemplo, se está dando a través de los hospitales concesionados. En éstos, no sólo se le entrega a los privados y al lucro las tareas de diseño y construcción, sino también de gestión de los recintos hospitalarios, algo que este gobierno está impulsando y cuya génesis proviene del gobierno de Lagos (¿algo que decir doctora Bachelet?).

Otro ejemplo son los medicamentos. Justo en el momento cuando se sostiene aún la idea de que puedan comercializarse a través de supermercados, con el consiguiente incentivo comercial del distribuidor a profundizar el consumo. Precisamente, la autogestión en la educación/promoción autogestionada permitiría una disminución en la dependencia de los fármacos, según nos especifica Camilo. Mismo caso con la prevención. Programas como Elige Vivir Sano (recién promulgado como Ley) no hacen más que esconder las contradicciones de una sociedad de clases, donde escoger no es opción, y donde además se desconoce el carácter social de la salud lo cual hace inefectivo al programa de la primera dama, profundizando además la mala repartición de recursos… que ya son pocos.

La autogestión es necesaria, pero también urgente. No sólo integra a los involucrados (trabajadores, usuarios) en la salud en su conjunto, reafirmando su carácter de ‘derecho’ inseparable de la autoorganización democrática de las capas fundamentales de la sociedad, sino que además es una herramienta de unión para resistir a la aún vigente enajenación del sistema de salud. Es interesante cómo desde la educación y desde la salud la demanda por más participación, control comunitario, autogestión, empieza a asomar entre usuarios y trabajadores. Es cierto, aún es embrionario, pero es un remedio a probar.

Escucha el programa aquí

66° Capítulo de ECONONUESTRAS 13-mayo-2013

Programa especial sobre el DERECHO A LA SALUD en ECONONUESTRAS. Invitado: Camilo Bass de la Fundación Creando Salud y pdte. de la Agrupación de Nacional de Médicos de Atención Primaria